{"id":97510,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97510\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97510","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97510\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC868-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b015693-22-08-004-2015-00234-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el veinte de noviembre de dos mil quince por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Alonso Su\u00e1rez Espitia, contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal de Duitama, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a Adolfo Su\u00e1rez Espitia, al curador ad litem de Mar\u00eda Dolores Su\u00e1rez Espitia y a Jairo Andr\u00e9s Su\u00e1rez Mateus.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, m\u00ednimo vital y vivienda digna, que considera vulnerados por los accionados con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida en el juicio fuente del reclamo y la entrega del inmueble del que es poseedor.<\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ampare la posesi\u00f3n legal de la herencia a la que tiene derecho en virtud del fallecimiento de su hermana, y que se ordene la devoluci\u00f3n del inmueble \u00abEl Trocadero\u00bb, del que tuvo posesi\u00f3n por m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os.<\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Adolfo Su\u00e1rez Espitia en nombre propio y como curador de Mar\u00eda Dolores Su\u00e1rez Espitia promovi\u00f3 un proceso reivindicatorio en contra del accionante con el fin de que se declarara que les pertenec\u00eda el dominio pleno y absoluto del predio denominado \u00abEl Trocadero\u00bb, que se ordenara que el demandado restituyera el inmueble y les pagara los frutos civiles percibidos y los que hubieren recibido con mediana inteligencia y cuidado desde que inici\u00f3 la posesi\u00f3n, por tratarse de un poseedor de mala fe, y que se indicara que no estaban obligados a indemnizar las expensas necesarias. <\/font><\/font> <\/p>\n

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2. Lo anterior porque el demandado los estaba privando de la posesi\u00f3n material del predio, pues pese a que vendi\u00f3 su parte del bien, se aprovech\u00f3 de que se encontraba en el mismo y se qued\u00f3 all\u00ed, vali\u00e9ndose adem\u00e1s de que su hermana Mar\u00eda Dolores, persona interdicta, viv\u00eda en el inmueble. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama, despacho que el 1\u00ba de febrero de 2011 admiti\u00f3 el libelo.<\/font><\/font><\/p>\n

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4. El demandado fue notificado personalmente, pero no contest\u00f3 la demanda.<\/font><\/font><\/p>\n

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5. Despu\u00e9s de diferentes aplazamientos, el 23 de enero de 2013 fue adelantada la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, actuaci\u00f3n a la cual no asisti\u00f3 el extremo pasivo.<\/font><\/font><\/p>\n

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6. El 21 de febrero de 2015 falleci\u00f3 la se\u00f1ora Mar\u00eda Dolores Su\u00e1rez Espitia. <\/font><\/font> <\/p>\n

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7. El despacho accionado dict\u00f3 sentencia el 26 de mayo de 2015, en la que declar\u00f3 que le pertenec\u00eda el dominio pleno y absoluto a los demandantes del predio denominado \u00abEl Trocadero\u00bb, le orden\u00f3 al demandado que restituyera el bien, y dispuso que en caso de que este no lo hiciere, comisionaba a los Juzgados Civiles Municipales de Duitama para el efecto, adem\u00e1s deneg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones de la demanda.<\/font><\/font><\/p>\n

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8. Esta sentencia no fue recurrida en apelaci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

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9<\/font><\/font>. El 15 de septiembre de 2015 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Duitama adelant\u00f3 la diligencia de entrega del inmueble objeto del proceso.<\/font><\/font><\/p>\n

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10. El promotor considera que se vulneraron los derechos invocados con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida en el juicio cuestionado, pues fue ordenado el lanzamiento, pese a que no tiene lugar en donde vivir, le causan da\u00f1os psicol\u00f3gicos ya que ha habitado ah\u00ed durante cuarenta a\u00f1os y qued\u00f3 en la calle con su hijo de 21 a\u00f1os, adem\u00e1s que si bien en el proceso se orden\u00f3 la entrega del predio que pertenec\u00eda a su hermana, con el fallecimiento de ella tiene el derecho a que se le respete la posesi\u00f3n hasta que se le indique en la sucesi\u00f3n lo que le corresponde, pero no cuenta con recursos econ\u00f3micos para iniciar dicho juicio.<\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Por auto del 9 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a los accionados y vincular <\/font><\/font><\/font>a Adolfo Su\u00e1rez Espitia, al curador ad litem de Mar\u00eda Dolores Su\u00e1rez Espitia y a Jairo Andr\u00e9s Su\u00e1rez Mateus.<\/font><\/font> [Folios 14 a 16, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>2. <\/font><\/font><\/font>Dentro de la oportunidad concedida, el <\/font><\/font><\/font>Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama indic\u00f3 que el demandado fue debidamente notificado pero no contest\u00f3 la demanda ni le otorg\u00f3 poder a profesional de derecho alguno, que el proceso surti\u00f3 todas las etapas legales, incluso en dos ocasiones en la audiencia de conciliaci\u00f3n, el actor se comprometi\u00f3 a hacer la entrega real y material del inmueble por lo que se suspendi\u00f3 el proceso, pero como no dio cumplimiento a lo acordado se continu\u00f3 con el tr\u00e1mite, que el accionante vendi\u00f3 los derechos que ten\u00eda sobre el predio a Edith Cecilia Guatibonza, que en el juicio no hay prueba que indique que Mar\u00eda Dolores Su\u00e1rez falleci\u00f3, que no formul\u00f3 recurso frente a la sentencia proferida, que al adelantarse la diligencia de entrega no hubo oposici\u00f3n alguna, que el fallo emitido est\u00e1 debidamente sustentado en el marco legal, jurisprudencial, en la doctrina y en las pruebas, y que no se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho. <\/font><\/font> <\/p>\n

