{"id":97487,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97487\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97487","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97487\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/i><\/font><\/font>
<\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACION CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC799-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-2<\/b><\/font><\/font>2-03-000-2015-00712-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C.,<\/font><\/font> veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is<\/font><\/font> (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a <\/font><\/font>la <\/font><\/font>sentencia proferida el 19 de octubre de 2015, <\/font><\/font>mediante la cual la <\/font><\/font>Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn concedi\u00f3<\/font><\/font> la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Graciela M\u00fanera Gonz\u00e1lez <\/font><\/font>contra el Juzgado Civil del Circuito de Girardota, vincul\u00e1ndose al despacho Segundo Promiscuo Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Barbosa y a la se\u00f1ora Gloria Mar\u00eda Londo\u00f1o Ciro.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La gestora demand\u00f3<\/font><\/font> la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y <\/font><\/font>\u00abpropiedad\u00bb,<\/i><\/font><\/font> presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre que le inici\u00f3 a Gloria Marina Londo\u00f1o Ciro. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.1. Que en el asunto de marras la autoridad cognoscente dict\u00f3 sentencia el 14 de noviembre de 2014, en la que dispuso <\/font><\/font>\u00abimponer el gravamen de servidumbre legal de tr\u00e1nsito peatonal o vehicular al predio identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 012-6807 de propiedad de la se\u00f1ora GLORIA MARINA LONDO\u00d1O CIRO, y a favor del predio colindante, de mi propiedad identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 012-53763\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Que <\/font><\/font>\u00abdurante el tr\u00e1mite del proceso en la primera instancia, se decretaron y practicaron rigurosamente todas las pruebas solicitadas por las partes, especialmente la inspecci\u00f3n judicial de los predios comprometidos en el proceso, que se desarroll\u00f3 en varias oportunidades, y otras que fueron decretadas de oficio\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Que la demandada inconforme con la decisi\u00f3n de fondo interpuso recurso de apelaci\u00f3n y en providencia de 23 de julio de 2015 el <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> cuestionado revoc\u00f3 la de primer grado y, orden\u00f3 levantar la medida cautelar de inscripci\u00f3n del libelo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, <\/font><\/font>\u00abdejar sin efecto la sentencia impugnada y se ordene al Juez Civil del Circuito de Girardota proferir nueva sentencia a trav\u00e9s de la cual confirme la que fue dictada en primera instancia\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(fls. 1-8 Cdno. 1).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

