{"id":97362,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97362\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97362","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97362\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC545-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 17001-22-13-000-2015-00628-01<\/b><\/font><\/font>1<\/a><\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cuatro de noviembre de dos mil quince por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales, en las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas; tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Personer\u00eda, la Alcald\u00eda Municipal de Manizales, as\u00ed como las entidades de car\u00e1cter particular demandas en las acciones populares g\u00e9nesis de estas quejas.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    \n
  1. \n

    La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

    El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la sede judicial accionada, al no haber notificado sus acciones populares Nos. 2015-0128, 2015-0150, 2015-0147, 2015-0148, 2015-0257, 2015-0143, 2015-0140, 2015-0136 y 2015-0133, a la autoridad administrativa encargada de proteger los derechos colectivos invocados, pese a haber transcurrido varios meses desde la emisi\u00f3n del auto admisorio en cada una de ellas.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Por tal motivo, pretende que <\/font><\/font>se ordene al tutelado <\/font><\/font>\u00ab\u2026comunicar y notificar mi acci\u00f3n, al Alcalde Municipal donde ocurre la vulneraci\u00f3n, a fin que sea tenido (\u2026) como vinculado o parte procesal\u00bb<\/i><\/font><\/font>. Por otra parte, solicit\u00f3 enviar copia de esta actuaci\u00f3n a su correo electr\u00f3nico y a la oficina judicial de reparto para que adelante acciones de tutela contra la Defensor\u00eda del Pueblo por negarse a presentar demandas de esta naturaleza a su nombre. [Folios 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 y 43, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. El 21 de mayo de 2015, el tutelante promovi\u00f3 m\u00faltiples acciones populares, contra diversas Compa\u00f1\u00edas de car\u00e1cter privado con sede en la ciudad de Manizales, por prestar servicios p\u00fablicos en locales comerciales que no cuentan con gu\u00eda o int\u00e9rprete y en otros casos, sanitarios para la atenci\u00f3n de usuarios en condici\u00f3n de discapacidad auditiva y\/o f\u00edsica. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    2. Al Juzgado Primero Civil del Circuito de aquella ciudad, correspondi\u00f3 por reparto conocer las demandas que se radicaron con los n\u00fameros 2015-0150, 2015-0128, 2015-0133, 2015-0136, 2015-0140, 2015-0143, 2015-0147, 2015-0148 y 2015-0257.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. Mediante prove\u00eddo del 1\u00ba de junio, se orden\u00f3 requerir informaci\u00f3n para determinar la persona natural o jur\u00eddica accionada en la primera acci\u00f3n mencionada, mientras que por autos de mayo 29, junio 1\u00ba, junio 2\u00ba y agosto 26 de 2015, se admitieron a tr\u00e1mite las dem\u00e1s.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. Ante la manifestaci\u00f3n del reclamante, acerca de que no adelantar\u00eda las gestiones necesarias para notificar a sus demandadas ni a la comunidad, la sede tutelada orden\u00f3 proceder a ello mediante autos de julio 14, 16 y 24 y octubre 21. Por otra parte, el 18 de agosto, inadmiti\u00f3 la demanda radicada bajo el No. 2015-0150, por imposibilidad de establecer qui\u00e9n es el accionado, por lo que requiri\u00f3 al actor popular para que lo aclarara.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    5. Los d\u00edas 28 y 29 de septiembre, el quejoso solicit\u00f3 vincular a las actuaciones cuestionadas a la Alcald\u00eda Municipal de Manizales, como ente encargado de velar por la protecci\u00f3n de los derechos colectivos invocados.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    6. En prove\u00eddos de los d\u00edas 20, 21 y 22 de octubre, se accedi\u00f3 a ello, para lo cual se libraron las comunicaciones de rigor y se entregaron las diligencias en el Centro de Servicios Judiciales, donde se encuentran surtiendo las respectivas comunicaciones. En la \u00faltima calenda, se dispuso el rechazo de la demanda cuyo extremo pasivo no se determin\u00f3.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    7. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n a sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, desconoce la perentoriedad de sus acciones constitucionales, al no notificar el auto admisorio a la Alcald\u00eda Municipal de Manizales. <\/font><\/font>[Folios 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 y 43, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. El 22 de octubre de 2015 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, acumul\u00f3 y admiti\u00f3 las acciones de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/font><\/font>[Folios 46-49, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. El Juez accionado remiti\u00f3 copia de algunas piezas procesales de cada acci\u00f3n constitucional y argument\u00f3 que el acto procesal que el quejoso reclama, ya fue surtido en tres de los procesos tal como se dispuso en providencia del 22 de octubre de 2015 y que la falta de tal comunicaci\u00f3n en el radicado 2015-0150, obedece a que esa demanda fue rechazada. [Folios 71-178, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Por su parte, la Alcald\u00eda Municipal de Manizales indic\u00f3 que es ajena a los hechos en los cuales se fundamentan los reclamos constitucionales. [Folios 179-186, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    A su turno, la Defensor\u00eda del Pueblo, asegur\u00f3 que el actor obra con temeridad y mala fe al indicar en sus demandas que esa instituci\u00f3n se ha negado a formular acciones de tutela en su favor, pues en m\u00faltiples actuaciones ha explicado las razones por