{"id":97508,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97508\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97508","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97508\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC866-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2015-02244-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el primero de diciembre de dos mil quince por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Manuel Garc\u00e9s O\u2019Byrne, contra la Sala Penal para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Tercero Penal de Adolescentes del Circuito de esa ciudad y a los sujetos e intervinientes dentro del proceso objeto de reclamo constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El peticionario solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela judicial efectiva, que considera vulnerados por la autoridad accionada con ocasi\u00f3n del fallo de tutela que emiti\u00f3. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, pretende que se le ordene al accionado que profiera una nueva sentencia de segunda instancia dentro de la acci\u00f3n de tutela 2015-00088-01, en la que se pronuncie de fondo sobre los derechos invocados de la igualdad y el de ser elegido. <\/font><\/font> <\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El promotor <\/font><\/font>Juan Manuel Garc\u00e9s O\u2019Byrne promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela en contra de la Universidad del Valle con ocasi\u00f3n de su exclusi\u00f3n del proceso de selecci\u00f3n para el cargo de rector de dicha instituci\u00f3n educativa, la que se dio con fundamento en los art\u00edculos 29 y 31 del Decreto 2400 de 1998, es decir, por contar con 65 a\u00f1os, lo cual considera que no es de recibo porque esa edad no se le aplica a los docentes universitarios los que tienen edad de retiro a los 75 a\u00f1os, y no se exigi\u00f3 dicho requisito en el Estatuto General de la Universidad. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado <\/font><\/font>Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali, despacho que avoc\u00f3 el conocimiento el 8 de septiembre de 2015.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. Mediante sentencia de 21 de septiembre de 2015 el despacho deneg\u00f3 el resguardo tras considerar que la entidad accionada realiz\u00f3 el proceso de verificaci\u00f3n de los documentos aportados y concluy\u00f3 que el actor no cumpli\u00f3 con los requisitos establecidos, que mediante tutela no se puede despojar a una instituci\u00f3n universitaria de su autonom\u00eda imponi\u00e9ndole el sentido de sus decisiones, y que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad pues el actor accedi\u00f3 al concurso en las mismas condiciones que los dem\u00e1s concursantes, lo cual lo obligaba a cumplir con los requisitos m\u00ednimos.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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5. La Sala 3 de Asuntos <\/font><\/font>Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali a trav\u00e9s de fallo de 16 de octubre de 2015 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada, concedi\u00f3 el resguardo y le orden\u00f3 al Consejo Superior de la Universidad del Valle que decidiera respecto de la postulaci\u00f3n del accionante mediante una resoluci\u00f3n motivada, debidamente notificada, con indicaci\u00f3n de los recursos y t\u00e9rminos para interponerlos, para lo cual dispuso la suspensi\u00f3n del proceso de selecci\u00f3n del rector de dicha instituci\u00f3n hasta cuando quede en firme esa resoluci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

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6. Lo anterior porque la determinaci\u00f3n mediante la cual fue excluido el actor del proceso de selecci\u00f3n para el cargo de rector, no fue formalizada mediante un acto administrativo debidamente motivado y notificado, sino que solamente con un comunicado de la Secretaria General se divulgaron los postulados admitidos sin proveer nada sobre los excluidos, vulnerando as\u00ed el debido proceso del petente.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. El Consejo Superior de la Universidad del Valle con el fin de acatar la referida orden, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 079 de 21 de octubre de 2015 mediante la que declar\u00f3 improcedente la postulaci\u00f3n o nominaci\u00f3n del se\u00f1or <\/font><\/font>Juan Manuel Garc\u00e9s O\u2019Byrne, dispuso la suspensi\u00f3n provisional del proceso de selecci\u00f3n hasta que quedara en firme esa decisi\u00f3n y orden\u00f3 el enteramiento del accionante. <\/font><\/font> <\/p>\n

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8. A trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n 089 de 18 de noviembre de 2015 el Consejo Superior de la Universidad del Valle orden\u00f3 el levantamiento de la suspensi\u00f3n provisional del proceso de selecci\u00f3n del rector de esa instituci\u00f3n y dispuso que se continuara con el mismo. <\/font><\/font> <\/p>\n

