{"id":97601,"date":"2025-03-26T19:20:45","date_gmt":"2025-03-26T19:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97601\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:45","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:45","slug":"97601","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97601\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/i><\/font><\/font>
<\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACION CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1136-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-2<\/b><\/font><\/font>2-10-000-2015-00791-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a <\/font><\/font>la <\/font><\/font>sentencia proferida el 24 de noviembre de 2015, <\/font><\/font>mediante la cual la <\/font><\/font>Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3<\/font><\/font> la acci\u00f3n de tutela promovida por Pablo Emilio Bemito \u00c1lvarez <\/font><\/font>contra el Juzgado Noveno de Familia.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3<\/font><\/font> la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, vida digna, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, <\/font><\/font>\u00abfiliaci\u00f3n a la familia\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del juicio de impugnaci\u00f3n de maternidad que le inici\u00f3 a Gloria Patricia Zambrano \u00c1lvarez. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

2.1. Que en el asunto de marras <\/font><\/font>\u00abse decretaron las pruebas dentro de las cuales los interrogatorios de parte al demandante Pablo Benito \u00c1lvarez y testimonial de Gabriel Zambrano Jim\u00e9nez, quien desde esa fecha manifest\u00f3 que EMELINA y \u00e9l recogieron a GLORIA PATRICIA desde el momento en que naci\u00f3 ya que la mam\u00e1 muri\u00f3 en el momento del parto y era la se\u00f1ora DOMITILA BOLA\u00d1OS\u00bb <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Que<\/font><\/font> \u00abdentro de las pruebas fue decretada la exhumaci\u00f3n de los restos de mi se\u00f1ora madre EMELINA \u00c1LVAREZ, para la experticia del ADN, por el medio del perito de la firma Yunes Turbay Laboratorio de Gen\u00e9tica, peritazgo este que fuera cancelado por m\u00ed y aportado al despacho. En la experticia del ADN practicada se estableci\u00f3 en conclusi\u00f3n: \u201cla maternidad de la se\u00f1ora EMELINA \u00b4\u00c1LVAREZ con relaci\u00f3n a GLORIA PATRICIA ZAMBRANO \u00c1LVAREZ es incompatible seg\u00fan los sistemas resaltados en la tabla\u201d\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Que el despacho cuestionado dict\u00f3 sentencia el 19 de octubre de 2015 denegando las pretensiones del libelo <\/font><\/font>\u00abdecretando la CADUCIDAD DE LA ACCI\u00d3N, con lo cual incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al tomar una decisi\u00f3n al margen del material \u00b4probatorio id\u00f3neo practicado en los procesos de filiaci\u00f3n y obrante en el expediente, ya que existe prueba de ADN que no reconoce a GLORIA PATRICIA ZAMBRANO como hija de EMELINA \u00c1LVAREZ\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

