{"id":97529,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-186\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"corte-suprema-de-justicia-186","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-186\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado Ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC905-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-02281-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de tres<\/font><\/font> de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el tres de diciembre dos mil quince por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Katerine Sabata Triana contra las Fiscal\u00edas 179 Seccional – Unidad de Delitos de Indagaci\u00f3n e Instrucci\u00f3n de Ley 600 de 2000, actualmente 138 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito y 43 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a todas las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

En el libelo introductorio, la accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, dignidad y acceso a la justicia que considera vulnerados por las autoridades accionadas, porque omitieron notificarle la resoluci\u00f3n fechada 27 de febrero de 2014 que resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del imputado y decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el delito de Acto Sexual con Menor de catorce a\u00f1os. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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En consecuencia, pretende <\/font><\/font>se ordene a la Fiscal\u00eda accionada decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la resoluci\u00f3n que decidi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del sindicado Nelson William Montes Lizarazo, por cuanto no le fue notificada y por consiguiente le impidi\u00f3 interponer los recursos de ley, aunado a que no se pronunci\u00f3 respecto del delito de acceso carnal violento y tampoco fue notificada de la demanda de parte civil. [Folio 9, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Manifiesta la accionante que naci\u00f3 el primero de diciembre de 1988 y que cuando ten\u00eda diez a\u00f1os de edad fue v\u00edctima de tocamientos sexuales por parte del seminarista Nelson William Montes Lizarazo, los cuales se suspendieron por ausencia del victimario pero que se reiniciaron cuando la actora ten\u00eda 13 a\u00f1os, momento en que fue accedida carnal y violentamente, quedando en estado de embarazo en febrero de 2004. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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2. Que por tales hechos, la tutelante present\u00f3 denuncia el 15 de abril de 2011 por los delitos de Acceso Carnal Abusivo con menor de catorce a\u00f1os y Actos Sexuales Diversos de Acceso Carnal con menor de catorce a\u00f1os contra el ahora sacerdote, asunto que le correspondi\u00f3 a la fiscal\u00eda 226 de la Unidad de Delitos contra la Libertad, la Integridad y Formaci\u00f3n Sexual. [Folios 15-24,c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. El 7 de octubre de ese a\u00f1o, el ente acusador solicit\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal la pr\u00e1ctica de valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica y\/o psicol\u00f3gica forense a la actora, la cual se hizo efectiva el 24 de mayo de 2012. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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4. Posteriormente el caso fue reasignado a la fiscal\u00eda 179 Seccional y por resoluci\u00f3n fechada 13 de abril de ese a\u00f1o se decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n a favor del sindicado sin que se hubiese valorado el dictamen y no se le notific\u00f3 la decisi\u00f3n a la actora. [Folios 25-29, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5. Expresa que por tal irregularidad interpuso acci\u00f3n de tutela, la cual le fue favorable el 27 de junio de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad y por consiguiente la Fiscal\u00eda instructora en cumplimiento a lo ordenado decret\u00f3 la nulidad de la decisi\u00f3n fechada 13 de abril y prosigui\u00f3 con la instrucci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, constituy\u00e9ndose la tutelante en parte civil. [Folios 40-47,c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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6. El 27 de febrero de 2014 la fiscal\u00eda resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del implicado donde se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y prescribi\u00f3 la acci\u00f3n penal respecto del delito de acto sexual con menor de 14 a\u00f1os agravado, tras considerar que \u00ab<\/font><\/font>se crea un manto de duda ya que obra al proceso un inmenso material fotogr\u00e1fico que nos demuestra que sindicado y victima sosten\u00edan una relaci\u00f3n (\u2026) nos hemos dado cuenta que este se\u00f1or ha comparecido a esta investigaci\u00f3n las veces que la Fiscal\u00eda lo ha citado y vemos que en estos momentos este se\u00f1or est\u00e1 ubicado en su domicilio y hasta este momento no existe riesgo alguno de que este se\u00f1or pueda ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>.\u00bb. [Folios 65-70, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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7. La anterior determinaci\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n por parte del Ministerio P\u00fablico, la cual fue confirmada por la Fiscal\u00eda 43 Delegada ante el Tribunal Superior de esta ciudad el 9 de septiembre de 2015.[Folios 76-84,c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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8. El 5 de octubre siguiente el ente acusador cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n y actualmente el proceso se encuentra a disposici\u00f3n de las partes para alegatos precalificatorios.