{"id":97657,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-259\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"corte-suprema-de-justicia-259","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-259\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado Ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1422-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0<\/b><\/font><\/font> 11001-02-03-000-2016-00193-00<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de<\/font><\/font> diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por M\u00f3nica del Pilar Ochoa Mu\u00f1oz contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincularon las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso ejecutivo instaurado en su contra, donde la segunda instancia incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto procesal al revocar la decisi\u00f3n del a quo, ordenado continuar adelante con la ejecuci\u00f3n, bajo una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se \u00ab<\/font><\/font>deje sin efecto la sentencia proferida por esta sala de decisi\u00f3n y en su lugar se profiera sentencia confirmando la providencia de primera instancia<\/i><\/font><\/font>.\u00bb. [Folio 92, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.<\/font><\/font> El 14 de febrero de 2011, la accionante acept\u00f3 a favor de Arbey Eudoro Aguirre Osorio, una letra de cambio por la suma de $140.500.000 pagadera el 14 de abril de ese a\u00f1o; la actora abon\u00f3 al capital la suma de $30.000.000, quedando a deber un saldo de $110.500.000, los cuales no ha cancelado junto con sus intereses, no obstante el plazo se encuentra vencido.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. Ante el incumplimiento, Aguirre Osorio formul\u00f3 demanda ejecutiva contra la actora por la cantidad pendiente por cancelar como capital, m\u00e1s los intereses moratorios desde el 15 de abril de 2011, a la m\u00e1xima tasa permitida por la Superintendencia Bancaria. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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3. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn, que libr\u00f3 mandamiento de pago el 9 de mayo de 2012. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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4. La tutelante se notific\u00f3 el 24 de mayo siguiente y formul\u00f3 las excepciones de \u00ab<\/font><\/font>vicio en el consentimiento<\/i><\/font><\/font>\u00bb para cuyo efecto expres\u00f3 que no obr\u00f3 de manera libre al momento de suscribir el t\u00edtulo valor y por el contrario lo realiz\u00f3 en contra de su voluntad como consecuencia de las amenazas recibidas contra su vida y la de sus hijos por parte del ejecutante y, \u00abl<\/font><\/font>as derivadas del negocio que dio origen a la creaci\u00f3n del t\u00edtulo<\/i><\/font><\/font>\u00bb, en tanto que ninguna \u00ab<\/font><\/font>relaci\u00f3n negocial<\/i><\/font><\/font>\u00bb existi\u00f3 entre las partes que diera vida a la obligaci\u00f3n cambiaria. As\u00ed mismo, expres\u00f3 que por tal situaci\u00f3n el 3 de febrero de 2012 denunci\u00f3 al ejecutante ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el delito de Constre\u00f1imiento Ilegal. [Folios 52-55, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5. En la ampliaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 la actora que quien deb\u00eda realmente el dinero que se pretende cobrar era su esposo fallecido Lu\u00eds Fernando Claros, pero como fue constre\u00f1ida por la parte demandante con intimidaciones contra sus descendientes en virtud de dicha acreencia, procedi\u00f3 a firmar la letra de cambio y le entreg\u00f3 al ejecutante un cheque por $90.000.000 el 4 de abril de 2011 y otro por $30.000.000 el 30 de abril siguiente como abono a la obligaci\u00f3n inicialmente contra\u00edda por su pareja. De igual forma, indic\u00f3 que ante otro juzgado la parte activa present\u00f3 demanda contra los herederos determinados de su c\u00f3nyuge pero fue retirada posteriormente. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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6. De las excepciones propuestas se corri\u00f3 traslado a la parte actora el 4 de julio de 2012, quien asever\u00f3 que contrario a lo afirmado por la accionante, la letra de cambio objeto de recaudo se suscribi\u00f3 voluntariamente por la ejecutada, porque conoc\u00eda que su c\u00f3nyuge le adeudaba unos dineros al demandante, quien adem\u00e1s solicit\u00f3 que no le embargara las fincas ubicadas en el Urab\u00e1 \u2013 Antioque\u00f1o porque las iba a enajenar; que ella le cancelar\u00eda lo adeudado en un corto plazo y que por tal raz\u00f3n desisti\u00f3 de la demanda que ven\u00eda adelantando ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Medell\u00edn en contra de la sucesi\u00f3n del consorte de la actora. Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que el 26 de junio de 2012 denunci\u00f3 a la tutelante por el delito de calumnia. [Folios 19-20,c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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7. Una vez decretadas y practicadas las pruebas, el 18 de febrero de 2015 se corri\u00f3 traslado para alegatos de conclusi\u00f3n, oportunidad que fue aprovechada por ambos extremos. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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8. El 15 de abril de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn, declar\u00f3 prospera la excepci\u00f3n propuesta por la actora por lo que procedi\u00f3 a declarar la nulidad por \u00ab<\/font><\/font>vicio del consentimiento<\/i><\/font><\/font>\u00bb del t\u00edtulo valor suscrito y orden\u00f3 cesar la ejecuci\u00f3n adelantada tras se\u00f1alar que de acuerdo al an\u00e1lisis efectuado \u00ab<\/font><\/font>el actuar ileg\u00edtimo del demandante motiv\u00f3 a la demandada a suscribir el t\u00edtulo valor tantas veces rese\u00f1ado, afectando su eficacia<\/i><\/font><\/font>\u00bb [Folios 59-66, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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9. Inconforme con la decisi\u00f3n, la parte demandante la impugn\u00f3 para cuyo efecto indic\u00f3 que ninguno de los deponentes les consta que el extremo activo amenaz\u00f3 a la accionante y su familia, porque con la denuncia que se present\u00f3, no se puede afirmar que la tutelante fue obligada a suscribir la letra de cambio; m\u00e1xime que no se ha iniciado un proceso penal en su contra, ya que se trata de una investigaci\u00f3n que se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n y por tanto el ejecutante goza de la presunci\u00f3n de inocencia. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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10. Mediante auto fechado 10 de diciembre de 2015, El Tribunal Superior de Medell\u00edn revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia; declar\u00f3 improcedente la excepci\u00f3n propuesta y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en contra de la tutelante al considerar que no se demostr\u00f3 de manera contundente y categ\u00f3rica, las supuestas amenazas que recibi\u00f3 la accionante con la potencialidad suficiente para que suscribiera el t\u00edtulo valor objeto de recaudo contra su propia voluntad. [Folios 68-86,c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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11.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>En criterio de la peticionaria del amparo, con tal decisi\u00f3n el Tribunal accionado vulner\u00f3 los derechos invocados, toda vez que la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n constituye una v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, pues, no cabe duda de la existencia del actuar contrario a la ley del ejecutante donde qued\u00f3 claro que ejerci\u00f3 presiones en su contra y prueba de ello es la denuncia que interpuso en la fiscal\u00eda por tales hechos. Aunado a ello, no se analiz\u00f3 que la letra de cambio fue firmada con espacios en blanco y que entre las partes nunca existi\u00f3 un negocio o pr\u00e9stamo de mutuo que diera lugar a la firma del t\u00edtulo valor como lo hizo el a quo. [Folios 87- 93, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>El primero de febrero de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el proceso para que ejercieran su derecho a la defensa.[Folio 95,c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>Dentro del t\u00e9rmino concedido los intervinientes guardaron silencio.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.<\/font><\/font> Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. <\/font><\/font>En el asunto sub-judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el Tribunal Superior de Medell\u00edn para revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esa ciudad y en su lugar ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra de la tutelante, no se advierte procedente el amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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En efecto, la autoridad accionada para fundar su determinaci\u00f3n expuso que:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab<\/font><\/font>De la lectura y confrontaci\u00f3n de estas versiones se advierte que no concuerdan; al efecto, la demandada al formular la denuncia en contra del demandado afirm\u00f3 que a la reuni\u00f3n con el denunciado (el aqu\u00ed ejecutante), la acompa\u00f1\u00f3 su cu\u00f1ada Mery Nancy Claros; pero en ning\u00fan momento afirm\u00f3 que otras personas diferentes la hubieran acompa\u00f1ado, como en efecto, as\u00ed lo afirm\u00f3 el testigo Elkin Andr\u00e9s Trujillo Cardona, al indicar que \u00e9l tambi\u00e9n la acompa\u00f1\u00f3; tampoco dijo que otras personas hubieran presenciado la reuni\u00f3n, como as\u00ed lo afirm\u00f3 el declarante Juli\u00e1n Valencia.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Es m\u00e1s, el testigo Trujillo Cardona, en la declaraci\u00f3n afirm\u00f3 que la reuni\u00f3n con el ejecutante, se celebr\u00f3 en el mes de abril del a\u00f1o 2012 (fls.62 vto. C.1); en cambio, la demandada al formular la denuncia y la deponente Claros Guerra, afirman que tuvo lugar ocho (8) d\u00edas despu\u00e9s del deceso del se\u00f1or Fernando Claros Guerra, el que tuvo ocurrencia el 26 de enero de 2011.