{"id":97596,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97596\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97596","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97596\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/i><\/font><\/font>
<\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACION CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1127-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-<\/b><\/font><\/font>02-03-000-2015-02981-00<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada <\/font><\/font>por Julio C\u00e9sar Mart\u00ednez Rinc\u00f3n frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado y la Fiscal\u00eda Once Especializada, ambos de esta ciudad. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. El <\/font><\/font>gestor demand\u00f3 la pr<\/font><\/font>otecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro del juicio adelantado en su contra, junto a William Aguilar Gonz\u00e1lez, James Smith Meneses Piamba, Jos\u00e9 Evelio Berm\u00fadez Daza, Luis Fernando Berm\u00fadez Daza, Silvio Mu\u00f1oz Imbajoa, Wbeimar Fernando Ortiz Bola\u00f1os, Robinson Usuga Santa y Jorge Hern\u00e1n Hern\u00e1ndez Guzm\u00e1n, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:<\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

2.1. Que <\/font><\/font>\u00ablos hechos que hoy contraen la presente acci\u00f3n constitucional, se desprende de las decisiones judiciales que en su momento adoptaron las autoridades judiciales, dentro del proceso penal bajo el radicado No. 2008-00052, as\u00ed: \u201cconsta en registros que, con base en las labores de inteligencia realizadas por las autoridades judiciales se descubri\u00f3 la existencia de una banda delincuencial llamada los del \u201ccaminito\u201d o \u201ccasa vieja\u201d la cual operaba en el sector de \u201ctierra blanca\u201d de silo\u00e9 efectuando atracos y homicidios, siendo concretamente los autores de dos muertes ocurridas en esa misma zona de quienes respond\u00edan en vida a los nombres de JUAN CARLOS BOLA\u00d1OS MU\u00d1OZ alias \u201cJuanchito\u201d y ANDERSON JOS\u00c9 VASQUEZ GUETTO alias \u201cMarquitos\u201d\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

\n

2.2. Que <\/font><\/font>\u00abla etapa de juzgamiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, Valle, quien mediante sentencia de 6 de octubre de 2009, conden\u00f3 a los se\u00f1ores\u2026 y JULIO CESAR MART\u00cdNEZ RINC\u00d3N, alias \u201cPl\u00e1stico\u201d, a la pena principal de 448 meses de prisi\u00f3n y multa de 1350 smlmv, como coautores penalmente responsables del delito de HOMICIDIO AGRAVADO, consumado en la humanidad de ANDERSON JOS\u00c9 VASQUEZ GUETTO en concurso heterog\u00e9neo con los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Que el Tribunal cuestionado al desatar la alzada en providencia de 18 de diciembre de 2001, resolvi\u00f3 <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>\u201cCONFIRMAR en su integridad la sentencia ordinaria de primera instancia No. 01 de octubre 6 de 2010 proferida en este proceso por el JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO de Cali, en contra de WILLIAM AGUILAR GONZ\u00c1LEZ \u2026JULIO CESAR MART\u00cdNEZ RINC\u00d3N, por los delitos ante mencionados\u2026\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.4. Que la sentencia de segunda instancia fue objeto de recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero en providencia de 23 de mayo de 2012 la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n inadmiti\u00f3 la demanda.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.5. Que las autoridades acusadas <\/font><\/font>\u00abincurrieron en V\u00cdA DE HECHO DE DEFECTO PROCEDIMENTAL habida consideraci\u00f3n que las pruebas testimoniales fueron malogradas y distorsionadas por parte de los operadores encargados de administrar justicia; dado que a esas declaraciones les dieron un sentido adverso al que verdaderamente expresan, siendo esas pruebas apartadas de la sana critica a que alude el art\u00edculo 277 de la Ley 600 de 2000\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, <\/font><\/font>\u00abdejar sin efecto, la sentencia condenatoria proferida el 6 de octubre de 2009, por el Juzgado Tercero Pernal del Circuito Especializado de Cali, Valle. Lo mismo que la providencia adoptada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Penal de Cali, Valle el 18 de noviembre de 2012\u2026\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 54-65 Cdno. 1).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. El 26 de noviembre de 2015 el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dispuso <\/font><\/font>\u00abPRIMERO: REMITIR a la SECRETARIA GENERAL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el expediente de tutela, a fin de que se imprima el respectivo tr\u00e1mite conforme a derecho corresponda por carecer de competencia \u00e9ste Juzgado para conocer de la misma\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 71-72).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

