{"id":97505,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97505\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97505","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97505\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC863-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b052001-22-13-000-2015-00326-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinte de noviembre de dos mil quince por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Calvache Burbano, contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Cooperativa de Taxistas Nari\u00f1enses Ltda. \u2013CONARTAX LTDA-, al Juzgado Tercero Civil Municipal de ese lugar, y a todos los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El promotor solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, participaci\u00f3n democr\u00e1tica, elegir y ser elegido, igualdad y asociaci\u00f3n, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n de los fallos proferidos en el juicio fuente del reclamo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, pretende que se verifique la aplicaci\u00f3n equivocada de la normatividad sustancial por parte de los accionados, se proceda de conformidad a corregir toda la actuaci\u00f3n viciada, y se compulsen las copias a que haya lugar. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El accionante <\/font><\/font>promovi\u00f3 un proceso abreviado de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea en contra de la Cooperativa de Taxistas Nari\u00f1enses Ltda. \u2013CONARTAX LTDA- y su Consejo de Administraci\u00f3n, con el fin de que se declarara la nulidad de todo lo actuado en la Asamblea General de Asociados celebrada el 19 de marzo de 2012 y que se ordenara restablecer su investidura como miembro de la Junta de Vigilancia de la misma, adem\u00e1s de la condena en costas y perjuicios.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil Municipal de Pasto, despacho que con auto de 14 de septiembre de 2012 admiti\u00f3 la demanda. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. La Cooperativa demandada contest\u00f3 el libelo y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00ab<\/font><\/font>caducidad de la acci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. Mediante prove\u00eddo de 30 de mayo de 2013 se abri\u00f3 a pruebas el tr\u00e1mite y se decretaron los medios de convicci\u00f3n pedidos por las partes.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA13-9984 d 5 de septiembre de 2013 el proceso fue remitido por competencia al Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto, despacho que el 28 de enero de 2015 decret\u00f3 de oficio unas pruebas. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. El 2 de junio de 2015 el referido estrado judicial dict\u00f3 sentencia, en la que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda y se inhibi\u00f3 de fallar de fondo frente al Consejo de Administraci\u00f3n de la Cooperativa Nari\u00f1ense de Taxistas Ltda., por tratarse de un \u00f3rgano permanente de la administraci\u00f3n y carecer de personer\u00eda jur\u00eddica.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. El demandante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n frente a la referida determinaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. El Juzgado Primero Civil del Circuito mediante fallo de 2 de octubre de 2015 confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n de primer grado. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

