{"id":97600,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97600\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97600","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97600\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/i><\/font><\/font>
<\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACION CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1133-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-2<\/b><\/font><\/font>2-13-000-2015-00402-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a <\/font><\/font>la <\/font><\/font>sentencia proferida el 23 de noviembre de 2015, <\/font><\/font>mediante la cual la <\/font><\/font>Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta neg\u00f3<\/font><\/font> la acci\u00f3n de tutela promovida por Isabel Caselles de Due\u00f1as <\/font><\/font>contra los Juzgados Primero Civil Municipal de Oralidad y Segundo Civil del Circuito de Oralidad, ambos de Oca\u00f1a, vincul\u00e1ndose a los se\u00f1ores Danuil Due\u00f1as S\u00e1nchez y Ram\u00f3n Alberto Meneses Reyes.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3<\/font><\/font> la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas dentro del juicio de responsabilidad civil contractual que inici\u00f3, junto a Danuil Due\u00f1as S\u00e1nchez, a Ram\u00f3n Alberto Meneses Reyes. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

2.1. Que <\/font><\/font>\u00abentre los se\u00f1ores Isabel Caselles de Due\u00f1as y Danuil Due\u00f1as S\u00e1nchez, en su condici\u00f3n de arrendatarios, existi\u00f3 un contrato de arrendamiento de local comercial con el se\u00f1or Ram\u00f3n Alberto Meneses como arrendador, sobre el local comercial ubicado en la carrera 13 No. 9-63 del barrio \u201cDulce Nombre\u201d de Oca\u00f1a\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

\n

2.2. Que<\/font><\/font> \u00abel d\u00eda 17 de noviembre de 2010, el hoy demandado se\u00f1or Ram\u00f3n Alberto Meneses Reyes en su condici\u00f3n de arrendador, neg\u00f3 unilateralmente el derecho de renovaci\u00f3n y pr\u00f3rroga del contrato de arrendamiento del local comercial de su propiedad del que ven\u00edan haciendo uso los arrendatarios al comunicarles y requerirlos mediante desahucio practicado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Oca\u00f1a, que al vencimiento del contrato de arriendo del referido local 01 de junio de 2011, este no se prorrogaba y por tal raz\u00f3n, los inst\u00f3 para que procedieran a hacerle entrega del local comercial, para realizar all\u00ed una demolici\u00f3n de la casona y construir una nueva edificaci\u00f3n, seg\u00fan su dicho\u00bb, <\/i><\/font><\/font>como no entregaron el inmueble les iniciaron un juicio de restituci\u00f3n en virtud del cual debieron entregar el local comercial el 2 de diciembre de 2013<\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Que <\/font><\/font>\u00abtranscurridos los tres meses a que se refiere el art. 522, inc. 1\u00ba. del C. Co., no dio iniciaci\u00f3n a las obras anunciadas en su desahucio y que fueron la causa para pedir la desocupaci\u00f3n el local comercial, tal como lo anunci\u00f3 al punto tercero de su demanda, incurriendo por esta raz\u00f3n en la responsabilidad indemnizatoria prevista en esta misma normatividad\u2026 el hoy demandado Ram\u00f3n Alberto Meneses Reyes, no dio cumplimiento, ni ha comenzado las obras de demolici\u00f3n anunciadas en su demanda y que necesariamente ten\u00eda que realizar para en su lugar, iniciar all\u00ed una nueva edificaci\u00f3n conforme se deduce de los planos que se adjuntaron\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.4. Que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>por lo anterior promovi\u00f3 el asunto que nos ocupa, tr\u00e1mite dentro del cual el <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font> cuestionado neg\u00f3 las pretensiones y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada <\/font><\/font>\u00abcarencia de inexistencia de la obligaci\u00f3n que conlleva a la carencia de objeto para demandar, \u00fanicamente por que seg\u00fan su criterio para el momento de la inspecci\u00f3n judicial realizada al local comercial, el local no se encontraba en poder de un tercero en arriendo\u00bb.