La autoridad acusada, manifest\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abla sentencia por esta v\u00eda atacada, fue fundada en las pruebas obrantes en el proceso las cuales fueron apreciadas en conjunto tal y como lo establece la norma procesal, lo que permiti\u00f3 concluir que no se daban los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n invocada, otra cosa es que la parte demandante no est\u00e9 de acuerdo con lo decidido por el Juzgado, lo que de ninguna manera quiera decir, que por parte de este despacho, se haya incurrido en un error f\u00e1ctico vulner\u00e1ndose con ello los derechos fundamentales invocados por la accionante\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 56-57 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El juzgado cognoscente, se\u00f1al\u00f3 que <\/font><\/font>\u00aba la se\u00f1ora Mar\u00eda Graciela M\u00fanera Gonz\u00e1lez no se le violaron por parte de esta Juez, los derechos fundamentales que menciona, pues por el contrario, se tuvo en cuenta los requisitos legales que se exigen para proceder a imponer una servidumbre de tr\u00e1nsito o vehicular, no exigi\u00e9ndole el cumplimiento de otros requisitos que en nada tiene que ver con los exigidos legalmente para conceder la imposici\u00f3n de la servidumbre de tr\u00e1nsito o vehicular, y que a la postre solo hubiera servido para agravar m\u00e1s su situaci\u00f3n y hacerle entrar en gastos exagerados, los que podr\u00edan ser innecesarios en caso de no reunirse los requisitos para haberse concedido la imposici\u00f3n de la servidumbre\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 58-59).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La convocada, refiri\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abel se\u00f1or juez de segunda instancia en ejercicio pleno del estado social y democr\u00e1tico de derecho que es Colombia, en su sano discernimiento profesional y discreci\u00f3n que le permite definir y precisar muchas de las cuestiones que le son sometidas a su consideraci\u00f3n y atendiendo a que las reglas sustantivas y procesales dejan un margen de interpretaci\u00f3n y de aplicaci\u00f3n a las autoridades judiciales que le permite aplicar el derecho teniendo en cuenta las condiciones especificas del caso y es as\u00ed como dict\u00f3 la sentencia del 23 de julio de 2015, en el proceso abreviado se servidumbre radicado 079 40 89 002 2009 0036 01, la cual es una decisi\u00f3n adecuada y justa en derecho y donde por mandato constitucional se protege el medio ambiente y la se\u00f1ora MAR\u00cdA GRACIELA M\u00daNERA GONZ\u00c1LEZ, en verdad no tiene licencia para construir el puente que esboz\u00f3 en la demanda\u2026 en verdad no hubo precisi\u00f3n de las caracter\u00edsticas de la servidumbre\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(fl. 65).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El Tribunal concedi\u00f3 el amparo, al considerar que <\/font><\/font>\u00abes claro que el ad-quem fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el hecho de que no se encontraban cumplidos los presupuestos necesarios para la prosperidad de la pretensi\u00f3n de imposici\u00f3n de servidumbre de tr\u00e1nsito, aduciendo que ni la demanda ni del material probatorio recaudado dentro del proceso, se logr\u00f3 establecer claramente los l\u00edmites de la servidumbre de tr\u00e1nsito. Sobre este punto es necesario indicar, que los dos argumentos bajo los cuales la \u00fanica apelante \u2013 demandada en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre- atac\u00f3 la sentencia de primera instancia, fueron que a su sentir en ella \u201cse impone una obligaci\u00f3n irredimible lo cual es contrario a la Constituci\u00f3n Nacional, pues se impone una servidumbre para que sea ejecutada cuando a bien lo tenga la se\u00f1ora, Mar\u00eda Graciela M\u00fanera, cuando quiera aporte las licencias\u2026\u201d y que la resoluci\u00f3n 70 de 2011 el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, sobre incrementos catastrales indica todos los aspectos a considerar frente al aval\u00fao de los predios del estado y de los particulares el cual incluye un an\u00e1lisis estad\u00edstico del mercado inmobiliario y la zona geogr\u00e1fica donde est\u00e9n ubicados, que el IPC no es un referente para incrementar aval\u00faos de predio, indicando tambi\u00e9n que debi\u00f3 determinarse aspectos como la seguridad del inmueble sirviente y la guarda que de la servidumbre deber\u00eda realizar la demandante con el fin de que no se volviera de uso p\u00fablico\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abes claro que el juez de segunda instancia, ten\u00eda delimitada su competencia para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, a los puntos que causaron inconformidad en la \u00fanica apelante-demandada- \u2026 estos eran los puntos que deb\u00edan ser analizados por el juez de segundo grado y no lo referente a los presupuestos esenciales para la prosperidad de la acci\u00f3n, pues en verdad, fueron aspectos que no fueron debatidos por la apelante y de encontrar el juzgador de segundo grado una causal legal para entrar en su estudio, debi\u00f3 haberlo manifestado y justificado debidamente conforme a las causales que establece el art\u00edculo citado para que pudiera abrirse paso al estudio de puntos que no fueron recurridos, sin embargo el juez censurado, procedi\u00f3 sin m\u00e1s al estudio de los presupuestos esenciales para la prosperidad de la acci\u00f3n, lo que a sentir de esta Sala desborda totalmente el \u00e1mbito de su competencia y por tanto se vulnera el art\u00edculo 357 del c.p.c, constituy\u00e9ndose de esta manera un defecto procedimental y sustancial, habida cuenta el desbordamiento de su competencia funcional como juez de segundo grado\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, precis\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abdecidi\u00f3 de manera abiertamente irregular y arbitraria revocar la sentencia de primera instancia, realizando un estudio sobre puntos que desbordaban totalmente su competencia y sin argumentar de manera alguna su irregular proceder u obrar, que en todo caso, de llegar a la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3, debi\u00f3 decretar pruebas de oficio con el fin de esclarecer lo que a su sentir eran puntos no acreditados en la sentencia de primera instancia, lo que en todo caso debi\u00f3 darse dentro del \u00e1mbito de su competencia tal y como lo se\u00f1ala el plurimencionado art\u00edculo 357 del C.P.C., que permite como se vio reformar la sentencia de primera instancia respecto de puntos no impugnados, siempre y cuando ello sea necesario para la resoluci\u00f3n de los puntos esgrimidos en la respectiva apelaci\u00f3n\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, de otra parte, refiri\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00aberr\u00f3 el juez de segundo grado al considerar que de conformidad con el art\u00edculo 104 del Decreto 1541 de 1978, deb\u00eda contar la demandante con los permisos y licencias ambientales por parte de las autoridades ambientales, pues en verdad ni las normas sustanciales como tampoco las procedimentales sobre la imposici\u00f3n de servidumbre de tr\u00e1nsito entre particulares, impone a la parte demandante la carga de contar con licencias de tipo administrativo con el fin de otorgar el derecho real mencionado\u2026 as\u00ed las cosas, se configura tambi\u00e9n un error sustantivo, en tanto que se estableci\u00f3 un requisito por parte del fallador de segundo grado, que las normas que regulan la materia no establecen para la concesi\u00f3n de una servidumbre de tr\u00e1nsito, cual es que se deba contar con permisos de car\u00e1cter administrativo previo la concesi\u00f3n de una servidumbre\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 69-75).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La present\u00f3 el juez acusado, aduciendo que <\/font><\/font>\u00abse consider\u00f3 en su momento por el despacho que los argumentos de la impugnaci\u00f3n impl\u00edcitamente se cimentaban en una falta de determinaci\u00f3n de la franja que ser\u00eda afectada por la servidumbre, por lo cual necesariamente se deb\u00eda remitir a los elementos axiol\u00f3gicos que es de donde surge la exigencia de la determinaci\u00f3n concreta y detallada de esta y que sin su cumplimiento se hace imposible concretar el grado del gravamen y por ende el monto de la indemnizaci\u00f3n, por lo que a falta de dicha determinaci\u00f3n habr\u00edan de acogerse los argumentos de la apelante y proceder a revocar la sentencia ya que al no contar con dicho elemento axiol\u00f3gico, la somet\u00eda a una obligaci\u00f3n adem\u00e1s de irredimible, indeterminada, un cheque en blanco, por lo que en pro de una tutela efectiva y atendiendo los l\u00edmites fijados al funcionario de segunda instancia, revoc\u00f3 la providencia\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 84-85).<\/font><\/font><\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. La <\/font><\/font>reiterada jurisprudencia constitucional <\/font><\/font>ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>con ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/font><\/font> y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb<\/i><\/font><\/font> (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>evoluci\u00f3n jurisprudencial\u00bb<\/i><\/font><\/font> por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de <\/font><\/font>\u00abEstado Social de Derecho\u00bb<\/i><\/font><\/font> y lo contemplado en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>a) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb <\/i><\/font><\/font>y, 2. Especiales: <\/font><\/font>\u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. La<\/font><\/font> gestora, pretende <\/font><\/font>\u00abdejar sin efecto la sentencia impugnada y se ordene al Juez Civil del Circuito de Girardota proferir nueva sentencia a trav\u00e9s de la cual confirme la que fue dictada en primera instancia\u00bb<\/i><\/font><\/font>, pues considera que<\/font><\/font> se incurri\u00f3 en \u00ab<\/font><\/font>defecto f\u00e1ctico\u00bb<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. Del examen de las pruebas y, en lo concerniente con la queja, se desprende que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

