{"id":97646,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97646\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97646","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97646\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC<\/b><\/font><\/font>1378-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0<\/b><\/font><\/font>13001-22-21-000-2015-00148-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de <\/font><\/font>diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bog<\/font><\/font>ot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el <\/font><\/font>dos de diciembre de dos mil quince por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderada judicial, por Carlos Enrique Rojas, contra el Ministerio de Defensa Nacional, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Comando General de las Fuerzas Militares y al Hospital Naval de Cartagena. <\/font><\/font> <\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El promotor solicit\u00f3 el amparo <\/font><\/font>de sus derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad y escogencia de profesi\u00f3n u oficio, que considera vulnerados por la autoridad accionada con ocasi\u00f3n de la negativa de la accionada de otorgarle el retiro voluntario de la instituci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, pretende que <\/font><\/font>se ordene la suspensi\u00f3n inmediata de la acci\u00f3n perturbadora de sus derechos y se le conceda el retiro inmediato de la Armada Nacional. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>El 18 de noviembre de 2008 el accionante,<\/font><\/font> quien es teniente de nav\u00edo de la Armada Nacional, <\/font><\/font>firm\u00f3 un acta de compromiso ante el Comandante de dicha instituci\u00f3n, en la que consign\u00f3 que se compromet\u00eda a la obligatoriedad de la prestaci\u00f3n de servicios por el doble del lapso que permanecer\u00eda en la comisi\u00f3n de estudios de especializaci\u00f3n de anestesiolog\u00eda que le hab\u00eda sido otorgada y la que iniciar\u00eda a partir del 13 de enero de 2009, as\u00ed como al cumplimiento de la p\u00f3liza.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. El 30 de abril de 2015 el peticionario solicit\u00f3 su retiro voluntario del servicio activo como oficial de dicha instituci\u00f3n tras indicar que su decisi\u00f3n obedec\u00eda al an\u00e1lisis met\u00f3dico y meticuloso de su situaci\u00f3n personal, laboral y profesional, el que le llev\u00f3 a concluir que su ciclo dentro de las filas deb\u00eda llegar a su final.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. El 6 de mayo fue entrevistado por un psic\u00f3logo, el que consign\u00f3 en el formato de informaci\u00f3n de retiro que se observaba que la determinaci\u00f3n hab\u00eda sido analizada con el n\u00facleo familiar, pues se plante\u00f3 un proyecto de vida diferente y cumpli\u00f3 con los objetivos que ten\u00eda dentro de la fuerza. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. El 28 de mayo de 2015 el actor present\u00f3 un informe al Director del Hospital Naval de Cartagena, en el que le informaba que no ten\u00eda suscrita ninguna p\u00f3liza de cumplimiento o de permanencia que le obligara continuar en la Armada Nacional, pues al inicio de su formaci\u00f3n de especializaci\u00f3n m\u00e9dica en anestesiolog\u00eda, en el Hospital Militar Central en el mes de enero de 2009, por orden de la Direcci\u00f3n de Sanidad Naval tom\u00f3 una p\u00f3liza de cumplimiento con vigencia de tres a\u00f1os, la que venci\u00f3 en enero de 2012, mes en el que termin\u00f3 sus estudios. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. El 21 de julio del mismo a\u00f1o, el Jefe de la Divisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de Personal de la Armada Nacional le inform\u00f3 al accionante que su petici\u00f3n de retiro ser\u00eda presentada en el pr\u00f3ximo comit\u00e9 de novedades y posteriormente se le dar\u00eda respuesta de fondo, pues mediaban razones del servicio que deb\u00edan ser analizadas. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. El 29 de octubre de 2015 la Jefatura de Desarrollo Humano y Familia de la Armada Nacional deneg\u00f3 la solicitud elevada por el actor en atenci\u00f3n a las necesidades del servicio, aduciendo que la argumentaci\u00f3n presentada es la misma expuesta cuando se pidi\u00f3 la destinaci\u00f3n en comisi\u00f3n de estudios en la Universidad Nueva Granada para adelantar la especializaci\u00f3n en anestesiolog\u00eda, la cual dur\u00f3 tres a\u00f1os que se computaron como de servicio activo e implic\u00f3 una erogaci\u00f3n a cargo de la instituci\u00f3n, que la Armada requer\u00eda su especialidad para satisfacer la necesidad de los servicios de salud del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, por lo que primaba el inter\u00e9s general al mandato legal de permanencia en la entidad, y que la preparaci\u00f3n acad\u00e9mica conllevaba la disposici\u00f3n de conocimientos en retribuci\u00f3n de los esfuerzos realizados, permaneciendo en la instituci\u00f3n por un tiempo m\u00ednimo igual al doble del lapso que hubiere estado en comisi\u00f3n, lo cual est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 89 del Decreto 1790 de 2000. <\/font><\/font> <\/p>\n