<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.5. Que en el <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> censurado al desatar la alzada confirm\u00f3 la de primer grado <\/font><\/font>\u00abteniendo como fundamento la afirmaci\u00f3n hecha por el ad-quem, contenida en la p\u00e1gina 16 de su prove\u00eddo que para los fines pertinentes me permito transcribir \u201cadem\u00e1s si analizamos la declaraci\u00f3n de parte del se\u00f1or MENESES REYES, no deducimos una confesi\u00f3n, porque nos dice que \u00e9l no dio en administraci\u00f3n el local de la inmobiliaria Arrendar, que varias personas estaban interesadas, que ha perdido mucho dinero, pero decidi\u00f3 no arrendarlo ya que esto lo produjo quebrantos de salud porque padece de epilepsia y decidi\u00f3 la tranquilidad a tener m\u00e1s dificultades, que se hizo un pago por una se\u00f1ora de dos meses de arriendo y por esta raz\u00f3n le dijo a la arrendadora que devolviera el dinero, de donde se deduce que no hay elemento probatorio alguno analizado bajo los par\u00e1metros de la sana critica que haya demostrado este supuesto\u2026\u201d\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se <\/font><\/font>\u00abrevoque el contenido total de la decisi\u00f3n de fecha 5 de agosto de 2015 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oca\u00f1a, en consecuencia, se revoque y se deje sin efecto la decisi\u00f3n proferida en el proceso declarativo de mayor cuant\u00eda proferida por el Juzgado primero Civil Municipal de fecha 21 de mayo de 2015\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 1-13 Cdno. 1).<\/font><\/font><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font> acusado, manifest\u00f3 que <\/font><\/font>\u00aba juicio de esta funcionaria judicial se dio una adecuada interpretaci\u00f3n sustantiva y probatoria a la demanda de responsabilidad civil instaurada por la actora, no siendo viable como lo pretende la hoy accionante crear una tercera instancia basada en los mismos fundamentos de hecho y de derecho de su demanda y que fueron analizados tanto en la sentencia de primera instancia como de segunda instancia proferida por nuestro superior funcional\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 44-46).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La autoridad de Circuito guard\u00f3 silencio.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 el amparo, al considerar que <\/font><\/font>\u00ablas providencias emitidas en primera y segunda instancia, se fundamenta en un determinado criterio jur\u00eddico, donde se verific\u00f3 de una manera razonada y fundamentada el cumplimiento de todos y cada uno de los elementos estructurales de la acci\u00f3n de responsabilidad civil contractual, sin que ello signifique un desbordamiento del \u00e1mbito de su competencia, adem\u00e1s que la exigencia en la valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas allegadas, aspecto en el que tambi\u00e9n radica el reproche efectuado por la accionante, no es factible de alegarse por esta v\u00eda judicial, por ende, no incurrieron las providencias en las causales denominada defecto f\u00e1ctico o procedimental, toda vez que lejos de ser grosera, arbitraria o despojada de razonamiento jur\u00eddico, se fundamenta en una valoraci\u00f3n razonada, sustentada en el evidente cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para este tipo de asuntos\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, precis\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abel defecto f\u00e1ctico de una providencia, se funda en realidad en una evidente diferencia de valoraci\u00f3n en el m\u00e9rito de las pruebas, m\u00e1s nunca frente a interpretaciones diversas y razonables de las mismas conforme a los criterios de la sana critica, lo cual no puede considerarse ni calificarse como errores o defectos susceptibles de correcci\u00f3n judicial v\u00eda tutela as\u00ed exista un criterio diferente entre el juez de primera instancia al de segunda instancia, sin que ese sea el caso aqu\u00ed observado. S\u00f3lo dar\u00eda esa posibilidad el hecho que el juzgado haya omitido el deber de pronunciarse sobre ellas, lo que en el presente asunto no se observa\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, finalmente, se\u00f1al\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abse hace notorio que lo pretendido por la parte accionante con la presente acci\u00f3n constitucional, no puede ser aceptado toda vez que no puede atribu\u00edrsele a los juzgados accionados vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales que pregona, y tampoco est\u00e1 demostrado plenamente se cause un perjuicio irremediable, haciendo necesario la declaratoria de improcedencia de la misma\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 51-59).<\/font><\/font><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La formul\u00f3 el apoderado del actor sin dar a conocer los motivos de inconformidad (fl. 64).