\n

2.4. Que <\/font><\/font>\u00abestando radicado en la ciudad de VILLAVICENCIO, no fui informado por mi apoderado sustituto, que ten\u00eda la defensa t\u00e9cnica en dicho proceso, ni la informaci\u00f3n de los t\u00e9rminos procesales para impugnar la sentencia, profesional \u00e9ste que no formul\u00f3 la correspondiente apelaci\u00f3n, y por consiguiente ni apel\u00f3 ni mucho menos sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n dej\u00e1ndome sin la posibilidad de mi defensa t\u00e9cnica y agotamiento de los recursos de ley, por causas que no son imputables a mi persona ya que confi\u00e9 en el profesional el derecho quien una vez vencido los t\u00e9rminos para apelar, renunci\u00f3 al poder sustituido dej\u00e1ndome al respecto sin ninguna acci\u00f3n que recurrir a la tutela a fin de que se establezca el estado civil de GLORIA PATRICIA conforme a la realidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica y a las consecuencias que de ella se deriven\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. El gestor no hizo petici\u00f3n alguna (fls. 1-4 Cdno. 1).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El apoderado de la demandada en el sub j\u00fadice, manifest\u00f3 que <\/font><\/font>\u00ablos t\u00e9rminos procesales son perentorios, una vez proferida la sentencia el apoderado del demandante se notific\u00f3 personalmente y a\u00fan no estaba ejecutoriada la misma, pero \u00e9ste profesional del derecho no hizo uso de los recursos como es el de apelaci\u00f3n\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 20-21).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La autoridad acusada guard\u00f3 silencio.<\/font><\/font><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 el amparo, al considerar que <\/font><\/font>\u00abel Juez de conocimiento actu\u00f3 dentro de los par\u00e1metros establecidos en la ley, resolviendo oportunamente las peticiones elevadas ante \u00e9l con relaci\u00f3n al caso propuesto, sin que se observe en su actuaci\u00f3n v\u00eda de hecho alguna, pues se advierte en cuanto a los hechos esbozados por la accionante en su demanda de tutela, que a pesar de que ahora se duele de la negativa de sus pretensiones por haber decretado de oficio la caducidad de la acci\u00f3n, debe advertirse, que frente a tales decisiones, que ahora considera violatorias de sus derechos fundamentales, \u00e9sta cont\u00f3 los mecanismos procesales pertinentes para manifestar su inconformidad ante el juez natural del asunto, adem\u00e1s de que tuvo la representaci\u00f3n de un profesional del derecho, a trav\u00e9s del cual pudo ejercer sus derechos, sin que pueda decirse ahora que por ser la decisi\u00f3n contraria a sus intereses, se violaron sus derechos fundamentales\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A la par, precis\u00f3 que<\/font><\/font> \u00absi el juez a quien correspond\u00eda el conocimiento del asunto, consider\u00f3 que era procedente la negativa a las pretensiones por haberse configurado la caducidad de la acci\u00f3n, es una cuesti\u00f3n que no puede ser debatida en esta instancia y por este mecanismo preferente y sumario, pues contaba la parte interesada con los mecanismos procesales pertinentes para demostrar su inconformidad con la situaci\u00f3n y si era el caso, llevar el asunto al conocimiento del juez de segunda instancia, pero como as\u00ed no se hizo, se recalca, no puede pretenderse ahora iniciar tal debate mediante este mecanismo constitucional, reviviendo t\u00e9rminos que se encuentran legalmente concluidos\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De otra parte, advirti\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abla acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo para desconocer las reglas de caducidad previstas por el legislador, y que se constituy\u00f3 como un l\u00edmite temporal que se ha previsto para acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, m\u00e1xime cuando es utilizada para discutir v\u00ednculos que se han establecido por a\u00f1os, por ende, si bien existe una prueba de ADN que concluye que la maternidad de Emelia \u00c1lvarez con relaci\u00f3n a la demandada Gloria Patricia Zambrano \u00c1lvarez es incompatible (maternidad excluida), la inactividad del demandante se dio por espacio de dos a\u00f1os, lo que implica que acept\u00f3 tal circunstancia, y es por ello encuentra la Sala que en el caso de marras la declaratoria de caducidad no es desproporcionada, dado que el actor debi\u00f3 acudir a la justicia dentro del t\u00e9rmino de ley para la protecci\u00f3n de sus derechos, esto es dentro de los 140 d\u00edas de que se trata el art. 219 del estatuto sustancial civil, y es claro que trascurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os para interponer la demanda, pues basta con analizar el material probatorio, en el que se desprende, que seg\u00fan el registro de defunci\u00f3n, la se\u00f1ora Emelina \u00c1lvarez muri\u00f3 el 24 de septiembre de 2008 y la demanda fue presentada el 10 de noviembre de 2010\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, finalmente, se\u00f1al\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abse debe aclarar en cuanto al defecto f\u00e1ctico que se endilga, que la juez no estaba habilitaci\u00f3n para analizar el fondo del asunto, pues al acreditar la configuraci\u00f3n de la caducidad de la acci\u00f3n, era procedente el rechazo de las pretensiones, y la falta de an\u00e1lisis de la prueba de ADN no es error de la juez encartada, frente a la cual desde un principio estaba llamado al fracaso\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 23-32).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La formul\u00f3 el actor, aduciendo que <\/font><\/font>\u00abla sentencia apelada sigue persistiendo tozudamente en afirmar que la acci\u00f3n estaba caducada, siendo que el art\u00edculo 219 del C.C., es y sigue siendo muy claro que la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n nace para el interesado desde los presupuestos del fallecimiento del padre o la madre, o con posterioridad o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo (que para el caso en juicio era del nacimiento (registro civil aportado) de la presunta heredera GLORIA PATRICIA ZAMBRANO \u00c1LVAREZ cuyo conocimiento fue procesalmente publicitado cuando aport\u00f3 el registro civil y el auto de reconocimiento, que fue la causa de que se presentara la demanda de impugnaci\u00f3n, por los tan cotorreados 140 d\u00edas, no son ni deben ser de recibo por ninguna autoridad judicial, porque est\u00e1 probado que el demandante present\u00f3 la demanda inmediatamente tuvo ese conocimiento de ese nacimiento. Por tal raz\u00f3n mal se puede predicar que la sentenciadora de Familia, pudiera ser considerada como inhabilitada por la configuraci\u00f3n de la CADUCIDAD\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 44-46).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La <\/font><\/font>reiterada jurisprudencia constitucional <\/font><\/font>ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>con ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/font><\/font> y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb<\/i><\/font><\/font> (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>evoluci\u00f3n jurisprudencial\u00bb<\/i><\/font><\/font> por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de <\/font><\/font>\u00abEstado Social de Derecho\u00bb<\/i><\/font><\/font> y lo contemplado en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n constitucional siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>a) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb <\/i><\/font><\/font>y, 2. Especiales: <\/font><\/font>\u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El<\/font><\/font> gestor ataca el fallo de primera instancia proferido el 19 de octubre de 2015, pues considera que se <\/font><\/font>incurri\u00f3 en \u00ab<\/font><\/font>defecto f\u00e1ctica y procedimental\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. La providencia atacada fue proferida por el despacho encartado dentro del juicio de impugnaci\u00f3n de maternidad promovido por Pablo Emilio Benito \u00c1lvarez (aqu\u00ed accionante) contra Gloria Patricia Zambrano \u00c1lvarez, ocasi\u00f3n en la que resolvi\u00f3 \u00ab<\/font><\/font>PRIMERO: DECLRAR DE OFICIO LA EXCEPCI\u00d3N DE CADUCIDAD DE LA ACCI\u00d3N de IMPUGNACI\u00d3N DE MATERNIDAD\u2026 TERCERO: Declarar terminado el presente asunto, proc\u00e9dase por secretaria a su archivo\u2026\u00bb,<\/i><\/font><\/font> al considerar que <\/font><\/font>\u00abel extremo demandante PABLO EMILIO BENITO \u00c1LVAREZ se encuentra legitimado para iniciar la presente acci\u00f3n de acuerdo a lo normado en el art\u00edculo 337 del C.C., por cuanto la maternidad putativa perjudica actualmente derechos sobre la sucesi\u00f3n de su madre, se observa entonces que si la parte demandante es de las legitimadas por el art\u00edculo 337 citado tiene un plazo establecido en la ley para ejercer su acci\u00f3n y que vencido el plazo opera la caducidad este t\u00e9rmino es de 140 d\u00edas a partir de fallecimiento de la madre\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A la par, precis\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abel registro civil de defunci\u00f3n de la madre inscrita se\u00f1ora EMELINA \u00c1LVAREZ dentro del cual se establece que la citada muri\u00f3 el 24 de septiembre de 2008 en la ciudad de Bogot\u00e1. El fallecimiento de \u00e9sta fue un hecho; conocido por el demandante seg\u00fan se relata en el hecho segundo de la demanda por lo que no hay lugar a considerar la ignorancia del fallecimiento contemplado en el art\u00edculo 219 del C.C., para efectos de la expiraci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abas\u00ed pues, el t\u00e9rmino para impugnar la maternidad a aplicar es el de los ciento cuarenta (140) d\u00edas, los cuales se deben contar desde el fallecimiento de la se\u00f1ora EMELINA \u00c1LVAREZ, es decir desde el 24 de septiembre de 2008, lo que quiere decir que para el 10 de noviembre de 2010 (fecha de presentaci\u00f3n de la demanda) ya hab\u00eda operado la caducidad de la presente acci\u00f3n para el reclamante, pues hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os desde el fallecimiento de la se\u00f1ora EMELINA \u00c1LVAREZ\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Luego, advirti\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abtranscurrido el t\u00e9rmino del art\u00edculo 219 del C.C., (140 d\u00edas) queda definitivamente consolidado el estado civil de hija legitima frente a quien, seg\u00fan el acta respectiva, tiene la calidad de madre (EMELINA \u00c1LVAREZ), y, por consiguiente, en la hip\u00f3tesis de que no lo fuera, ya no podr\u00eda impugnarse estado civil alegando falso parto o suplantaci\u00f3n del pretendido hijo al verdadero\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, finalmente se\u00f1al\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abcomoquiera que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la caducidad, las pretensiones, sin considerar las dem\u00e1s situaciones, no est\u00e1n llamadas a prosperar, como tampoco hay lugar a entrar en el estudio de las excepciones propuestas por la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el art. 306 del C.P.C.\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 3-6 Cdno. Corte).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. <\/font><\/font>Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que l<\/font><\/font>a protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta <\/font><\/font>que contra el fallo de 19 de octubre de 2015, en el que se <\/font><\/font>\u00abdeclar\u00f3 de oficio la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de maternidad\u00bb<\/i><\/font><\/font>, <\/font><\/font>el actor no interpuso \u00ab<\/font><\/font>recurso de apelaci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>contra la misma, dejando <\/font><\/font>fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto, pues <\/font><\/font>teniendo la oportunidad de intervenir en defensa de sus intereses al exponer las inconformidades objeto de queja constitucional ante el Tribunal Superior no lo hizo<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. En un caso que guarda simetr\u00eda, esta Corporaci\u00f3n tuvo la oportunidad de se\u00f1alar, que: <\/font><\/font> <\/p>\n