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7. <\/font><\/font>El peticionario considera que se vulneraron los derechos invocados con ocasi\u00f3n de <\/font><\/font>la negativa de la entidad accionada de concederle el retiro voluntario de la instituci\u00f3n, pues no tiene cuenta lo que ha indicado la Corte Constitucional sobre la libre escogencia de profesi\u00f3n u oficio, ni tampoco el par\u00e1grafo del art\u00edculo 89 del Decreto 1790 de 2000 que indica que los oficiales o suboficiales que sean destinados en comisi\u00f3n especial de servicio con el fin de capacitarse quedaran obligados a prestar servicio por el m\u00ednimo de dos a\u00f1os, que \u00e9l hizo una comisi\u00f3n especial y no una de estudios, que en todo caso dicho canon no aplica porque dej\u00f3 de ser alumno oficial hace 12 a\u00f1os, que ha ejercido la especialidad durante 3 a\u00f1os y ocho meses, y que su petici\u00f3n no ha sido recibida en el Ministerio de Defensa para el respectivo tr\u00e1mite, Cartera que es la que debe definir su situaci\u00f3n y no el Jefe de Desarrollo Humano y de Familia de la Armada Nacional. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Agreg\u00f3 que en la instituci\u00f3n existen nueve anestesi\u00f3logos en diferentes hospitales y adem\u00e1s el Ministerio de Defensa asigna un presupuesto para contratar personas en la modalidad de prestaci\u00f3n de servicios, que se vulnera el derecho a la igualdad porque hay otros casos como el de una Teniente de Fragata especializada en pediatr\u00eda a la que se le concedi\u00f3 licencia de maternidad y despu\u00e9s se le acept\u00f3 su retiro, que el argumento de que su retiro compromete la seguridad nacional es infundado y subjetivo, pues el Presidente no ha decretado un estado de excepci\u00f3n que ser\u00eda la raz\u00f3n para retenerlo en relaci\u00f3n con necesidades del servicio, que se ha considerado la tutela un mecanismo id\u00f3neo cuando la no autorizaci\u00f3n de retiro no est\u00e1 justificada por motivos de orden p\u00fablico, y que la no aceptaci\u00f3n del retiro inmediato de un miembro de la Fuerzas Militares debe acreditarse en forma cierta por quien lo invoca <\/font><\/font> <\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Por auto de <\/font><\/font><\/font>20 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar al accionado y vincular<\/font><\/font><\/font> al Comando General de las Fuerzas Militares y al Hospital Naval de Cartagena.<\/font><\/font> [Folios 41 y 42, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. <\/font><\/font><\/font>Dentro de la oportunidad concedida, el Hospital Naval de Cartagena solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite teniendo en cuenta que no tiene competencia para resolver de fondo lo requerido.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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La Oficina Jur\u00eddica del Comando de la Armada Nacional se\u00f1al\u00f3 que el accionante no ha cumplido con lo dispuesto en el art\u00edculo 89 del Decreto 1790 de 2000, que en ning\u00fan momento le impidi\u00f3 el retiro de la instituci\u00f3n al actor, simplemente le inform\u00f3 que por motivos del servicio basados en su obligaci\u00f3n de permanencia por la capacitaci\u00f3n recibida, misi\u00f3n y funci\u00f3n encomendadas, no se daba tr\u00e1mite favorable al mismo, que una vez cumpla con la obligatoriedad en la prestaci\u00f3n del servicio, cesa la obligaci\u00f3n contra\u00edda en el acta de compromiso de 18 de noviembre de 2008, y que el actor omite indicar que se le otorg\u00f3 una comisi\u00f3n permanente de estudios con fundamento en el art\u00edculo 83 <\/font><\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font><\/font>, y no una comisi\u00f3n especial como lo afirma en la tutela, pues adem\u00e1s ostenta la condici\u00f3n de oficial y no de alumno de escuela de formaci\u00f3n, que el peticionario conoc\u00eda del compromiso que adquir\u00eda.