{"id":97545,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-193\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"corte-suprema-de-justicia-193","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-193\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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<\/p>\n

Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC945-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2015-02956-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de tres<\/font><\/font> de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dos de diciembre de dos mil quince por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Ruth Lozano Garc\u00eda frente a los Juzgados Diecisiete Civil del Circuito y Cuarenta y Uno Civil Municipal del mismo Distrito Judicial, tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a todos los intervinientes en el proceso ejecutivo g\u00e9nesis de la queja.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, la ciudadana, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, e igualdad, que considera vulnerados porque en el proceso ejecutivo que se tramita en su contra, la entidad ejecutante no reestructur\u00f3 su cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos establecidos por la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia constitucional, pese a que aleg\u00f3 esa irregularidad a trav\u00e9s de incidente de nulidad, el cual se rechaz\u00f3 de plano.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo, por no haberse aplicado el alivio y la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. [Folios 7-14, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. BBVA Colombia, entidad absorbente de Granahorrar Banco Comercial S.A., inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en contra de la accionante, para el cobro de 8919,20 UVR por concepto de siete cuotas vencidas y no pagadas durante el periodo comprendido entre septiembre de 2006 hasta marzo de 2007, y por 92.932,2281 UVR por capital acelerado, junto con sus intereses. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. El conocimiento del asunto, correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, que en auto de 4 de abril de 2007, libr\u00f3 mandamiento de pago, el cual fue corregido en providencia del 30 de mayo posterior. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. Notificada, la demandada no compareci\u00f3 al proceso, raz\u00f3n por la cual en prove\u00eddo del 21 de noviembre de 2007, el juez de conocimiento orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n y decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble hipotecado. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. El predio objeto de garant\u00eda, fue secuestrado el 6 de junio de 2008.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. En el mes de febrero de 2009, la reclamante pidi\u00f3 invalidar todo lo actuado, con fundamento en la causal 3\u00aa del Art. 140 del C.P.C., tras estimar que el Banco ejecutante no aplic\u00f3 el alivio de que trata la Ley 546 de 1999 y porque le est\u00e1n cobrando una tasa de inter\u00e9s que supera los m\u00e1ximos permitidos.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. En providencia del 27 de febrero de 2009, se reconoci\u00f3 personer\u00eda al abogado de la ejecutada y en auto separado, se rechaz\u00f3 de plano la nulidad invocada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

7. Aprobado el aval\u00fao del bien, presentado por la entidad ejecutante, el 8 de marzo de 2010 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate, en desarrollo de la cual se adjudic\u00f3 el bien a Jos\u00e9 Domingo Barrero Fern\u00e1ndez, acto procesal que fue aprobado el 9 de junio de 2010.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. A solicitud del extremo pasivo, a trav\u00e9s de auto del 12 de octubre de 2010, se repuso la \u00faltima determinaci\u00f3n. Para arribar a esa conclusi\u00f3n el fallador, estim\u00f3 que no era posible aprobar la almoneda, sin resolver la solicitud de nulidad presentada por la ejecutada con fundamento en la falta de actualizaci\u00f3n del aval\u00fao del inmueble rematado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

9. Una vez decidido de manera adversa el tr\u00e1mite incidental aludido, en auto del 30 de marzo de 2011, se aprob\u00f3 el remate. [Folio 244, c. 1 del expediente ejecutivo]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

10. <\/font><\/font>Impetrado por la ejecutada recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n, por auto de 17 de agosto de 2011 se mantuvo la postura cuestionada y y se concedi\u00f3 la alzada subsidiaria.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

11. El 22 de enero de 2014, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de la ciudad, confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

12. En auto de 29 de mayo de 2015, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n adicional que present\u00f3 el ejecutante. As\u00ed mismo, se design\u00f3 al Juez Civil Municipal de Descongesti\u00f3n para que realizara la entrega del inmueble a favor del rematante, quien retir\u00f3 el respectivo despacho comisorio.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