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Una vez <\/i><\/font><\/font>examinadas las acreditaciones arrimadas, y particularmente la sentencia criticada, cabe destacar que<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la subsistencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, el promotor del amparo se queja de que en el referido juicio se profiri\u00f3 sentencia contraria a sus pretensiones sin haber sido \u00abpracticada la prueba de paternidad solicitada y debidamente decretada\u00bb, no obstante encuentra la Sala que el recuento efectuado permite observar que en las m\u00faltiples oportunidades en las que se cit\u00f3 al demandante y aqu\u00ed accionante a la realizaci\u00f3n de la misma, no asisti\u00f3; como tampoco recurri\u00f3 el auto que cerr\u00f3 el per\u00edodo probatorio alegando la ausencia de la prueba cient\u00edfica, <\/i><\/font><\/font>ni apel\u00f3 el fallo del 1\u00ba de julio de 2011, pese a que de conformidad con el art\u00edculo 351 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ten\u00eda a su alcance tal recurso para controvertirlo y exponer a trav\u00e9s de esa herramienta<\/i><\/font><\/font>, las inconformidades contra aquella decisi\u00f3n que considera ahora violatoria de sus garant\u00edas fundamentales<\/i><\/font><\/font>, e inclusive, a trav\u00e9s del agotamiento del mismo, pod\u00eda recurrir en casaci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Resulta, entonces, ostensible, que si el promotor del amparo no agot\u00f3 los medios defensivos de que dispon\u00eda, no se puede proveer por medio de la queja constitucional, la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural, pues se reitera, en el juicio que propuso, no asisti\u00f3 en ninguna de las m\u00faltiples oportunidades en las que se le cit\u00f3 para la pr\u00e1ctica de la prueba que ahora reclama, ni ataco en oportunidad el auto que cerr\u00f3 el per\u00edodo probatorio, <\/i><\/font><\/font>tampoco ning\u00fan reparo formul\u00f3 contra la sentencia que fue debidamente notificada a trav\u00e9s de edicto\u00bb.<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(subrayado fuera de texto) <\/font><\/font>(CSJ STC 16 Jun. 2015<\/font><\/font>, rad. 00177-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. En tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00ab<\/font><\/font>Juez Constitucional\u00bb <\/i><\/font><\/font>auscultar la actuaci\u00f3n del funcionario acusado, cuando lo cierto es, que el gestor no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7. En relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha considerado que: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente.<\/i><\/font><\/font> La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada entre otras, el 25 Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22 May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Igualmente, sostuvo en sentencia CSJ STC 15 Jun. 2011, rad. 00151-01, reiterada, entre otras, 30 Oct. 2012, rad. 00439-01, que: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

