{"id":97433,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97433\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97433","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97433\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/i><\/font><\/font>
<\/p>\n

\n

Corte Suprema de Justicia<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

<\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACION CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

STC689-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-<\/b><\/font><\/font>02-03-000-2015-03117-00<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., <\/font><\/font>veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada <\/font><\/font>por Martha Emilsen Monroy Chiriv\u00ed y Germ\u00e1n Triana Tobar frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los magistrados Israel Bosiga Higuera, Juan Manuel Dumez Arias y Jaime Londo\u00f1o Salazar, los Juzgados Primero Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, la Inspectora Sexta Municipal y la Fiscal\u00eda S\u00e9ptima Local, todos de Soacha.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. Los gestores demandaron la pr<\/font><\/font>otecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, m\u00ednimo vital y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas, dentro del juicio ejecutivo hipotecario que Antony Cruz Useche le inici\u00f3 a Martha Emilsen Monroy.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Arguyeron, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

2.1. Que <\/font><\/font>\u00abpara impetrar la acci\u00f3n ejecutiva el demandante se vali\u00f3 de un acto de VENTA-HIPOTECA, realizados en virtud de un PODER GENERAL, otorgado por escritura p\u00fabica al abogado CRUZ USECHE por la se\u00f1ora NOHORA ANA\u00cdS SOLORZANO DE RODR\u00cdGUEZ (dos actuaciones diferentes autorizadas mediante un solo poder) PODER QUE FUE OTORGADO CON FECHA TREINTA (30) DE ENERO DE 2002\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Que <\/font><\/font>\u00aben virtud de ese poder, el abogado ANTONY CRUZ USECHE efectu\u00f3 el doble acto VENTA-HIPOTECA, el d\u00eda 28 de noviembre de 2003, acto en el cual, a trav\u00e9s del abogado, la se\u00f1ora NOHORA ANA\u00cdS SOLORZANO DE RODR\u00cdGUEZ, nos vend\u00eda el lote 29 de la Manzana \u201cA\u201d del barrio LA ESPERANZA del municipio de Soacha, con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-40426206\u2026 pero jam\u00e1s nos imaginamos, que la due\u00f1a del lote que est\u00e1bamos comprando ya se hab\u00eda muerto\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Que el <\/font><\/font>sub j\u00fadice<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abtuvo origen en la hipoteca que el abogado CRUZ USECHE interpuso en nuestra contra, tuvo origen en la HIPOTECA, que como se evidencia, est\u00e1 viciada de nulidad absoluta, dicho proceso tambi\u00e9n est\u00e1 viciado de la misma NULIDAD ABSOLUTA E INSANEABLE, pero lo que es m\u00e1s grave y oprobioso es que el abogado CRUZ USECHE, a sabiendas, de mala fe y dolosamente, vendi\u00f3 una cosa ajena SIN PODER LEGAL para hacerlo, con el \u00fanico prop\u00f3sito de obtener un lucro injustificado en su propio beneficio, vali\u00e9ndose para ello de un proceso que se origina en una hipoteca fraudulenta, con lo que est\u00e1 incurriendo entre otros delitos, en FALSEDAD IDEOLOGICA Y MATERIAL EN DOCUMENTO P\u00daBLICO Y EN FRAUDE PROCESAL\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.4. Que el Juzgado Tercero Municipal cuestionado fij\u00f3 fecha para diligencia de remate el 17 de julio de 2012 y a pesar de poner en conocimiento la denuncia penal que formul\u00f3 en contra del abogado Cruz Useche por los presuntos delitos de <\/font><\/font>\u00abfalsedad material en documento p\u00fablico, estafa y fraude procesal<\/i><\/font><\/font>\u00bb, dicha subasta tuvo lugar en la citada fecha, adjudicando el inmueble a <\/font><\/font>\u00abun testaferro del abogado CRUZ USECHE\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.5. Que con posterioridad se se\u00f1al\u00f3 el 18 de abril de 2013 para la entrega del bien rematado, pero no se efectu\u00f3 la misma, en virtud de la acci\u00f3n de tutela interpuesta, que si bien fue concedido el amparo por el Juez Segundo Civil del Circuito de Soacha, el Tribunal acusado en segunda instancia, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por carecer de legitimidad en la causa, bajo el entendido que Germ\u00e1n Triana Tobar no era demandado en el juicio ejecutivo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.6. Que finalmente la <\/font><\/font>\u00abdiligencia de entrega\u00bb<\/i><\/font><\/font> tuvo lugar el primero de diciembre de 2015 a las 7:00 a.m., por parte de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda censurada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.7. Que el Tribunal Superior y el Juzgado Primero Civil del Circuito, acusados incurren en <\/font><\/font>\u00abv\u00eda de hecho\u00bb,<\/i><\/font><\/font> al resolver adversamente las acciones de tutela por ellos interpuestas; el despacho Tercero Civil Municipal encartado, <\/font><\/font>\u00abincurri\u00f3 en v\u00eda de hecho\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>al negar la nulidad requerida y llevar a cabo la diligencia de remate; la Inspecci\u00f3n censurada por practicar la entrega del bien adjudicado y el Fiscal S\u00e9ptimo Local, porque <\/font><\/font>\u00abde manera negligente se abstuvo de adelantar las investigaciones pertinentes con ocasi\u00f3n de la denuncia efectuada por la suscrita MARTHA EMILSEN en contra del delincuente abogado Antony Cruz Useche, y sin justificaci\u00f3n ninguna, decidi\u00f3 archivar el proceso\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. Pidieron, en consecuencia, se ordene la <\/font><\/font>\u00abnulidad absoluta del acto de VENTA-HIPOTECA y de la <\/i><\/font><\/font>ACCI\u00d3N EJECUTIVA<\/font><\/font>, incluidos LA NULIDAD DEL REMATE y de la ENTREGA de nuestra vivienda\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font>(fls. 28-36 Cdno. 1).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