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El Fiscal Once Especializado encartado, se\u00f1al\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abla valoraci\u00f3n probatoria NO FUE LABOR de la Fiscal\u00eda, ni lo ser\u00e1 en el proceso penal colombiano, sino de los jueces de primera y segunda instancia, raz\u00f3n por la cual no puede argumentarse que el delegado Fiscal pudo incurrir en v\u00eda de hecho, en los t\u00e9rminos del tutelante, por lo consignado en las sentencias de primera y segunda instancia que condenan al ciudadano JULIO CESAR MART\u00cdNEZ RINC\u00d3N\u2026\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 102-103).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Uno de los magistrados que integran la Sala de Casaci\u00f3n Penal, manifest\u00f3 que <\/font><\/font>\u00aben la aludida decisi\u00f3n (23 de mayo de 2012) la Corte encontr\u00f3 que el \u00fanico reproche propuesto en las demandas contra la sentencia del ad-quem, al amparo de la causal tercera de casaci\u00f3n, seg\u00fan la sistem\u00e1tica prevista en la Ley 906 de 2004, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, originada en error de hecho derivado de un falso juicio de existencia por ignorar u omitir prueba allegada oportunamente al proceso, no reun\u00eda los presupuestos de l\u00f3gica y adecuada fundamentaci\u00f3n para su admisibilidad\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, refiri\u00f3<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abla Sala advirti\u00f3 que los impugnantes no acreditaron que los juzgadores de instancia dejaran de valorar los informes de investigador de laboratorio y de campo, y en cambio de enfocaron en lanzar cr\u00edticas personales a la labor de estimaci\u00f3n probatoria realizada por el fallador de segundo grado por haber dado cr\u00e9dito a los testimonios de cargo y al dictamen de bal\u00edstica, lo cual resulta refractario a las exigencias argumentativas que impone el motivo casacional alegado\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abal margen de que el accionante no se ocupa de identificar en los fallos de instancia el defecto que alega, limit\u00e1ndose a lanzar cr\u00edticas infundadas sobre la apreciaci\u00f3n objetiva de las pruebas practicadas en el juicio, pero sin acreditar que con tales decisiones se desconoci\u00f3 la garant\u00eda del debido proceso, cabe anotar que al estudiar la admisibilidad de las demandas de aquellos acusados que acudieron a la impugnaci\u00f3n extraordinaria, esta Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 una revisi\u00f3n sobre la legalidad de la actuaci\u00f3n que condujo a que casara de oficio y parcialmente la sentencia del Tribunal, al encontrar que la acci\u00f3n penal por raz\u00f3n del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones estaba prescrita, sin que en esa oportunidad advirtiera la vulneraci\u00f3n de otras garant\u00edas que le impusiera su intervenci\u00f3n en orden a restablecerlas\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 106-118).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El Tribunal censurado, remiti\u00f3 copia de la providencia emitida el 18 de noviembre de 2011 (fls. 131-179).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, inform\u00f3 que profiri\u00f3 fallo de primer grado el 6 de octubre de 2009, el cual fue confirmado en segunda instancia el 18 de noviembre de 2011 (fls. 182-183).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La <\/font><\/font>reiterada jurisprudencia constitucional <\/font><\/font>ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>con ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/font><\/font> y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb<\/i><\/font><\/font> (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>evoluci\u00f3n jurisprudencial\u00bb<\/i><\/font><\/font> por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de <\/font><\/font>\u00abEstado Social de Derecho\u00bb<\/i><\/font><\/font> y lo contemplado en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>a) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb <\/i><\/font><\/font>y, 2. Especiales: <\/font><\/font>\u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).<\/font><\/font><\/p>\n

2. El<\/font><\/font> gestor pretende se dejen sin valor y efecto las decisiones proferidas el 6 de octubre de 2012 y 18 de noviembre de 2011, <\/font><\/font>pues en su opini\u00f3n se incurri\u00f3 en \u00ab<\/font><\/font>defecto procedimental y f\u00e1ctico\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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3. <\/font><\/font>Del examen de las pruebas se desprende que:<\/font><\/font><\/p>\n