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que las razones por las cuales no se concede el tr\u00e1mite favorable de retiro no son injustas, ya que observan a la obligatoriedad normativa y a las necesidades propias del servicio, que se trata de una decisi\u00f3n fundamentada y no obedece al capricho de los mandos, que en caso de ordenarse el retiro del oficial se producir\u00eda un detrimento patrimonial injustificado, teniendo en cuenta que la especializaci\u00f3n dur\u00f3 tres a\u00f1os, se le cancelaron sus haberes como si trabajara y tuvo un costo aproximado de $150.000.000, que la Corte Constitucional ha dicho que los derechos de los militares no son absolutos pues pueden verse limitados por el art\u00edculo 127 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que el gestor no solamente ha sido requerido por el Estado como m\u00e9dico anestesi\u00f3logo sino tambi\u00e9n en su grado de Teniente de Nav\u00edo, y que no se vislumbra un perjuicio irremediable, pues el gestor recibe un sueldo, salud y aporta a la Caja Promotora de Vivienda para acceder a un subsidio.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. En sentencia de <\/font><\/font>2 de diciembre de 2015, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena deneg\u00f3 el amparo tras considerar que los derechos invocados no se han visto violentados por la entidad accionada, pues si bien la Circular 042 de 2013 indica que la solicitud de retiro debe ser dirigida al Ministro de Defensa, no es menos cierto que dicha facultad puede ser delegada en el comandante general o comandantes de fuerza, que la respuesta emitida por el Vicealmirante, Presidente del Comit\u00e9 de Novedades de Personal Militar Civil, fue expedida conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 99 del Decreto 1790 de 2000, que la negativa de la instituci\u00f3n en concederle el retiro voluntario obedece a la limitaci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 89 <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>, y que se\u00f1ala expresamente la obligatoriedad de la prestaci\u00f3n del servicio, norma que es de pleno conocimiento del actor al punto que suscribi\u00f3 el acta de compromiso de permanencia en la instituci\u00f3n por el doble de tiempo empleado para su especializaci\u00f3n profesional, lo que a la fecha no ha cumplido, ya que culmin\u00f3 sus estudios de tres a\u00f1os en el 2009, por lo que los seis a\u00f1os ser\u00edan en el 2018. <\/font><\/font> <\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n,<\/font><\/font> el accionante la impugn\u00f3, para lo cual indic\u00f3 que se le dio prioridad al art\u00edculo 89 del Decreto 1790 de 2000 y al acta de compromiso que suscribi\u00f3, sobre los derechos fundamentales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que no fueron examinados sus argumentos sobre el derecho a la igualdad frente a la Teniente de Fragata, que no se probaron las necesidades del servicio, y que no entiende las razones por las que debe seguir en la instituci\u00f3n en contra de su voluntad [Folios 110 a 117, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de <\/font><\/font>subsidiariedad. <\/font><\/font> <\/p>\n