a) El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas dentro del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre que promovi\u00f3 Mar\u00eda Graciela M\u00fanera Gonz\u00e1lez (aqu\u00ed accionante) en contra de Gloria Marina Londo\u00f1o Ciro, dict\u00f3 sentencia el 14 de noviembre de 2014 en la que resolvi\u00f3 <\/font><\/font>\u00abPRIMERO: declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada. SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior, se impone como gravamen la servidumbre legal de tr\u00e1nsito o vehicular al predio, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 012-6807 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Girardota, Antioquia, ubicado en el corregimiento del Hatillo, municipio de Barbosa, de propiedad de la se\u00f1ora GLORIA MARINA LONDO\u00d1O CIRO, a favor del predio colindante, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 012-53763\u2026 de propiedad de la se\u00f1ora MAR\u00cdA GRACIELA M\u00daNERA GONZ\u00c1LEZ, siempre y cuando se obtengan los permisos correspondientes de las autoridades administrativas y ambientales competentes\u2026 CUARTO: como importe de indemnizaci\u00f3n por la imposici\u00f3n de la servidumbre de tr\u00e1nsito por el predio de la se\u00f1ora Gloria Marina Londo\u00f1o Ciro, le cancelar\u00e1 la se\u00f1ora <\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>Mar\u00eda Gabriela M\u00fanera Gonz\u00e1lez la suma de ONCE MILONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($11.830.000), los que ser\u00e1n actualizados al momento de su pago de conformidad con el IPC\u00bb, <\/i><\/font><\/font>determinaci\u00f3n que fue impugnada por el extremo pasivo (fls. 9-28).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

