{"id":97516,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97516\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97516","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97516\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC874-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b068001-22-13-000-2015-00792-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dos de diciembre de dos mil quince por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Patricia Sep\u00falveda Fonseca, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a Mar\u00eda Cristina Sep\u00falveda Fonseca.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La promotora solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo mediante el que se decret\u00f3 como prueba anticipada una inspecci\u00f3n judicial sobre el inmueble objeto del juicio atacado. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene al accionado dejar sin efectos el aparte del auto de 16 de octubre de 2015 concerniente al decreto y pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial del inmueble objeto del contrato materia de discusi\u00f3n, que se exhorte a dicho juzgador para que en lo sucesivo tenga en cuenta las directrices normativas que regulan el decreto y pr\u00e1ctica probatoria en el proceso oral de la Ley 1395 de 2010, y que se le advierta sobre la subsidiariedad de la inspecci\u00f3n judicial. <\/font><\/font> <\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Mar\u00eda Cristina Sep\u00falveda Fonseca<\/font><\/font> <\/font><\/font>promovi\u00f3 un proceso ordinario de simulaci\u00f3n de contrato en contra de la accionante. <\/font><\/font> <\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, despacho que el 4 de junio de 2015 admiti\u00f3 la demanda y decret\u00f3 como medida cautelar la inscripci\u00f3n de la demanda sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 300-163450.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. La peticionaria contest\u00f3 el libelo, en el que se opuso a las pretensiones, formul\u00f3 las excepciones de <\/font><\/font>\u00abausencia de los elementos configurantes de la simulaci\u00f3n contractual\u00bb, \u00abprueba del pago del precio pactado en el contrato de compraventa\u00bb, \u00abrealizaci\u00f3n p\u00fablica, continua e ininterrumpida de actos de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb, <\/i><\/font><\/font>y como subsidiaria<\/font><\/font> \u00abla gen\u00e9rica o ecum\u00e9nica<\/i><\/font><\/font>\u00bb, e indic\u00f3 frente a las pruebas solicitadas por el extremo actor que se deb\u00edan rechazar por impertinentes, in\u00fatiles e ineficaces, en especial, la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. Mediante auto de 16 de octubre de 2015 el estrado accionado, resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que interpuso contra la medida cautelar decretada, fij\u00f3 el 2 de diciembre de 2015 para llevar a cabo la audiencia de que tratan los art\u00edculos 430 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y dispuso la pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n judicial en el inmueble objeto del proceso, la que program\u00f3 para el 24 de noviembre de 2015.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. La accionante recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la aludida decisi\u00f3n respecto de la inspecci\u00f3n judicial, aduciendo que no era el momento procesal para decretar pruebas, ya que la oportunidad es la audiencia del 432 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y adem\u00e1s, dicha normatividad, imped\u00eda que se decretara una inspecci\u00f3n judicial para los prop\u00f3sitos que la parte pretende, pues pod\u00eda comprobar sus pretensiones a trav\u00e9s de prueba documental y confesi\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. El mencionado recurso no ha sido resuelto. <\/font><\/font> <\/p>\n

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7. La peticionaria considera que se vulner\u00f3 el derecho invocado con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo mediante el cual se dispuso la pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n judicial sobre el inmueble objeto del proceso, previo a la audiencia de que trata el art\u00edculo 432 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues el procedimiento aplicable es el previsto en la Ley 1395 de 2010 que indica que el decreto probatorio debe hacerse en dicha audiencia, pues de lo contrario se pretermitir\u00edan etapas procesales; adem\u00e1s que las pruebas anticipadas solo pueden ordenarse a petici\u00f3n de parte, por lo que no es una prerrogativa del juez decretarlas de oficio, que no se analiz\u00f3 que dicho medio de convicci\u00f3n no era conducente ni pertinente para determinar la ubicaci\u00f3n, linderos y ubicaci\u00f3n del bien, pues los id\u00f3neos son el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y la confesi\u00f3n de la demandada, y que no se tuvo en cuenta que dicha prueba es subsidiaria de acuerdo al art\u00edculo 432<\/font><\/font> \u00eddem<\/i><\/font><\/font>, pues debe ir acompa\u00f1ada de la manifestaci\u00f3n de que no se puede aportar una videograbaci\u00f3n, lo que no hizo la demandante y por ende, tampoco pod\u00eda ser ordenada. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Por auto de 20 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar al accionado y vincular a<\/font><\/font><\/font> Mar\u00eda Cristina Sep\u00falveda Fonseca.<\/font><\/font> [Folios 37 y 38, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>2. <\/font><\/font><\/font>Dentro de la oportunidad concedida, el <\/font><\/font><\/font>Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga indic\u00f3 que la accionante pretende mediante esta acci\u00f3n obtener un pronunciamiento de fondo respecto del recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 frente al auto de 16 de octubre de 2015, por lo que no cumple con los presupuestos de tutela, que todas las actuaciones se han surtido dentro del marco legal exigido, sin que exista un argumento para invalidar lo actuado, y que no ha desconocido los derechos fundamentales de la peticionaria. <\/font><\/font> <\/p>\n