13. El 30 de junio de 2015, la accionante por tercera vez declarar la nulidad del proceso, porque a su juicio el Banco ejecutante no aplic\u00f3 el alivio, ni reestructur\u00f3 su cr\u00e9dito de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999 y la Jurisprudencia constitucional del m\u00e1ximo \u00f3rgano de esa jurisdicci\u00f3n y de esta Corporaci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que la \u00ab<\/font><\/font>Sala Civil de la Corte Suprema, al abordar el estudio de diferentes Acciones de Tutela, ha hecho un an\u00e1lisis jurisprudencial atinente al tratamiento jur\u00eddico que se le da a los cr\u00e9ditos y situaci\u00f3n planteada por mi mandante en esta nulidad<\/i><\/font><\/font>\u00bb, y teniendo en cuenta que a\u00fan no se ha registrado la venta forzosa hecha en virtud del remate, -s<\/font><\/font>eg\u00fan certificado de tradici\u00f3n y libertad expedido<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>el 24 de junio de 2015<\/font><\/font> – \u00ab\u2026<\/font><\/font>AUN ES VIABLE solicitar al juez la solicitud de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999 en concordancia con lo resuelto en las sentencias C-955 de 2000 y SU 813 de 2007<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por todo lo anterior, pidi\u00f3 que \u00ab<\/font><\/font>de conformidad con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de tutela citado<\/i><\/font><\/font>\u00bb, declarar la nulidad de lo actuado, \u00ab<\/font><\/font>en raz\u00f3n de no haberse aplicado EL ALIVIO y la REESTRUCTURACI\u00d3N del cr\u00e9dito<\/i><\/font><\/font>\u00bb, para lo cual invoc\u00f3 como causales, las consagradas en los numerales 3 y 5 del art\u00edculo 140 del C.P.C.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

14. En providencia del 17 de julio de 2015, el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal, rechaz\u00f3 de plano la anterior solicitud, porque \u00ab<\/font><\/font>la nulidad est\u00e1 edificada sobre la base de que las decisiones adoptadas en el decurso de este tr\u00e1mite, incluyendo el mandamiento de pago, se adoptaron con fundamento en disposiciones declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, y por tanto debe darse cumplimiento a lo ordenado por esa Corporaci\u00f3n, y lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, tales instituciones no son el Superior Jer\u00e1rquico de este Juzgado, que es la hip\u00f3tesis prevista en la casual (sic) invocada<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Agreg\u00f3 que el incidente de nulidad constituye un ataque a las pretensiones de la demanda, pues se aleg\u00f3 la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, conforme a las disposiciones de la Ley 546 de 1999 y jurisprudencia de la Corte Constitucional, aspecto que debi\u00f3 ser debatido a trav\u00e9s de las excepciones de m\u00e9rito.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por \u00faltimo advirti\u00f3 que la demandada \u00ab<\/font><\/font>ha venido actuado dentro del proceso por intermedio de apoderado judicial sin que con anterioridad haya alegado la nulidad a pesar de que ella otorg\u00f3 poder al Dr. Faustino C\u00e1rdenas Varela desde el 20 de febrero de 2009<\/i><\/font><\/font>\u2026\u00bb. [Folios 24 y 25, c. 8 del expediente]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

15. Contra esa decisi\u00f3n <\/font><\/font>la demandada, interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y por auto de 20 de octubre de 2015, se mantuvo la determinaci\u00f3n recurrida y se neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de alzada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