b) La autoridad acusada en providencia de 23 de julio de 2015, revoc\u00f3 la de primer grado y, en su lugar, dispuso <\/font><\/font>\u00abse desestiman las pretensiones reclamadas por la demandante MAR\u00cdA GRACIELA M\u00daNERA GONZ\u00c1LEZ\u2026 se ordena levantar la medida cautelar de inscripci\u00f3n de demanda\u2026\u00bb, <\/i><\/font><\/font>por cuanto sostuvo que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abno cabe duda para este Despacho que se cumple con el requisito de demostrar la utilidad y la necesidad de imponer la servidumbre solicitada, tal como lo concluy\u00f3 la juez de primera instancia\u2026 de otro lado se debe indicar, respecto de los linderos de los predios dominante y sirviente, que estos fueron debidamente individualizados en los hechos uno y dos de la demanda, respecto del predios de la actora tambi\u00e9n se aport\u00f3 al proceso la escritura p\u00fablica No. 826 de 2 de mayo de 2002, en la cual obran los linderos del citado predio; as\u00ed mismo se aport\u00f3 la escritura p\u00fablica No 787 de 15 de marzo de 2007, que da cuenta de los linderos del predio de propiedad de la demandada\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A la par, se\u00f1al\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abno obstante lo anterior en el presente caso no fue individualizada de una manera clara y precisa la franja de terreno objeto de la servidumbre solicitada, lo que tambi\u00e9n es un elemento axiol\u00f3gico de esta acci\u00f3n\u2026 a pesar de que se dan una medidas (hechos de la demanda) que no son claras, pues se da un ancho para ciertos trayectos, pero despu\u00e9s se indica que para \u201clos primeros diez (10) metros de recorrido\u201d y despu\u00e9s se se\u00f1ala que se continua con esa dimensi\u00f3n para el resto del trayecto proyectado, sin determinar las medidas que corresponden para ese resto del trayecto, es decir que son medidas indeterminadas. Igualmente en las pretensiones de la demanda no se especifica de ninguna manera los linderos de la franja de la pretendida servidumbre y luego de revisar el plano a que se hace alusi\u00f3n en los hechos de la demanda obrante a folio 22 del cuaderno principal, de \u00e9l solo se desprende un trazado, pero no se determinan de manera clara los predios dominante y sirviente, ni tampoco deja claro los linderos de la franja de terreno de la presunta servidumbre que se solicita imponer, ni sus medidas\u00bb, <\/i><\/font><\/font>resaltando que ni de las 3 inspecciones realizadas ni del dictamen pericial allegado se observa que hubiese existido esclarecimiento de los linderos de la franja de terreno objeto de servidumbre.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De otra parte, advirti\u00f3 que <\/font><\/font>\u00absi en gracia de discusi\u00f3n se tuvieran probadas los linderos de la franja de terreno, que debi\u00f3 haber sido descrito desde la presentaci\u00f3n de la demanda, se debi\u00f3 acreditar que se contaban con los permisos y las licencias ambientales por parte de las autoridades competentes, lo que en este caso brilla por su ausencia, siendo deber de la parte actora haber probado tal situaci\u00f3n, pues es claro el art\u00edculo 104 del Decreto 1541 de 1978, cuando establece: \u201cla construcci\u00f3n de obras que ocupan el cauce de una corriente o dep\u00f3sito de agua requiere autorizaci\u00f3n, que se otorgar\u00e1 en las condiciones que establezca el Instituto Nacional d los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. Igualmente se requerir\u00e1 permiso cuando se trate de la ocupaci\u00f3n permanente o transitoria de playas\u201d\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Luego, refiri\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abla demanda se queda corta en cuanto no precisa de manera clara y precisa las caracter\u00edsticas de la servidumbre que se solicita, por cuanto se debe precisar no solamente los linderos, sino tambi\u00e9n aspectos como alcance de la servidumbre si solo se da para veh\u00edculos livianos, o si tambi\u00e9n para pesadas, si se debe cerrar la servidumbre para evitar el paso del p\u00fablico o si permanecer\u00e1 abierto, si se van a dar algunas restricciones para evitar perjuicios a los vecinos etc., pues dicho derecho no se puede conceder de manera abstracta como sucedi\u00f3 en el presente caso, al no referirse a ninguno de esos aspectos, los que son primordiales\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, finalmente concluy\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abante la falta de identificaci\u00f3n de la franja de terreno sobre la cual recaer\u00eda la servidumbre de tr\u00e1nsito y el lleno de los dem\u00e1s requisitos antes descritos, no es posible acceder a las pretensiones reclamadas en la demanda, m\u00e1s cuando la misma parte demandante no reclam\u00f3 las pretensiones de manera clara; delimitando los linderos de la pretendida franja de terreno y mucho menos acredit\u00f3 el cumplimiento de los permisos y licencias respetivas, lo que hace la sentencia de primera instancia, tal como lo sustenta el impugnante, abstracta por resultar indeterminados los aspectos que se acaban de exponer y por ende no factible de convalidaci\u00f3n frente a lo regulado al respecto\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 1-46).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. <\/font><\/font>Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado<\/font><\/font>, la Sala advierte que el amparo invocado resulta procedente, comoquiera que de la sentencia proferida el 23 de julio de 2015 se evidencia una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental alegado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Cabe resaltar que el juzgado censurado al estudiar la alzada interpuesta, revis\u00f3 el cumplimiento de los presupuestos exigidos para la prosperidad del juicio <\/font><\/font>sub examine<\/i><\/font><\/font>, encontrando satisfechos la titularidad de las partes respecto del predio dominante y sirviente, as\u00ed como la necesidad y utilidad de imponer la servidumbre pretendida.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Labor de la cual no se observa irregularidad alguna, pues si bien es cierto, la alzada tuvo lugar por apelante \u00fanico y la regla frente a ello es que se eval\u00faa lo desfavorable al recurrente; tambi\u00e9n lo es, que eso no significa que el superior no pueda de considerarlo pertinente estudiar un punto tan esencial, como lo es, los requisitos para la prosperidad o no de la acci\u00f3n invocada, por tanto, all\u00ed no radica la raz\u00f3n de ser de conceder la protecci\u00f3n invocada como lo expuso el tribunal <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font> constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. Ahora bien, comoquiera que el despacho cuestionado en la verificaci\u00f3n y an\u00e1lisis del material probatorio recaudado no hall\u00f3 claridad en los <\/font><\/font>\u00ablinderos de la franja de terreno\u00bb<\/i><\/font><\/font> objeto de imposici\u00f3n de servidumbre <\/font><\/font>(presupuesto requerido en esta clase de procesos)<\/i><\/font><\/font>, procedi\u00f3 a revocar la decisi\u00f3n de primer grado y, en su lugar, denegar las pretensiones del libelo, en aras de garantizar el debido proceso de los extremos de la litis y procurar una tutela efectiva.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Frente a lo precedente se observa que el juzgado encartado desconoci\u00f3 su deber que como autoridad judicial el legislador le ha otorgado, en el sentido del <\/font><\/font>\u00abdeber-poder<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>de decretar y practicar pruebas de oficio\u00bb<\/i><\/font><\/font>, de acuerdo a lo establecido en los arts. 37 num. 4, 179 y 180 del C. de P.C.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