La autoridad de Polic\u00eda, refiri\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abel accionante no demostr\u00f3 en que forma la suscrita irrumpi\u00f3 en contra del procedimiento establecido para la comisi\u00f3n que ocupa nuestra atenci\u00f3n. No se present\u00f3 reproche en cuanto a la competencia de la se\u00f1ora Inspectora de Polic\u00eda para conocer del procedimiento que se analiza en sede tutela como tampoco sobre el procedimiento seguido\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 67-72 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El magistrado sustanciador del Tribunal Superior de Cundinamarca, inform\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abresolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n interpuesta por la aqu\u00ed accionante frente al fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha el 31 de mayo de 2012; cuyos planteamientos y determinaciones, en modo alguno desconocen los derechos fundamentales de quienes actuaron como sujetos de tal relaci\u00f3n procesal\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fl. 95).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El Juzgado Primero Civil del Circuito, manifest\u00f3 que <\/font><\/font>\u00aben lo atinente a los fallos de tutela proferidos por este juez de instancia, y que hoy son objeto de cuestionamientos por parte de los accionantes, debe tener en cuenta que la acci\u00f3n de tutela no es procedente para atacar fallos de la misma \u00edndole, as\u00ed mismo resulta importante resaltar que dichos fallos fueron emitidos conforme a derecho, teniendo en cuenta la norma superior y la jurisprudencia, sin incurrir en v\u00edas de hecho, tal es as\u00ed que cada uno de ellos fue confirmado en su totalidad por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca en segunda instancia\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(fls. 121-123).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El Fiscal S\u00e9ptimo Local, sostuvo que <\/font><\/font>\u00abla investigaci\u00f3n tuvo su g\u00e9nesis en la escritura p\u00fablica que se firmara el 28\/11\/2003 fecha en la cual se configur\u00f3 la estafa y de acuerdo a lo dicho por la denunciante en entrevista realizada el 21\/02\/2013, el aqu\u00ed indiciado inicio el proceso ejecutivo en su contra el a\u00f1o 2005, raz\u00f3n por la cual desde esa \u00e9poca la denunciante tuvo conocimiento de la estafa de la cual fue v\u00edctima y es hasta el a\u00f1o 2012 que instaura la respectiva denuncia, situaci\u00f3n que genera la caducidad de la querella, raz\u00f3n por la cual fuera archivada el pasado 27 de mayo de 2013, decisi\u00f3n que fuera debidamente notificada al ministerio p\u00fablico y de igual manera se le enviara comunicaci\u00f3n el 29 de mayo de 2013 a la denunciante sobre la decisi\u00f3n tomada\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abde igual manera dentro de la investigaci\u00f3n el indiciado aport\u00f3 los poderes otorgados por los herederos de la propietaria del bien objeto de venta, donde los mismos refrendaron el poder dado a su madre mediante escritura p\u00fablica al abogado Cruz Useche, para que continuara con la gesti\u00f3n encomendada por la fallecida Nohora Anais Solorzano de Rodr\u00edguez, lo que dar\u00eda como resultado que el poder inicial estuviera refrendado y por ende el abogado estuviera autorizado para realizar la venta del bien inmueble y de llevar a cabo las dem\u00e1s diligencias que surgieran de dicha venta, situaci\u00f3n que coadyuvo la decisi\u00f3n tomada por mi antecesora\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 125-127).<\/font><\/font><\/p>\n

