{"id":97628,"date":"2025-03-26T19:20:45","date_gmt":"2025-03-26T19:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97628\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:45","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:45","slug":"97628","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97628\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1246-2016<\/b><\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2015-00147-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de<\/font><\/font> tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., <\/font><\/font>nueve (9) febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a<\/font><\/font> la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2015, mediante la cual la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Antonio Jos\u00e9 Garc\u00eda del Campo en contra del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vincul\u00e1ndose al Defensor del Pueblo.<\/font><\/font><\/p>\n

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ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. El gestor solicit\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por el ente acusado. <\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

\n

2. Se\u00f1al\u00f3<\/font><\/font>, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, los siguientes hechos:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.1. Que a trav\u00e9s de correo certificado solicit\u00f3 <\/font><\/font>\u00abla expedici\u00f3n de certificaciones de informaci\u00f3n laboral con destino al c\u00e1lculo de bonos pensionales A y B ante el <\/i><\/font><\/font>MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO<\/b><\/i><\/font><\/font>, el cual fue entregado ante dicha entidad el d\u00eda 07 de septiembre de 2015 seg\u00fan certificaci\u00f3n anexa\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Que el <\/font><\/font>organismo encartado, mediante oficio GTH-4349 contest\u00f3 <\/font><\/font>\u00abla solicitud anteriormente referenciada, no dando respuesta suficiente, efectiva, de fondo y congruente sobre la solicitud interpuesta ante la misma entidad\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Que el 16 de septiembre de 2015, la entidad acusada <\/font><\/font>\u00abrespondi\u00f3 la solicitud evadiendo la responsabilidad de la misma, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cno se encuentra ning\u00fan registro relacionado con la vinculaci\u00f3n laboral que manifiesta el peticionario con la mencionada entidad\u201d, esta entidad por lo tanto desconoce los lineamientos jurisprudenciales\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.4. Que la compa\u00f1\u00eda Colombiana de Astilleros S.A. Conastil, se liquid\u00f3 <\/font><\/font>\u00abasumiendo la administraci\u00f3n laboral el Instituto de Fomento Industrial IFI, igualmente liquidada el 30 de diciembre de 2009, fecha en la que EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, asumi\u00f3 la custodia y administraci\u00f3n de la informaci\u00f3n laboral de la Compa\u00f1\u00eda Colombiana de Astilleros S.A. CONASTIL, por lo tanto el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, es el \u00fanico responsable en certificarle a mi representado el tiempo de laborado en CONASTIL y as\u00ed lo manifest\u00f3 en su respuesta\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.5. Que la Cartera Ministerial de igual forma respondi\u00f3 que <\/font><\/font>\u00ab\u201des ajeno a cualquier relaci\u00f3n jur\u00eddica entre CONASTIL S.A. y sus extrabajadores, como tambi\u00e9n de alguna otra obligaci\u00f3n legal una vez decretada la terminaci\u00f3n del proceso liquidatario de dicha entidad\u201d. Dicha respuesta contrar\u00eda lo dispuesto en la sentencia T-377 de 2000\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.6. Que ha transc<\/font><\/font>urrido mucho tiempo y el organismo acusado a la fecha no ha dado respuesta de fondo ni mucho menos ha solucionado la petici\u00f3n realizada, <\/font><\/font>\u00abtransgrediendo lo contemplado en los Art\u00edculos 13 y 14 del CPACA y en la sentencia T-170 de 2000\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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3. Pide, conforme lo relatado, se ordene al ente cuestionado <\/font><\/font>\u00abRESPONDA DE FONDO Y ME SOLUCIONE LA PETICION escrita sobre la solicitud interpuesta ante la misma entidad, el d\u00eda 07 de septiembre de 2015, por la cual solicite la expedici\u00f3n de certificaciones de informaci\u00f3n laboral con destino al c\u00e1lculo de bonos pensionales A y B, procedi\u00e9ndose a ordenar su respuesta\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

