{"id":97525,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-182\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"corte-suprema-de-justicia-182","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-182\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC899-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2015-00414-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de<\/font><\/font> tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de noviembre de 2015 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela promovida por M. P. J., en representaci\u00f3n de su hija menor de edad XXX, contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial encausada, al no emitir sentencia de primera instancia, pese a que orden\u00f3 correr traslado para alegar de conclusi\u00f3n desde junio de 2013.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ordene al juzgado accionado emitir el fallo correspondiente. [Folio 3, c. 1] <\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 29 de enero de 2010 la tutelante, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad XXX, present\u00f3 demanda ordinaria de responsabilidad civil m\u00e9dica contra la Fundaci\u00f3n Cl\u00ednica Universitaria San Juan de Dios.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. De dicho asunto le correspondi\u00f3 conocer, por reparto, al Juzgado Primero Laboral de Cartagena, autoridad que admiti\u00f3 la demanda el 4 de marzo de 2010 y le imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. Encontr\u00e1ndose el juicio en la etapa probatoria, con ocasi\u00f3n de las medidas de descongesti\u00f3n dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura en Acuerdo No. PSAA11-8996 de 2011, por auto de 12 de enero de 2012 el diligenciamiento fue remitido a la oficina judicial para que fuera repartido entre los Juzgados Laborales de Descongesti\u00f3n, siendo asignado al Segundo Laboral de esa categor\u00eda de Cartagena, autoridad que avoc\u00f3 su conocimiento el 3 de febrero del mismo a\u00f1o.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2012 el Juzgado de Descongesti\u00f3n en menci\u00f3n, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, envi\u00f3 el proceso a la oficina judicial de reparto para que fuera asignado a los Jueces Civiles del Circuito de Cartagena.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. El asunto fue repartido al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad, aqu\u00ed encausado, autoridad que el 11 de junio de 2013 corri\u00f3 traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. De manera insistente, los d\u00edas 30 de septiembre y 13 de noviembre de 2013, 24 de enero, 4 de abril, 21 y 30 de julio de 2014, 27 de marzo, 10 de abril, 21 de mayo, 17 de julio, 3 de agosto, 9 y 11 de septiembre 2015, la parte demandante puso de presente al Juzgado acusado que deb\u00eda dictar sentencia al no existir ninguna actuaci\u00f3n pendiente en el asunto, pero \u00e9ste ni siquiera fue incluido en el listado de procesos ingresados al despacho para tal efecto, del que trata el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. <\/font><\/font>En criterio de la peticionaria, se le est\u00e1n vulnerando sus derechos fundamentales porque desde el 11 de junio de 2013 se corri\u00f3 traslado a las partes para alegar y a la fecha no se ha proferido la sentencia que ponga fin a la primera instancia. [Folios 1 y 2, c. 1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 11 de noviembre de 2015 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 20, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena indic\u00f3 que en el asunto fustigado el 11 de junio de 2013 corri\u00f3 traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n y el 6 de agosto siguiente reconoci\u00f3 personer\u00eda a la nueva abogada de la entidad demandada, y que desde esa data \u00ab<\/font><\/font>se encontraba el expediente para ser ingresado al Despacho para que se dicte sentencia, a lo cual [procedi\u00f3] en la fecha del presente informe [esto es el 17 de noviembre de 2015] mediante fijaci\u00f3n en lista de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 124 del C. de P.C.