<\/font><\/font><\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. La <\/font><\/font>reiterada jurisprudencia constitucional <\/font><\/font>ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>con ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/font><\/font> y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb<\/i><\/font><\/font> (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>evoluci\u00f3n jurisprudencial\u00bb<\/i><\/font><\/font> por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de <\/font><\/font>\u00abEstado Social de Derecho\u00bb<\/i><\/font><\/font> y lo contemplado en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n constitucional siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>a) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb <\/i><\/font><\/font>y, 2. Especiales: <\/font><\/font>\u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. La gestora pretende se <\/font><\/font> \u00abrevoque el contenido total de la decisi\u00f3n de fecha 5 de agosto de 2015 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oca\u00f1a, en consecuencia, se revoque y se deje sin efecto la decisi\u00f3n proferida en el proceso declarativo de mayor cuant\u00eda proferida por el Juzgado primero Civil Municipal de fecha 21 de mayo de 2015\u00bb<\/i><\/font><\/font>, pues considera que se <\/font><\/font>incurri\u00f3 en \u00ab<\/font><\/font>defecto f\u00e1ctico y procedimental\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. La providencia de fecha 5 de agosto de 2015 fue emitida en segunda instancia por el <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> cuestionado confirmando la del inferior, dentro del juicio de responsabilidad civil contractual promovido por Isabel Caselles de Due\u00f1as (aqu\u00ed accionante) y Danuil Due\u00f1as S\u00e1nchez en contra de Ram\u00f3n Alberto Meneses Reyes, ocasi\u00f3n en la que resolvi\u00f3 \u00ab<\/font><\/font>PRIMERO: CONFIRMAR LA PROVIDENCIA IMPUGNADA DE ORIGEN Y FECHA ANOTADOS\u00bb, <\/i><\/font><\/font>por cuanto sostuvo que <\/font><\/font>\u00abla responsabilidad que se deduce en estos casos en contractual, porque aunque la ley impone el deber de indemnizar por no dar cumplimiento al motivo por lo que hizo el desahucio y la demanda eventual que hubo de producir la restituci\u00f3n, lo que se reprocha es el no cumplimiento mismo del contrato de arrendamiento, porque ese deber hacer parte de la relaci\u00f3n contractual, porque se est\u00e1 invocando las causales se\u00f1aladas en el art. 58 ord. 2 y 3 del C\u00f3digo de Comercio, alegadas frente al arrendatario que ha cumplido a sus obligaciones, sin que interese si la entrega fue espontanea o provocada por decisi\u00f3n judicial\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De otra parte, precis\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abse colige que las razones por las cuales se aduce la no renovaci\u00f3n del contrato, esto es si las obras fueron realizadas en el local, \u201cdemolici\u00f3n de un muro en tapia pisada para el aumento del \u00e1rea del local existente, resane de muros, instalaci\u00f3n de nuevo piso en cer\u00e1mica para unificar los dos espacios y pintura en general\u201d, se hicieron tal como lo deduce en el an\u00e1lisis probacional efectuado por la a-quo, y se realizaron dentro del t\u00e9rmino de los tres meses, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 522 del C. de Ccio, y sin que sean de recibo para esta operadora judicial lo arg\u00fcido por la defensa de la parte demandante, cuando anota que hubo incumplimiento por parte del se\u00f1or RAMON MENESES, de no realizar los trabajos se\u00f1alados y dentro los t\u00e9rminos requeridos por la ley, lo cual e puede deducir de la prueba documental y de lo expuesto por el se\u00f1or WILMAR QUINTERO \u00c1LVAREZ, con quien se celebr\u00f3 un contrato para ejecutar los trabajos contenidos en el contrato los servicios, esto es para quitar la pared que separa el local con la pieza que se va a anexar al mismo, para lo cual se\u00f1ala que el contratista elaborar\u00e1 un trabajo con todas sus capacidades de constructor, instalando las columnas, vigas y dem\u00e1s, para que el local 9-63 quede m\u00e1s amplio, en lo que se refiere a la pieza de entrada del local, entreg\u00e1ndolo limpio y sin escombros de los que quite de la pared, trabajos que se terminaron el 28 de diciembre de 2013, la contraprestaci\u00f3n recibida, y en enero de 2014 se finalizan con la adecuaci\u00f3n del piso, pagada de cer\u00e1mica y retoque de pintura, sumado a las respuestas dadas por Planeaci\u00f3n Municipal en especial cuando se nos dice: \u201c\u2026se encuentra que s\u00f3lo fue aprobado un proyecto arquitect\u00f3nico de intervenci\u00f3n relacionado con la ampliaci\u00f3n del local No 4 y no la demolici\u00f3n de la vivienda y posterior reconstrucci\u00f3n. Por lo tanto aclaro que l autorizado corresponde \u00fanicamente a la aplicaci\u00f3n presentada en los planos que hacen parte integral de la resoluci\u00f3n concedida\u201d\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Luego, advirti\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abahora teniendo en cuenta el derecho de preferencia alegado para el caso que nos ocupa, concluimos de acuerdo a la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica que la posici\u00f3n del a-quo en relaci\u00f3n a que no se configura el segundo presupuesto axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n de responsabilidad contractual, esto es, el hecho generador del da\u00f1o, porque tal como qued\u00f3 demostrado el local no fue dado en arriendo y se mantiene en igual estado al momento de incoar esta acci\u00f3n, y como lo dec\u00edamos fundamento de ellos es lo previsto en el art\u00edculo 522 del C. de Ccio que se\u00f1ala; \u201cigual indemnizaci\u00f3n debe pagarle si en esos mismos casos arrienda los locales\u201d por tanto disentimos del argumento de la parte demandante y para ello probacionalmente contamos con la inspecci\u00f3n judicial realizada en donde se constat\u00f3 que no funciona establecimiento alguno, se encuentran unos muebles y enseres y seg\u00fan el demandado se encuentra viviendo en el inmueble, porque no es suficiente para esta operadora judicial lo expuesto por la parte demandante cuando dice que el local comercial hab\u00eda sido ofrecido en arrendamiento por parte de la inmobiliaria Arrendar, cuando la misma demandante nos dice que el local no ha sido arrendado, que tiene conocimiento que se llev\u00f3 en arrendamiento el local a la inmobiliaria ARRENDAR LTDA, porque la inmobiliaria-arrendadora es de un cu\u00f1ado suyo y fue colocado un aviso o letrero referente a ello\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, por \u00faltimo anot\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00absi analizamos la declaraci\u00f3n de parte del se\u00f1or MENESES REYES, no deducimos una confesi\u00f3n, porque nos dice que \u00e9l no dio en administraci\u00f3n el local a la inmobiliaria Arrendar, que varias personas estaban interesadas, que ha perdido mucho dinero, pero decidi\u00f3 no arrendarlo ya que esto le produjo quebrantos de salud porque padece de epilepsia y decidi\u00f3 la tranquilidad a tener m\u00e1s dificultades que se hizo un pago por una se\u00f1ora de dos meses de arriendo y por esta raz\u00f3n le dijo a la arrendadora que devolviera el dinero, de donde se deduce que no hay elemento probatorio alguno analizado bajo los par\u00e1metros de la sana critica que se haya demostrado este supuesto y el ofrecimiento efectuado a la inmobiliaria seg\u00fan el fundamento del apelante no alcana a constituir los requisitos der la norma en comento\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 15-31).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. <\/font><\/font>Analizada <\/font><\/font>la providencia cuestionada (5 de agosto de 2015), mediante la cual el <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> encartado confirm\u00f3 la de primer grado (<\/font><\/font>negando pretensiones<\/i><\/font><\/font>), <\/font><\/font>ocasi\u00f3n en la que adem\u00e1s se agot\u00f3 la jurisdicci\u00f3n dentro del litigio descrito<\/font><\/font>, la Sala no observa proceder constitutivo de defecto <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>f\u00e1ctico y procedimental\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>amerite la intervenci\u00f3n del <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>juez constitucional\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>por cuanto los argumentos all\u00ed plasmados, tienen sustento en las particularidades f\u00e1cticas del caso y un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan esta materia (art\u00edculos 177, 183 C.P.C., 58, numerales 2 y 3, 518, 520, 521 y 522 C. Comercio, 1604, 1613, 1616 C. Civil, ), descartando por tanto un actuar antojadizo. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, el <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> enjuiciado, luego de rese\u00f1ar la legislaci\u00f3n concerniente al <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>contrato de arrendamiento\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>y a la <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>responsabilidad civil contractual\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>originada en aquel, procedi\u00f3 a contrastar la realidad del asunto que nos ocupa y el material probatorio aportado al <\/font><\/font>sub j\u00fadice<\/i><\/font><\/font>, labor de la cual concluy\u00f3, de una parte, que si bien es cierto, las razones por las cuales el arrendador no renov\u00f3 el contrato a la aqu\u00ed accionante obedecieron a obras de construcci\u00f3n que deb\u00edan realizarse, tambi\u00e9n lo es, que las mismas se cumplieron a cabalidad y de acuerdo a las licencias otorgadas por Planeaci\u00f3n Municipal, trabajo que se llev\u00f3 a cabo dentro de los tres meses que previ\u00f3 el art. 522 del C. Comercio.