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9. El peticionario considera que se vulneran los derechos invocados con ocasi\u00f3n del fallo de tutela proferido por el Tribunal acusado, pues el hecho de que le den a conocer la posici\u00f3n de la Universidad mediante un oficio o una resoluci\u00f3n es irrelevante, ya que lo que pretende es ser incluido en la lista de elegibles para el cargo de rector ante el Consejo Superior de la instituci\u00f3n educativa, adem\u00e1s que en el fallo cuestionado no hubo pronunciamiento sobre el problema jur\u00eddico que consiste en determinar la procedencia de aplicar la prohibici\u00f3n de la edad contenida en el Decreto 2400 de 1968 para el ejercicio del cargo de rector frente a los postulados de la autonom\u00eda universitaria.<\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Por auto del 18 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a la autoridad accionada para que ejercieran su derecho de defensa y vincular <\/font><\/font><\/font>al Juzgado Tercero Penal de Adolescentes del Circuito de Cali y a los sujetos e intervinientes dentro del proceso objeto de reclamo constitucional. <\/font><\/font>[Folios 58 a 60, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. <\/font><\/font><\/font>Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali indic\u00f3 que el 21 de septiembre de 2015 dict\u00f3 sentencia dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por el ahora accionante, en la que neg\u00f3 el amparo solicitado, decisi\u00f3n que fue impugnada y revocada por el superior, por lo que solicita su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se\u00f1al\u00f3 que en la providencia cuestionada se expuso la imposibilidad del juez constitucional de arrebatarle la competencia propia de la Universidad del Valle para resolver en torno a la admisi\u00f3n o rechazo del actor como aspirante al cargo de rector, por lo que mal puede ahora pretender acusar dicho fallo por no ocuparse de definir si pod\u00eda ser admitido por tener 65 a\u00f1os, y que si en cumplimiento de la orden impartida en el fallo, la Universidad emiti\u00f3 un acto administrativo en el que mantuvo su postura negativa, lo que proced\u00eda era accionar en contra de dicha determinaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. En sentencia de 1\u00ba de diciembre de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al considerar que la petici\u00f3n de amparo se refiere exclusivamente al contenido de la sentencia de tutela y no al tr\u00e1mite surtido, por lo que no se vislumbra yerro susceptible de enmendar por el juez constitucional, pues en manera alguna se se\u00f1ala un presunto desconocimiento al debido proceso sino que se advierte que se surtieron las fases previstas en el Decreto 2591 de 1991; adem\u00e1s que la Corte Constitucional revisar\u00e1 la posibilidad de seleccionar el fallo a revisi\u00f3n, y en caso de que no lo haga, se puede presentar solicitud de insistencia en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 33 <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font> <\/p>\n

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4. <\/font><\/font>Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el peticionario la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial e indic\u00f3 que ninguna de las argumentaciones que ha presentado ha tenido respuesta cabal, pues lo que pretende es que se resuelva de fondo el problema jur\u00eddico relativo a la edad de retiro forzoso de la rama ejecutiva frente a la autonom\u00eda universitaria [Folios 165 a 167, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/font><\/font><\/p>\n

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De igual modo, esta Sala ha reiterado la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.<\/font><\/font><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando, en el procedimiento seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. Se ha dicho que, <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb.<\/i><\/font><\/font> (CSJ 16 nov. 2011, rad. 01315-01. El mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en los de 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; 21 ene. 2010, rad. 02355-00.)<\/font><\/font><\/p>\n

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2. <\/font><\/font>En el asunto que es objeto de estudio, el accionante pretende controvertir, mediante la acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional por los despachos accionados, <\/font><\/font>situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues <\/font><\/font>el accionante cuestiona el <\/font><\/font>criterio jur\u00eddico y la conclusi\u00f3n a la lleg\u00f3 el fallador accionado<\/font><\/font>, se\u00f1alamientos que deben ser ventilados en el respectivo procedimiento, y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.<\/font><\/font><\/p>\n

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Se destaca que los argumentos que expone el peticionario en esta solicitud de protecci\u00f3n constitucional,<\/font><\/font> concretamente, las motivaciones del juzgador accionado en el fallo,<\/font><\/font> pueden ser objeto de estudio en sede de revisi\u00f3n <\/font><\/font>de la providencia cuestionada ante la Corte Constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento, ya se ha expresado, que:<\/font><\/font><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font> (CSJ 16<\/font><\/font> sep. 2003, rad. 0561-01; 10 nov. 2003 rad. 0747-01; 23 ago. 2004, rad. 0840-00; 14 oct. 2004, rad. 1120; reiterada el 7 mar. 2013, rad. 00122-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. <\/font><\/font>Adicionalmente, t\u00e9ngase en cuenta, que incluso puede<\/font><\/font> el actor intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela cuestionada por esta v\u00eda; mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o <\/i><\/font><\/font>evitar un perjuicio grave\u2019<\/i><\/font><\/font>, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font>(CSJ.<\/font><\/font> 7 nov. 2012, rad.<\/font><\/font> 2041-01).<\/font><\/font><\/p>\n

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4<\/font><\/font>. <\/font><\/font>Por consiguiente, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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