{"id":97361,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97361\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97361","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97361\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC544-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 17001-22-13-000-2015-00609-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cuatro de noviembre de dos mil quince por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, la Personer\u00eda y la Alcald\u00eda Municipal de Manizales y el Banco Davivienda.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    \n
  1. \n

    La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la sede judicial accionada, al no haber notificado su acci\u00f3n popular a la autoridad administrativa encargada de proteger el derecho colectivo invocado, pese a haber transcurrido varios meses desde la emisi\u00f3n del auto admisorio.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Por tal motivo, pretende que <\/font><\/font>se ordene al tutelado <\/font><\/font>\u00ab\u2026comunicar y notificar mi acci\u00f3n, al Alcalde Municipal donde ocurre la vulneraci\u00f3n, a fin que sea tenido (\u2026) como vinculado o parte procesal\u00bb<\/i><\/font><\/font>. Por otra parte, solicit\u00f3 enviar copia de esta actuaci\u00f3n a su correo electr\u00f3nico y a la oficina judicial de reparto para que adelante acci\u00f3n de tutela contra la Defensor\u00eda del Pueblo por negarse a presentar demandas de esta naturaleza a su nombre. [Folio 2, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. El 21 de mayo de 2015, Javier El\u00edas Arias Idarraga present\u00f3 Acci\u00f3n Popular contra el Banco Davivienda, sucursal de la carrera 23 sin n\u00famero de Manizales, porque presta sus servicios en un local abierto al p\u00fablico que no cuenta con servicios sanitarios para sus usuarios, en especial, aquellos en condici\u00f3n de incapacidad f\u00edsica. <\/font><\/font>[Folio 2, c. Anexos]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, mediante auto del 16 de junio de 2015, avoc\u00f3 el conocimiento del asunto y orden\u00f3, notificar personalmente al representante legal de la compa\u00f1\u00eda financiera demandada, en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como efectuar las comunicaciones previstas en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998. <\/font><\/font>[Folios 3-4, c. Anexos]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. Inconforme, el 30 de junio siguiente, el demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n, a trav\u00e9s de un \u00fanico escrito dirigido a varias acciones populares, cuya fotocopia fue anexada por la secretar\u00eda del despacho. [Folios 8, c. Anexos]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. El 15 de julio posterior, el juzgador de la causa, rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea la censura, pero dispuso adelantar las gestiones necesarias para la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad de que trata el art\u00edculo 21 ejusdem. Por otra parte, orden\u00f3 realizar la notificaci\u00f3n del demandado. <\/font><\/font>[Folio 11, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    5. El 29 de septiembre de 2015, el actor popular insisti\u00f3 en que no efectuar\u00eda la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad y solicit\u00f3 la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite de la Alcald\u00eda Municipal, por tratarse de la autoridad encargada de proteger los derechos colectivos presuntamente vulnerados.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    6. El 20 de octubre siguiente, la entidad financiera accionada ofreci\u00f3 respuesta a la demanda, oponi\u00e9ndose a sus pretensiones. [Folios 36-39, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    7. El 29 del mismo mes, se dispuso solicitar a la emisora de la Polic\u00eda Nacional difundir el aviso a la comunidad y vincular al ente territorial, en atenci\u00f3n al requerimiento del actor, para lo cual se remiti\u00f3 el expediente al centro de servicios correspondiente.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    8. El reclamante acudi\u00f3 a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n a sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, desconoce la perentoriedad de su acci\u00f3n constitucional, por no notificar el auto admisorio a la Alcald\u00eda vinculada. [Folio 2, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. El 21 de octubre de 2015 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/font><\/font>[Folios 5-6, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    \n