<\/i><\/font><\/font>\u00bb, \u00ab<\/font><\/font>solo a ra\u00edz de la tutela<\/i><\/font><\/font>\u00bb, relievando que el d\u00eda 6 de los mismos mes y a\u00f1o ingresaron al Despacho para tal efecto un total de 12 procesos de m\u00e1s antig\u00fcedad que aqu\u00e9l.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que la carga laboral de esa sede judicial es excesiva; que estuvo incapacitada medicamente del 20 al 24 de enero del a\u00f1o 2015 y del 28 al 30 de los mismos mes y a\u00f1o; que en dicha anualidad, por diferentes motivos administrativos, han estado suspendidos los t\u00e9rminos procesales en ese Despacho, a saber, del 29 de enero al 7 de febrero, del 16 al 26 de marzo y del 26 de octubre al 4 de noviembre; as\u00ed mismo, que para el 10 de abril de 2015 le fue conferida comisi\u00f3n de servicios para asistir a un curso de actualizaci\u00f3n; a m\u00e1s que deb\u00eda observarse el desbordante n\u00famero de acciones de tutela que a lo largo de ese a\u00f1o se tramitaron y que ese Juzgado debi\u00f3 recibir m\u00e1s de 500 procesos de su hom\u00f3logo Cuarto Civil del Circuito, en cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de Bol\u00edvar mediante Acuerdos PSAA15-10300 y 0044, respectivamente. [Folios 25 a 27, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. <\/font><\/font>En fallo de 24 de noviembre de 2015 el Tribunal Superior de Cartagena deneg\u00f3 el resguardo al concluir que si bien hab\u00edan pasado m\u00e1s de dos a\u00f1os desde el momento en que se corri\u00f3 traslado para alegar de conclusi\u00f3n a las partes, sin que se hubiera enlistado el asunto para sentencia, lo cierto era que como ese acto se produjo el 17 de noviembre de 2015, se configuraba un hecho superado, pues, \u00ab<\/font><\/font>finalmente y pese a la palmaria tardanza secretarial, esencialmente se ejecut\u00f3 el paso al despacho del Juez, del referido proceso, a partir del cual comienzan a correr los t\u00e9rminos para fallar<\/i><\/font><\/font>\u00bb; relievando, tras memorar las exculpaciones del regente de la sede judicial acusada, que \u00e9ste hab\u00eda justificado razonablemente la tardanza en dictar sentencia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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No obstante, advirti\u00f3 que no aparec\u00eda excusada v\u00e1lidamente la demora de la Secretar\u00eda en punto al ingreso del asunto al despacho para dictar sentencia, por lo cual conmin\u00f3 al Juez a realizar las indagaciones pertinentes a fin de establecer la raz\u00f3n de tal retraso. [Folios 31 a 36, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4.<\/font><\/font> La accionante, inconforme con la anterior decisi\u00f3n, la impugn\u00f3 sin exponer el motivo de su disidencia. [Vuelto Folio 36, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. En<\/font><\/font> el presente asunto la accionante finca su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha emitido sentencia de primera instancia, a pesar de que corri\u00f3 traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n desde junio del a\u00f1o 2013.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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R<\/font><\/font>especto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir, \u00ab<\/font><\/font>aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019<\/i><\/font><\/font>\u00bb. (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Resaltando que:<\/font><\/font><\/p>\n