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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9. En criterio de la peticionaria del amparo, se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto no fue notificada de la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de su denunciado a la direcci\u00f3n obrante en la actuaci\u00f3n y por tanto no tuvo la oportunidad de presentar alegatos para controvertir la determinaci\u00f3n, siendo por tanto procedente que se ordene la declaratoria de la nulidad a partir del prove\u00eddo fechado 27 de febrero de 2014. [Folios 2-12, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 23 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 <\/font><\/font> la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 correr traslado a las autoridades accionadas y<\/font><\/font><\/font> se dispuso vincular a los dem\u00e1s intervinientes, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/font><\/font>[Folio 96-97 c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. La Fiscal\u00eda 43 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la Fiscal\u00eda 179 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta ciudad por encontrarla ajustada a la legalidad y al acervo probatorio recaudado en la investigaci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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De igual forma indic\u00f3 que si la inconformidad radica en no haberse notificado la resoluci\u00f3n fechada 27 de febrero de 2014 a la actora, lo cual no puede ser objeto de amparo constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, hasta tanto no sea reclamado ante el funcionario de instancia en atenci\u00f3n a la condici\u00f3n eminentemente excepcional y residual de este mecanismo. [Folios 102-103, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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El apoderado del procesado manifest\u00f3 que le sorprende las manifestaciones efectuadas por la actora en su escrito de tutela por cuanto dentro de la actuaci\u00f3n se estableci\u00f3 que realmente existi\u00f3 entre la denunciante y el denunciado un v\u00ednculo sentimental, donde las relaciones sexuales comenzaron luego de que la tutelante cumpliera los quince a\u00f1os de edad, de ah\u00ed que el fallo que se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento al implicado se encuentra ajustado a derecho. [Folio 118, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Finalmente, la Fiscal\u00eda 138 de la Unidad \u2013 Ley 600 de 2000 – Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta ciudad, se\u00f1al\u00f3 que la resoluci\u00f3n de situaci\u00f3n jur\u00eddica que es objeto de tutela, fue impugnada por el ministerio p\u00fablico y por tanto confirmada por la segunda instancia, motivo por el cual esa fiscal\u00eda dispuso el cierre de la investigaci\u00f3n el 5 de octubre de 2015 y actualmente el proceso se encuentra a disposici\u00f3n de las partes para alegatos precalificatorios. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Que para la notificaci\u00f3n de la citada determinaci\u00f3n, se libr\u00f3 telegrama el 3 de marzo de 2014 dirigido a la apoderada de la actora pero como no compareci\u00f3 se fij\u00f3 el correspondiente estado. [Folios 90-91]<\/font><\/font><\/p>\n

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3. En sentencia de 3 de diciembre de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo por considerar que no obra elemento de convicci\u00f3n en el sentido que la parte actora hubiese acudido ante la autoridad para solicitar la nulidad del tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n tras considerar que se presentaron deficiencias en dicho procedimiento, medio de defensa id\u00f3neo y eficaz para la protecci\u00f3n de los derechos que se dicen fueron comprometidos. [Folios 120-130,c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4.<\/font><\/font> Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la tutelante la impugn\u00f3, tras reiterar los hechos expuestos en su libelo y se\u00f1al\u00f3 que el telegrama emitido por la fiscal\u00eda para efectos de notificaci\u00f3n fue enviado a una direcci\u00f3n equivocada y en consecuencia se debe declarar la nulidad deprecada. [Folios 137-138, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201c<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u201d, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. <\/font><\/font>En el caso que es objeto de estudio, se advierte que la accionante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial, para propender por la protecci\u00f3n de sus derechos que ahora estima vulnerados, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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En efecto, es claro que al encontrarse en curso la investigaci\u00f3n penal que se adelanta en contra de Nelson William Montes Lizarazo, la actora <\/font><\/font>para remediar las presuntas vulneraciones que asevera se presentaron por parte de las Fiscal\u00edas Seccional 179 de la Unidad de Ley 600, actualmente 138 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito y 43 Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, puede reclamar directamente, ante el funcionario competente para que examine si fueron conculcadas sus garant\u00edas fundamentales respecto a su no notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n fechada 27 de febrero de 2014 <\/font><\/font>que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra su denunciado y decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el delito de Acto Sexual con menor de catorce a\u00f1os agravado, as\u00ed tambi\u00e9n respecto a la notificaci\u00f3n de la demanda de parte civil. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Sin embargo, se encuentra, que la tutelante no ha presentado los argumentos en los que funda la acci\u00f3n excepcional, ante la Fiscal\u00eda accionada, de ah\u00ed, que se torne improcedente el amparo solicitado, porque es al interior del proceso que la promotora de la tutela tiene la oportunidad de esbozar las quejas que por esta v\u00eda expone y no puede pretender que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela incoada, el juez constitucional se anticipe a la decisi\u00f3n del funcionario competente. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que el amparo constitucional es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender instituido como un mecanismo que permita desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. Por consiguiente, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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