{"id":97337,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-67\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"corte-suprema-de-justicia-67","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-67\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC521-2016 <\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b025000-22-13-000-2015-00566-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de <\/font><\/font>veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el diecinueve de noviembre de dos mil quince por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lineth Esmeralda Fern\u00e1ndez Obando, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su esposo Carlos Alberto Posada Villegas y sus tres hijos menores de edad, contra la Polic\u00eda Nacional, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Unidad Nacional de Intervenci\u00f3n Policial y de Antiterrorismo, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales y los de los integrantes de su n\u00facleo familiar a la salud, la integridad, el m\u00ednimo vital y el debido proceso, que considera vulnerados por la autoridad accionada, al coaccionar a su esposo, quien se desempe\u00f1aba como patrullero de la Polic\u00eda, para que solicitara su retiro de la instituci\u00f3n, mientras estaba bajo los efectos de medicaci\u00f3n psiqui\u00e1trica; y, como consecuencia, dejarlos sin servicio de salud ni ingresos para subsistir, pese a la patolog\u00eda mental que aquel padece y a las enfermedades respiratorias agudas de dos de sus ni\u00f1as.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Por lo anterior, la quejosa pidi\u00f3 dejar sin efecto la Resoluci\u00f3n No. 020406 del 27 de mayo de 2014 mediante la cual la demandada dispuso el retiro voluntario de su c\u00f3nyuge y en su lugar, se reintegre al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando, se cancelen los salarios dejados de percibir y se active su afiliaci\u00f3n y la de su familia al subsistema de salud de la Polic\u00eda Nacional. [Folios 1-7, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Refiere la ciudadana accionante que su esposo prest\u00f3 sus servicios para la Polic\u00eda Nacional durante, aproximadamente, nueve (9) a\u00f1os, como patrullero de la instituci\u00f3n en el municipio de Sincelejo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

2. Indica, que en desarrollo de tal labor, el agenciado fue diagnosticado con <\/font><\/font>\u201ctrastorno psic\u00f3tico\u201d<\/i><\/font><\/font>, debido a los diversos eventos traum\u00e1ticos que vivi\u00f3 al interior de la instituci\u00f3n, tales como un accidente de tr\u00e1nsito, la p\u00e9rdida de uno de sus compa\u00f1eros de trabajo en un acto violento, el disparo accidental de un arma de fuego contra otro de sus colegas y la imposibilidad de acudir al hospital a ver a una de sus hijas, cuando se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, lo que lo llev\u00f3 a atentar contra su vida el 21 de noviembre de 2013.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. Asegura, que como consecuencia de ese suceso, los superiores jer\u00e1rquicos del servidor lo enviaron a su casa para que descansara por unos d\u00edas, pero ante la gravedad de su malestar mental, fue atendido por psiquiatr\u00eda en el Hospital Central de la Polic\u00eda de Bogot\u00e1, donde se orden\u00f3 su hospitalizaci\u00f3n en la Cl\u00ednica Psiqui\u00e1trica Hermanas Hospitalarias la Inmaculada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. De aquel centro m\u00e9dico el paciente fue dado de alta con una incapacidad de 30 d\u00edas, orden de tratamiento farmacol\u00f3gico y controles peri\u00f3dicos por dicha especialidad y la siguiente recomendaci\u00f3n: <\/font><\/font>\u00ab\u2026evaluar el impacto de sus condiciones laborales en la presentaci\u00f3n y persistencia de sus s\u00edntomas para lo cual se sugiere reubicaci\u00f3n laboral se requiere apoyo familiar para favorecer la conducta y autocontrol del paciente\u201d, \u201cpaciente con restricci\u00f3n de uso de armas y con riesgo de agresividad\u201d\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Cumplido dicho lapso, el policial fue llamado a presentarse en la ciudad de Cartagena a primera hora, con el fin de continuar laborando en la Unidad de Intervenci\u00f3n Policial y Antiterrorismo a la cual pertenec\u00eda, orden a la que la reclamante se opuso con base en la recomendaci\u00f3n m\u00e9dica de reubicaci\u00f3n laboral, por lo que, dice, fue retirada del recinto donde se encontraban.