9. El peticionario considera que se vulneraron los derechos invocados con ocasi\u00f3n de las sentencias proferidas en el juicio cuestionado, toda vez que incurren en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, pues el debate se centr\u00f3 en la declaraci\u00f3n de la ilegalidad de la Asamblea de Asociados, la que se llev\u00f3 a cabo con irregularidades de forma y fondo que conllevan a la nulidad absoluta, sin embargo, se present\u00f3 una arbitrariedad judicial al hacer una inaceptable interpretaci\u00f3n de la ley y desestimar las pruebas obrantes en el expediente, adem\u00e1s que el fallo es contradictorio porque se declar\u00f3 inhibido pero deneg\u00f3 las pretensiones y lo conden\u00f3 en costas, lo cual favorece a la parte infractora. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Agreg\u00f3 que no es cierto que no existan elementos de juicio id\u00f3neos para emitir sentencia, ni que no se hayan podido conocer las decisiones proferidas en los otros procesos que tienen incidencia en el caso, que no se demostr\u00f3 la citaci\u00f3n por escrito a cada uno de los asociados para la Asamblea, que no basta indicar que hay quorum sino que se requiere constatarlo, pues en dicha asamblea participaron empleados de la cooperativa y no asociados, que el orden del d\u00eda fue modificado arbitrariamente, concretamente, se cambi\u00f3 el punto 17 sobre elecci\u00f3n de dignatarios, que fue despojado de su investidura de miembro de la Junta de Vigilancia, sin que ello lo hiciera el organismo competente, que el acta de Asambleas se registr\u00f3 como si se tratara de la elecci\u00f3n de un nuevo consejo de administraci\u00f3n, y se pas\u00f3 por alto la configuraci\u00f3n de delitos.<\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Por auto de 10 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a los accionados y vincular a<\/font><\/font><\/font> la Cooperativa de Taxistas Nari\u00f1enses Ltda. \u2013CONARTAX LTDA- y a todos los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. Posteriormente, se dispuso el enteramiento del Juzgado Tercero Civil Municipal de Pasto<\/font><\/font> [Folios 42 y 49, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>2. <\/font><\/font><\/font>Dentro de la oportunidad concedida, el <\/font><\/font><\/font>Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto indic\u00f3 que la sentencia que emiti\u00f3 es congruente con los hechos y pretensiones de la demanda, pues se analizaron todas las irregularidades denunciadas por el actor y las pruebas obrantes en el proceso, que se remit\u00eda a la decisi\u00f3n adoptada, que en el tr\u00e1mite se percat\u00f3 que la demandada acudi\u00f3 al juicio sin apoderado judicial, por lo que se abstuvo de valorar las pruebas por ella allegadas y lo consider\u00f3 como un indicio en su contra, que el Consejo de Administraci\u00f3n de la Cooperativa es un \u00f3rgano de administraci\u00f3n que carece de personer\u00eda jur\u00eddica y no puede ser sujeto de derechos u obligaciones ni parte en el proceso, por lo que profiri\u00f3 sentencia inhibitoria solamente frente a dicho \u00f3rgano, que el actor tuvo la oportunidad de presentar todos los argumentos en su escrito de apelaci\u00f3n, que el superior confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, lo que demuestra que no es caprichosa la misma, y que no hubo vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales ni se incurri\u00f3 en las causales de procedibilidad.<\/font><\/font><\/p>\n

