{"id":97496,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-167\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"corte-suprema-de-justicia-167","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-167\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC854-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-00098-00<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de<\/font><\/font> tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por An\u00edbal Jos\u00e9 Gonz\u00e1lez Garc\u00eda contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que estima vulnerados por los despachos acusados al denegarle la salvaguarda constitucional que invoc\u00f3 contra el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla por haber rechazado \u00ab<\/font><\/font>ilegalmente<\/i><\/font><\/font>\u00bb el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios que promovi\u00f3 con ocasi\u00f3n de la sentencia favorable que, como ejecutado, obtuvo en el proceso coercitivo al que fue llamado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el amparo peticionado y se disponga que las sedes judiciales encausadas ordenen \u00ab<\/font><\/font>al Juzgado Catorce (14) Civil Municipal de Barranquilla [l]iquide en concreto los perjuicios ordenado[s] (\u2026), con fundamento en la cuant\u00eda relacionada en [tal] incidente<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folio 2, c. 1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Diana Eljadue Abuabara promovi\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en contra del tutelante. En dicho juicio el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla dict\u00f3 sentencia el 20 de febrero de 2007, en la que dio por terminado el contrato, orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien y conden\u00f3 en costas al accionante.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El 28 de febrero de 2009, dentro del mismo expediente, Diana Eljadue solicit\u00f3 al fallador la ejecuci\u00f3n de su antagonista, por $26.249.200,oo, los que en su criterio correspond\u00edan a los c\u00e1nones debidos y a las costas procesales ($1.210.200,oo).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. El 21 de octubre de 2009 el juzgador libr\u00f3 mandamiento de pago en la forma rogada por la ejecutante, orden frente a la que el promotor de la tutela formul\u00f3, entre otras, la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00ab<\/font><\/font>carencia de causa y de derecho para promover la presente acci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb, aduciendo que en la sentencia del proceso de restituci\u00f3n no se le conden\u00f3 al pago de ninguna suma determinada de dinero que justificara la ejecuci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. El 10 de diciembre de 2012 el Juzgado declar\u00f3 infundadas las defensas de fondo que plante\u00f3 el ejecutado y orden\u00f3 seguir adelante el cobro. Dicha decisi\u00f3n la apel\u00f3 el accionante pero esa censura, el 25 de abril de 2014, la inadmiti\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, al concluir que la sentencia no era susceptible de alzada porque fue emitida en un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda y, por ende, de \u00fanica instancia. [Folios 13 a 32] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. Al considerar conculcadas sus garant\u00edas de primer grado, el tutelante promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra los Juzgados Catorce Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito, ambos de Barranquilla. Tal amparo lo deneg\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de ese distrito judicial mediante fallo de 16 de julio de 2014, pero tal determinaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n propuesta, fue revocada por esta Sala, en sentencia de 22 de agosto del mismo a\u00f1o, en la cual se concedi\u00f3 el resguardo y, en consecuencia, se orden\u00f3 al Juzgado Municipal invalidar \u00ab<\/font><\/font>el fallo emitido el 10 de diciembre de 2012 en el juicio ejecutivo de Diana Eljadue Abuabara contra aqu\u00e9l y dicte otro en el que (\u2026) motive suficientemente el pronunciamiento que emita<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folios 35 a 41, 43 a 51, 53 a 58 y 60 a 78]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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6. En cumplimiento a tal orden de tutela, el 12 de septiembre de 2014 el referido Juzgado Catorce, tras invalidar su sentencia, dict\u00f3 otra en la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00ab<\/font><\/font>carencia de causa y de derecho para promover la presente acci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb, decidi\u00f3 no seguir la ejecuci\u00f3n, levant\u00f3 las medidas cautelares y conden\u00f3 en costas a la ejecutante. [Folios 79 a 83]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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7. Dicha providencia fue adicionada el 16 de diciembre de 2014, para condenar a la ejecutante a pagar al ejecutado los perjuicios que \u00e9ste hubiese sufrido con ocasi\u00f3n de las cautelas dispuestas en la ejecuci\u00f3n. [Folios 99 a 101]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. La liquidaci\u00f3n de costas fue elaborada incluyendo en ellas \u00fanicamente $1.837.444,oo, por concepto de agencias en derecho, y en la oportunidad legal no fue objeto de ninguna censura. [Folios 201 a 202]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

9. El 11 de febrero de 2015 el accionante promovi\u00f3 el respectivo incidente para obtener la tasaci\u00f3n de los perjuicios por \u00e9l sufridos, exigiendo que como tales fueran reconocidos los honorarios que cancel\u00f3 a la profesional del derecho que all\u00ed lo represent\u00f3. [Folios 107 a 109]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

10. El 8 de mayo de 2015, surtido el tr\u00e1mite legal, el juzgador resolvi\u00f3 \u00ab<\/font><\/font>rechazar (\u2026) el (\u2026) incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios<\/i><\/font><\/font>\u00bb al concluir que \u00e9stos no fueron demostrados, pues el tutelante \u00ab<\/font><\/font>no es el propietario de los bienes embargados<\/i><\/font><\/font>\u00bb y, respecto a los honorarios reclamados, correspond\u00eda a las partes estarse a las agencias en derecho fijadas por el despacho, sin perjuicio de que acudan a la jurisdicci\u00f3n ordinaria para obtener la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil correspondiente. All\u00ed mismo conden\u00f3 en costas al incidentante. [Folios 110 a 115]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