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, de otra, que el local comercial objeto de debate durante el tiempo de ejecuci\u00f3n de las remodelaciones ni con posterioridad fue entregado en <\/font><\/font>\u00abarriendo\u00bb<\/i><\/font><\/font>, pues nunca se arrend\u00f3 a terceros, a pesar de haber recibido la inmobiliaria encomendada el pago de dos meses, el propietario orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de dicho dinero, sin que se concretara el uso del inmueble por parte de personas diferentes al due\u00f1o, situaci\u00f3n que fue corroborada en la inspecci\u00f3n judicial. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. De tales elucidaciones, se observa que el juzgado encartado profiri\u00f3 la providencia de 5 de agosto de 2015, con sustento en el examen que en forma conjunta, coherente y siguiendo los criterios de la sana cr\u00edtica realiz\u00f3 frente a las \u00ab<\/font><\/font>pruebas<\/i><\/font><\/font> con sustento en las cuales adopt\u00f3 la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sin que de tal proceder se detecte ilegalidad o abuso alguno de sus funciones y menos a\u00fan desconocimiento de los presupuestos especiales de <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>defecto f\u00e1ctico y procedimental\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>por cuanto no se observa que el <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> se apartara de los hechos debidamente probados o que hubiese adoptado su decisi\u00f3n con elementos il\u00edcitos, ni mucho menos que el despacho accionado actuara al margen del respectivo procedimiento.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. Sea del caso destacar que, el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la <\/font><\/font>\u00abesfera probatoria\u00bb,<\/i><\/font><\/font> cuando el <\/font><\/font>\u00aberror en el juicio valorativo\u00bb<\/i><\/font><\/font> sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa y, es que en \u00ab<\/font><\/font>materia de pruebas\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 2 Oct. 2013, Rad. 01449-01, 2 Abr. 2014, rad. 00606-00 y 7 Oct. 2015, rad. 2336-00). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7. As\u00ed las cosas, <\/font><\/font>no se observa que la providencia atacada, pueda tildarse, iterase, de arbitraria para que sea objeto de cuestionamiento en esta sede,<\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font>por lo que <\/font><\/font><\/font>independientemente que lo proh\u00edje la Corte, al \u00ab<\/font><\/font>juez de tutela\u00bb<\/i><\/font><\/font> le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>independencia y autonom\u00eda\u00bb<\/i><\/font><\/font> tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>raigambre constitucional y legal\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ STC<\/font><\/font> 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01<\/font><\/font>); y, de otro, que<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, ha <\/font><\/font>considerado que: <\/font><\/font> <\/p>\n

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[E]l<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n <\/i><\/font><\/font>de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del<\/i><\/font><\/font> tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria<\/i><\/font><\/font> (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; y, 13 feb. 2013, rad. 00216-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. <\/font><\/font>D<\/font><\/font>e conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

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DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

Notif\u00edquese <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1133-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2015-00402-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97600","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97600","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97600"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97600\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97600"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97600"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97600"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}