{"id":97348,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97348\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97348","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97348\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC531-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-82259-02<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el diecisiete de noviembre de dos mil quince por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Miguel Narv\u00e1ez Mart\u00ednez, contra la Fiscal\u00eda Trece Especializada y el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, as\u00ed como a los intervinientes en el proceso en el que se origina la queja.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/h2>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El tutelante, reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que considera vulnerada por la autoridad judicial accionada, al negarse a practicar una prueba previamente decretada y disponer el cierre de la fase probatoria para dar curso a los alegatos de conclusi\u00f3n, sin permitirle ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa frente a aquella y otras decisiones que fueron objeto de apelaci\u00f3n, cuyo tr\u00e1mite a\u00fan est\u00e1 en curso.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda constitucional se invalide la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada para que en su lugar, se agote el debate probatorio de manera integral. [Folios 2-16, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Como consecuencia del homicidio del periodista y humorista Jaime Garz\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inici\u00f3 investigaci\u00f3n de car\u00e1cter penal a la que fue vinculado el accionante, mediante indagatoria del 19 de octubre de 2009, como probable determinador de aquella conducta punible.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. El 17 de junio de 2011, la Fiscal\u00eda Trece adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, profiri\u00f3 resoluci\u00f3n acusatoria en contra del reclamante.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. El adelantamiento del juicio correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, que llev\u00f3 a cabo la audiencia preparatoria el d\u00eda 4 de junio de 2012 y decret\u00f3, entre otras, como prueba de la defensa, el testimonio de alias \u201cJorge 40\u201d, quien fue extraditado hacia los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica donde se encuentra privado de la libertad.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. Tras varios aplazamientos por diversos motivos, el 21 de noviembre de 2013 se dio apertura a la audiencia de juzgamiento, oportunidad en la cual se recepcionaron los testimonios de la ex senadora Piedad C\u00f3rdoba y del extraditado Salvatore Mancuso.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5. La diligencia continu\u00f3 el 4 de febrero de 2014 con la declaraci\u00f3n del ex paramilitar Libardo Duarte. Para la reanudaci\u00f3n del acto procesal, se fijaron los d\u00edas 18 de marzo, 15, 16, 17 y 18 de junio, 5 de agosto, 9 de septiembre, 15 de octubre, 27 de noviembre y 10 y 15 de diciembre del mismo a\u00f1o; sin embargo, por distintas causas, entre ellas, la imposibilidad de obtener comunicaci\u00f3n con el testigo Rodrigo Tovar Pupo, fue necesario reprogramarlo sucesivamente.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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6. El 12 de diciembre de 2014, se despach\u00f3 adversamente la solicitud de nulidad elevada por la defensa, con fundamento en la falta de legitimidad para actuar de algunas v\u00edctimas no reconocidas como parte civil en el proceso.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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7. Contra lo as\u00ed resuelto, el actor, su defensor y los representantes de las v\u00edctimas, impetraron recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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8. Por auto del 13 de enero de 2015, se concedi\u00f3 en el efecto devolutivo la apelaci\u00f3n impetrada por la defensa. <\/font><\/font> <\/p>\n

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9. El 10 de febrero de 2015 fue necesario reprogramar una vez m\u00e1s la audiencia de juzgamiento, por falta de conexi\u00f3n virtual con el sitio de reclusi\u00f3n del testigo requerido, situaci\u00f3n que se repiti\u00f3 el 13 de marzo siguiente.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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10. El 20 de mayo, la juzgadora de conocimiento declar\u00f3 clausurado el debate probatorio debido a la problem\u00e1tica presentada con la recepci\u00f3n del testimonio en comento. Acto seguido, deneg\u00f3 por improcedentes los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que contra esa determinaci\u00f3n interpuso la defensa y orden\u00f3 continuar con los alegatos de conclusi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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11. Escuchada la intervenci\u00f3n del Delegado Fiscal, el agente del Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 el aplazamiento, a lo cual el Despacho accedi\u00f3.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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12. El 27 de mayo se desestim\u00f3 por extempor\u00e1neo el recurso de queja presentado por el tutelante contra el rechazo de la apelaci\u00f3n formulada frente el auto del 20 anterior.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