El abogado Antony Cruz Useche, se\u00f1al\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abse haya definido por la ley, explicado y aceptado por la jurisprudencia que la acci\u00f3n de tutela es residual, es subsidiaria, as\u00ed mismo que se repudia la acci\u00f3n temeraria como la presente, porque de una parte la se\u00f1ora demanda est\u00e1 postulando su defensa dentro del proceso hipotecario y no es de recibo la multiplicidad de acciones por los mismos hechos y ante la misma cuerda constitucional\u2026\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 134-136).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. <\/font><\/font>Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Corte que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) Igualmente, ha de verse que en el adelantamiento de la demanda de tutela existen, adem\u00e1s, unos instrumentos judiciales de defensa que vuelven inviable la acci\u00f3n constitucional contra un prove\u00eddo dictado en otro proceso de amparo, entre ellos la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, en la que esa Corporaci\u00f3n seguramente examinar\u00e1 el tema, de modo que agotadas esas \u00fanicas posibilidades de ataque, obtiene firmeza y se vuelve intangible inclusive frente a las arremetidas extraordinarias previstas en la Carta Pol\u00edtica para la defensa de los derechos superiores\u2026\u201d <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 2 Oct. 2008 rad. 0001619-00, 9 Feb. 2009, rad. 00126-00, 27 Abr. 2011, rad. 0001-01 y 7 Mar. 2013 rad. 00012-01). <\/font><\/font> <\/p>\n

2. Los gestores pretenden se declare la <\/font><\/font>\u00abnulidad absoluta del acto de VENTA-HIPOTECA y de la <\/i><\/font><\/font>ACCI\u00d3N EJECUTIVA<\/font><\/font>, incluidos LA NULIDAD DEL REMATE y de la ENTREGA de nuestra vivienda\u00bb,<\/i><\/font><\/font> pues <\/font><\/font>e<\/font><\/font>n su opini\u00f3n se incurri\u00f3 en <\/font><\/font>\u00abdefecto procedimental\u00bb, <\/i><\/font><\/font>toda vez que se realizaron diligencias de remate y entrega, adem\u00e1s se negaron tutelas promovidas, ante el conocimiento del fraude del que fueron v\u00edctimas.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. <\/font><\/font>Del examen de las pruebas se desprende que:<\/font><\/font><\/p>\n