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El enunciado postulado est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna de los derechos objeto de violaci\u00f3n o amenaza, toda vez que al amparo no se le puede considerar como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

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En armon\u00eda con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>otros recursos o medios de defensa judiciales<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font>, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que la primera se utilizara como \u201c<\/font><\/font>mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/i><\/font><\/font>, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de tales herramientas ser\u00eda apreciada \u00ab<\/font><\/font>en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font> <\/p>\n

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Se estructura as\u00ed uno de los requisitos de procedibilidad del se\u00f1alado mecanismo, esto es su car\u00e1cter subsidiario o residual, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legalmente creado para ser utilizado mediante las v\u00edas ordinarias.<\/font><\/font><\/p>\n

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2.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, deviene con claridad la conclusi\u00f3n de que la acci\u00f3n incoada es improcedente, toda vez que el reclamante dispone de otros medios a trav\u00e9s de los cuales puede procurar la defensa adecuada de los derechos que estima transgredidos.<\/font><\/font><\/p>\n

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En efecto, no puede perderse de vista que la inconformidad del peticionario, se concreta en la respuesta otorgada por el Jefe de Desarrollo Humano y Familia de la Armada Nacional a <\/font><\/font>la solicitud de retiro que elev\u00f3,<\/font><\/font> la cual fue despachada <\/font><\/font>desfavorablemente de conformidad con las necesidades del servicio y con el art\u00edculo 89 del Decreto 1790 de 2000 que prev\u00e9 que prestar su servicio a la instituci\u00f3n por un tiempo m\u00ednimo igual al doble del lapso que hubiere permanecido en comisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

\n

De ah\u00ed entonces, que al dirigir su inconformidad contra un acto administrativo, los reparos que formula el actor en contra de tal decisi\u00f3n, pueden ser tramitados ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, para que sea dentro del procedimiento que corresponda, que se emita una decisi\u00f3n de fondo en torno a la factibilidad de acceder a su reclamaci\u00f3n, tema frente al cual esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/font><\/font> <\/p>\n

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\u201cConforme a los postulados del debido proceso, los miembros de las fuerzas militares gozan del derecho fundamental a impugnar las decisiones que tomen las autoridades militares, pues constituyen decisiones administrativas que pueden ser controvertidas ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, por lo que tiene a su alcance tales acciones para obtener la definici\u00f3n del punto que pretende\u201d (sentencia de 8 de marzo de 2005, exp. No. 13001-22-13-000-2005-00007-01, reiterada en sentencia de <\/i><\/font><\/font>1\u00ba de noviembre de 2012, exp. T-2012-0409-01<\/i><\/font><\/font>).\u201d<\/i><\/font><\/font>1<\/a><\/i><\/font><\/font><\/p>\n

\n

Tales <\/font><\/font>medios judiciales se tornan efectivos e id\u00f3neos frente a la amenaza del perjuicio irremediable alegado, raz\u00f3n por la que el fallador Constitucional no puede anticipar la decisi\u00f3n del juez natural.<\/font><\/font><\/p>\n

\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver controversias como las aqu\u00ed planteadas, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. <\/font><\/font>Por otra parte, y aun cuando de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ante una violaci\u00f3n patente de los derechos fundamentales invocados, en el presente asunto, no se colige la existencia de dicho presupuesto. <\/font><\/font> <\/p>\n

\n

Entonces, con la finalidad de rebatir una decisi\u00f3n de las anotadas caracter\u00edsticas, no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, el accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00ab<\/font><\/font>grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb <\/i><\/font><\/font>2<\/a><\/font><\/font>, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilitara al ciudadano para ejercer el mecanismo excepcional. <\/font><\/font> <\/p>\n

\n

4. Finalmente, el promotor tampoco acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, porque no prob\u00f3 que hubiere recibido un trato diferencial, en detrimento de sus garant\u00edas, frente a otros casos id\u00e9nticos al suyo, pues se limit\u00f3 a indicar que a la <\/font><\/font>Teniente de Fragata Sandra Milena Mej\u00eda Mantilla, quien se especializ\u00f3 en pediatr\u00eda y a la que se le concedi\u00f3 licencia de maternidad, se le acept\u00f3 su retiro, allegando \u00fanicamente la resoluci\u00f3n que enumera las personas que fueron retiradas del servicio. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5<\/font><\/font>. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1<\/a> <\/font><\/font>En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la Corte en sentencias de 11 de septiembre de 2008, exp. T-2008-0984-01 y 5 de septiembre de 2012, exp. T-2012-00431-01.<\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

2<\/a> Fallos de 14 de diciembre de 2011, exp. 2011-00162-01; 3 de julio de 2012, exp. 2012-00135-01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-00581-01.<\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1378-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b013001-22-21-000-2015-00148-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97646"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97646\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}