{"id":97334,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97334\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97334","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97334\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC518-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2016-00091-00<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Acosta Pab\u00f3n e Irma Beatriz Clavijo de Acosta contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de El Dorado (Meta), el Procurador Agrario adscrito a dicha sede judicial, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas del Meta y la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En el libelo que dio origen a la presente acci\u00f3n, los ciudadanos solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administraci\u00f3n de justicia, que consideran vulnerados por la autoridad judicial accionada, al no haber decidido la solicitud de aclaraci\u00f3n de la sentencia dictada el pasado 4 de junio de 2015.<\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, pretenden que se ordene a la sede tutelada, aclarar el n\u00famero de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda de la quejosa y emitir los despachos comisorios necesarios para materializar la orden de entrega contenida en el fallo. [Folios 1-6, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. A trav\u00e9s de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de la Territorial Meta, los quejosos elevaron solicitud tendiente a recuperar los predios Buenavista Uno y Dos, ubicados en el Municipio de El Dorado de dicho Departamento.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. El asunto correspondi\u00f3 para fallo a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de esta ciudad capital. <\/font><\/font> <\/p>\n

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3. El 4 de junio de 2010 el Tribunal cuestionado emiti\u00f3 el fallo de rigor, a trav\u00e9s del cual accedi\u00f3 a las pretensiones de los accionantes.<\/font><\/font><\/p>\n

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4. Notificados, los quejosos solicitaron \u201caclarar\u201d el n\u00famero de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda de la se\u00f1ora Clavijo de Acosta, consignado en la parte resolutiva.<\/font><\/font><\/p>\n

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5. Los promotores del amparo acuden a esta acci\u00f3n constitucional, por considerar transgredidas sus garant\u00edas fundamentales invocadas por la autoridad judicial cuestionada, al no emitir pronunciamiento alguno frente a la solicitud de aclaraci\u00f3n que elevaron, lo que ha dilatado el cumplimiento de la orden de restituci\u00f3n dictada en su favor, pese a que son personas de la tercera edad con algunos quebrantos de salud. [Folios 1-6, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 20 de enero de 2016 se dio curso a la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 9, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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2. El Juzgado vinculado manifest\u00f3 su ajenidad a los hechos en los que se funda el reclamo, tras informar que no hall\u00f3 anotaci\u00f3n alguna que indique que ese Despacho intervino en las diligencias objeto de reproche. [Folio 22, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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La Unidad Administrativa convocada al tr\u00e1mite, se\u00f1al\u00f3 que como la queja constitucional no est\u00e1 dirigida a cuestionar actuaci\u00f3n alguna de esa instituci\u00f3n, no se encuentra legitimada por pasiva para brindar soluci\u00f3n a los requerimientos de los tutelantes. No obstante, coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, por considerar que el yerro en el que incurri\u00f3 el Tribunal ha generado a los libelistas una serie de tr\u00e1mites y diligencias que menoscaban sus prerrogativas fundamentales. [Folios 26-30, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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La Sala de Decisi\u00f3n cuestionada, admiti\u00f3 que los reclamantes elevaron la solicitud de aclaraci\u00f3n a que hacen referencia en su demanda e inform\u00f3 que en providencia del 21 de los cursantes mes y a\u00f1o, procedi\u00f3 a resolver favorablemente sobre la correcci\u00f3n del fallo. Por otra parte, indic\u00f3 que como desde la sentencia qued\u00f3 establecida la orden de comisionar al Juez Promiscuo Municipal de El Dorado, para efectos de materializar la entrega de los predios objeto de la restituci\u00f3n, no es necesaria una nueva disposici\u00f3n en tal sentido. [Folios 32-41, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos<\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

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2. <\/font><\/font>En el presente asunto, los accionantes centraron su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha resuelto la solicitud de aclaraci\u00f3n de la sentencia, elevada desde el mes de junio de 2015.<\/font><\/font><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con <\/font><\/font>problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab\u2026<\/i><\/font><\/font>aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb <\/i><\/font><\/font>(Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).<\/font><\/font><\/p>\n

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3. Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito de tutela, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 como mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas garant\u00edas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores.<\/font><\/font><\/p>\n

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Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional.<\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

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4. <\/font><\/font>De la contestaci\u00f3n de la demanda de tutela ofrecida por la Sala Especializada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se extrae que durante el tr\u00e1mite de esta queja, espec\u00edficamente, el d\u00eda 21 de enero de 2016 se dict\u00f3 el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 favorablemente el pedimento de los tutelantes, en el sentido de <\/font><\/font>\u00ab\u2026CORREGIR el n\u00famero de c\u00e9dula de la ciudadana IRMA BEATRIZ CLAVIJO correspondiente a 20.264.054 y no 20.264.254\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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Significa lo anterior, que el hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la s\u00faplica se encuentra superado y, en esa medida, carecer\u00eda de objeto una orden de protecci\u00f3n al respecto, pues antes de emitirse el fallo de primera instancia en este tr\u00e1mite, el Tribunal cuestionado resolvi\u00f3 el asunto que se someti\u00f3 a su escrutinio.<\/font><\/font><\/p>\n

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5. Tampoco prosperar\u00e1 la segunda pretensi\u00f3n elevada por los reclamantes, tendiente a que se ordene al accionado librar los despachos comisorios necesarios para efectivizar la entrega de los inmuebles objeto de la restituci\u00f3n, porque ello fue materia de decisi\u00f3n en la sentencia.<\/font><\/font><\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, ante la superaci\u00f3n del hecho por el cual se inco\u00f3 la acci\u00f3n, se negar\u00e1 la petici\u00f3n de amparo.<\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>NIEGA <\/b><\/font><\/font>la protecci\u00f3n constitucional reclamada.<\/font><\/font><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional<\/font><\/font>, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1<\/a> Sobre el hecho superado, v\u00e9ase sentencia de la Corte de 13 de abril de 2010, exp. 00135-01, reiterada en sentencias de 24 de octubre de 2011, exp. 00305-01 y 1\u00ba de agosto de 2012, exp. No. 00497-01.<\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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