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Es m\u00e1s, no obstante lo aseverado por los referidos testigos Claros Guerra y Trujillo Cardona, en cuanto a que la letra objeto del recaudo ejecutivo la suscribi\u00f3 la demandada por la presi\u00f3n que ejerci\u00f3 en su contra el demandante y, que ellos al asistir a la reuni\u00f3n con el demandante, presenciaron el momento en que la ejecutada firm\u00f3 el t\u00edtulo valor, tal y como se se\u00f1al\u00f3 en la respuesta a la demanda, lo cierto es, que seg\u00fan lo afirm\u00f3 la demandada en la denuncia que present\u00f3 en contra del se\u00f1or Arbey Eudoro Aguirre Osorio, por el delito de \u201cconstre\u00f1imiento ilegal\u201d, el t\u00edtulo valor que ella firm\u00f3 no corresponde al que se aport\u00f3 con la demanda como base del recaudo ejecutivo, pues en la referida reuni\u00f3n suscribi\u00f3 una letra de cambio por $220.500, por el valor total que su c\u00f3nyuge le adeudaba al demandante, obligaci\u00f3n a la que en el mes de abril le abon\u00f3 $90.000.000, y suscribi\u00f3 una nueva letra en blanco por $140.000.000, que es la que se aport\u00f3 con la demanda como base de la ejecuci\u00f3n, de la cual pag\u00f3 $30.000.000, indicando el demandante que luego se la cambiaba (fls. 14 y 15 C.1), pago al que se alude en el hecho quinto de la demanda, lo que llev\u00f3 a que en la demanda se peticionada (sic) librar mandamiento de pago por la suma de $110.500.000 como capital. (fls. 5 y 6 C.1) <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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De igual forma consider\u00f3 que:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En el plenario qued\u00f3 constancia que el c\u00f3nyuge de la demandada adeudaba al demandante varias sumas de dinero, por las que incluso inici\u00f3 un proceso ejecutivo ante el Juzgado Quince Civil del Circuito de la ciudad y, cuyos t\u00edtulos exhibi\u00f3 a la demandada y a la se\u00f1ora Mery Nancy Claros Guerra, en la reuni\u00f3n que sostuvieron, obligaciones que asumi\u00f3 la ejecutada al suscribir una letra de cambio a favor del demandante por la suma de $220.500.000, quien retir\u00f3 la demanda ejecutiva que present\u00f3 contra la sucesi\u00f3n del c\u00f3nyuge de la demandada, devolviendo al Juzgado Quince Civil del Circuito los oficios de embargo sin diligenciar, obligaci\u00f3n a la que la demandada realiz\u00f3 un abono por $90.000.000, elabor\u00e1ndose la letra de cambio objeto de ejecuci\u00f3n por $140.500.000, a la que la ejecutada abon\u00f3 $30.000.000,conforme se precis\u00f3 en el hecho quinto de la demanda\u00bb <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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As\u00ed las cosas, ultim\u00f3 que en el presente asunto la confrontaci\u00f3n de estas versiones no concuerdan y por tanto se impon\u00eda la revocatoria de la sentencia emitida por el a quo por la improcedencia de la excepci\u00f3n de <\/font><\/font><\/font>\u00abvicio en el consentimiento\u00bb <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Las citadas conclusiones son producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fundaron en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y valoraci\u00f3n del material probatorio recaudado, circunstancia que, a juicio del <\/font><\/font><\/font>ad quem<\/i><\/font><\/font><\/font>, conllev\u00f3 el fracaso de las excepciones propuestas por la parte demandada, y por ende, la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos en el mandamiento de pago.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal, como aquellas son producto de una motivaci\u00f3n que no es fruto de su subjetividad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda excepcional para imponer al juzgador una determinada interpretaci\u00f3n o enfoque de la normatividad que coincida plenamente con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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As\u00ed lo ha sostenido la jurisprudencia: <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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(\u2026) s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (CSJ. STC. 24. Jun. 2004, rad. 142-01, reiterada en STC 25. Ene. 2012, rad. 00001, entre otras)<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por la peticionaria del amparo es anteponer su propio criterio al del accionado y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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3. No existe duda, por consiguiente, que no fue por defecto f\u00e1ctico ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el <\/font><\/font><\/font>ad quem<\/i><\/font><\/font><\/font> tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la accionante.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se denegar\u00e1 el amparo constitucional que aqu\u00ed se implora.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>NIEGA <\/b><\/font><\/font>la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC1422-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-00193-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97657","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97657"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97657\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}