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El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que el proceso se surti\u00f3 acatando las preceptivas legales dispuestas, sin que se advierta que se hubiera incurrido en la violaci\u00f3n o amenaza de derecho fundamental alguno. <\/font><\/font> <\/p>\n

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El Juzgado Tercero Civil Municipal de Pasto refiri\u00f3 que el asunto se remiti\u00f3 por competencia a su hom\u00f3logo Quinto y que las decisiones que adopte ese despacho son independientes y ajenas. <\/font><\/font> <\/p>\n

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La Cooperativa de Taxistas Nari\u00f1enses Ltda. \u2013CONARTAX LTDA- indic\u00f3 que el accionante no es un asociado activo, pues no cumple con los requisitos establecidos en la ley y en los estatutos para ostentar dicha calidad, como tener un veh\u00edculo que estuviera trabajando, que no se ha vulnerado el derecho de asociaci\u00f3n, ya que el actor es asociado pero en condiciones de inhabilidad, que le inform\u00f3 al gestor sobre la configuraci\u00f3n de requisitos para declararlo no h\u00e1bil, que existe prueba de las publicaciones realizadas en la emisora y en la cartelera, que la Junta de Vigilancia realiz\u00f3 el registro de asistencia y p\u00fablicamente manifest\u00f3 que hab\u00eda quorum, que la \u00fanica intenci\u00f3n de reemplazar al promotor era la de hacer que se cumplan las disposiciones de los estatutos, que el 21 de marzo de 2011 el peticionario se comprometi\u00f3 a adquirir un veh\u00edculo, que en respuesta a una consulta elevada ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, esta contest\u00f3 que si el requisito para ser asociado de la Cooperativa era ser propietario o tenedor de un veh\u00edculo por contrato de leasing, y esta no se cumple, ser\u00eda una causal de exclusi\u00f3n, y que la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actas est\u00e1 caducada.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. En sentencia de 20 de noviembre de 2015, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pasto deneg\u00f3 el amparo al considerar que el estrado municipal valor\u00f3 el acervo probatorio en su conjunto, dejando de apreciar los medios de persuasi\u00f3n presentados en la contestaci\u00f3n de la demanda porque el demandado no contaba con apoderado judicial, que los argumentos esgrimidos en la valoraci\u00f3n de los elementos de juicio no son arbitrarios, que los despachos acusados zanjaron cada una de las irregularidades enrostradas frente al acta de la asamblea censurada y le asignaron valor a las pruebas de acuerdo con el principio de autonom\u00eda judicial, que la sentencia inhibitoria se adopt\u00f3 \u00fanica y exclusivamente respecto del Consejo de Administraci\u00f3n de la Cooperativa, lo cual es ajustado al ordenamiento jur\u00eddico y pertinente para la resoluci\u00f3n del caso, que se motiv\u00f3 la consideraci\u00f3n de que el par\u00e1metro que debe verificarse para la remoci\u00f3n de miembros de la Junta Directiva, es el estatuto de la misma, y que no es viable mediante esta acci\u00f3n revisar nuevamente el asunto. <\/font><\/font> <\/p>\n

