{"id":97554,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97554\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97554","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97554\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1003-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0<\/b><\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>15001-22-13-000-2015-00666-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de <\/font><\/font>tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 9 de diciembre de 2015, proferido por la <\/font><\/font>Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja<\/b><\/font><\/font>,<\/font><\/font> dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por <\/font><\/font>H\u00e9ctor Benjam\u00edn Reyes Pi\u00f1eros <\/b><\/font><\/font>contra el <\/font><\/font>Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad<\/b><\/font><\/font>, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso al que alude el escrito de tutela. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al revocar la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n dentro del proceso por \u00e9l promovido en contra de la se\u00f1ora Clara Ermelinda Mart\u00ednez Robles.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia requiere, de manera concreta, que se le ordene a la oficina judicial accionada, <\/font><\/font>\u00abproferir <\/i><\/font>[una]<\/font> nueva sentencia\u00bb <\/i><\/font>que atienda los par\u00e1metros legales aplicables al caso y respete los postulados expuestos en la de primera instancia<\/font><\/font> <\/font><\/font>(fl. 6, cdno. 1).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. En apoyo de tal pretensi\u00f3n, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que en el mes de noviembre del a\u00f1o 2012 celebr\u00f3 con la se\u00f1ora Clara Ermelinda Mart\u00ednez Robles un <\/font><\/font>\u00ab<\/font>contrato de compraventa\u00bb<\/i><\/font>,<\/font> pacto que \u00e9sta incumpli\u00f3, pues no pag\u00f3 el precio del bien inmueble objeto de la negociaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Manifiesta que en vista de tales hechos, solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de un interrogatorio de parte \u2013prueba anticipada, con el fin de constituir un t\u00edtulo ejecutivo que le permitiera exigir el cumplimiento de dichas obligaciones insatisfechas.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sostiene que pese a que la se\u00f1ora Mart\u00ednez Robles fue debidamente enterada de la fecha que se fij\u00f3 para la pr\u00e1ctica del interrogatorio, \u00e9sta no acudi\u00f3 a tal diligencia ni justific\u00f3 su inasistencia, hecho por el cual la autoridad judicial de conocimiento llev\u00f3 a cabo audiencia de calificaci\u00f3n de los cuestionamientos que en sobre cerrado se hab\u00edan aportado, y una vez surtido ese tr\u00e1mite, se le declar\u00f3 a aqu\u00e9lla confesa de todas las preguntas asertivas, entre ellas: <\/font><\/font>\u00abDiga c\u00f3mo es cierto s\u00ed o no que la PROMESA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA que le exhibo, es la misma que usted firm\u00f3 con el se\u00f1or HECTOR BENJAMIN REYES PI\u00d1EROS\u00bb <\/i><\/font>y,<\/font><\/font> <\/font>\u00abDiga c\u00f3mo es cierto s\u00ed o no que desde el d\u00eda 30 de enero de 2013 usted est\u00e1 en <\/i><\/font>[m]<\/font>ora de pagar al se\u00f1or HECTOR BENJAMIN REYES PI\u00d1EROS la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M\/cte\u00bb.<\/i><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Finalmente refiere, que de conformidad a lo normado en el art\u00edculo 488 del Estatuto Procesal Civil, present\u00f3 demanda ejecutiva con base en el interrogatorio de parte del que se declar\u00f3 confesa a la ejecutada, tr\u00e1mite dentro del cual, proferida la sentencia de primera instancia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, la accionada propuso recurso de alzada del que conoci\u00f3 el juzgado encartado, quien revoc\u00f3 tal decisi\u00f3n y, en su lugar, neg\u00f3 la orden de apremio, tras considerar que \u00e9l no pod\u00eda exigir el cumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas por su contraparte en el contrato de promesa de compraventa, hasta tanto \u00e9l no cumpliera con las suyas, interpretaci\u00f3n que en su sentir, es contraria lo establecido en el precepto 294 del Ordenamiento Procesal Civil, pues la obligaci\u00f3n que se pretend\u00eda hacer valer era la reconocida en el interrogatorio de parte y no la citada promesa (fls. 1 a 10, cdno. 1). <\/font><\/font> <\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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a.) <\/font><\/font> La Secretaria del Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja se limit\u00f3 a manifestar, que <\/font><\/font>\u00aben <\/i><\/font>[ese]<\/font> Juzgado se adelanta el proceso ejecutivo singular 2013-00199 de HECTOR BENJAMIN REYES PI\u00d1EROS en contra de CLARA ERMELINDA MARTINEZ ROBLES, en el cual se dict\u00f3 sentencia de fondo el 10 de julio de 2014, la cual fue impugnada por la demandada y se encuentra surtiendo el recurso de apelaci\u00f3n en el Juzgado Primero Civil del Circuito<\/i><\/font> [de esa misma ciudad]<\/font>\u00bb<\/i><\/font> (fl. 20, cdno. 1)<\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