11. Frente a la decisi\u00f3n referida a espacio el gestor de la tutela interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, ante lo cual el fallador, el 16 de junio de 2015, mantuvo su decisi\u00f3n inicial y concedi\u00f3 la alzada. [Folios 122 a 129]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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12. Posteriormente, el quejoso desisti\u00f3 del recurso vertical aduciendo que el mismo era improcedente, dimisi\u00f3n que le fue aceptada el 1\u00ba de julio de 2015. [Folio 129]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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13. La liquidaci\u00f3n de costas del incidente, en la cual \u00fanicamente se incorpor\u00f3 la suma de $1.837.444,oo, por concepto de agencias en derecho, fue aprobada el 16 de julio de 2015, al no haber sido objetada por ninguna de las partes. [Folios 210 a 212]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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14. El 28 de julio de 2015 el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla, por solicitud de la ejecutante e incidentada, tras se\u00f1alar que las costas liquidadas (i) a favor del ejecutado con ocasi\u00f3n de la sentencia y (ii) a favor de aqu\u00e9lla por la improsperidad del incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios, ascend\u00edan a la misma cifra, esto es, $1.837.444,oo, declar\u00f3 compensadas tales obligaciones reciprocas. [Folios 213 a 215]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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15. El 30 de julio de 2015 el promotor de la presente tutela formul\u00f3 una acci\u00f3n del mismo linaje frente al Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla, al considerar que \u00e9ste, con el tr\u00e1mite y definici\u00f3n dados al incidente en comento, vulner\u00f3 sus garant\u00edas de primer orden, pues, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida y pasando por alto las pruebas recaudadas, dej\u00f3 de reconocer a su favor la indemnizaci\u00f3n que le correspond\u00eda por los perjuicios que demostr\u00f3 le fueron irrogados con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n que, injustificadamente, se promovi\u00f3 en su contra. [Folios 139 a 147]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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16. De esa solicitud de amparo conoci\u00f3 en primera instancia el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, autoridad que mediante fallo de 20 de agosto de 2015 deneg\u00f3 el resguardo al concluir que no estaba presente el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que el quejoso no agot\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n frente al prove\u00eddo por el cual se despach\u00f3 adversamente el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios. [Folios 151 a 155]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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17. El fallo aludido en precedencia, el 8 de octubre de 2015 fue confirmado por la Sala Civil-Familia del Tribunal de Barranquilla al desatar la impugnaci\u00f3n propuesta por el tutelante, al concluir esa colegiatura que era razonable la decisi\u00f3n del fallador ordinario cuestionado. [Folios 169 a 177]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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18. El tr\u00e1mite constitucional en comento fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, donde fue radicado el pasado 15 de enero, sin que a la fecha se haya resuelto si es excluido, o no, de tal examen especial. [Folio 200]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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19. En criterio del peticionario del amparo, en el tr\u00e1mite de tutela compendiado a espacio, se vulneraron los derechos aqu\u00ed invocados, porque la decisi\u00f3n del Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla no pod\u00eda considerarse razonable, en la medida en que una cosa son las agencias en derecho y otra muy distinta los honorarios que \u00e9l debi\u00f3 erogar en favor de quien lo represent\u00f3 como apoderada judicial en el juicio ejecutivo en el que sali\u00f3 victorioso, por lo que el resguardo que implor\u00f3 tuvo que haber sido concedido. [Folios 2 a 10]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 25 de enero de 2016 se avoc\u00f3 conocimiento de la tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados en la misma para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 179]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla deprec\u00f3 que el resguardo fuera denegado al considerar que \u00ab<\/font><\/font>la actuaci\u00f3n desarrollada (\u2026) dentro del proceso referenciado se ajust\u00f3 a Derecho por lo que (\u2026) la acci\u00f3n incoada es TEMERARIA<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folios 188 y 189]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida respecto al tr\u00e1mite constitucional cuestionado por el tutelante. [Folio 192]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los restantes convocados no hab\u00edan efectuado ninguna manifestaci\u00f3n frente a la solicitud de resguardo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.<\/font><\/font><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que: <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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(<\/i><\/font><\/font>\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso<\/i><\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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No obstante, ante tal eventualidad el mecanismo de amparo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n constitucional. En esa l\u00ednea de pensamiento se ha expresado en precedencia que:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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(<\/i><\/font><\/font>\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia.<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. <\/font><\/font>En el asunto que es objeto de estudio se advierte que si el accionante pretende controvertir, mediante una nueva acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, los d\u00edas 20 de agosto y 8 de octubre de 2015, respectivamente, se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el procedimiento mismo, el criterio jur\u00eddico y la conclusi\u00f3n a la que llegaron los falladores, se\u00f1alamientos que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.<\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. <\/font><\/font>Sumado a lo anterior, los argumentos que el querellante esgrime en esta solicitud, concretamente, sobre las motivaciones de los juzgadores para denegar la tutela que promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n, bien pueden ser discutidos en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de la providencia cuestionada ante la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Sobre el tema la Corporaci\u00f3n ha explicado que:<\/font><\/font><\/p>\n

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(\u2026) [s]i el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada en STC 23 may. 2013, rad. 00145-01)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo cual se denegar\u00e1 el amparo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>DENIEGA <\/b><\/font><\/font>por improcedente la protecci\u00f3n constitucional deprecada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC854-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-00098-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97496","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97496"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97496\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}