No obstante, que en la citada providencia el mismo despacho menciona que las pruebas aportadas no son suficientes, como tampoco lo fueron las dos inspecciones realizadas por el <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font>, ello no le signific\u00f3, para que en ejercicio de una eficiente administraci\u00f3n de justicia y, con el convencimiento de llegar a la <\/font><\/font>\u00abverdad verdadera\u00bb,<\/i><\/font><\/font> actuara guiado por un razonable grado de discrecionalidad de conformidad al procedimiento consagrado en el marco legal que regula la materia, esto es, recaudar de oficio aquella <\/font><\/font>\u00abprueba\u00bb<\/i><\/font><\/font> que estimaba pertinente, para identificar plenamente el \u00e1rea que ser\u00eda afectada con el gravamen vehicular reclamado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al respecto, sea del caso precisar que entrat\u00e1ndose de esta clase de procesos (<\/font><\/font>imposici\u00f3n de servidumbre<\/i><\/font><\/font>) la prueba id\u00f3nea a practicar es la inspecci\u00f3n judicial sobre los predios objeto de demanda con intervenci\u00f3n de peritos y, a fin de verificar: <\/font><\/font>i)<\/i><\/font><\/font> los hechos de la demanda y <\/font><\/font>ii)<\/i><\/font><\/font> determinar necesariamente sobre la forma y t\u00e9rminos en que ha de imponerse la servidumbre.<\/font><\/font><\/p>\n

