{"id":97462,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97462\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97462","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97462\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/font><\/h2>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/font><\/font><\/h3>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/p>\n

Magistrado Ponente<\/font><\/p>\n

STC734-2016<\/font><\/font> Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2015-00808-01<\/font><\/font> <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de <\/font>veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).-<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or <\/font><\/font>Miguel \u00c1ngel Revolledo Torres <\/b><\/font><\/font>contra la sentencia proferida el 1\u00ba de diciembre de 2015 por la <\/font><\/font>Sala de Familia<\/b><\/font><\/font> <\/font><\/font>del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1<\/b><\/font><\/font>, dentro de la acci\u00f3n de tutela proferida por \u00e9ste en contra del <\/font><\/font>Juzgado D\u00e9cimo de Familia de la misma ciudad<\/b><\/font><\/font>,<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto al que alude el escrito inicial.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, al acceder a las pretensiones de la demanda de investigaci\u00f3n de la paternidad que en su contra promovi\u00f3 la representante legal de la menor Laura Sof\u00eda Monta\u00f1a Su\u00e1rez.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia requiere, de manera concreta, que se <\/font>\u00abse deje sin valor ni efecto la sentencia datada el 10 de julio de 2009, mediante la cual <\/i><\/font><\/font>[fue] <\/font><\/font>declara<\/i><\/font><\/font>[do]<\/font><\/font> padre de la menor LAURA SOFIA MONTA\u00d1A SUAREZ\u00bb, <\/i><\/font><\/font>y, que <\/font>\u00ab<\/font><\/font>se disponga la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN y de las pruebas pertinentes si fuera el caso, para determinar de una vez por todas, la real filiaci\u00f3n de la menor\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fl. 35, cdno. 1).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.Para sustentar la petici\u00f3n de amparo constitucional, el se\u00f1or Miguel \u00c1ngel Revolledo Torres relata, que el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta capital, aun sin la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN, en sentencia del 10 de julio de 2009 declar\u00f3 que la menor Laura Sof\u00eda Monta\u00f1a Suarez, era su hija.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Alega que la autoridad judicial encartada, frente a su inasistencia a la pr\u00e1ctica de tal examen, misma que se dio por la falta de informaci\u00f3n acerca del lugar y las fechas programadas para tal fin, debi\u00f3 hacer uso de todos los mecanismos contemplados en la Ley para asegurar su comparecencia, de acuerdo a lo normado en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 721 de 2001, y no como lo hizo, dictar, sin m\u00e1s, una decisi\u00f3n de fondo carente de fundamento probatorio, quebrantando sus derechos fundamentales al desestimar los argumentos expuestos en los medios exceptivos planteados (fls. 32 a 38, <\/font>Cit.<\/i><\/font>).<\/font><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS<\/b><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

a) El Secretario del Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta urbe, inform\u00f3 que el oficio a ese Despacho remitido para el enteramiento de la acci\u00f3n de tutela de la referencia lo traslad\u00f3 a la Oficina de Ejecuci\u00f3n en Asuntos de Familia, como quiera que el proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad al que alude la demanda constitucional, fue enviado a tal dependencia desde el d\u00eda 18 de octubre de 2013 (fl. 49, cdno. 1).<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

b) Por otro lado, el titular del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en Asuntos de Familia de esta capital, en calidad de vinculado, puntualiz\u00f3 que <\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>la actuaci\u00f3n desplegada por <\/i><\/font><\/font>[ese]<\/font><\/font> estrado judicial a partir del auto adiado el 10 de febrero de 2014 <\/i><\/font><\/font>(\u2026)<\/font><\/font>, no admite cuestionamiento alguno. N\u00f3tese que definida la paternidad en cabeza del ac\u00e1 accionante y en cuya providencia ejecutoriada se fij\u00f3 cuota alimentaria, dada la firmeza de dicha decisi\u00f3n constituye un verdadero t\u00edtulo ejecutivo, y ante el incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria all\u00ed contenida, el tr\u00e1mite procesal a <\/i><\/font><\/font>[su]<\/font><\/font> cargo no avizora afectaci\u00f3n a los derechos al debido proceso y defensa que se invocan por esta v\u00eda constitucional\u00bb<\/i><\/font><\/font>, <\/font><\/font>por lo que<\/font> se atiene a lo dispuesto por la Colegiatura <\/font>(fls. 54 <\/font>\u00eddem<\/i><\/font>)<\/font>.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

c) A su turno, la se\u00f1ora Alicia Monta\u00f1a Suarez, quien fungi\u00f3 como demandante en el litigio del que se duele el petente, sostuvo en lo esencial, que en el caso <\/font>sub examine <\/i><\/font>no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, pues desde la data de la decisi\u00f3n atacada han transcurrido m\u00e1s de 7 a\u00f1os, y lo \u00fanico que pretende \u00e9ste es evadir las obligaciones que como padre le corresponden, situaci\u00f3n que le ha generado graves perjuicios a su menor hija (fls. 66 y 67, <\/font>ejusdem<\/i><\/font>). <\/font> <\/p>\n