13. El quejoso present\u00f3 solicitud de nulidad de lo actuado, a partir del cierre de la fase de pruebas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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14. El 15 de julio de 2015, se dispuso diferir el pronunciamiento frente a ese pedimento, para el momento de emitir sentencia, decisi\u00f3n que el actor recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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15. El 11 de agosto siguiente, la sede judicial cuestionada mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n y deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la censura subsidiaria, por lo cual el reclamante impetr\u00f3 el recurso de queja ante el Tribunal.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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16. El 16 siguiente, se reanud\u00f3 el juicio sin la presencia del procesado, quien no fue remitido al recinto judicial por parte del Inpec; para sustentar tal proceder la juzgadora argument\u00f3 que en aquella diligencia \u00fanicamente se escuchar\u00edan alegatos de conclusi\u00f3n de los intervinientes presentes, lo cual no supon\u00eda afectaci\u00f3n del debido proceso al actor; el abogado defensor formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, que fueron desestimados por improcedentes.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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17. El 27 de agosto de 2015, a solicitud de la defensa, se aplaz\u00f3 una vez m\u00e1s la diligencia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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18. En la misma fecha, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, invalid\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida por su inferior jer\u00e1rquico a partir del auto del 13 de enero de 2015, mediante el cual se hab\u00eda concedido la apelaci\u00f3n impetrada por la defensa contra la decisi\u00f3n del 12 de diciembre de 2014, para que procediera a pronunciarse sobre los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n presentados por el procesado, por la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas y por el Colectivo de Abogados Jos\u00e9 Alvear Restrepo, en representaci\u00f3n de Gloria Cecilia Hern\u00e1ndez Prieto y Marisol y Alfredo Garz\u00f3n Forero, respectivamente.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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19. En obedecimiento a aquella determinaci\u00f3n, el 10 de septiembre de 2015, el Juzgado 7\u00ba Penal del Circuito Especializado declar\u00f3 desiertos los recursos impetrados directamente por el procesado y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n presentada por su defensor y por el representante de la ciudadana Hern\u00e1ndez Prieto.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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20. En criterio del peticionario del amparo, la determinaci\u00f3n del fallador accionado, de negarse a recibir el testimonio que le fue decretado en la audiencia preparatoria y clausurar el debate probatorio, cuando no est\u00e1n en firme decisiones trascendentales para el proceso; as\u00ed como diferir la decisi\u00f3n de la nulidad que por tales hechos invoc\u00f3, a la emisi\u00f3n de la sentencia, transgrede su prerrogativa fundamental al debido proceso, pues desconoce las formas propias del juicio y le impide ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En virtud de ello, pretende que se conceda la protecci\u00f3n constitucional, en la forma vista. [Folios 1-14, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>1. Tras invalidar la actuaci\u00f3n surtida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, la hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela mediante auto del 4 de noviembre de 2015 y orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 209, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. En memorial adicional a la demanda de amparo, el quejoso puntualiz\u00f3 que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 encaminada a lograr que se deje sin efecto alguno la decisi\u00f3n del juzgado accionado de diferir la decisi\u00f3n de la nulidad planteada en la audiencia de juicio oral para la sentencia, as\u00ed como que se le ordene abstenerse de continuar con el juicio hasta que rehaga la actuaci\u00f3n.<\/font><\/h2>\n

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3. La Fiscal\u00eda 13 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado y adscrita a la Unidad de Derechos Humanos, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, tras argumentar que siempre se han garantizado los derechos de contradicci\u00f3n y defensa al tutelante, al punto que la recepci\u00f3n del testimonio en el que est\u00e1 interesado, se intent\u00f3 en m\u00faltiples ocasiones, pese a la manifestaci\u00f3n p\u00fablica del se\u00f1or Rodrigo Tovar Pupo, de negarse a colaborar con la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/font><\/h2>\n

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Por otra parte, tampoco consider\u00f3 violatorias de derechos fundamentales, las decisiones de adelantar una de las sesiones del juicio sin la presencia del acusado y diferir la decisi\u00f3n de la solicitud de nulidad elevada por la defensa, para el momento de proferir sentencia, pues se trata de determinaciones soportadas en jurisprudencia y normatividad adjetiva aplicables al caso concreto.<\/font><\/h2>\n

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El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por su parte, indic\u00f3 que <\/font><\/font>en pret\u00e9rita oportunidad el actor cuestion\u00f3 las decisiones adoptadas por los jueces de instancia en relaci\u00f3n con algunas de las pruebas solicitadas por la defensa; frente a los hechos materia de este reclamo, precis\u00f3 que en providencia del pasado 27 de agosto de 2015, invalid\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida por el Juez tutelado por pretermitir el pronunciamiento de rigor frente a los recursos interpuestos por algunos sujetos procesales contra el auto del 12 de diciembre de 2014 y que en la actualidad, la Corporaci\u00f3n tiene pendiente resolver los dem\u00e1s recursos de apelaci\u00f3n y queja que han sido formulados y concedidos en desarrollo de las diligencias objeto de reproche.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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A su turno, l<\/font><\/font>a Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, se opuso tambi\u00e9n a la concesi\u00f3n de la s\u00faplica constitucional, para lo cual argument\u00f3 que la parte civil si se encontraba legitimada para actuar en el proceso penal que se cuestiona, pues la ruptura de la unidad procesal, no obliga a las v\u00edctimas a presentar una nueva demanda de constituci\u00f3n en parte civil en cada uno de los procesos derivados del principal, dado que su inter\u00e9s, hoy d\u00eda, no est\u00e1 ligado \u00fanicamente a la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica, sino que se complementa con el derecho a la obtenci\u00f3n de la verdad y la justicia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