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El Juzgado Tercero Civil Municipal de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 al cumplimiento del comisorio, el que una vez diligenciado fue devuelto al despacho de origen. <\/font><\/font> <\/p>\n

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Adolfo Su\u00e1rez Espitia, vinculado al presente tr\u00e1mite, refiri\u00f3 que no era cierto que su hermano hubiese vivido en el predio por 40 a\u00f1os, que adelant\u00f3 el proceso respetando todas las garant\u00edas, en su calidad de curador de su fallecida hermana pues necesitaba el inmueble, que lo \u00fanico que hizo fue defender los derechos de su hermana, y que las peticiones del actor no est\u00e1n llamadas a prosperar.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. En sentencia de 20 de noviembre de 2015, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo deneg\u00f3 el amparo al considerar que el despacho cumpli\u00f3 con el debido proceso, pues el actor fue debidamente notificado pero no ejerci\u00f3 su derecho de defensa, en la audiencia de conciliaci\u00f3n renunci\u00f3 a sus derechos al acceder a la entrega voluntaria del bien, y durante la restituci\u00f3n del bien, no hubo oposici\u00f3n alguna, lo que determin\u00f3 legalmente la imposibilidad de pretender posteriormente y fuera de los t\u00e9rminos legales la posesi\u00f3n que aspira que se le proteja, por lo que era improcedente el resguardo ya que el gestor fue vencido en un juicio justo, en el que tuvo la oportunidad de oponerse, pero como no lo hizo perdi\u00f3 toda oportunidad legal. <\/font><\/font> <\/p>\n

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4. <\/font><\/font>Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3 sin manifestar los motivos de su inconformidad [Folio 55, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00ab<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de<\/font><\/font> \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb<\/i><\/font><\/font>, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00ab<\/font><\/font>mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb<\/i><\/font><\/font>, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00ab<\/font><\/font>en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font> <\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el actor cont\u00f3 con otros mecanismos al interior del tr\u00e1mite del que deriva su queja, a fin de conseguir lo pretendido, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios, que en su momento no emple\u00f3 para proteger las garant\u00edas constitucionales cuya protecci\u00f3n reclama. <\/font><\/font> <\/p>\n

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En efecto, del planteamiento de la queja, surge claro que la determinaci\u00f3n que se se\u00f1ala como vulneradora de sus derechos,<\/font><\/font> es la sentencia que profiri\u00f3 el estrado judicial accionado y la consecuente orden de entrega del inmueble. Sin embargo, se advierte que el actor pese a estar notificado, no contest\u00f3 la demanda, no formul\u00f3 excepciones, no asisti\u00f3 a la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y tampoco interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo que dice le produce agravio. <\/font><\/font> <\/p>\n

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Deviene entonces, ostensible que si el peticionario de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 correctamente los mecanismos de defensa contemplados por el ordenamiento adjetivo respecto de las determinaciones que considera transgresoras de sus garant\u00edas fundamentales, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimirse por el juez de conocimiento a trav\u00e9s de los medios que dej\u00f3 de formular.<\/font><\/font><\/p>\n

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La acci\u00f3n de tutela \u2013 se reitera- est\u00e1 destinada a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo proceso no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como una herramienta apta para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la resoluci\u00f3n de las controversias judiciales.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. Sumado a lo anterior, resulta oportuno recordar respecto de la diligencia de entrega que:<\/font><\/font><\/p>\n

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(\u2026) <\/i><\/font><\/font>\u2018<\/i><\/font><\/font>en principio (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01) <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 13 may. 2011, rad. <\/font><\/font>00119-01). <\/font><\/font> <\/p>\n

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4. Finalmente, respecto de la manifestaci\u00f3n del gestor de que no cuenta con recursos econ\u00f3micos para promover el juicio de sucesi\u00f3n de su hermana Mar\u00eda Dolores Su\u00e1rez, por lo que debe respetarse su posesi\u00f3n hasta que se decida al respecto, se advierte que para el efecto el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 el amparo de pobreza, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 160 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y siguientes. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. Por consiguiente, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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