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\u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011 01853-00)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. <\/font><\/font>De la revisi\u00f3n del informe suministrado por la sede judicial criticada, cuya morosidad se reclama, <\/font><\/font>se advierte que debe concederse la protecci\u00f3n constitucional demandada, porque las razones que esgrime el funcionario judicial no justifican la tardanza en dictar la sentencia que por medio de esta queja se solicita se ordene proferir, como tampoco se encuentra de las pruebas allegadas que existan un motivo o raz\u00f3n para la conducta omisiva del mismo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Ciertamente, al auscultar lo expresado por la autoridad judicial querellada y del examen de las copias de las actuaciones allegadas a este tr\u00e1mite respecto al juicio cuestionado, se observa que desde que el proceso debi\u00f3 ingresar al Despacho para sentencia, esto es, una vez fenecido el t\u00e9rmino del traslado dispuesto en el auto de 11 de junio de 2013, y el momento en que el asunto fue incluido para ese efecto en el listado de que trata el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a saber, el 17 de noviembre de 2015, destacando que esto se produjo, como lo reconoce el encausado, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela del ep\u00edgrafe; transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os, lapso de tiempo que, sin duda alguna, resulta desproporcionado, sin que se encuentre justificaci\u00f3n v\u00e1lida alguna para dicha gesti\u00f3n procesal tard\u00eda.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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A<\/font><\/font>hora, observa la Corte que no puede considerarse que exista una hecho superado de cara a la demanda de tutela formulada por la accionante, pues el hecho de que el proceso fuera incluido en el listado de los asuntos que est\u00e1n al despacho para emitir sentencia no atiende su s\u00faplica concreta, la cual no es otra que obtener el fallo que ponga fin a la primera instancia, cuya emisi\u00f3n se ha visto retrasada desde junio de 2013, esto es, por m\u00e1s de dos a\u00f1os, especialmente porque la Secretar\u00eda de ese Juzgado omiti\u00f3 proceder conforme al art\u00edculo 404 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual ense\u00f1a que \u00ab<\/font><\/font>[<\/i><\/font><\/font>v]encido el t\u00e9rmino del traslado para alegar, el secretario inmediatamente pasar\u00e1 el expediente al despacho para que se dicte sentencia<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Debe <\/font><\/font>destacarse que si bien, en principio, no podr\u00eda asegurarse que la emisi\u00f3n de la sentencia reclamada estuviere pendiente desde la data aludida a espacio, puesto que para entonces el proceso no hab\u00eda sido registrado en el pluricitado listado de que trata el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil<\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font>, igualmente se muestra incuestionable que ello se debi\u00f3 a la mora de la Secretar\u00eda del Juzgado criticado en proceder conforme a tal aparte normativo, en concordancia con el referido art\u00edculo 404 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>, descuido que en modo alguno puede volverse en disfavor de las partes, m\u00e1xime cuando, como aqu\u00ed qued\u00f3 demostrado, la accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, reiteradamente deprec\u00f3 a esa sede judicial continuar con el tr\u00e1mite correspondiente, mediante memoriales radicados <\/font><\/font>los d\u00edas 30 de septiembre y 13 de noviembre de 2013, 24 de enero, 4 de abril, 21 y 30 de julio de 2014, 27 de marzo, 10 de abril, 21 de mayo, 17 de julio, 3 de agosto, 9 y 11 de septiembre 2015, <\/font><\/font>sin recibir ninguna soluci\u00f3n a su problem\u00e1tica.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Frente al particular, en asuntos con aristas similares al aqu\u00ed cuestionado, en el que la tardanza en los tr\u00e1mites a cargo de las secretar\u00edas de los juzgados se ha invocado como justificaci\u00f3n para la demora en las actuaciones de \u00e9stos, esta Sala ha sostenido que ello no resulta v\u00e1lido para excusar tal dilaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En efecto, en un caso con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed estudiado, dejo dicho la Corporaci\u00f3n que:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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(\u2026) la tardanza en la resoluci\u00f3n del recurso planteado al interior del proceso <\/i><\/font>1995-05051 <\/b><\/i><\/font>no resulta excusada por el error en que incurri\u00f3 la Secretar\u00eda de la Oficina de Ejecuci\u00f3n consistente en pasar a la letra el expediente el 22 de junio de 2014, cuando lo correcto era entrarlo al despacho para que fuera desatada tal reposici\u00f3n, ingreso que ocurri\u00f3 el 17 de octubre siguiente (fl. 9, cdno. 1), pues, en verdad, esa falta de diligencia no puede endilgarse al usuario de la administraci\u00f3n de justicia, como lo hizo el a-quo, m\u00e1xime cuando constituye una contravenci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 107 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en cuanto a que el secretario debe pasar al despacho de manera inmediata, junto con el expediente, las solicitudes que requieren decisi\u00f3n.