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a) El Tribunal cuestionado al desatar la alzada en providencia de 18 de noviembre de 2011, resolvi\u00f3 <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia ordinaria de primera instancia No. 014 de octubre 6 de 2010 proferida en este proceso por el JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO de Cali, en contra de WILLIAM AGUILAR GONZ\u00c1LEZ\u2026 JULIO CESAR MART\u00cdNEZ RINC\u00d3N\u2026por los delitos antes mencionados\u2026\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 133-178).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

b) El 23 de mayo de 2012 la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por los defensores William Aguilar Gonz\u00e1lez, Jorge Hern\u00e1n Hern\u00e1ndez Guzm\u00e1n, Edward Marino y James Smith Meneses Piamba, por cuanto sostuvo que <\/font><\/font>\u00abrespecto al \u00fanico cargo que los actores fundan por los senderos de la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, con la hip\u00f3tesis argumentativa, seg\u00fan la cual, el juzgador en el acto de apreciaci\u00f3n de las pruebas dej\u00f3 de valorar el informe del investigador de laboratorio y el de campo, la Sala advierte que la censura se qued\u00f3 en el simple enunciado, habida cuenta que no present\u00f3 l\u00ednea tendiente a demostrar el mencionado yerro en la actividad probatoria\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, de otra parte, precis\u00f3 que <\/font><\/font>\u00ab en este asunto se pudo haber transgredido el principio del debido proceso, habida cuenta que cuando se profiri\u00f3 el fallo de segundo grado, posiblemente la acci\u00f3n penal respecto del punible de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones de defensa, se hab\u00eda extinguido por raz\u00f3n de la prescripci\u00f3n. De tal maneara, una vez se surta el tr\u00e1mite de la insistencia, el expediente volver\u00e1 nuevamente al despacho, en orden a verificar la existencia de ese vicio y consecuentemente, la protecci\u00f3n de esa garant\u00eda con la casaci\u00f3n oficiosa, m\u00e1xime cuando ello implicar\u00eda entrar nuevamente a determinar la pena en contra de los sentenciados\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 119-129). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

c) La citada Corporaci\u00f3n en providencia de 11 de julio de 2012, resolvi\u00f3 <\/font><\/font>\u00ab1. CASAR parcialmente y de oficio la sentencia impugnada. En consecuencia, se declara la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por raz\u00f3n de la prescripci\u00f3n respecto del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego y municiones. 2. Como consecuencia, se modifica la pena, as\u00ed: \u2026 2.3. Se condena a Robinson Usuga, Jos\u00e9 Evelio Berm\u00fadez Daza, Luis Fernando Berm\u00fadez Daza, Julio C\u00e9sar Mart\u00ednez, JAMES Smith Meneses Piamba y Eduar Marino Meneses Piamba a la pena principal de 436 meses de prisi\u00f3n y a la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el tiempo de 20 a\u00f1os como coautores de las conductas punibles de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>al considerar que <\/font><\/font>\u00abresulta evidente en este asunto la acci\u00f3n penal del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones por el que fueran condenados los procesados se extingui\u00f3 por prescripci\u00f3n, toda vez que dicho punible se sanciona con pena de prisi\u00f3n de cuatro (4) a ocho (8), seg\u00fan lo reglado en el art\u00edculo 365 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 38 de la Ley 1142 de 28 de junio de 2007, de donde refulge con claridad que el t\u00e9rmino prescriptivo en principio ser\u00eda de 8 a\u00f1os, pero como se reduce a la mitad despu\u00e9s de la interrupci\u00f3n derivada de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, entonces finalmente la acci\u00f3n de dicho delito se extingue si pasados cuatro (4) a\u00f1os no se ha dictado sentencia en firme\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abentre el 28 de septiembre de 2007 (audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n) y el 18 de noviembre de 2011 (d\u00eda en que se dict\u00f3 la sentencia de segunda instancia), transcurrieron m\u00e1s de los cuatro a\u00f1os indicados en p\u00e1rrafos anteriores. Por tanto oper\u00f3 el fen\u00f3meno prescriptivo de la acci\u00f3n penal respecto del multicitado punible, raz\u00f3n por la cual la Corte proceder\u00e1 a determinar nuevamente la pena, excluyendo de ese \u00e1mbito la sanci\u00f3n que corresponda por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y por te de armas de fuego o municiones\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 202-210). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. <\/font><\/font>Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, respecto a la inconformidad enfilada contra el fallo de segunda instancia proferido el 18 de noviembre 2011 por parte del Tribunal acusado, en el que confirm\u00f3 el del <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font>, esto es la condena impuesta, entre otros, a Julio C\u00e9sar Mart\u00ednez Rinc\u00f3n (aqu\u00ed accionante) <\/font><\/font>por los delitos de <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>homicidio agravado en concurso heterog\u00e9neo con los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal<\/i><\/font><\/font>\u00bb, <\/i><\/font><\/font>l<\/font><\/font>a protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el presupuesto general de la inmediatez exigido para la prosperidad de la salvaguarda impetrada, <\/font><\/font>ello a causa del lapso transcurrido desde dicha fecha y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que se propuso el 4 de noviembre de 2015, esto es, cuatro (4) a\u00f1os despu\u00e9s de proferida la aludida determinaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