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El apoderado en el proceso de la demandante, se\u00f1al\u00f3 que en la demanda solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial, que el estrado acusado no actu\u00f3 sin sustento legal, que no se observa transgresi\u00f3n alguna, que la actora pretende entorpecer el proceso, que dicho medio de convicci\u00f3n es necesario para esclarecer parte de los hechos, concretamente, que el inmueble no ha sido objeto de reformas distintas a las realizadas por el extremo activo, y que la gestora realiza interpretaciones ama\u00f1adas a sus intereses. <\/font><\/font> <\/p>\n

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3. En sentencia de 2 de diciembre de 2015, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el auto de 16 de octubre de 2015 cuestionado, no se encuentra en firme, pues la actora formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, el que est\u00e1 pendiente de resolver, adem\u00e1s no procede el resguardo como mecanismo transitorio, ya que no obra prueba que demuestre que con la decisi\u00f3n adoptada se cause un perjuicio irremediable que amerite la protecci\u00f3n inmediata. <\/font><\/font> <\/p>\n

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4. <\/font><\/font>Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la peticionaria la impugn\u00f3 para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial e indic\u00f3 que el hecho de que el recurso no haya sido resuelto, no es \u00f3bice para conceder el resguardo, pues ante \u00ab<\/font><\/font>tama\u00f1o defecto procedimental<\/i><\/font><\/font>\u00bb, la tutela se hac\u00eda ineludible [Folios 80 y 81, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201c<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u201d, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

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En concordancia con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, fij\u00f3 las causales de improcedencia, entre las que se resalta la existencia de<\/font><\/font> \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Se estructur\u00f3 as\u00ed una de las caracter\u00edsticas que debe estar presente para la prosperidad de la solicitud de amparo, esto es, su car\u00e1cter subsidiario o residual, pues la tutela s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legal dise\u00f1ado para ser utilizado mediante las v\u00edas ordinarias.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de esta instancia, los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que la actora cuenta con otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya conculcaci\u00f3n aleg\u00f3.<\/font><\/font><\/p>\n

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En efecto, la accionante pretende principalmente que por v\u00eda de la acci\u00f3n constitucional se ordene dejar sin efectos lo concerniente al decreto y pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n judicial sobre el inmueble objeto del contrato materia de discusi\u00f3n, dispuesto en el auto de 16 de octubre de 2015. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, de la revisi\u00f3n del expediente, se advierte que la accionante recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y que actualmente se encuentra pendiente de resolver dicho recurso, <\/font><\/font>por lo que <\/font><\/font><\/font>no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que a\u00fan corresponde dirimir al juez natural, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley, ni para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Al respecto ha manifestado la Corte Constitucional que <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>la tutela no converge con las v\u00edas judiciales ordinarias previstas por el legislador y, por tanto, para el interesado no es discrecional escoger entre aquellas y el amparo constitucional. Los medios ordinarios ser\u00e1n la v\u00eda principal y directa para la discusi\u00f3n del derecho y la acci\u00f3n de tutela s\u00f3lo operar\u00e1 como mecanismo subsidiario y excepcional para la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas constitucionales fundamentales que no tengan otro medio de resguardo<\/i><\/font><\/font>\u00bb (<\/font><\/font>Sentencia T-510 de 2006)<\/font><\/font>. <\/font><\/font> <\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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