16. En criterio de la peticionaria del amparo, las anteriores determinaciones vulneran sus garant\u00edas fundamentales, porque la entidad ejecutante (i) no le condon\u00f3 los intereses de mora que se causaron hasta el 31 de diciembre de 1999, (ii) le cobr\u00f3 por concepto de capital m\u00e1s UVR de las que arroj\u00f3 la reliquidaci\u00f3n, y (iii) no se reestructur\u00f3 su cr\u00e9dito, a pesar que aleg\u00f3 dicha irregularidad a trav\u00e9s de incidente de nulidad, escrito que se rechaz\u00f3 de plano \u00ab<\/font><\/font>con la falacia que no existe en el expediente pronunciamiento directo de la Corte Suprema y Corte Constitucional<\/i><\/font><\/font>\u00bb, desconoci\u00e9ndose los precedentes de tutela en que apoy\u00f3 su pedimento. [Folios 7-14, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 25 de noviembre de 2015 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los despachos accionados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de los dem\u00e1s interesados para que ejercieran su derecho de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios16, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, expuso que el amparo deprecado persigue la revocatoria de una providencia proferida por el Juzgado 41 Civil Municipal de Bogot\u00e1, \u00ab<\/font><\/font>sin existir injerencia alguna respecto a decisiones posteriores emitidas por este juzgador<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folio 25, c. 1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A su turno, el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de la ciudad, expres\u00f3 que al interior del proceso cuestionado, la accionante tuvo la oportunidad de contestar la demanda, y presentar excepciones de m\u00e9rito, sin embargo, guard\u00f3 silencio, \u00ab<\/font><\/font>por lo que ahora a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite no puede pretender revivir t\u00e9rminos que dej\u00f3 vencer, pues una de las caracter\u00edsticas de este especial acci\u00f3n es su car\u00e1cter residual y subsidiario<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por su parte, BBVA Colombia, manifest\u00f3 que en el decurso del proceso, la accionante present\u00f3 varias solicitudes improcedentes \u00fanicamente para \u00ab<\/font><\/font>torpedear el leg\u00edtimo derecho del acreedor a obtener el recaudo de las obligaciones insolutas, invocando para el efecto la supuesta necesidad de obtener la reestructuraci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos, muy a pesar de que durante todos estos a\u00f1os no se ha acercado al Banco a plantear f\u00f3rmulas de arreglo o de reestructuraci\u00f3n de su endeudamiento que pudieran ser aceptadas por el acreedor<\/i><\/font><\/font>\u00bb, por esa raz\u00f3n pidi\u00f3 denegar la tutela.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El se\u00f1or Jos\u00e9 Domingo Barrero Fern\u00e1ndez, en su calidad de rematante, no realiz\u00f3 pronunciamiento alguno frente a los hechos de la tutela.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3<\/font><\/font>. En sentencia de 2 de diciembre de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, concedi\u00f3 el amparo constitucional y en consecuencia orden\u00f3 a los Juzgados 41 Civil Municipal y 17 Civil del Circuito de Bogot\u00e1:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab\u2026<\/font><\/font>dejar sin valor ni efecto la providencia proferida el 21 de noviembre de 2007, que dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n aqu\u00ed analizada junto con las posteriores y que de \u00e9sta se desprendan, para que en su lugar, el titular del despacho judicial de categor\u00eda municipal, en un t\u00e9rmino no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, proceda a examinar la tem\u00e1tica relacionada con la exigencia de reestructurar el cr\u00e9dito cobrado en el juicio materia de protecci\u00f3n, como requisito para adelantar la ejecuci\u00f3n, teniendo en cuenta los precedentes expuestos en la motiva<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Para arribar a tal conclusi\u00f3n, el juez colegiado, en primer lugar expres\u00f3 que \u00ab<\/font><\/font>a\u00fan no se ha efectuado el registro del auto de aprobaci\u00f3n del remate en el cual se tenga como propietario a quien se le adjudic\u00f3 el bien en p\u00fablica subasta, se\u00f1or Jos\u00e9 Domingo Barrero Fern\u00e1ndez (\u2026) pues basta con verificar el certificado de tradici\u00f3n del inmueble allegado cuya impresi\u00f3n data del 22 de octubre de 2015, junto con la constancia emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, que indica que no es posible observar el estado actual del folio referenciado, en vista de que la matr\u00edcula se encuentra en calificaci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u2026\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Realizada la anterior precisi\u00f3n, el A Quo constitucional, estim\u00f3 que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n y de la Corte Constitucional, es evidente que el Banco ejecutante, no pod\u00eda adelantar ejecuci\u00f3n alguna contra Blanca Ruth Lozano Garc\u00eda, \u00ab<\/font><\/font>hasta tanto se hubiera llevado a cabo el proceso de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, lo cual no se demostr\u00f3\u2026<\/i><\/font><\/font>\u00bb, raz\u00f3n por la cual el Juzgado 41 Civil Municipal, transgredi\u00f3 el debido proceso de la actora, como quiera que continu\u00f3 con la ejecuci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario sin que se encontrara que la deuda fuera exigible, \u00ab<\/font><\/font>omisi\u00f3n que adem\u00e1s desconoci\u00f3 el deber que tiene el juez