A su turno, el Juzgado 7\u00ba Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, realiz\u00f3 una breve rese\u00f1a de la actuaci\u00f3n surtida en las diligencias en cuesti\u00f3n, para concluir que con la misma no ha desconocido prerrogativa alguna al peticionario del amparo, pues, por el contrario, la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de la audiencia de juzgamiento, que se ha prolongado por m\u00e1s de dos a\u00f1os, obedeci\u00f3 a la insistencia en la pr\u00e1ctica del testimonio del se\u00f1or Rodrigo Tovar, quien pese a ello se neg<\/font><\/font>\u00f3 a declarar en este proceso y fue justamente esa circunstancia la que condujo al cierre de la etapa probatoria, pues no puede continuarse aplazando indefinidamente la decisi\u00f3n de fondo que amerita el asunto. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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4. En sentencia de noviembre 17 de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo invocado al estimar que no se encuentra satisfecha ninguna de las causales que hacen viable la concesi\u00f3n del amparo contra providencias judiciales, y que, en todo caso, al encontrarse en curso la causa penal, las controversias que all\u00ed se susciten, deben resolverse en ella, pues la tutela no puede erigirse en una herramienta para sustituir los recursos que la legislaci\u00f3n consagra para controvertirlas, entre ellos, el ordinario de apelaci\u00f3n y el extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia que defina el asunto. [Folios 337-351, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3, sin adicionar los motivos de su inconformidad. [Folio 357, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/font>
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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00ab<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regulara la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00ab<\/font><\/font>otros recursos o medios de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00ab<\/font><\/font>mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable<\/i><\/font><\/font>\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00ab<\/font><\/font>en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Se estructura as\u00ed una de las caracter\u00edsticas que debe estar presente para la prosperidad del amparo, esto es su car\u00e1cter subsidiario o residual, ya que la tutela s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legalmente creado para ser utilizado mediante las v\u00edas ordinarias.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por varias razones. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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En primer lugar, porque en la actualidad se encuentra en tr\u00e1mite el recurso de queja propuesto por la defensa del reclamante contra la decisi\u00f3n de clausurar el debate probatorio sin agotar previamente uno de los testimonios decretados en la audiencia preparatoria, luego, la controversia acerca de si debe resolverse de fondo o no el recurso de apelaci\u00f3n que se impetr\u00f3 contra esa determinaci\u00f3n, a\u00fan no ha concluido y por ende, el actor no puede pretender que por esta v\u00eda se resuelva anticipadamente.<\/font><\/font><\/p>\n

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Id\u00e9ntica situaci\u00f3n ocurre con respecto a la solicitud de nulidad elevada por la defensa frente al referido cierre, pues lo cierto es que el Juzgado de conocimiento no ha adoptado una determinaci\u00f3n definitiva en torno a si acceder\u00e1 o no a la invalidez deprecada, cosa que har\u00e1 al momento de proferir la sentencia que ponga fin a la instancia, providencia que es susceptible de los recursos de ley.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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As\u00ed, para la Sala es evidente que es prematura la solicitud de resguardo constitucional del actor, ya que al interior del proceso cuestionado no se han resuelto de manera definitiva los reparos que por esta v\u00eda expone y por lo tanto, al juez constitucional le est\u00e1 vedado anticipar una decisi\u00f3n que compete emitir a los funcionarios investidos legalmente de las facultades para hacerlo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. Adicionalmente, se insiste, el gestor de la queja tiene a su alcance medios judiciales id\u00f3neos para el pleno ejercicio de su derecho al debido proceso, pues<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>es claro que al encontrarse en curso la investigaci\u00f3n penal que se cuestiona, concretamente en fase de juzgamiento, el promotor del amparo, cuenta con la posibilidad de impugnar la sentencia que se emita, en caso de resultar adversa a sus intereses, a trav\u00e9s de los recursos de apelaci\u00f3n y el extraordinario de casaci\u00f3n, medios defensivos por excelencia, de las garant\u00edas de los sujetos procesales involucrados en el proceso.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Ser\u00e1 entonces dentro de la actuaci\u00f3n del funcionario competente que se diriman las controversias que al interior de la misma planteen las partes, dado que la jurisdicci\u00f3n constitucional no est\u00e1 facultada para ello.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para <\/font><\/font>el efectivo y adecuado ejercicio de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/font>
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC531-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-82259-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97348","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97348","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97348"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97348\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97348"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97348"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97348"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}