El Representante Legal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,<\/font><\/font> contest\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abno exist\u00eda raz\u00f3n para que s\u00ed la respuesta adoptada de manera oportuna por nuestra parte en ejercicio de nuestro deber legal y constitucional frente al peticionario no satisfizo la necesidad perseguida, lo que conduce al disgusto o inconformismo del solicitante, no es raz\u00f3n para que se pretende responsabilizar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de haber generado una violaci\u00f3n al derecho constitucional que ampara el derecho de petici\u00f3n, lo cual es falso, conforme se prueba\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Agrega que <\/font><\/font>\u00abla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia garantiza el derecho del ciudadano a dirigir peticiones respetuosas a las autoridades <\/i><\/font><\/font>(art. 23 C.P)<\/i><\/font><\/font>, sin embargo, eso no puede entenderse en el sentido de que se pueda preguntar lo que no puede ser respondido por la complejidad del asunto, o que pueda esperarse respuesta de fondo cuando la misma es imposible de producir. Como se ha sostenido desde hace a\u00f1os en la jurisprudencia constitucional, \u201c\u2026 para la jurisprudencia y la doctrina constitucional no existen derechos absolutos\u2026\u201d (<\/i><\/font><\/font>Sentencia C-355\/94, Corte Const<\/i><\/font><\/font>.); el derecho de petici\u00f3n, en efecto, no es un derecho absoluto\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Precis\u00f3 que <\/font><\/font>tal como lo exige la norma anterior <\/font><\/font>\u00ablas peticiones deben ser susceptibles de unja respuesta precisa pero ello no implica la aceptaci\u00f3n de lo solicitado o que el peticionario aspire a que se le conceda forzosamente algo que resulta imposible como en este caso en concreto, siendo evidente que existe una incapacidad de responder, pretendiendo el accionante en el fondo de manera procesalmente err\u00f3nea, inducir a que se d\u00e9 una informaci\u00f3n sin ninguna base documental por la inexistencia de archivos y por lo tanto no son materia de competencia de este Ministerio\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Concluye que <\/font><\/font>\u00aben el evento de que una entidad o funcionario del estado emita un acto administrativo que tenga vicios de legalidad por no revelar la informaci\u00f3n veraz y precisa, y que adicionalmente tenga efectos econ\u00f3micos como lo es la expedici\u00f3n de certificaciones laborales para la expedici\u00f3n de bonos pensionales como en el presente caso, incurre en faltas como falsedad material en documento p\u00fablico al expedir documentos contrarios a la ley con una flagrante violaci\u00f3n al C\u00f3digo \u00danico Disciplinario, so pena de las implicaciones de tipo penal y fiscal que contempla el marco jur\u00eddico\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 30-36).<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El Tribunal <\/font><\/font>a-quo, <\/i><\/font><\/font>neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, por considerar que del an\u00e1lisis del caso <\/font><\/font>\u00abse tiene por probada la petici\u00f3n formulada por el se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Garc\u00eda del Campo a trav\u00e9s de apoderado judicial ante la entidad demandada Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el d\u00eda 07 de septiembre de 2015, pues obra copia de ella con la correspondiente constancia de recibido; ahora bien, dentro del tr\u00e1mite constitucional la entidad demandada haciendo uso de su derecho de defensa manifiesta a este Tribunal, que la petici\u00f3n interpuesta fue contestada\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Resalt\u00f3 <\/font><\/font>que <\/font><\/font>\u00abdel informe rendido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se evidencia que la entidad accionada dio contestaci\u00f3n con fecha 14 de septiembre de 2015 a lo solicitado por el demandante tal como lo acepta el mismo actor (fl. 13), es de resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha asumido la posici\u00f3n que el derecho de petici\u00f3n no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petici\u00f3n se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, raz\u00f3n por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde en forma negativa, o como en el caso particular ha manifestado su imposibilidad en brindar la informaci\u00f3n requeridas por no tenerla en sus archivos, siendo en este caso preciso atender el principio general del derecho en cuenta a que nadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 46-50). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La interpuso el apoderado de la parte actora, sin manifestar los motivos de su inconformidad (fl. <\/font><\/font><\/font>58). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Corte que:<\/font><\/font><\/p>\n