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. Minutos m\u00e1s tarde, afirma la quejosa, su esposo, quien estaba medicado con carbamazepina (2 tabletas de 200 mg), sali\u00f3 y le inform\u00f3 que hab\u00eda sido constre\u00f1ido para solicitar su retiro voluntario de la instituci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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7. Por considerar en ese momento que era lo m\u00e1s conveniente para la salud del paciente, la actora acept\u00f3 y continu\u00f3 acompa\u00f1\u00e1ndolo a sus controles, donde persisti\u00f3 el tratamiento con carbamazepina, clonazepan y levomepromazina, as\u00ed como la incapacitaci\u00f3n permanente para laborar, dado el alto nivel de agresividad que presentaba.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. El 30 de octubre de 2014, mientras cursaba incapacidad m\u00e9dica otorgada el 25 de octubre de 2014 hasta el 7 de agosto siguiente, el agenciado fue notificado personalmente de la Resoluci\u00f3n No. 02046 del 27 de mayo de 2014, a trav\u00e9s de la cual se admiti\u00f3 su solicitud de retiro voluntario.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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9. Transcurrido un mes desde aquella calenda, se\u00f1ala la petente, se acerc\u00f3 a Sanidad a solicitar los medicamentos formulados a su esposo para el manejo de su afecci\u00f3n mental, momento en el cual se le inform\u00f3 que ya no estaban vinculados al subsistema de salud de esa entidad, por lo que ya no eran beneficiarios de la atenci\u00f3n m\u00e9dica all\u00ed dispensada y, efectivamente, as\u00ed ocurri\u00f3, pues el 16 de agosto de 2014, cuando ella ingres\u00f3 al servicio de urgencias del Hospital Universitario la Samaritana con un embarazo de 28 semanas y 4 d\u00edas, por una presunta ruptura de membranas, no recibi\u00f3 atenci\u00f3n alguna, por lo que tuvo que acudir al Hospital de M\u00e9deri, donde permaneci\u00f3 internada por espacio de tres (3) d\u00edas ante la gravedad de su estado de salud y el de su hijo por nacer.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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10. El 5 de octubre de 2014, la peticionaria ingres\u00f3 por urgencias al Hospital Universitario de la Samaritana, donde fue atendida por urgencias tras algunos inconvenientes para lograr ser atendida, naci\u00f3 su tercera hija, quien debido a las complicaciones del parto present\u00f3 sufrimiento fetal, bradicardia y paro cardiorespiratorio, por lo que necesit\u00f3 reanimaci\u00f3n, servicios que fueron cubiertos por el SISBEN, pues la Polic\u00eda Nacional no los autoriz\u00f3. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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11. La tutelante, acude a este mecanismo constitucional con el fin de lograr el reintegro laboral de su esposo a la instituci\u00f3n cuestionada, pues en la actualidad \u00e9l a\u00fan requiere tratamiento psiqui\u00e1trico \u2013 medicamentos y controles con especialista para llevar una vida digna-, mientras que dos de sus tres hijos menores de edad, padecen patolog\u00edas respiratorias que deben ser manejadas por profesionales de la salud y pese a ello, no cuentan con tales servicios.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Asegura, adicionalmente, que carecen de los medios econ\u00f3micos para subsistir, pues el agenciado no est\u00e1 en condiciones de trabajar debido a sus quebrantos y ella debe quedarse en casa cuidando de \u00e9l y sus hijos, por lo que viven de la caridad de familiares y vecinos, la cual muchas veces no alcanza para solventar la comida de todos, vi\u00e9ndose obligados a alimentar \u00fanicamente a los infantes.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, solicita la protecci\u00f3n constitucional de las garant\u00edas constitucionales de ella y su n\u00facleo familiar, en la forma vista. [Folios 1-7, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 5 de diciembre de 2015 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 81, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. La Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, porque para cuestionar la Resoluci\u00f3n cuya invalidez se invoca, existen mecanismos ordinarios alternativos id\u00f3neos como lo es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, pues el referido acto administrativo goza de la presunci\u00f3n de legalidad que no puede ser objeto de discusi\u00f3n en sede de tutela. [Folios 85-93, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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A su turno, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, expres\u00f3 que no es la entidad competente para ofrecer soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica planteada por la reclamante, tras explicar brevemente