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4. <\/font><\/font>Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el peticionario la impugn\u00f3 para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial e indic\u00f3 que la Cooperativa en el acta de la Asamblea no solo se apart\u00f3 de una correcta gesti\u00f3n de inscripci\u00f3n sino que report\u00f3 y elabor\u00f3 informes a terceros que daban cuenta de una aparente legalidad y solidez que no obedece a la realidad, y que la conducta del despacho municipal acusado no es otra que la utilizaci\u00f3n de maniobras dilatorias, pues no atendi\u00f3 los l\u00edmites para decretar pruebas de oficio [Folios 76 a 82, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.<\/font><\/font><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. <\/font><\/font>En el caso que se examina, el reclamo se dirige frente a las sentencias proferidas dentro del proceso cuestionado, por lo que <\/font><\/font>el an\u00e1lisis que abordar\u00e1 la Sala, se enfocar\u00e1 <\/font><\/font>en la providencia que resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.<\/font><\/font><\/p>\n

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Ahora bien, la Corte atendiendo los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al juzgador acusado para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, no advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la valoraci\u00f3n efectuada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/font><\/font> <\/p>\n

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3.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>En efecto, el despacho del circuito accionado consider\u00f3 que:<\/font><\/font><\/p>\n

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(\u2026) la decisi\u00f3n a adoptar en esta providencia se sustentar\u00e1, adem\u00e1s de la Ley 79 de 1988 y los estatutos de la persona jur\u00eddica demandada, en las normas que en el C. de Co. y del C. de P.C., regulan lo relativo a la contradicci\u00f3n de las decisiones sociales, tal como lo autoriza la norma inicialmente mencionada, en su art\u00edculo 158, que al tenor, ense\u00f1a:<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>\u00abArt\u00edculo 158. Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolver\u00e1n principalmente conforme a la doctrina y a los principios cooperativos generalmente aceptados. En \u00faltimo t\u00e9rmino se recurrir\u00e1 para resolverlos a las disposiciones generales sobre asociaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables a las cooperativas.\u00bb (\u2026)<\/font><\/font><\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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El actor inici\u00f3 la presente acci\u00f3n buscando se declarar\u00e1 la nulidad de las decisiones contenidas en el acta N\u00b0 041 de la asamblea general de la Cooperativa de Taxistas Nari\u00f1enses Ltda., celebrada el 19 de marzo de 2012, e inscrita en la C\u00e1mara de Comercio el 13 de abril del mismo a<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>\u00f1o, por las siguientes causales: a) incluir en el orden del d\u00eda, un punto impertinente y sorpresivo, consistente en la remoci\u00f3n del demandante como miembro de la Junta de vigilancia, cuando la asamblea hab\u00eda sido citada para un objeto distinto; b) no dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite dispuesto por el art\u00edculo 197 del C. de Co., para remover al actor de su cargo en la Junta de Vigilancia; y c) aplicar al accionante, para su permanencia en la Cooperativa, un requisito previsto en la reforma estatutaria del a\u00f1o 2002, a sabiendas de que no le resulta exigible, pues ingres\u00f3 a la asociaci\u00f3n bajo presupuestos diferentes, tal como se determin\u00f3 judicialmente por el juez constitucional.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En este orden de ideas, procede esta judicatura a estudiar cada una de las falencias anotadas por la actora, iniciando por la relativa a no haberse cumplido el requisito legal de convocatoria, en virtud de no estar en el orden del d\u00eda la remoci\u00f3n o elecci\u00f3n de los miembros de la Junta de <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>Vigilancia (\u2026). <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Por su parte, la inserci\u00f3n del orden del d\u00eda en la convocatoria, se predica exclusivamente de las reuniones extraordinarias, tal como deviene de lo ense\u00f1ado por el art\u00edculo 424 del <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>ordenamiento que aqu\u00ed seguimos (\u2026). En armon\u00eda con lo anotado, los art\u00edculos 36 y s.s. de los estatutos cooperativos que obran en el expediente, pregonan, en similares t\u00e9rminos la procedencia de las reuniones ordinarias y extraordinarias, imponiendo a \u00e9stas, en el art\u00edculo 37, la limitaci\u00f3n de que en ellas s\u00f3lo podr\u00e1 tratarse los asuntos para los cuales fueron convocadas y los estrechamente derivados de ellos.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En el contexto legal y estatutario en cuesti\u00f3n, deviene n\u00edtido que no resulta exigible el presupuesto reclamado por el demandante, pues para la convocatoria de las asambleas ordinarias no resulta indispensable insertar el orden del d\u00eda, lo que se traduce que en ella se puedan discutir v\u00e1lid<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>amente los asuntos y aspectos enlistados en el orden del d\u00eda que se elabore para el efecto, el que debe ser previamente aprobado por los asistentes, tal como se verifica, ocurri\u00f3 en el <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>sub judice.<\/font><\/font><\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

