{"id":97502,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-169\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"corte-suprema-de-justicia-169","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-169\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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<\/p>\n

Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente <\/b><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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STC860-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-00158-00<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de <\/font><\/font>tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por E. A. F. P., quien act\u00faa en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad XXX, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en elB asunto objeto de la queja constitucional. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El actor solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al \u00ab<\/font><\/font>desarrollo arm\u00f3nico e integral de [su] hijo<\/i><\/font><\/font>\u00bb, que considera vulnerados por las autoridades judiciales encausadas, porque, en su criterio, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida alguna, mediante sentencias de primera y segunda instancia, les denegaron el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n que reclamaron como demandantes en el juicio ordinario que promovieron contra Julio Edgar Rangel Garc\u00eda y la Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuciones de Drogas Limitada – Copservir Ltda. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene a los acusados reconocer a su favor \u00ab<\/font><\/font>los valores correspondientes [y] se cancele, igualmente y por separado los da\u00f1os y los perjuicios causados a [su] hijo y [a \u00e9l]<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El accionante y M. M. G., padres del menor de edad XXX, en nombre propio y en representaci\u00f3n de \u00e9ste, demandaron a Julio Edgar Rangel Garc\u00eda y a Copservir Ltda., deprecando que los \u00faltimos fueran declarados civil y contractualmente responsables por los perjuicios sufridos por los primeros con ocasi\u00f3n de la \u00ab<\/font><\/font>lesi\u00f3n del nervio ci\u00e1tico derecho<\/i><\/font><\/font>\u00bb de XXX, derivada de una errada praxis en la aplicaci\u00f3n de una inyecci\u00f3n intramuscular.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. De tal asunto correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, autoridad que luego de surtidas las etapas propias del juicio, el 3 de julio de 2012 dict\u00f3 sentencia, en la cual conden\u00f3 a Copservir Ltda. a pagar, (i) a favor de M. M. $6.649.810,31, por lucro cesante, y $2.833.500, por perjuicios morales; y (ii) a favor del menor de edad XXX $17.001.000,oo, por da\u00f1os extrapatrimoniales; a la vez que absolvi\u00f3 a esa persona jur\u00eddica de los cargos formulados por el tutelante, al considerar que \u00e9ste no particip\u00f3 en el contrato del cual se deriv\u00f3 la responsabilidad.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. El 19 de septiembre de 2013, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga confirm\u00f3 la decisi\u00f3n referida a espacio respecto a lo dispuesto frente al accionante y modific\u00f3 los montos de las condenas en punto a los da\u00f1os morales, fij\u00e1ndolos en $17.393.495,oo para el menor y en $2.898.916,oo para su progenitora.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. <\/font><\/font>Ante esa situaci\u00f3n<\/font><\/font>, el actor interpuso acci\u00f3n de tutela contra las mismas autoridades judiciales aqu\u00ed encausadas, aduciendo que \u00e9stas afectaron sus derechos de primer orden al no acceder a sus pedimentos, pues inobservaron que \u00e9l era quien sosten\u00eda econ\u00f3micamente a su menor hijo. Tal ruego tutelar lo desat\u00f3 esta Sala en fallo de 10 de septiembre de 2015, denegando el resguardo, en lo medular, por ausencia del presupuesto de la inmediatez en su interposici\u00f3n, pues desde que se dict\u00f3 la \u00faltima de las decisiones criticadas hasta el momento en que se formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, transcurrieron m\u00e1s de seis meses.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

