{"id":97352,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-80\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"corte-suprema-de-justicia-80","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-80\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC535-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2015-00424-02<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de<\/font><\/font> veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2<\/font><\/font>4 de noviembre de 2015 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Leonel Grisales Jim\u00e9nez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El promotor del amparo solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial encausada, porque injustificadamente rechaz\u00f3 la solitud de nulidad que por indebida notificaci\u00f3n plante\u00f3 en el juicio ejecutivo seguido en su contra.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que <\/font><\/font>se disponga \u00ab<\/font><\/font>dejar sin valor y efecto el auto fechado [f]ebrero 20 de 2015 (\u2026) que resuelve negar la solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n (\u2026) y[,] en su lugar[,] ordenar lo que en derecho corresponda<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folio 4, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 18 de octubre de 1994 el accionante obtuvo un cr\u00e9dito de la Corporaci\u00f3n Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa por el equivalente de $11.200.000,oo en unidades de poder adquisitivo constante – UPAC, cuyo pago garantiz\u00f3 con la constituci\u00f3n de un gravamen hipotecario sobre un inmueble de su propiedad, ubicado en la Carrera 33 Nro. 56-30 de Bucaramanga. Tal cr\u00e9dito fue trasferido el 27 de octubre de 2000, mediante contrato de compraventa, a Central de Inversiones S.A.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. La \u00faltima compa\u00f1\u00eda mencionada a espacio, en el a\u00f1o 2002, promovi\u00f3 un proceso ejecutivo hipotecario en contra del tutelante, exigiendo el pago de la obligaci\u00f3n atr\u00e1s referida, se\u00f1alando como su saldo una suma superior a $26.000.000,oo, m\u00e1s los intereses causados sobre tal capital. Asunto que le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado encausado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. El 10 de agosto de 2002 el fallador libr\u00f3 orden de pago contra el promotor de la tutela, en la forma rogada por la acreedora, de la cual tuvo a aqu\u00e9l por notificado por aviso, con fundamento en las certificaciones expedidas por la empresa de correos respecto a que el ejecutado s\u00ed resid\u00eda en el inmueble ubicado en la Calle 58 Nro. 28-03 del municipio de Soledad, a la cual fueron remitidas las comunicaciones correspondientes.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. El 30 de mayo de 2006 se orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien gravado, para con su producto cancelar la obligaci\u00f3n debida.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Posteriormente, la ejecutante, mediante contrato suscrito el 6 de julio de 2007, cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos, transferencia reconocida el 22 de octubre de ese a\u00f1o por la sede judicial criticada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. Luego, embargado, secuestrado y avaluado el inmueble hipotecado, se se\u00f1al\u00f3 el 19 de junio de 2008 para efectuar la almoneda respectiva.<\/font><\/font><\/p>\n

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7. Llegada la fecha mencionada en precedencia, se dio inicio a la diligencia de remate, en la cual se adjudic\u00f3 el bien a Efra\u00edn M\u00e1rquez Navarro, por la suma de $25.900.000,oo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. El 15 de julio de 2008 se aprob\u00f3 la referida almoneda, orden\u00e1ndose, all\u00ed mismo, devolver al rematante la suma de $4.434.521,oo, monto que acredit\u00f3 haber satisfecho por concepto de pago del impuesto predial del inmueble.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

9. El 12 de diciembre de 2014 el accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, deprec\u00f3 la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite surtido en ese juicio hipotecario, por indebida notificaci\u00f3n, aduciendo que (i) nunca le fue entregado ning\u00fan comunicado respecto a la existencia del proceso; y (ii) desconoc\u00eda a las personas que, seg\u00fan las certificaciones postales, hab\u00edan recibido las misivas indicando que \u00e9l resid\u00eda en la Calle 58 No. 28-03 del municipio de Soledad, cuando eso era falso, m\u00e1xime cuando en una de tales constancias se asent\u00f3 que quien recibi\u00f3 era \u00ab<\/font><\/font>LUZ ELENA C.C. 32.748.899, quien es c\u00f3nyuge<\/i><\/font><\/font>\u00bb, cuando lo cierto es que \u00e9l no es casado ni conoce a tal persona.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

10. El 20 de febrero de 2015 el fallador rechaz\u00f3 la referida petici\u00f3n de anulaci\u00f3n, al concluir que la misma era extempor\u00e1nea, en la medida en que, asever\u00f3, el asunto termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de la almoneda.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