\n

a) El Tribunal Superior de Cundinamarca, al resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de 23 de abril de 2012 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Emilsen Monroy Chivir\u00ed contra el Despacho Tercero Civil Municipal, en providencia de 31 de mayo de ese mismo a\u00f1o, dispuso <\/font><\/font>\u00abconfirmar el fallo de fecha y providencia preindicadas\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>por cuanto sostuvo que <\/font><\/font>\u00aben este caso, como as\u00ed lo entendi\u00f3 el a-quo, es ostensible la improcedencia del resguardo excepcional pretendido, en virtud del palmario aquietamiento en que incurri\u00f3 do\u00f1a Martha Emilsen, en la medida en que a pesar de haber podido hacerlo, lo cierto es que abandon\u00f3 sus intereses y ninguna defensa ejerci\u00f3 ante el juez natural, vale decir, dentro del proceso ejecutivo adelantado en contra suya, pues no interpuso recursos, excepciones, ni hizo manifestaciones o reclamos ni promovi\u00f3 tr\u00e1mites especiales, incidentes u oposici\u00f3n, en fin no expuso all\u00e1, como ha debido hacerlo, los argumentos que ahora viene a aducir de manera prolija para sustentar el resguardo deprecado\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 41-46).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

b) La misma autoridad al resolver la <\/font><\/font>\u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>propuesta en sede constitucional por Antony Cruz Useche contra el fallo de 26 de julio de 2012 en el que se concedi\u00f3 el amparo invocado por Germ\u00e1n Triana Tobar, resolvi\u00f3 <\/font><\/font>\u00abrevocar el falo de la fecha y procedencia preanotados, en su lugar, deniega el amparo\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>por cuanto sostuvo que <\/font><\/font>\u00abraz\u00f3n le asiste al impugnante cuando alega la falta de legitimaci\u00f3n del accionante para demandar la protecci\u00f3n constitucional dentro de un proceso del que ha sido totalmente ajeno\u2026 legitimaci\u00f3n que no tendr\u00eda ni aun acept\u00e1ndose que act\u00faa en nombre de sus hijos, cosa que se admite solo en gracia de discusi\u00f3n, pues am\u00e9n de que nada en el libelo incoativo hace pensar que ello sea as\u00ed, como que all\u00ed solo refiere que su hogar est\u00e1 conformado por su \u201cesposa Martha Emilsen Monrory Chirivi, demandada en el proceso ejecutivo, mis hijos Germ\u00e1n Andrey, Anderson Camilo y Sergio Fernando\u201d, palabras de las que muy dif\u00edcilmente puede extraerse esa conclusi\u00f3n; ellos tampoco son partes o intervinientes en el proceso lo que de suyo aparejar\u00eda el mismo colof\u00f3n a que viene arribando el Tribunal acerca de la carencia de inter\u00e9s para solicitar la protecci\u00f3n constitucional\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 48-54).<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

c) El primero de diciembre de 2015 la Inspecci\u00f3n Sexta Municipal de Polic\u00eda practic\u00f3 la diligencia de entrega del inmueble hipotecado (fls. 90-93).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

d) La Fiscal\u00eda censurada, en prove\u00eddo de 27 de mayo de 2013 orden\u00f3 el archivo de la denuncia instaurada por Martha Monroy (aqu\u00ed accionante), ante la <\/font><\/font>\u00abcaducidad de la querella\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 106-109 cdno. copias).<\/font><\/font><\/p>\n

4. <\/font><\/font>En el presente caso es evidente la improcedencia de la solicitud de amparo, en cuanto la queja enfilada en contra de las decisiones contenidas en los fallos de tutela proferidos en segunda instancia los d\u00edas 31 de mayo y 30 de agosto de 2012, mediante los cuales el colegiado enjuiciado, deneg\u00f3 la salvaguarda constitucional impetrada por los gestores enderezada a obtener la nulidad del juicio ejecutivo y la suspensi\u00f3n del remate, en su orden,<\/font><\/font> <\/font><\/font>inconformidad <\/font><\/font>que debi\u00f3 plantear ante la Corte Constitucional, insistiendo en su revisi\u00f3n, medio de defensa que se abstuvo de utilizar, pues los expedientes fueron radicados en esa Corporaci\u00f3n el 12 de junio y 18 de septiembre de 2012 y excluidos el 13 de julio y 10 de octubre de ese a\u00f1o, respectivamente (fls. 131-132). En estas condiciones, agotada qued\u00f3 cualquier posibilidad de discusi\u00f3n frente al citado fallo, sin que sea viable volver a reexaminar el asunto.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