No sobra acotar, que conforme da cuenta la propia acta N\u00b0 041 del 19 de marzo de 2012, la convocatoria se cumpli\u00f3 siguiendo la ritualidad dise\u00f1ada para el efecto; acta que conforme lo advierte el se\u00f1or Juez de instancia, en armon\u00eda con lo establecido por el art\u00edculo 185 del ordenamiento mercantil, es prueba suficiente de los hechos que constan en ella, mientras no se pruebe lo contrario. Prueba \u00e9sta \u00faltima que no asoma en el plenario.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Corolario, en el caso <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>sub judice <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font>del acervo probatorio arrimado fluye, que la convocatoria para la asamblea ordinaria de COONARTAX Ltda. cumpli\u00f3 todos los par\u00e1metros legales previstos por la legislaci\u00f3n para el efecto.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En lo tocante a la segunda causal deprecada por el actor para impugnar el acta de la asamblea general ordinaria en comento, consistente en no haberse agotado el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 197 del C. de Co. para su remisi\u00f3n como miembro de la Junta de Vigilancia, es de ver que, para lo que aqu\u00ed interesa la norma precisa:<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>\u00abLas personas elegidas no podr\u00e1n ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder a nueva elecci\u00f3n por el sistema del cociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad\u00bb (\u2026). <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En este escenario, se advierte que la remoci\u00f3n del demandante se produjo siguiendo los <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>lineamientos formales previamente dise\u00f1ados por los estatutos, los que a su vez se avizoran plegados al ordenamiento general que regula esta clase de actuaciones.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Cumple acotar<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> que el art\u00edculo 68 de la Ley 222 de 1.995, cuya vigencia inicio en el mes de junio de 1.996, y derog\u00f3 t\u00e1citamente el art. 427 del C\u00f3digo de Comercio, precept\u00faa (\u2026). Norma de la que se infiere que con el fin de agilizar el funcionamiento de las asambleas, la ley 222 de 1.995 suprimi\u00f3 las mayor\u00edas calificadas exigidas en varios art\u00edculos del C\u00f3digo de Comercio y en adelante la regla de la mayor\u00eda ordinaria s\u00f3lo tendr\u00e1 puntuales excepciones, de donde se sigue que para la decisi\u00f3n adoptada por la asamblea, ni siquiera requiere mayor\u00eda calificada.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Finalmente y en cuanto ata\u00f1e a la inconformidad referida a la supuesta aplicaci\u00f3n de la reforma estatutaria de 2002 como fundamento de la exclusi\u00f3n del actor, vale acotar que tal aseveraci\u00f3n resulta cuando menos tergiversada.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, y controvirtiendo la afirmaci\u00f3n del apelante, seg\u00fan la cual el se\u00f1or juez <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>a quo <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font>omiti\u00f3 valorar debidamente la prueba documental arrimada al plenario, es lo cierto que el an\u00e1lisis que de ella se hizo resulta adecuado y conforme a la verdad real de lo ocurrido en la asamblea cuya decisi\u00f3n se impugna.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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As\u00ed, resulta ser cierto que al se\u00f1or Calvache le fue amparado constitucionalmente su derecho de asociaci\u00f3n, bajo el argumento de que su afiliaci\u00f3n a la Cooperativa demandada se verific\u00f3 con presupuestos distintos a los exigidos en la reforma estatutaria de 2002, y en tal medida deb\u00eda conservar sus derechos.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Lo que no resulta veraz es que su exclusi\u00f3n se hubiese producido por enfrentarle de nuevo las mismas exigencias. No. La decisi\u00f3n de la asamblea se apuntala precisamente en los estatutos vigentes con antelaci\u00f3n a la reforma de 2002, los que en su art\u00edculo 9 se\u00f1alaban los requisitos para ser asociado de la entidad, destac\u00e1ndose entre otros, el de <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>\u00abser propietario o tenedor a cualquier t\u00edtulo de un veh\u00edculo automotor…\u00bb, <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font>siendo precisamente \u00e9ste y no otro requisito el que el se\u00f1or Calvache no satisface, pues como \u00e9l mismo lo reconoce, en la actualidad y desde 2008 no es propietario, ni poseedor, ni tenedor de ning\u00fan rodante; sin que en el plenario obre el m\u00e1s m\u00ednimo atisbo probatorio en orden a demostrar que ha sido la Cooperativa accionada la que le ha impedido hacerse a un veh\u00edculo como lo sostiene en la demanda, afirmaci\u00f3n que qued\u00f3 en el plano meramente hipot\u00e9tico como que ning\u00fan medio de convicci\u00f3n la soporta, sin que para el efecto resulten de recibo los documentos anejos al escrito de segunda instancia, toda vez que, como bien lo debe conocer el profesional que los aporta, las pruebas judiciales para su validez y valoraci\u00f3n deben ser, entre otros, aportadas en las precisas oportunidades legales que el c\u00f3digo de la materia consagra, no encontr\u00e1ndose entre ellas los alegatos de sustentaci\u00f3n de la alzada (\u2026).<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>Luego, la anterior argumentaci\u00f3n, que sirvi\u00f3 de fundamento a la decisi\u00f3n cuestionada, no transgrede los derechos fundamentales del promotor del amparo, pues no es <\/font><\/font>producto de la subjetividad del fallador, ni consecuencia de la omisi\u00f3n del estudio de pruebas o de su valoraci\u00f3n arbitraria, sino que, por el contrario, con independencia de que se comparta o no, se deriva de una libre hermen\u00e9utica, propia de la labor judicial, que no debe ser invadida por el juez de tutela, pues en este caso no excede los l\u00edmites de la razonabilidad. <\/font><\/font> <\/p>\n

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De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del promotor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el fallador accionado se soport\u00f3 para arribar a sus conclusiones, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Entonces queda claro que lo pretendido por el accionante, es anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la del despacho accionado y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el estrado del circuito acusado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n al debido proceso del solicitante del amparo. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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6. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC863-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b052001-22-13-000-2015-00326-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}