de volver sobre los presupuestos procesales al momento de dictar sentencia<\/i><\/font><\/font>\u2026\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4<\/font><\/font>. Inconforme, con esa decisi\u00f3n, BBVA Colombia impugn\u00f3 el fallo porque a su sentir el Tribunal \u00ab<\/font><\/font>premi\u00f3 equivocadamente en su sentencia a una deudora renuente, que no abon\u00f3 ni en parte la carga argumentativa y demostrativa de una reestructuraci\u00f3n tercamente negada por el acreedor (lo que hubiera justificado la concesi\u00f3n del amparo constitucional), o al menos una solicitud en tal sentido que hubiera demostrado el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional sobre la materia por parte del Banco, circunstancia que al mismo tiempo le hubiera permitido probar el m\u00ednimo de diligencia que debe exigirse a un ciudadano que atraviesa una o diversas situaciones que le impidan honrar sus compromisos de cr\u00e9dito<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folios 149-153, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses<\/i><\/font><\/font>\u00bb. (CSJ STC, <\/font><\/font>29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta herramienta excepcional, pues no se puede convertir en generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de otras personas.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En relaci\u00f3n a los presupuestos en menci\u00f3n, cuando se trata de procesos ejecutivos originados en cr\u00e9ditos para la adquisici\u00f3n de vivienda, se ha hecho \u00e9nfasis por parte de la jurisprudencia constitucional en que el Juez debe revisar para conceder la protecci\u00f3n que: (i) la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso como una diligencia m\u00ednima. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed, en la Sentencia SU-813 se estableci\u00f3: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de vivienda iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) <\/i><\/font><\/font><\/font>cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo.<\/i><\/font><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font><\/font>(Subrayado fuera de texto – CC <\/font><\/font><\/font>SU-813\/07, reiterada en T-1240\/08).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En armon\u00eda con lo anterior, en un reciente pronunciamiento, el Alto Tribunal de lo Constitucional indic\u00f3: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de inmediaci\u00f3n se cumple \u2013para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe\u2013 <\/i><\/font><\/font>si la acci\u00f3n de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica subasta sea registrado<\/i><\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(CC T-881\/2013)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>En el <\/font><\/font>sub-judice<\/i><\/font><\/font>, se advierte que en el asunto, el bien gravado se remat\u00f3 el 8 de marzo de 2010, diligencia que se aprob\u00f3 en prove\u00eddo del 30 de marzo de 2011, confirmado el 22 de enero de 2014, por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de la ciudad.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De otro lado, el amparo constitucional se instaur\u00f3 el 24 de noviembre de 2015 y para acreditar los presupuestos de procedencia de la acci\u00f3n, la tutelante aport\u00f3 certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble objeto de la Litis, expedido el 22 de octubre de 2015, de donde se evidencia que para esa fecha, a\u00fan no se hab\u00eda registrado el auto aprobatorio del remate, por lo tanto, en l\u00ednea de principio, se cumple con el principio de inmediatez.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y si bien la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, se encuentra en firme cabe aclarar que por ser un proceso ejecutivo hipotecario, que no termina con la firmeza de la sentencia, para el cotejo de la oportunidad temporal en la interposici\u00f3n de la tutela, debe atenderse al hecho de que despu\u00e9s del fallo siguen cursando actuaciones en busca del cumplimiento del objeto del juicio, que es la efectividad de la garant\u00eda para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, antes de la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n y que mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia<\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font>, la accionante debe agotar los medios procesales para que cese la posible vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. En cuanto al requisito de subsidiariedad, encuentra la Sala que tambi\u00e9n fue atendido, porque pese a que no se expuso el reclamo mediante las excepciones de m\u00e9rito, lo cierto es que la ejecutada hizo uso, dentro del proceso, de otro mecanismo de defensa judicial, como lo fue la solicitud de nulidad por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de acuerdo al art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y el precedente constitucional del m\u00e1ximo tribunal de esa jurisdicci\u00f3n y los pronunciamientos que en sede de tutela ha proferido esta Corporaci\u00f3n en reiteradas oportunidades.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo anterior, demuestra que, tal como lo requiere la jurisprudencia, la deudora ha actuado con un m\u00ednimo de diligencia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De tal suerte, que la accionante no ha sido negligente ni descuidada, a efectos de alegar la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, sino que ha actuado de manera comprometida en busca de la protecci\u00f3n de sus derechos dentro del proceso ejecutivo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