la estructura org\u00e1nica de la Direcci\u00f3n General de la instituci\u00f3n a la cual pertenece, para concluir que es el \u00c1rea de Medicina Laboral la encargada de tales aspectos, a la cual corri\u00f3 traslado de la comunicaci\u00f3n respectiva. [Folios 102-105, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Por su parte, la Direcci\u00f3n de Sanidad de Cundinamarca, se\u00f1al\u00f3 que los servicios de salud del agenciado estaban registrados en Sincelejo, sin que \u00e9l o sus beneficiarios hayan solicitado el traslado de los mismos; destac\u00f3, por otro lado, el amplio margen de tiempo que ha transcurrido desde la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada para elevar la presente solicitud de amparo y concluy\u00f3 que no corresponde a esa oficina revocar un acto administrativo que dispuso el retiro de un funcionario. [Folios 106-107, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. En sentencia del 19 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo solicitado, por considerar que el titular de los derechos cuya protecci\u00f3n se invoca, cont\u00f3 con las herramientas judiciales de defensa ordinarias y no las utiliz\u00f3, raz\u00f3n por la que no puede acudir a la acci\u00f3n de tutela en pro de su salvaguarda. [Folios 108-115, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. Inconforme, la promotora de la queja constitucional, impugn\u00f3 el fallo. Para fundamentar su discenso, argument\u00f3 que la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho a que hace alusi\u00f3n el Juez Constitucional de primera instancia, tiene un t\u00e9rmino de caducidad de cuatro meses, por lo que en la actualidad no le es posible impetrarlo; explic\u00f3, de otra parte, que no ejerci\u00f3 dicho mecanismo de control porque fue inducida a error por parte de la Polic\u00eda Nacional, donde le informaron que pod\u00eda solicitar el reconocimiento de una pensi\u00f3n para su esposo, cosa que hizo el 14 de octubre de 2014, sin \u00e9xito. Agreg\u00f3 que lo que busca con esta s\u00faplica, es que se garanticen los derechos fundamentales de su tres menores hijos y los de su esposo, quien en su condici\u00f3n de enfermo mental es discapacitado y, por ende, sujeto de especial protecci\u00f3n estatal. [Folios 168-171, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. <\/font><\/font>La accionante present\u00f3 la solicitud de amparo, en nombre propio, en representaci\u00f3n de sus tres hijos menores de edad y, entiende la Corte, como agente oficiosa de su esposo, el ex patrullero de la Polic\u00eda Nacional Carlos Alberto Posada Villegas, quien padece <\/font><\/font>\u201ctrastorno psic\u00f3tico\u201d<\/i><\/font><\/font> diagnosticado durante su vinculaci\u00f3n como funcionario de la referida instituci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Por lo tanto, ninguna duda existe en punto de la facultad que tiene<\/font><\/font> la ciudadana para ejercer dicha figura jur\u00eddica respecto de su compa\u00f1ero sentimental, pues es evidente que por la patolog\u00eda mental que lo aqueja, no est\u00e1 en posibilidad de acudir por sus propios medios a solicitar el amparo de sus prerrogativas fundamentales.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. Ahora bien, r<\/font><\/font>eiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha considerado que la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n m\u00e9dico laboral de personas que han prestado sus servicios a las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda del pa\u00eds, se encuentra ligada a diversas garant\u00edas de la persona y por ende, ha habilitado la protecci\u00f3n de tal garant\u00eda por v\u00eda de tutela. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Al respecto, ha puntualizado esa Corporaci\u00f3n:<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab<\/i><\/font><\/font><\/font>\u2026cobra gran importancia el derecho a la valoraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral, ya que \u00e9sta constituye un medio para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al m\u00ednimo vital. Lo anterior por cuanto tal evaluaci\u00f3n permite determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento pensional que asegure su sustento econ\u00f3mico, dado el deterioro de su estado de su salud y, por tanto, de su capacidad para realizar una actividad laboral que le permita acceder a una forma de subsistencia. Adicional a ello, la evaluaci\u00f3n permite, desde el punto de vista m\u00e9dico especificar las causas que originan la disminuci\u00f3n de la capacidad laboral.