\n

8. Reiterada y constantemente esta Corporaci\u00f3n ha pregonado que<\/font><\/font> <\/font><\/font>la facultad de decretar <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>pruebas de oficio\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>es un <\/font><\/font>\u00abpoder-deber\u00bb<\/i><\/font><\/font> del juzgador m\u00e1s que una posibilidad a la cual puede acudir a mero t\u00edtulo discresional, caracterizado como una actividad del Estado que, indisimuladamente, est\u00e1 enderezada a la realizaci\u00f3n del Derecho, tanto m\u00e1s si mediante aquellas se propende a la expedici\u00f3n de sentencias acordes con la <\/font><\/font>\u00ablegalidad, la justicia y la verdad\u00bb<\/i><\/font><\/font>, presupuestos axiol\u00f3gicos basilares que son menester en aras de atender el impostergable y sempiterno deber de dar \u00edntegra y cabal preeminencia al derecho sustancial, todo ello <\/font><\/font>a fin de que el principio fundamental de <\/font><\/font>asegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo, que por dem\u00e1s abreva de las razones que exhala la justicia para legitimarse por conducto de sus pronunciamientos,<\/font><\/font> no se torne aparente de la mano de la dejaci\u00f3n de las funciones que a cada servidor judicial le corresponden dentro de la \u00f3rbita de sus atribuciones legales.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que:<\/font><\/font><\/p>\n

\n

las prerrogativas oficiosas que en materia probatoria proveen los art\u00edculos 179 y 180 de la ley de ritos civiles, aprovecha la Sala para reiterar que tal facultad es un poder del juez caracterizado, en algunos aspectos, por un razonable grado de discrecionalidad, pues en otras hip\u00f3tesis claramente definidas en el estatuto procedimental se trueca en un verdadero deber, despojado, por consiguiente, de aqu\u00e9l cariz potestativo, manifest\u00e1ndose entonces como una exigencia que el juzgador, como director del proceso, debe satisfacer en aras de impartir justicia, sin que pueda tildarse su acuciosidad, por ende, como contraventora de la legalidad. Por supuesto, al efecto se ha puntualizado que \u201c[\u2026] la Corte siempre ha abanderado la idea de que las providencias judiciales, y especialmente la ponderaci\u00f3n probatoria de los jueces ordinarios que lleva a su proferimiento, ha de ser respetada en sede constitucional, como tambi\u00e9n la consideraci\u00f3n seg\u00fan la cual, en principio, debe dejarse a la autonom\u00eda de los sentenciadores de instancia la decisi\u00f3n de decretar o no pruebas de oficio, de acuerdo con el an\u00e1lisis las circunstancias propias de cada caso\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab<\/i><\/font><\/font>Y al paso que es menester reafirmar ese axioma, tambi\u00e9n es oportuno recalcar que la facultad-deber de decretar probanzas oficiosas, si bien no tiene como cometido suplir las deficiencias probatorias atribuibles a las partes, necesariamente requiere ser vista como la oportunidad de los jueces para orientar el debate en procura de que sus decisiones en verdad satisfagan la funci\u00f3n constitucional que les es encomendada\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab<\/i><\/font><\/font>En otras palabras, aquella es una valios\u00edsima herramienta que ha de servir al compromiso de apropiarse de la mayor cantidad de elementos de juicio posibles con el fin de hallar la verdad hist\u00f3rica de lo sucedido, y as\u00ed resolver las controversias de la manera m\u00e1s acertada posible, de cara a cumplir con el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ STC 8 May. 2006, rad. 00089-01; reiterado, entre otros, el 5 Jun. 2012, rad. 00366-01, el 7 Feb. 2013, rad. 00160-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Del mismo tenor, la Corte ha precisado que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab<\/font><\/font>frente a las dudas que puedan derivarse en el juicio para el fallador, ah\u00ed est\u00e1 a mano la facultad oficiosa en materia probatoria a la que puede acudir contingentemente y si lo estima oportuno (art\u00edculos 179 y 180 de la ley civil adjetiva), porque no otra connotaci\u00f3n tiene que prevalezca el derecho sustancial sobre el adjetivo (art\u00edculos 228 Superior y 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), lo cual posibilita que aquellas se remuevan, aun ex officio, en aras de perseguir la verdad real, cometido a que perennemente se debe propender por parte de la jurisdicci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ STC 21 May. 2013, rad. 01008-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