las cuales ello no es procedente y los jueces del amparo han adoptado las decisiones de rigor, por lo que se trata un asunto que ya fue materia de estudio y decisi\u00f3n en sede de tutela. [Folios 187-197, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Por \u00faltimo, la Personer\u00eda Municipal, consider\u00f3 que el acto de notificaci\u00f3n, cuya materializaci\u00f3n reclama el tutelante, es de su exclusiva carga y responsabilidad, por lo que manifest\u00f3 atenerse a lo probado en el presente tr\u00e1mite. [Folio 199, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal, neg\u00f3 el amparo deprecado, tras se\u00f1alar que se configura un hecho superado frente a ocho de las nueve acciones constitucionales acumuladas, mientras que en la \u00faltima, no advirti\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna por cuanto la vinculaci\u00f3n deprecada, no era necesaria al haberse rechazado la demanda. En relaci\u00f3n con las quejas expuestas contra la Regional Caldas de la Defensor\u00eda del Pueblo, estim\u00f3 que el actor est\u00e1 en capacidad de acudir por s\u00ed mismo a la administraci\u00f3n de justicia, como lo ha venido haciendo, de tal manera que ninguna afectaci\u00f3n a sus garant\u00edas se causa con la decisi\u00f3n de tal instituci\u00f3n a representarlo en sus gestiones. [Folios 201-207, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. <\/font><\/font>El quejoso impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n sin adicionar los motivos de su inconformidad. [Folios 257-259, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. En el presente asunto, <\/font><\/font>el accionante centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha efectuado la notificaci\u00f3n del auto admisorio de sus nueve demandas a las entidades estatales encargadas de velar por la protecci\u00f3n del derecho colectivo reclamado, pese a tratarse de una acci\u00f3n constitucional, cuyo tr\u00e1mite es preferencial.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En relaci\u00f3n con <\/font><\/font>problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00ab\u2026<\/i><\/font><\/font>aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb <\/i><\/font><\/font>(Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte, en ninguna de las acciones populares objeto de las quejas constitucionales acumuladas, una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues, en relaci\u00f3n con las actuaciones radicadas con los Nos. <\/font><\/font>2015-0128, 2015-0147, 2015-0148, 2015-0257, 2015-0143, 2015-0140, 2015-0136 y 2015-0133<\/font><\/font>, se pudo establecer que ya fueron puestas en conocimiento tanto de la Alcald\u00eda Municipal de Manizales, como de las Superintendencias Financiera, en virtud de lo dispuesto en autos de octubre 20, 21 y 22.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Por su parte, la radicada con el No. 2015-0150, fue inadmitida en prove\u00eddo del 18 de agosto y al no haber sido subsanada por el tutelante, fue rechazada en providencia del 22 de octubre de 2015, luego, improcedente se tornaba ordenar la pretendida vinculaci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    Entonces, basta simplemente con analizar la diligencia que el fallador accionado ha empleado para lograr las notificaciones y publicaciones de las acciones populares g\u00e9nesis de este reclamo constitucional, seg\u00fan las disposiciones de la Ley 472 de 1998, ante la decisi\u00f3n del actor popular de no realizarlas y en obedecimiento a lo ordenado por el legislador para ese tipo de actuaciones.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    De manera que m\u00e1s que incumplimiento a la perentoriedad de la acci\u00f3n popular, lo que se evidencia es la inactividad del promotor de esas demandas, as\u00ed como un uso desmedido de los mecanismos judiciales, que ha contribuido a incrementar la carga laboral del juzgador cuestionado.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. <\/font><\/font>Para finalizar, la Sala estima necesario aclarar que como la queja principal del actor no est\u00e1 dirigida contra la Defensor\u00eda del Pueblo – Regional Caldas, respecto de quien simplemente manifiesta que no ha querido presentar acciones de tutela en su nombre y por ello lo hace directamente, asunto que ya fue dirimido en sede constitucional, no es posible hablar de que existe en este asunto temeridad.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Lo anterior, porque el fundamento angular de este reclamo, es la supuesta violaci\u00f3n de derechos por parte del Juez 1\u00ba Civil del Circuito de Manizales, en los t\u00e9rminos ya analizados.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. <\/font><\/font>Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    De los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley<\/font><\/font>, CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las pa<\/font><\/font>rtes por el medio m\u00e1s expedito; d<\/font><\/font>e los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo<\/font><\/font>; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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    MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

    <\/p>\n

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    \n

    \n

    1<\/a>Actuaci\u00f3n a la que fueron acumuladas las tutelas con radicaciones Nos. <\/font><\/font>17001-22-13-000-2015-00630-00, 17001-22-13-000-2015-00633-00, 17001-22-13-000-2015-00634-00, 17001-22-13-000-2015-00638-00, 17001-22-13-000-2015-00642-00, 17001-22-13-000-2015-00645-00, 17001-22-13-000-2015-00650-00, 17001-22-13-000-2015-00651-00. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n<\/p><\/div>\n

    \n

    11<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC545-2016 Radicaci\u00f3n n. 17001-22-13-000-2015-00628-011 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97362","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97362\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}