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Es precisamente el resultado de la valoraci\u00f3n que realizan los organismos m\u00e9dicos competentes el que configura el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez [u otro tipo de derecho prestacional], pues como se indic\u00f3 previamente, \u00e9sta arroja el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral y el origen de la misma. De all\u00ed que la evaluaci\u00f3n forme parte de los deberes de las entidades encargadas de reconocer pensiones, pues sin ellas no existir\u00eda fundamento para el reconocimiento pensional.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u2026la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales por la negaci\u00f3n del derecho a la valoraci\u00f3n no s\u00f3lo ocurre cuando \u00e9sta se niega, sino cuando no se pr\u00e1ctica a tiempo, complicando en algunos casos la situaci\u00f3n del afectado. En ambas situaciones la consecuencia de negarlo o dilatarlo en el tiempo afecta gravemente a la dignidad humana\u2026\u00bb <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font>(C.C. Sentencia T-696 de 2011)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Igualmente, de tiempo atr\u00e1s esta Corporaci\u00f3n ha establecido que con <\/font><\/font>relaci\u00f3n a los miembros del Ej\u00e9rcito y la Polic\u00eda que sufrieron dolencias f\u00edsicas o mentales mientras cumpl\u00edan su deber, incluso prestando servicio militar obligatorio, las Fuerzas Armadas y la Polic\u00eda Nacional deben valorarlos y proporcionarles asistencia integral, antes de desvincularlos del servicio activo, dada la responsabilidad del Estado y la obligaci\u00f3n de apoyo a quienes sirvieron a la Patria y arriesgaron su vida por ella<\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\u00a0<\/font><\/p>\n

4<\/font><\/font>. En el presente caso, aunque las diferentes Divisiones de la Polic\u00eda Nacional argumentan que la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral del actor con esa entidad obedeci\u00f3 a que \u00e9l lo solicit\u00f3 voluntaria y unilateralmente, es lo cierto que ello no las exim\u00eda de practicarle el examen m\u00e9dico de retiro, con miras a determinar el grado de <\/font><\/font>afectaci\u00f3n de su salud, pues no es cierto que esa instituci\u00f3n desconociera los quebrantos de salud por los que atravesaba su servidor, a tal punto que en el mes de noviembre de 2013 fue la misma Direcci\u00f3n de Sanidad de Sincelejo, la que dispuso enviar al agenciado a descansar a su casa por unos d\u00edas con ocasi\u00f3n de una crisis nerviosa en la que estuvo a punto de quitarse la vida, y los m\u00faltiples registros de incapacidades que desde aquella fecha quedaron registrados en el informe de valoraci\u00f3n rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 2 de septiembre de 2015<\/font><\/font> y, obviamente, en su historia cl\u00ednica. [Folios 57-69, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo anterior, desvirt\u00faa la afirmaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional, seg\u00fan la cual esa oficina <\/font><\/font>\u00ab\u2026simplemente acat\u00f3 la solicitud presentada por el se\u00f1or Patrullero (r) CARLOS ALBERTO POSADA VILLEGAS, cosa distinta es que la accionante, despu\u00e9s de haberse proferido dicho acto administrativo informara la situaci\u00f3n m\u00e9dica de su esposo, <\/b><\/i><\/font><\/font>la cual no era de conocimiento de esta Direcci\u00f3n, caso en el cual no se habr\u00eda accedido a tal solicitud, hasta tanto se hubiera resuelto su situaci\u00f3n m\u00e9dico laboral. \u00bb <\/b><\/i><\/font><\/font>(negrilla y subraya para resaltar)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

N\u00f3tese, incluso, que la promotora del amparo afirm\u00f3 que al t\u00e9rmino de la incapacidad por treinta (30) d\u00edas que le fue otorgada en el mes de abril de 2014, ella acompa\u00f1\u00f3 a su esposo a la instituci\u00f3n accionada para su reintegro, momento en que les dijeron que \u00e9l deb\u00eda presentarse a las 7 de la ma\u00f1ana del d\u00eda siguiente en la ciudad de Cartagena, para continuar laborando en la Unidad de Intervenci\u00f3n Policial y Antiterrorismo (UNIPOL), por lo que ella les hizo <\/font><\/font>\u00ab\u2026saber que \u00e9l tiene un trastorno psiqui\u00e1trico y una orden m\u00e9dica donde dice que debe ser reubicado para seguir su tratamiento psiqui\u00e1trico, adem\u00e1s que tiene restricci\u00f3n de armamento a lo que me responden que eso no tiene nada que ver. (\u2026) Mi esposo estando medicado con carbamazepina, 2 tabletas de 200 mg\/cada una, ingresa nuevamente y luego de media hora sale confundido y angustiado, ya que pr\u00e1cticamente lo constri\u00f1eron para que solicitar\u00e1 (sic) el retiro