5. Es por eso que el gestor no puede acudir a este medio para se\u00f1alar la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas, comoquiera que pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para invocar la <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>protecci\u00f3n constitucional\u00bb<\/i><\/font><\/font>, <\/font><\/font>s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>razonablemente prudencial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, <\/font><\/font>a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que el amparo inmediato de los <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>derechos fundamentales de la persona\u00bb,<\/i><\/font><\/font> sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. Sobre esta materia la jurisprudencia de la Corte ha reiterado que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Dec. 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u201cQ<\/i><\/font><\/font>ue si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (CSJ STC, 8 Feb. 20 May. 5 Sep. 2013, entre otras, Rads. 2012-00215-01, 00144-01 y 00649-01, respectivamente<\/i><\/font><\/font>).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

(…)<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante.<\/i><\/font><\/font> (<\/font><\/font>CSJ STC, 2 Ago. 2007, rad. 00188 -01 reiterado, entre otros, <\/font><\/font>22 Abr. 2008, rad. 00373 -01, 3 Sep. 2009, rad. 00302 -00, 14 Dic. 2010, rad. 02470-01, <\/font><\/font>13 Jun. 2011, rad. 00893-01, 16 Feb. y 12 Dic. 2012, rads. 00006-01 y 02527-01, respectivamente, 10 May. 2013, rad. 00954, 1\u00ba Oct. 2014, rad. 00262-01 y 9 Dic. 2015, rad. 02922-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Con todo, se observa que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, <\/font><\/font>toda vez que tambi\u00e9n se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta, que el peticionario omiti\u00f3 proponer el <\/font><\/font>\u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>contra el fallo proferido por el <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> acusado el 18 de noviembre de 2011<\/font><\/font>;<\/i><\/font><\/font> por lo tanto en esa ocasi\u00f3n tuvo la oportunidad de intervenir en defensa de sus intereses y no lo hizo, por el contrario, dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n, ha se\u00f1alado que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) o<\/i><\/font><\/font>tro aspecto que da sustento a la negativa tiene que ver con la subsidiariedad, pues, siendo la tutela un mecanismo extraordinario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, es improcedente cuando se acude a ella sin haber agotado todos los medios ordinarios de defensa pertinentes para remediar la situaci\u00f3n que se denuncia, como sucede en este caso, <\/i><\/font><\/font>en donde el impugnante no interpuso oportunamente el recurso de casaci\u00f3n<\/b><\/i><\/font><\/font>\u2026 [que ten\u00eda] a su alcance<\/i><\/font><\/font>\u201d <\/font><\/font>(CSJ STC, 29 Ago 2012, rad. 01574-01, <\/font><\/font>reiterada entre otras el 10 Oct 2013, rad. 02296-00 y 16 Jul. 2014, rad. 01508-00). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

8. Ahora bien, en lo que se refiere a la queja extensiva a la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, se constat\u00f3 que, si bien es cierto, el aqu\u00ed accionante, no hizo uso de ese medio extraordinario de defensa, tambi\u00e9n lo es, que en la providencia emitida el 11 de julio de 2012, el colegiado enjuiciado de manera oficiosa hizo una revisi\u00f3n sobre la legalidad de todo lo actuado en el juicio penal objeto de reproche, tan es as\u00ed, que dicha labor encontr\u00f3 que la acci\u00f3n penal por los punibles de <\/font><\/font>\u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>estaba prescrita, decisi\u00f3n que cobij\u00f3 al aqu\u00ed accionante, en el sentido que la condena impuesta se modific\u00f3 de 448 a 436 y solo por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

9. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>NIEGA <\/b><\/font><\/font>la tutela solicitada. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1127-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-02981-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97596","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97596","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97596"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97596\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97596"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97596"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97596"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}