b.) <\/font><\/font> Por su parte, la Secretaria del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma localidad, remiti\u00f3 el expediente contentivo del proceso ejecutivo singular objeto de la presente acci\u00f3n de tutela <\/font><\/font>(fl. 21, <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia deneg\u00f3 lo pedido<\/font><\/font>, con sustento en que <\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00abAtendiendo los comentarios expuestos en torno a la lesi\u00f3n del debido proceso por la presencia de las v\u00edas de hecho, el an\u00e1lisis del caso particular no halla la Sala en la decisi\u00f3n adoptada por el Juez de segunda instancia ninguna de las circunstancias que conforme a la jurisprudencia transcrita conduzca a la presencia de un error de la naturaleza requerida para la prosperidad de la v\u00eda de amparo, a efecto de poner fin a la lesi\u00f3n de los derechos fundamentales invocados.<\/i><\/font><\/p>\n

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En efecto, en la sentencia que decidi\u00f3 la segunda instancia (Fls. 54 a 68) el juez hizo una interpretaci\u00f3n coherente y razonada, fundado en que el t\u00edtulo se origina en la promesa contrato de compraventa y por tanto la confesi\u00f3n emerge de all\u00ed, y como quiera que ante la ausencia de CLARA ERMELINDA MARTINEZ ROBLES a la diligencia de interrogatorio <\/i><\/font>[de]<\/font> parte anticipado hubo lugar a declarar la confesi\u00f3n ficta, este es un motivo m\u00e1s para entender que hay que interpretar arm\u00f3nicamente el pacto contractual y la declaraci\u00f3n de confesa, y bajo ese prisma resolver el litigio. En suma de lo anterior, contrario a lo aducido por el quejoso constitucional, se analiz\u00f3 por el juez el contenido de las cl\u00e1usulas del contrato en las que se sustenta la ejecuci\u00f3n, en espec\u00edfico la \u201cdecima segunda\u201d, de la puntu\u00f3 resultaba ser un \u201cpacto que no puede tener valor alguno en cuanto contraria la naturaleza de las obligaciones y de las normas sustanciales que las regulan, ninguna de las cuales legitima su incumplimiento\u201d.<\/i><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Como agregado de lo anterior, la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en antecedentes jurisprudenciales aplicables al tema de controversia y consultando lo f\u00e1ctico que informa la actuaci\u00f3n.<\/i><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Es que del contenido de la sentencia, para la Sala la misma no comporta una desviaci\u00f3n grosera y burda del ordenamiento jur\u00eddico frente al an\u00e1lisis de lo que para el caso constitu\u00eda el t\u00edtulo ejecutivo, a la viabilidad de formular excepciones para atacar el acto jur\u00eddico del que se deriva la obligaci\u00f3n y al incumplimiento en las obligaciones pactadas por los contratantes, para definir el tema de cara a lo pretendido y a la oposici\u00f3n de la ejecutada; m\u00e1s bien, es el resultado de la aplicaci\u00f3n de la normatividad que lo regula, en consonancia con la documental allegada, y que condujo a decidir en el sentido que se hizo.<\/i><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo procedente para el cumplimiento del contrato no es la ejecuci\u00f3n, para demandar el pago del precio, sino el cumplimiento del contrato.<\/i><\/font><\/p>\n

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Y atendiendo su criterio, m\u00e1s all\u00e1 de que este Juez Plural prohije la decisi\u00f3n, lo cierto es que es el resultado de un juicioso an\u00e1lisis del tema propuesto en el litigio. Y en ese punto, no le es dable al Juez constitucional, invadir la esfera del juez ordinario para se\u00f1alarle cu\u00e1l ha de ser su postura frente a la decisi\u00f3n a tomar, cuando en desarrollo de la autonom\u00eda e independencia que le concede la ley en la interpretaci\u00f3n normativa, no ha sido ajena para su aplicaci\u00f3n las circunstancias que rodearon el asunto y la intervenci\u00f3n para sus resultados de la actividad inherente de quienes administran justicia<\/i><\/font>\u00bb<\/i><\/font> (fls. 25 a 34, cdno. 1).