4.1. Y, no se diga, que la <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>revisi\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>cualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/font><\/font> o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto<\/font><\/font> \u00abdentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u00bb.<\/i><\/font><\/font> (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.2. Con todo, sea del caso precisar que si bien es cierto, esta Corporaci\u00f3n ha contemplado excepciones para la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela cuestionado una anterior, pues al respecto ha reiterado:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

s\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones al debido proceso, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar el reclamo contra un amparo anterior, al asegurar que \u201cpor regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u201d. Empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u201cen presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u201d <\/i><\/font><\/font>(CSJ, STC, 2 mar. 2015, rad. 2014-00816-01 y 9 Sep. 15, rad. 0468-01<\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Tambi\u00e9n lo es, que ninguna de las eventualidades descritas se cumple en el asunto de marras,<\/font><\/font> pues, el quejoso no aduce fallas en su enteramiento y, se pretende, por el contrario, reabrir un tema que fue parte del debate all\u00e1 suscitado<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Ahora bien, advierte la Sala que l<\/font><\/font>a protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el principio de inmediatez, en lo que respecta a: <\/font><\/font>i)<\/b><\/i><\/font><\/font> la diligencia de remate (17 de julio de 2012) y <\/font><\/font>ii)<\/b><\/i><\/font><\/font> la orden de archivo emitida por el ente acusador (27 de mayo de 2013), <\/font><\/font>ello a causa del lapso transcurrido desde los citados prove\u00eddos y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que se propuso el 15 de diciembre 2015, esto es, casi tres (3) a\u00f1os, despu\u00e9s de proferida la \u00faltima decisi\u00f3n que se cuestiona.<\/font><\/font><\/p>\n

6. Es por eso que los actores no pueden acudir a este medio para se\u00f1alar la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas, comoquiera que pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00ab<\/font><\/font>protecci\u00f3n constitucional\u00bb<\/i><\/font><\/font>, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo \u00ab<\/font><\/font>razonablemente prudencial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que el amparo inmediato de los \u00ab<\/font><\/font>derechos fundamentales de la persona\u00bb,<\/i><\/font><\/font> sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sobre esta materia la jurisprudencia de la Corte ha reiterado que:<\/font><\/font><\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Dec. 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u201cQ<\/i><\/font><\/font>ue si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (CSJ STC, 8 Feb. 20 May. 5 Sep. 2013, entre otras, Rads. 2012-00215-01, 00144-01 y 00649-01, respectivamente<\/i><\/font><\/font>).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

(…)<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante.<\/i><\/font><\/font> (<\/font><\/font>CSJ STC, 2 Ago. 2007, rad. 00188 -01 reiterado, entre otros, <\/font><\/font>22 Abr. 2008, rad. 00373 -01, 3 Sep. 2009, rad. 00302 -00, 14 Dic. 2010, rad. 02470-01, <\/font><\/font>13 Jun. 2011, rad. 00893-01, 16 Feb. y 12 Dic. 2012, rads. 00006-01 y 02527-01, respectivamente, 10 May. 2013, rad. 00954 y 1\u00ba Oct. 2014, rad. 00262-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Y, en lo que se refiere al reproche enfilado con la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda cuestionada, advierte la Sala que la autoridad no incurri\u00f3 en irregularidad alguna, pues su labor obedeci\u00f3 a la orden encomendada por el despacho de conocimiento. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

8. <\/font><\/font>De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>NIEGA <\/b><\/font><\/font>la tutela solicitada. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

\n

\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC689-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-03117-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Martha […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}