11. El 21 de agosto de 2015 el peticionario del amparo <\/font><\/font>acudi\u00f3 a la protecci\u00f3n constitucional del ep\u00edgrafe porque, en su criterio, la anterior decisi\u00f3n conculca sus garant\u00edas fundamentales, aduciendo, tras reiterar los argumentos que expuso ante el fallador natural cuando formul\u00f3 la solicitud de invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite hipotecario, que demostr\u00f3 la incursi\u00f3n en la causal de nulidad alegada y que era equivocada la apreciaci\u00f3n del juzgador respecto a que ese juicio culmin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n, pues a\u00fan quedaba un saldo por satisfacer, como se advert\u00eda al contrastar el precio dado al bien con la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por el ejecutante en el a\u00f1o 2008, en la cual se se\u00f1al\u00f3 que, para entonces, el saldo ascend\u00eda a m\u00e1s de $66.000.000,oo<\/font><\/font>. [Folios 1 a 4, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>La solicitud de amparo se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite en decisi\u00f3n de 25 de agosto de 2015, que dispuso enterar de la existencia de la acci\u00f3n a la autoridad judicial acusada. [Folio 9, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla tras rese\u00f1ar el tramite dado al juicio fustigado, destacando que la \u00faltima actuaci\u00f3n fue aquella mediante la cual rechaz\u00f3 la solicitud de invalidaci\u00f3n aludida por el quejoso, afirm\u00f3 que todas sus decisiones \u00ab<\/font><\/font>se surtieron garantizando el debido proceso<\/i><\/font><\/font>\u00bb, por lo que deprec\u00f3 la denegaci\u00f3n del resguardo. [Folio 16, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Central de Inversiones S.A. solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite porque no era la actual acreedora de la obligaci\u00f3n exigida al accionante, pues la transfiri\u00f3 a favor de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos. Por su parte, esta \u00faltima entidad pidi\u00f3 el despacho adverso de la solicitud de amparo porque al tutelante no se le ha vulnerado ning\u00fan derecho y lo pretendido por este era obtener una decisi\u00f3n diferente a la adoptada por el juzgador ordinario, evidenci\u00e1ndose la improcedencia del ruego tutelar, pues este no fue concebido como una tercera instancia a la cual pudieran acudir los coasociados. [Folios 33 a 36 y 54 a 60, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. <\/font><\/font>El 24 de noviembre de 2015 el <\/font><\/font>a-quo <\/i><\/font><\/font>constitucional, tras renovar el tr\u00e1mite vinculando al mismo al rematante en el juicio hipotecario cuestionado, de conformidad con lo ordenado por esta Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo de 27 de octubre del mismo a\u00f1o, deneg\u00f3 el resguardo al estimar ausente el presupuesto de la subsidiariedad, pues consider\u00f3 que el accionante debi\u00f3 deprecar la nulidad por falta de notificaci\u00f3n con anterioridad a la terminaci\u00f3n del asunto por pago total y, en todo caso, contaba con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n para plantear su queja ante el juzgador natural. [Folios 94 a 103, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el tutelante la impugn\u00f3 sin exponer el motivo de su disidencia. [Folios 110 y 118, c. 1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00ab<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>otros recursos o medios de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00ab<\/font><\/font>mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable<\/i><\/font><\/font>\u00bb, advirtiendo, eso s\u00ed, que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00ab<\/font><\/font>en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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2. <\/font><\/font>No obstante, <\/font><\/font>ante el supuesto que se analiza en esta instancia, el amparo se advierte improcedente, toda vez que el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial para controvertir la decisi\u00f3n que, en su sentir, le resulta lesiva. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, el gestor del resguardo cont\u00f3 con la oportunidad de censurar el auto de 20 de febrero de 2015, por medio del cual el Juzgado accionado rechaz\u00f3 su solicitud de nulidad al considerarla extempor\u00e1nea, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual ense\u00f1a que \u00ab<\/font><\/font>salvo norma en contrario, <\/i><\/font><\/font>el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez<\/i><\/font><\/font> (\u2026)<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, el reclamante no interpuso el referido mecanismo de impugnaci\u00f3n, con lo que dej\u00f3 de utilizar un medio defensivo que pod\u00eda ejercer al interior del proceso, id\u00f3neo por su naturaleza para esgrimir la argumentaci\u00f3n en la cual edifica su inconformidad.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Deviene entonces, ostensible, que si el promotor de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 el mencionado recurso contemplado en la ley, no puede pretender que por medio de esta queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de la controversia que correspond\u00eda dirimir al juez natural, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley que los interesados han desaprovechado debido a su incuria.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. Sobre el referido medio de impugnaci\u00f3n, ha <\/font><\/font>reiterado la Sala que: <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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(\u2026) de conformidad con el art\u00edculo 348 del C. de P. Civil era perfectamente viable formular la queja que ahora plantean a trav\u00e9s de ese recurso ordinario, de modo que al omitir su interposici\u00f3n no es conducente que acudan despu\u00e9s a este tr\u00e1mite extraordinario, breve y sumario para suplir su incuria.\u201d<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font>(CSJ STC, <\/font><\/font>23 may. 2013, rad. 2013-0060-01)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. <\/font><\/font>Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Las consideraciones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed condensadas que no por las esgrimidas por el <\/font><\/font>a-quo <\/i><\/font><\/font>constitucional.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia de fecha y procedencia se\u00f1aladas, con fundamento en las consideraciones atr\u00e1s consignadas que no por las del Tribunal.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC535-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2015-00424-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}