<\/font><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La present\u00f3 <\/font><\/font>el accionante, <\/font><\/font>exponiendo en suma los mismos planteamientos en que sustent\u00f3 la queja constitucional (fls. 6 a 9, cdno 2. Corte). <\/font><\/font> <\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or H\u00e9ctor Benjam\u00edn Reyes Pi\u00f1eros, de entrada se anuncia la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, pues como bien lo indic\u00f3 el <\/font><\/font>a quo<\/i><\/font><\/font>,<\/font><\/font> la determinaci\u00f3n emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja el 17 de noviembre de 2015, dentro del proceso ejecutivo quirografario <\/font><\/font>que el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 en contra de Clara Ermelinda Mart\u00ednez Robles, relacionada con la revocatoria de la sentencia de primera instancia que hab\u00eda ordenado seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y en su lugar, la negativa de librar la orden de apremio, <\/font><\/font>tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, con independencia de si la Corte comparte o no tales argumentos, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, el juez natural del referido proceso, luego de estudiar los supuestos f\u00e1cticos en que fue sustentada la demanda ejecutiva propuesta por el se\u00f1or Reyes Pi\u00f1eros, y analizar los pormenores del rese\u00f1ado juicio, concluy\u00f3, por un lado, que si bien el t\u00edtulo ejecutivo que se ados\u00f3 por el demandante fue la confesi\u00f3n ficta que se hab\u00eda constituido como prueba anticipada, lo cierto es que tal documento deb\u00eda analizarse en conjunto con el contrato de promesa de compraventa del que, a ciencia cierta, devienen las obligaciones que pretend\u00eda exigir aqu\u00e9l a trav\u00e9s de la v\u00eda ejecutiva, y, por el otro, que en lo relativo a la exigibilidad de las cargas contra\u00eddas tanto por el promitente vendedor como por la promitente vendedora, lo que debe reclamarse es el cumplimiento de las mismas, escenario procesal en el que adem\u00e1s de elevar tal pretensi\u00f3n debe demostrar el demandante, ser contratante cumplido, argumentos que <\/font><\/font>no revelan arbitrariedad o desmesura<\/font><\/font>, en tanto que, se reitera, est\u00e1n basados <\/font><\/font>en las particularidades f\u00e1cticas del caso y la jurisprudencia relacionada con esta materia, <\/font><\/font>cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Al respecto, en un caso de similares matices al que se estudia, esta Corporaci\u00f3n sostuvo que:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab<\/i><\/font><\/font>Preciso es relievar que las obligaciones de la promesa pueden no s\u00f3lo dirigirse a la celebraci\u00f3n del negocio prometido, pues es posible pactar anteladamente, como en este caso, cancelaciones anticipadas o lo relativo a la entrega de los bienes ofrecidos en venta; sin embargo, lo referente al cumplimiento de dichos deberes, los cuales subsisten luego de agotarse la finalidad del convenio prometido, generan v\u00edas especiales para su reclamaci\u00f3n y, en lo atinente a este asunto, bien puede advertirse que un tr\u00e1mite ejecutivo no se muestra como id\u00f3neo, pues existe amplia discusi\u00f3n en torno a la satisfacci\u00f3n del compromiso de pago adquirido por la aqu\u00ed querellante\u00bb <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC15089-2015)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. <\/font><\/font>T\u00e9ngase presente, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que, el amparo s\u00f3lo se abre paso, si<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab<\/font><\/font>se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado<\/i><\/font><\/font>\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otra en STC11601-2014).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab<\/font><\/font>no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo<\/i><\/font><\/font>\u00bb (CSJ STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada en STC, 9 jun. 2013, Rad. 00699-01 y<\/font><\/font> <\/font><\/font>STC11601-2014).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. Lo anterior se considera suficiente, como se anunci\u00f3 delanteramente, para confirmar la sentencia impugnada. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

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DECISI\u00d3N<\/font> <\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/font><\/font>CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font> y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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10<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1003-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2015-00666-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97554","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97554"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97554\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}