9. <\/font><\/font>Seg\u00fan lo anterior, surge que el juzgado censurado, como ya se dijo, dej\u00f3 de hacer uso de la facultad de decretar pruebas de oficio establecida por el legislador en aras de obtener el material probatorio pertinente que lo condujera a tener certeza de los <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>linderos de la franja de terreno\u00bb<\/i><\/font><\/font>, a fin de establecer si en la litis se cumpl\u00eda con el presupuesto de identificaci\u00f3n del terreno objeto de debate, labor\u00edo que en el caso que se analiza es de vital trascendencia, a tal punto que al quedar ayuno del pertinente estudio, dej\u00f3 desprovisto el fallo del apego a la legalidad que todas y cada una debe albergar, lo que comporta la procedencia del resguardo anotado; por ello deber\u00e1 el funcionario encartado practicar no solo una inspecci\u00f3n judicial y cumplir el objetivo de la misma, sino que tambi\u00e9n tendr\u00e1 que designar un perito id\u00f3neo, responsable de establecer de manera clara y sin duda alguna la <\/font><\/font>\u00abforma y t\u00e9rminos en que la servidumbre ha de imponerse\u00bb<\/i><\/font><\/font>, seg\u00fan lo dispone el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 415 del C.P.C., am\u00e9n de pronunciarse en caso de conceder el <\/font><\/font>petitum<\/i><\/font><\/font> de la demanda sobre indemnizaci\u00f3n a que haya lugar. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

10. No obstante lo anterior, resulta oportuno destacar que tampoco comparte esta Sala el argumento expuesto por el despacho cuestionado, en el sentido de exigir como presupuesto para la prosperidad de la acci\u00f3n incoada la acreditaci\u00f3n de permisos y licencias ambientales por parte de la autoridad competente, si bien es cierto, existe una normatividad que requiere tales procedimientos (Decreto 1541 de 1978), tambi\u00e9n lo es, que para efectos de acceder al petitum del <\/font><\/font>sub j\u00fadice<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>no es<\/font><\/font> <\/font><\/font>obligatorio obtener los mismos, bajo el entendido que el orden de las cosas, es primero obtener el reconocimiento del derecho real y segundo solicitar las <\/font><\/font>\u00ablicencias y permisos\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>correspondientes, pues no tendr\u00eda sentido adquirir estos sin haber obtenido la imposici\u00f3n de esta clase de servidumbre a su favor.<\/font><\/font><\/p>\n

\n

No obstante, la ejecuci\u00f3n de obras civiles de cualquier naturaleza que impliquen la transformaci\u00f3n de la zona vinculada con el gravamen, deber\u00eda contar con las licencias o autorizaciones legales, constitucionales de car\u00e1cter ambiental expedidas por las autoridades competentes. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

11. Por las razones esgrimidas, <\/font><\/font>se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC799-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2015-00712-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de enero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97487","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97487","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97487"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97487\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97487"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97487"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97487"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}