\u201c(\u2026) q<\/font><\/font>uien luego de desde\u00f1ar las oportunidades legales que le fueron ofrecidas para remediar sus males, busca enmendar su desidia fuera del proceso donde las soslay\u00f3, ya que la presente acci\u00f3n no est\u00e1 prevista para rectificar fallas de gesti\u00f3n procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas debido a la pigricia propia<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8.<\/font><\/font> <\/font><\/font>Ahora bien, en lo que respecta a la inconformidad con el apoderado que lo representaba en el asunto de marras, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, comoquiera que independientemente de la responsabilidad que se genere en la negligencia del mandatario tal situaci\u00f3n no sirve para edificar una salvaguarda constitucional; am\u00e9n que <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del mandatario de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 14 Abr. 2011, rad. 00589 -00 reiterado el 5 Oct. 2012, rad. 01698-01 y 17 Jun. 2015, rad. 00171-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sobre este t\u00f3pico est\u00e1 Corporaci\u00f3n ha puntualizado que:<\/font><\/font><\/p>\n

Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u201d<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font>(CSJ STC, 9 Jun. 2004, rad. 00448, reiterada, entre otras, el 5 Ago. 2008, 27 May. 2011 y 21 Ago. 2012, rads. 01217-01, 0024-01 y 0187-01 respectivamente, 22 May. 2013, rad. 00206 y 17 Jun. 2015, rad. 00171-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

9. D<\/font><\/font>e conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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Notif\u00edquese <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1136-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2015-00791-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97601","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97601"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97601\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}