4. Establecido que se reunieron los requisitos de procedibilidad, debe decirse que trat\u00e1ndose de la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda, como requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del t\u00edtulo, de modo que no consumar esa premisa impide la ejecuci\u00f3n, as\u00ed se trate de un nuevo acreedor.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En tal sentido, ha expresado la Sala que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u201cEn efecto, la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/i><\/font><\/font>(CJS STC 31 oct. 2013, Rad. 02499-00)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Este mismo criterio se expres\u00f3 en sentencias de 20 de Mayo de 2013, Rad. 00914-00, 22 de junio de 2012, Rad. 00884-01, 19 de septiembre de 2012, Rad. 00294-01 y 13 de febrero de 2014, Rad. 2013-0645-01, CSJ <\/font><\/font>STC14717-2015, CSJ STC12052-2015, entre otras.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De ah\u00ed, que la falta de la realizaci\u00f3n del procedimiento mencionado, se convierte en una limitaci\u00f3n insuperable para que se presente una nueva demanda y se contin\u00fae con la ejecuci\u00f3n del juicio hipotecario en el que espec\u00edficamente se cobran cr\u00e9ditos de vivienda.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. En estricta sujeci\u00f3n a los anteriores lineamientos, deviene evidente que la ejecuci\u00f3n adelantada por el Banco BBVA contra la tutelante, no pod\u00eda llevarse a cabo, sino una vez que hubiera finalizado el proceso de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues el no hacerse, como se ha dicho, torna la obligaci\u00f3n en inexigible por desconocer la expresa condici\u00f3n impuesta por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, que previ\u00f3 que aplicada la reliquidaci\u00f3n, la entidad financiera deb\u00eda proceder en la forma explicada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, se observa que la ejecutante en momento alguno manifest\u00f3 que hubiese agotado dicho presupuesto ineludible con posterioridad a la aplicaci\u00f3n del alivio estatal y mucho menos alleg\u00f3 prueba que as\u00ed lo demostrara.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al respecto, debe recordar la Sala que la Corte Constitucional previ\u00f3 inclusive la posibilidad de que deudor y acreedor no llegaran a un acuerdo en cuanto a la modificaci\u00f3n de las condiciones del cr\u00e9dito y en atenci\u00f3n a ello, indic\u00f3 varias alternativas en la Sentencia SU-787 de 2012, dentro de las que se encuentran: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab\u2026reconstituir las condiciones del cr\u00e9dito, asumiendo, para ese efecto, que no se hubiese presentado la mora. Ello implicar\u00eda que una vez reliquidado el cr\u00e9dito y aplicados los abonos, el deudor pagase, con sus respectivos intereses, las cuotas que para ese momento estuviesen en mora, y prosiguiese pagando el saldo de la obligaci\u00f3n por lo que restase del tiempo inicialmente pactado. As\u00ed por ejemplo, en un cr\u00e9dito pactado, como en este caso, en 1996, a 15 a\u00f1os, a partir del 7 de julio de ese a\u00f1o, si el deudor entr\u00f3 en mora en marzo 7 de 1999 y se le inici\u00f3 un proceso ejecutivo en el mes de julio de ese a\u00f1o, que por virtud de la ley deb\u00eda darse por terminado en el a\u00f1o 2000, para normalizar su situaci\u00f3n, una vez reliquidada la obligaci\u00f3n y realizados los abonos correspondientes, el deudor tendr\u00eda que pagar la cuotas vencidas, que ser\u00edan al menos 12, y luego seguir pagando las cuotas reliquidadas, por los restantes once a\u00f1os.