<\/i><\/font> <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Luego, entonces, encuentra la Sala que el juez querellado<\/font><\/font> desconoci\u00f3 los deberes que le imponen los numerales 1\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil<\/font><\/font>2<\/a><\/font><\/font>, en concordancia con el art\u00edculo 404 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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4. En ese orden de ideas, la inclusi\u00f3n del asunto <\/font><\/font>en el listado de que trata el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y que el juzgado accionado remiti\u00f3 en el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n, para el 17 de noviembre de 2015, cuando ello debi\u00f3 acaecer desde junio del a\u00f1o 2013, configura una irregularidad notoria que por supuesto afecta el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la accionante e impide concluir que en este asunto constitucional se presente un hecho superado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Lo anterior porque a pesar de que desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os el proceso debi\u00f3 ingresar al Despacho para la emisi\u00f3n de la sentencia correspondiente y, no obstante, las m\u00faltiples solicitudes de la quejosa en ese sentido, las que nunca fueron atendidas; ello se produjo s\u00f3lo hasta finales del a\u00f1o pasado, manteniendo en el tiempo la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas aqu\u00ed invocadas, porque persiste la dilaci\u00f3n en la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n que demanda la inconforme.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se establece<\/font><\/font>, sin asomo de duda, que el juicio de responsabilidad civil que promovi\u00f3 la accionante no debe estar en la \u00faltima casilla de los procesos ingresados para sentencia en el mes de noviembre de 2015, sino que, por el contrario, debe relacionarse en el primer turno, conforme a la fecha en que realmente debi\u00f3 ingresar al despacho para tal efecto, esto es, una vez culminado el t\u00e9rmino de ocho d\u00edas que en auto de 11 de junio de 2013 se concedi\u00f3 a las partes para alegar de conclusi\u00f3n, pues lo contrario quebrantar\u00eda sus garant\u00edas de primer orden porque adem\u00e1s de aguardar durante m\u00e1s de dos a\u00f1os para que se incluyera el asunto en el listado de procesos que est\u00e1n para sentencia, ahora tendr\u00eda que esperar otro t\u00e9rmino adicional para obtener la decisi\u00f3n encomendada a la administraci\u00f3n de justicia, sin que en este excepcional asunto exista una justificaci\u00f3n v\u00e1lida que le imponga esa carga desproporcionada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por tanto, en el presente caso era indispensable conceder el amparo constitucional, a pesar de que el funcionario accionado pretendi\u00f3 justificar su mora en fallar, porque si bien es cierto esta Corte no desconoce la congesti\u00f3n que soporta la Rama Judicial y de la que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena no es ajeno, de todas formas no es \u00f3bice para que emita el pronunciamiento de fondo frente al proceso que instaur\u00f3 la accionante, el que como qued\u00f3 visto, debi\u00f3 ingresar al despacho para tal efecto desde junio de 2013.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5<\/font><\/font>. <\/font><\/font>Por las anteriores razones se impone acceder a la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, cuya protecci\u00f3n solicit\u00f3 la actora en su l\u00edbelo, por lo que se revocara la decisi\u00f3n de primer grado para, en su lugar, conceder el resguardo reclamado, ordenando al <\/font><\/font>Juzgado acusado que proceda a enlistar el proceso objeto de queja constitucional en el turno que le corresponde, conforme a la fecha real en que debi\u00f3 ingresarse al despacho para la emisi\u00f3n de sentencia, esto es, una vez fenecido el t\u00e9rmino de traslado concedido en auto de 11 de junio de 2013, m\u00e1xime <\/font><\/font>cuando se evidencia que <\/font><\/font>el caso sometido a su consideraci\u00f3n –<\/font><\/font>un proceso ordinario de responsabilidad civil m\u00e9dica-<\/i><\/font><\/font>no reviste un grado de complejidad que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>explique la tardanza en la definici\u00f3n del asunto, ya que versa sobre un tema ilustrado ampliamente a nivel doctrinal y jurisprudencial.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>REVOCA <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada y, en su lugar, <\/font><\/font>AMPARA <\/b><\/font><\/font>los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la menor de edad XXX, representada por su progenitora M. P. J..<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, <\/font><\/font>se<\/font><\/font> ORDENA<\/b><\/font><\/font> <\/font><\/font>al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena <\/font><\/font>que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, <\/font><\/font>proceda a enlistar el proceso objeto de queja constitucional en el turno que le corresponde, conforme a la fecha real en que debi\u00f3 ingresar al despacho para sentencia, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente decisi\u00f3n judicial.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\n

1<\/a> \u00abEn lugar visible de la secretar\u00eda deber\u00e1n fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicaci\u00f3n de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella<\/i>\u00bb.<\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

2<\/a> <\/i><\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>ART\u00cdCULO 37. DEBERES DEL JUEZ.<\/i><\/font><\/font>\u00a0<\/i><\/font><\/font>Son deberes del juez:<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y procurar la mayor econom\u00eda procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

(\u2026)<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

6. Dictar las providencias dentro de los t\u00e9rminos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelaci\u00f3n legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

(\u2026)<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

PAR\u00c1GRAFO<\/b><\/i><\/font><\/font>. La violaci\u00f3n de los deberes de que trata el presente art\u00edculo constituye falta que se sancionar\u00e1 de conformidad con el respectivo r\u00e9gimen disciplinario<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

14<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC899-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2015-00414-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97525","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97525","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97525"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97525\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}