voluntario\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En ese orden de ideas, la Sala considera procedente proteger los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social del agenciado, debido a que se trata de un sujeto de especial protecci\u00f3n dada la condici\u00f3n de disminuci\u00f3n psicof\u00edsica que le impone el suministro de tratamiento psiqui\u00e1trico con medicaci\u00f3n espec\u00edfica para evitar que se auto agreda o que atente contra la vida e integridad personal de sus familiares e incluso de todo aquel que lo rodea, pues de acuerdo con su historia cl\u00ednica es un paciente conocido por:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab\u2026trastorno de comportamiento asociado a lesi\u00f3n y\/o disfunci\u00f3n cerebral. Tratado con sertralina, clonazepam, carbamazepina, desde noviembre en incapacidad m\u00e9dica. Fue dado de alta hace 15 d\u00edas. (\u2026) no se toma el medicamento, lo rechaza, dice que no le gusta, se reactivan s\u00edntomas tales como insomnio, ansiedad, desconfianza, se levanta a ver por la ventana, dice que la polic\u00eda lo quiere matar, dice escuchar \u201cvoces\u201d que le ordenan que se mate, dice \u201cver muertos\u2026y las paredes que sangran\u2026\u201d, no duerme solo, siempre se hace con alg\u00fan familiar la madre y\/o el hermano. Dicen que ne la (sic) ocasi\u00f3n anterior hab\u00eda sido remitido porque le tuvieron que quitar el arma de dotaci\u00f3n porque se iba ha(sic) disparar estando en Sincelejo donde trabajaba. Al parecer en (sic) metido un tiro a un auxiliar, porque a veces pierde el control.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Luego, no solo se trata de defender los derechos fundamentales del actor, quien al ser retirado de la Polic\u00eda Nacional sin la debida valoraci\u00f3n de sus condiciones mentales y f\u00edsicas, qued\u00f3 sin un servicio m\u00e9dico que le permitiera continuar accediendo al manejo de la delicada patolog\u00eda que lo aqueja, sino los de sus tres hijos de 7, 5 y 1 a\u00f1os de edad, respectivamente, pues un paciente psiqui\u00e1trico que no es tratado adecuadamente puede llegar a ser un peligro para la vida e integridad de los ni\u00f1os, tal como lo afirma la quejosa, quien narra situaciones de agresividad de su pareja que constituyen una alerta temprana que el Estado, a trav\u00e9s de sus Instituciones no puede desatender.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por otra parte, tambi\u00e9n es palpable la necesidad de atenci\u00f3n m\u00e9dica para los infantes, quienes por su corta edad deben estar siendo constantemente valorados y controlados en su crecimiento y desarrollo, m\u00e1xime porque dos, seg\u00fan lo refiere la reclamente, padecen enfermedades respiratorias importantes, una de ellas, debido a la precaria atenci\u00f3n m\u00e9dica que recibi\u00f3 durante su nacimiento, por la falta del servicio que brinda el subsistema de salud de la Polic\u00eda Nacional que le fue negado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Sobre la viabilidad de la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en casos como el aqu\u00ed planteado, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00abEn este punto debe resaltarse que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, la protecci\u00f3n constitucional de los polic\u00edas y soldados discapacitados tiene una\u00a0<\/i><\/font><\/font><\/font>\u201crelevancia especial\u201d<\/i><\/font><\/font><\/font>[49]<\/i><\/font><\/font><\/font><\/a><\/font>\u00a0por raz\u00f3n, precisamente, de la labor que desempe\u00f1aban y que determin\u00f3 finalmente la disminuci\u00f3n de su capacidad psicof\u00edsica. As\u00ed lo indic\u00f3 esta Corte:<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u201cEn efecto, a la Fuerza P\u00fablica la Carta Magna le asign\u00f3 la funci\u00f3n de la defensa de la soberan\u00eda, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, para lo cual los miembros de las instituciones Militares y de Polic\u00eda comprometen hasta la vida misma, por ello, al Estado, a trav\u00e9s de todas sus instituciones y funcionarios, le asiste el deber de proteger integralmente a sus servidores que, durante el ejercicio de sus funciones, adquieren enfermedades o lesiones que no les permiten estar en igualdad de condiciones que sus dem\u00e1s compa\u00f1eros, pues, sus circunstancias son especiales por la situaci\u00f3n de debilidad manifiesta en la que se encuentran, por ello, la respuesta que deben esperar de su empleador es de solidaridad, apoyo, protecci\u00f3n de sus derechos; y una actitud desprovista de discriminaciones.\u201d<\/i><\/font><\/font><\/font>[50]<\/i><\/font><\/font><\/font><\/a><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