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La anterior soluci\u00f3n, sin embargo, resulta insuficiente para el prop\u00f3sito de restablecer al deudor en su capacidad de pago que se vio alterada por unas condiciones inconstitucionales en la liquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Una segunda posibilidad, entonces, ser\u00eda reestructurar la obligaci\u00f3n, tomando como referencia la fecha en la que el deudor incurri\u00f3 en mora, pero sin exigirle el pago inmediato de las cuotas atrasadas, sino proyectando la totalidad del saldo por el plazo que para ese momento estuviese pendiente conforme a las condiciones inicialmente pactadas. Aqu\u00ed cabr\u00eda, incluso, tomar el tiempo pendiente para el momento de la reestructuraci\u00f3n, o el que estuviese pendiente en el momento en el que el deudor incurri\u00f3 en mora<\/i><\/font><\/font>. <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Una tercera posibilidad ser\u00eda aquella en la cual, sin perjuicio de los acuerdos a los que pudiesen llegar las partes, la reestructuraci\u00f3n se hiciese tomando para ello el plazo m\u00e1ximo previsto en la ley, que es de quince a\u00f1os, contados a partir del momento en el que se realice la reestructuraci\u00f3n. Las dem\u00e1s condiciones ser\u00edan las del cr\u00e9dito reliquidado, con los ajustes que quepa hacer de acuerdo con la ley, y aplicando, en cualquier caso, el que resulte m\u00e1s beneficioso para el deudor.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. <\/font><\/font>En ese orden, es claro que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 el derecho al debido proceso de la tutelante, pues continu\u00f3 con la ejecuci\u00f3n de la totalidad del cr\u00e9dito sin que se reunieran los requisitos indispensables para que la deuda fuera exigible, de conformidad con la Ley y la jurisprudencia, a pesar de que como lo ha referido esta Corte, el Juez tiene el deber de volver sobre los presupuestos procesales, al momento de dictar sentencia, para examinar si los requisitos exigidos para que se librara el respectivo mandamiento de pago se encontraban presentes -art. 497 del C\u00f3digo de procedimiento civil-, y as\u00ed verificar si existen las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo base del recaudo, sin que en tal caso se encuentre el fallador restringido por la orden de apremio proferida al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal, para optar por no continuar con la misma, si fuera el caso.<\/font><\/font> (CSJ STC 8 ago. 2012, Rad. 00134-01).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al respecto esta corporaci\u00f3n, en un caso de similares caracter\u00edsticas precis\u00f3 que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u201cDel contenido de la enunciaci\u00f3n anterior se deduce la procedencia de la protecci\u00f3n extraordinaria demandada en este caso, por cuanto del repaso de la sentencia aqu\u00ed cuestionada se establece, que ciertamente la Corporaci\u00f3n acusada incurri\u00f3 en un proceder opuesto al ordenamiento jur\u00eddico, puesto que la interpretaci\u00f3n del Tribunal se aparta de los pronunciamientos que la Corte ha emitido sobre la exigencia de reestructurar el cr\u00e9dito cobrado en un juicio terminado en virtud del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar la nueva ejecuci\u00f3n\u201d<\/i><\/font><\/font>(CSJ STC 13 feb. 2013, Rad. 02956-00).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Con fundamento en lo expuesto en precedencia, procedente resultaba conceder la tutela incoada, cuesti\u00f3n que impone confirmar la orden de amparo proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese esta determinaci\u00f3n a las partes por telegrama y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de la Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1<\/a> Sentencia T-7108 de 2012.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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19<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC945-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2015-02956-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97545","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97545","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97545"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97545\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97545"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97545"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97545"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}