6. El fallo constitucional referido en precedencia no fue impugnado y el 12 de noviembre de 2015 la Corte Constitucional lo excluy\u00f3 de revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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7. Con posterioridad, el tutelante formul\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela, aduciendo nuevamente, con id\u00e9ntica motivaci\u00f3n, la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales por parte de las sedes judiciales convocadas al tr\u00e1mite del ep\u00edgrafe. Ruego constitucional al que no accedi\u00f3 esta Sala en reciente fallo de 28 de enero de 2016, al considerar temeraria su formulaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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8. <\/font><\/font>En criterio del promotor del amparo, las autoridades judiciales que tuvieron a cargo el proceso civil aludido, en el que \u00e9l fue demandante, vulneraron las garant\u00edas invocadas porque no reconocieron a su favor la indemnizaci\u00f3n que all\u00ed reclam\u00f3, \u00ab<\/font><\/font>pasando por alto que para la \u00e9poca (\u2026) de los hechos y ahora, (\u2026) [es \u00e9l] la persona que vel[a] por el suministro de los dineros que sirven de sustento al cuidado personal, alimentaci\u00f3n, vestuario, estudios y transportes de [su] hijo<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 27 de enero de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. Al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ninguna de las autoridades convocadas se hab\u00eda manifestado frente a la solicitud de resguardo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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II. <\/b><\/font><\/font>CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/font><\/font> <\/p>\n

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Sobre el particular, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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El abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad<\/i><\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 3 may. 2002, rad. 0010-00, reiterada, entre muchas otras, en STC, 8 may. 2012, rad 00017-01)<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. En el <\/font><\/font>sub judice<\/i><\/font><\/font> se observa con toda claridad que el accionante present\u00f3 con anterioridad otras dos acciones de tutela contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, en las cuales solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, pidi\u00f3 que, previa anulaci\u00f3n de la sentencia de primer grado que le neg\u00f3 el reconocimiento indemnizatorio, se dispusiera el resarcimiento del da\u00f1o, en la forma reclamada en la demanda planteada por responsabilidad civil contractual contra Julio Edgar Rangel Garc\u00eda y Copservir Ltda., pues \u00e9l ten\u00eda derecho a tal prestaci\u00f3n dado que era quien solventaba los gastos del menor de edad XXX, lo que, en su sentir, inobservaron los falladores censurados.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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De dichos asuntos conoci\u00f3 esta Sala de Casaci\u00f3n y en ambas oportunidades deneg\u00f3 el resguardo reclamado, en la primera oportunidad, por ausencia del presupuesto de procedibilidad de la inmediatez en su interposici\u00f3n, mediante fallo de 10 de septiembre de 2015, no impugnado y excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional el 12 de noviembre del mismo a\u00f1o (rad. 2015-01992-00); mientras que en la segunda ocasi\u00f3n, por temeridad en la formulaci\u00f3n del ruego tutelar, a trav\u00e9s de reciente sentencia de 28 de enero de 2015 (rad. 2016-00124-00).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Ahora bien, el tutelante promovi\u00f3 la actual demanda constitucional se\u00f1alando que los encausados conculcaron sus garant\u00edas de primera generaci\u00f3n al no reconocerle la indemnizaci\u00f3n que reclam\u00f3 en el proceso criticado, pasando por alto que a \u00e9l le asist\u00eda todo el derecho a exigirla por ser quien sufragaba los gastos del menor XXX.<\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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En ese orden de cosas, sin duda, del material de prueba obrante en el expediente se establece que la acci\u00f3n constitucional de la que ahora se ocupa la Corte es similar a las estudiadas en los fallos de tutela atr\u00e1s referidos, y entre todas esas reclamaciones existe identidad de partes, hechos y pretensiones, empero no se acredita un motivo expresamente justificado para que el ciudadano acudiera nuevamente a pedir la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, pues no se prob\u00f3 ninguna situaci\u00f3n sobreviniente o novedosa que tuviera el alcance de cambiar lo decidido en las quejas anteriores, por lo que se considera que lo resuelto con antelaci\u00f3n ya ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Al respecto, ha se\u00f1alado esta Sala que una petici\u00f3n de amparo es temeraria en los t\u00e9rminos del mencionado art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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(\u2026) si la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo [no] obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por lo atr\u00e1s consignado, sin duda, la petici\u00f3n del tutelante comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema que plantea ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio de esta Corporaci\u00f3n en sede constitucional, y es necesario que a la tutela se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se concluye que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, por haberse comprobado que el actor incurri\u00f3 en temeridad, por lo cual debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. Bastan los anteriores razonamientos para concluir, sin duda alguna, que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>DENIEGA <\/b><\/font><\/font>el resguardo reclamado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de que este fallo no sea impugnado. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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