As\u00ed las cosas, como quiera que quien demanda la protecci\u00f3n en este caso es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, cuya discapacidad provino precisamente de la prestaci\u00f3n de sus servicios personales a la Naci\u00f3n, y que se encuentra en una situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n que exige de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, para esta Sala la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en aras de disponer, si es del caso, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u2026\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. Entonces, la Sala concluye que el amparo incoado por la accionante, en favor de su n\u00facleo familiar, estaba llamado a otorgarse, ya que se halla satisfecho el requisito de la inmediatez en tanto no es posible exigir a la actora que en estado de gravidez y con las dificultades que ha debido afrontar para hacerse cargo de su hogar, conformado por su esposo y tres ni\u00f1os, quienes requieren medicamentos, alimentaci\u00f3n y cuidados personales, acudiera a este mecanismo una vez enterada del retiro de su c\u00f3nyuge.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo anterior, sin desconocer, adicionalmente, que el quebranto de las garant\u00edas fundamentales de la quejosa y su hogar ha generado consecuencias que se han prolongado en el tiempo y que en la actualidad menoscaban sus prerrogativas, raz\u00f3n de m\u00e1s para considerar no solo procedente sino urgente la intervenci\u00f3n del juez de tutela en el caso, para conjurar los riesgos que sobre la salud, la vida y la integridad personal del servidor p\u00fablico y su familia se ciernen.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Ante tal panorama, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado, para en su lugar acceder parcialmente a la concesi\u00f3n del amparo deprecado. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la Polic\u00eda Nacional, que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 8 horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia disponga las gestiones pertinentes para que se practique al agenciado el examen m\u00e9dico-laboral de retiro, con miras a determinar el grado de p\u00e9rdida de capacidad laboral y el consecuente reconocimiento de las prestaciones a las que hubiere lugar. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En el mismo t\u00e9rmino y por el lapso que conlleve la materializaci\u00f3n del citado procedimiento, la Instituci\u00f3n demandada deber\u00e1 reactivar la afiliaci\u00f3n en el Sistema de Seguridad Social en Salud al agenciado y su n\u00facleo familiar, hasta que se defina su situaci\u00f3n m\u00e9dico-laboral, a fin de garantizar sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>REVOCA, <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada y<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>en su lugar, <\/font><\/font>CONCEDE <\/b><\/font><\/font>la protecci\u00f3n constitucional reclamada. En consecuencia, dispone:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

PRIMERO:<\/b><\/font><\/font> ORDENAR <\/b><\/font><\/font>a la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional y por su intermedio a la Direcci\u00f3n(es), Divisi\u00f3n(es) y\/o Dependencia(s) competente(s), Polic\u00eda Nacional, que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 48 horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, disponer las gestiones pertinentes para que se practique al agenciado el examen m\u00e9dico-laboral de retiro, con miras a determinar el grado de p\u00e9rdida de capacidad laboral y el consecuente reconocimiento de las prestaciones a las que hubiere lugar.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

SEGUNDO: <\/b><\/font><\/font>ORDENAR<\/b><\/font><\/font> a la Polic\u00eda Nacional, que en el mismo t\u00e9rmino, reactive la afiliaci\u00f3n del Sistema de Seguridad Social en Salud al agenciado y su n\u00facleo familiar, hasta que se defina su situaci\u00f3n m\u00e9dico-laboral, a fin de garantizar sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

TERCERO:<\/b><\/font><\/font> <\/font><\/font>COMUN\u00cdQUESE <\/b><\/font><\/font>lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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1<\/a> Sentencia de 16 de mayo, exp, 2012-00045.<\/i><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC521-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b025000-22-13-000-2015-00566-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97337"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97337\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}