    2. La Personer\u00eda Municipal, consider\u00f3 que el acto de notificaci\u00f3n, cuya materializaci\u00f3n reclama el tutelante, es de su exclusiva carga y responsabilidad, por lo que manifest\u00f3 atenerse a lo probado en el presente tr\u00e1mite. [Folio 18, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Por su parte, la Alcald\u00eda Municipal de Manizales indic\u00f3 que es ajena a los hechos en los cuales se fundamenta el reclamo constitucional. [Folio 19-26, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    La Defensor\u00eda del Pueblo, asegur\u00f3 que el actor obra con temeridad y mala fe al indicar en su demanda que esa instituci\u00f3n se ha negado a formular acciones de tutela en su favor, pues en m\u00faltiples actuaciones ha explicado las razones por las cuales ello no es procedente y los jueces del amparo han adoptado las decisiones de rigor, por lo que se trata un asunto que ya fue materia de estudio y decisi\u00f3n en sede de tutela. [Folios 27-34, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    El Juez accionado remiti\u00f3 copia \u00edntegra del expediente contentivo de la actuaci\u00f3n constitucional cuestionada. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    3. El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal, neg\u00f3 el amparo deprecado, tras se\u00f1alar que se configura un hecho superado frente al primer pedimento del quejoso, pues el acto procesal reclamado ya se surti\u00f3 y, por otra parte, que al no hacer parte de un grupo de sujetos de especial protecci\u00f3n estatal, no es posible exigirle a la Defensor\u00eda del Pueblo que eleve quejas constitucionales a su nombre. [Folios 35-37, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. <\/font><\/font>El quejoso impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n sin adicionar los motivos de su inconformidad. [Folio 57, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. En el presente asunto, <\/font><\/font>el accionante centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha efectuado la notificaci\u00f3n del auto admisorio de su demanda a la entidad estatal encargada de velar por la protecci\u00f3n del derecho colectivo reclamado, pese a tratarse de una acci\u00f3n constitucional, cuyo tr\u00e1mite es preferencial.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En relaci\u00f3n con <\/font><\/font>problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00ab\u2026<\/i><\/font><\/font>aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb <\/i><\/font><\/font>(Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues el estado de la actuaci\u00f3n no surge de un acto arbitrario, infundado o caprichoso del Juez Segundo Civil del Circuito de Manizales, que justifique la intervenci\u00f3n del fallador constitucional en la \u00f3rbita de acci\u00f3n del mismo para inmiscuirse en las funciones que ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    Al respecto, basta simplemente con analizar la diligencia que el fallador accionado ha empleado para lograr las notificaciones y publicaciones de la acci\u00f3n g\u00e9nesis de este reclamo constitucional, seg\u00fan las disposiciones de la Ley 472 de 1998, ante la decisi\u00f3n del actor popular de no realizarlas y en obedecimiento a lo ordenado por el legislador para ese tipo de actuaciones.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Entonces, m\u00e1s que incumplimiento a la perentoriedad de la acci\u00f3n popular, lo que se evidencia es la inactividad del promotor de esa demanda, as\u00ed como un uso desmedido de los mecanismos judiciales, que ha contribuido a incrementar la carga laboral del juzgador cuestionado.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3<\/font><\/font>. <\/font><\/font>Para finalizar, la Sala estima necesario aclarar que como la queja principal del actor no est\u00e1 dirigida contra la Defensor\u00eda del Pueblo – Regional Caldas, respecto de quien simplemente manifiesta que no ha querido presentar acciones de tutela en su nombre y por ello lo hace directamente, no es posible hablar de que existe en este asunto temeridad.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Lo anterior, porque el fundamento angular de este reclamo, es la supuesta violaci\u00f3n de derechos por parte del Juez 2o Civil del Circuito de Manizales, en los t\u00e9rminos ya analizados.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. <\/font><\/font>Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    De los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley<\/font><\/font>, CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las pa<\/font><\/font>rtes por el medio m\u00e1s expedito; d<\/font><\/font>e los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo<\/font><\/font>; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

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    <\/p>\n

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    \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

    MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

    <\/p>\n

    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

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    10<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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