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EL FALLO IMPUGNADO<\/font><\/h2>\n

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La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 <\/font>desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, con fundamento en que <\/font>\u00ab<\/font><\/font>no se cumple en el caso con el principio de la inmediatez que gu\u00eda estas acciones constitucionales, adem\u00e1s que tampoco se ejercieron los recursos ordinarios que ten\u00eda el actor al momento de proferirse el fallo, pues se advierte, como primera medida, que han transcurrido aproximadamente cinco a\u00f1os, y cuatro meses desde que se profiri\u00f3 la sentencia de fecha 10 de julio de 2009 y que fue notificada por edicto, lo que hace improcedente la prosperidad de las pretensiones de la demanda de tutela, pues se infiere con la conducta del accionante, al dejar transcurrir tanto tiempo para impetrar la acci\u00f3n, que nos encontramos frente a unos hechos que no tienen el car\u00e1cter de necesidad inmediata, como segunda medida, el actor cont\u00f3 con el mecanismo ordinario de apelaci\u00f3n para controvertir la decisi\u00f3n proferida por la se\u00f1ora juez y con ello, que fuera el juzgador de segunda instancia quien conociera, como juez natural las determinaciones adoptadas por el a quo y que son objeto de censura\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font>(fls. 69 a 80, <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N<\/b><\/font><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, indicando para tal fin similares argumentos a los expuestos en el libelo inicial (fls. 98 a 102, <\/font>\u00eddem<\/i><\/font>).<\/font><\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. <\/font>En el caso bajo estudio se observa de entrada la improcedencia de la solicitud de amparo, pues como bien lo advirti\u00f3 el <\/font>a quo,<\/i><\/font> \u00e9sta no re\u00fane el presupuesto de la inmediatez, si en cuenta se tiene la data del fallo dictado por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 que declar\u00f3 la paternidad censurada, esto es, <\/font>10 de julio de 2009<\/font> (fls. 25 a 31, cdno. 1),<\/font> <\/font><\/font>en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el <\/font>20 de noviembre de 2015<\/font> <\/font>(fl. 39, <\/font>\u00eddem<\/i><\/font>)<\/font>, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un per\u00edodo significativo \u2013m\u00e1s de 6 a\u00f1os, sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que hoy considera vulnerados con dicha providencia, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan la cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que<\/font><\/p>\n

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\u00ab[t]<\/font><\/font>al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente<\/i><\/font><\/font>\u00bb <\/font><\/font>(CSJ STC, 3 oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en CSJ <\/font><\/font>STC6842-2014<\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.Finalmente cabe precisar, que pese a que el soporte principal de la negativa del amparo es sin lugar a dudas la falta de inmediatez, tambi\u00e9n debe resaltarse la incuria del accionante, pues pese a dolerse de la sentencia tantas veces referida, nada hizo en su momento para alegar los yerros que hoy trae a colaci\u00f3n con relaci\u00f3n a la falta de pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN, pues no hizo uso del recurso de alzada con el que contaba para controvertir la decisi\u00f3n criticada, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a este mecanismo excepcional, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual, de donde <\/font>emerge, por ende, otro motivo adicional para negar la protecci\u00f3n reclamada.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ciertamente, cuando la parte interesada prescinde o soslaya en el interior del proceso la utilizaci\u00f3n de los <\/font>medios de impugnaci\u00f3n ordinarios, <\/font>no es viable acudir a la acci\u00f3n de tutela pretendiendo <\/font>convertir\u00eda en una herramienta alternativa, pues conforme a los dictados d<\/font>e la doctrina constitucional,<\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales (\u2026.). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley<\/i><\/font><\/font>\u00bb (<\/font><\/font>STC4694-2015 y STC 10331-2015<\/font><\/font>).<\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

5.Corolario de lo expuesto, se impone sin mayores consideraciones la confirmaci\u00f3n del fallo de primera instancia.<\/font><\/p>\n

<\/h2>\n

DECISI\u00d3N<\/font><\/h2>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,<\/font><\/font> CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>de fecha y procedencia preanotadas, dentro de la acci\u00f3n de tutela referenciada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC734-2016 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2015-00808-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).- La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97462","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97462"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97462\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97462"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97462"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}