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el derecho de petici\u00f3n no s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna -que no formal ni necesariamente favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho…\u2019 El derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante<\/i><\/font><\/font> (CSJ STC, 10 Dic. 2012, Rad. 00120-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El quejoso pretende<\/font><\/font> se ordene a la autoridad acusada responder de <\/font><\/font>\u00abFONDO Y ME SOLUCIONE LA PETICI\u00d3N\u00bb <\/i><\/font><\/font>elevada el 7 de septiembre de 2015.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.<\/font><\/font> Del examen de las pruebas se desprende que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

a) El<\/font><\/font> gestor solicit\u00f3 mediante escrito dirigido al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo \u00ab<\/font><\/font>certificaciones de informaci\u00f3n laboral con destino al c\u00e1lculo de bonos pensionales A y B\u00bb <\/i><\/font><\/font>conforme a la circular conjunta No. 13 del 2007 expedida por la misma entidad (fls. 8-9).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

b) A su vez obtuvo<\/font><\/font> una respuesta desfavorable, pues no le fue otorgada la certificaci\u00f3n requerida, por cuanto la entidad acusada consider\u00f3 que <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>De conformidad con las atribuciones conferidas en el art\u00edculo 23 del Decreto 2590 de 2003, por el cual se ordena la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del Instituto de Fomento Industrial IFI, una vez qued\u00f3 en firme el acta por medio de la cual se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n de la existencia legal del IFI, en Liquidaci\u00f3n el 30 de diciembre de 2009, este Ministerio asumi\u00f3 la custodia y administraci\u00f3n de la informaci\u00f3n laboral del liquidado Instituto, incluyendo algunos archivos fraccionados de CONASTIL S.A. en los cuales no se encuentra ning\u00fan registro relacionado con la vinculaci\u00f3n laboral que manifiesta el peticionario con la mencionada entidad<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. <\/font><\/font>Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, advierte la Sala que la protecci\u00f3n impetrada, no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, ya que la solicitud fue resuelta en cumplimiento de los presupuestos contenidos en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional; teniendo en cuenta que la entidad censurada dio respuesta a la petici\u00f3n elevada por el actor, de manera clara, completa y oportuna, pues, precis\u00f3 que en los archivos que reposan en la Instituci\u00f3n <\/font><\/font>\u00abno se encuentra ning\u00fan registro relacionado con la vinculaci\u00f3n laboral que manifiesta el peticionario\u00bb.<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. <\/font><\/font>Ahora bien, lo que gener\u00f3 la inconformidad del interesado, es que la contestaci\u00f3n no fue en los t\u00e9rminos que \u00e9l esperaba, es decir, que le expidieran los \u00ab<\/font><\/font>certificados de informaci\u00f3n laboral con destino al c\u00e1lculo de bonos pensionales A y B\u00bb<\/i><\/font><\/font>, situaci\u00f3n que no es de recibo, pues la jurisprudencia ha reiterado que el <\/font><\/font>\u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> debe ser respondido con prontitud, en forma precisa y congruente, notificado, pero sin que su <\/font><\/font>\u00abrespuesta\u00bb<\/i><\/font><\/font> implique la aceptaci\u00f3n a lo <\/font><\/font>\u00absolicitado\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. <\/font><\/font>Al respecto, esta Corporaci\u00f3n, ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

el derecho de petici\u00f3n consagra para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante<\/i><\/font><\/font> (<\/font><\/font>CSJ STC, <\/font><\/font>27 Ene. 2000, <\/font><\/font>Rad<\/font><\/font>. 8138, reiterad<\/font><\/font>o<\/font><\/font> 27 Oct. 2011, <\/font><\/font>Rad. <\/font><\/font>01215-01<\/font><\/font>,<\/font><\/font> 2 Oct. 2012, <\/font><\/font>Rad.<\/font><\/font> 00135-01<\/font><\/font> y 20 Mar. 2013, Rad. 00095-01<\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7<\/font><\/font>. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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Notif\u00edquese <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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