{"id":97667,"date":"2025-03-26T19:20:45","date_gmt":"2025-03-26T19:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97667\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:45","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:45","slug":"97667","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97667\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1432-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b017001-22-13-000-2015-00241-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el primero de ju1io de dos mil quince por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, <\/font><\/font>tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a al Personero Municipal, al Defensor del Pueblo de aquella localidad<\/font><\/font>, a la Procuradur\u00eda Regional de Caldas, a la Alcald\u00eda Municipal y al Banco de Occidente.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al no admitir a tr\u00e1mite la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3, dentro de los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 20 de la Ley 472 de 1998.<\/font><\/font><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene a la sede tutelada avocar y tramitar dicha queja. [Folio 2, c. 1] <\/font><\/font> <\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 21 de mayo de 2015, el reclamante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular, contra el Banco de Occidente, con fundamento en que aquel vulnera los derechos colectivos de la ciudadan\u00eda en general y en especial de las personas en condici\u00f3n de discapacidad, al prestar sus servicios en un local que no cuenta con servicios sanitarios. [Folio 19, c.1] <\/font><\/font> <\/p>\n

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2. El mismo d\u00eda, las diligencias fueron asignadas por reparto al Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Manizales, que mediante prove\u00eddo del 16 de junio siguiente las admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y orden\u00f3 notificar personalmente al representante legal de la compa\u00f1\u00eda demandada, en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como efectuar las comunicaciones previstas en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998. [Folios 17-19, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

3. En criterio del peticionario, el despacho judicial accionado vulnera sus derechos fundamentales, porque a la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional \u2013 16 de junio de 2015-, no se hab\u00eda pronunciado con respecto a la admisi\u00f3n de su demanda. [Folio 2, c.1] <\/font><\/font> <\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 17 de junio de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el proceso, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 4-5, c. 1]<\/font><\/font><\/p>\n

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2. El juzgado accionado puso de presente que el d\u00eda anterior hab\u00eda proferido el auto a trav\u00e9s del cual satisfizo la actuaci\u00f3n procesal que el actor reclama y explic\u00f3 que no le fue posible hacerlo antes porque debi\u00f3 conocer y fallar m\u00faltiples acciones de tutela de primer y segundo grado, cuyo tr\u00e1mite prima frente a una acci\u00f3n popular. [Folio 12, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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La Personer\u00eda, solicit\u00f3 proferir el fallo que en derecho corresponda, sin exponer su criterio. [Folio 35, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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La Defensor\u00eda del Pueblo, por su parte, hizo ver que la tardanza en la admisi\u00f3n del asunto, que ya se produjo, obedece a la alta congesti\u00f3n laboral que enfrentan las autoridades judiciales a nivel nacional, por lo que estim\u00f3 improcedente la concesi\u00f3n del amparo. [Folio 36, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

El Juez constitucional A quo, dej\u00f3 constancia acerca de la identidad de causa, partes y objeto de la presente acci\u00f3n de tutela con respecto a la radicada con el No. 11001221300020150023500, en donde se emiti\u00f3 sentencia el 26 de junio de 2015, adversa a las pretensiones del tutelante por hecho superado.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. En sentencia del 10 de julio de 2015, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por considerarla temeraria, pues el asunto sometido a estudio ya contaba con decisi\u00f3n de fondo en sede constitucional. Adicionalmente, orden\u00f3 compulsar copias de la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se investigara si al manifestar bajo juramento el tutelante que no hab\u00eda interpuesto acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza, incurri\u00f3 en alg\u00fan delito. [Folios 88-91, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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En auto separado, deneg\u00f3 la solicitud del actor, tendiente a que se escaneara todo el expediente constitucional y se remitiera a su correo electr\u00f3nico, al tiempo que orden\u00f3 la expedici\u00f3n de las copias solicitadas, a su costa. [Folio 92, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, para lo cual manifest\u00f3 que la dualidad de acciones por un mismo hecho obedeci\u00f3 a un error involuntario; por otra parte, solicit\u00f3 requerir informaci\u00f3n acerca del curso de la vigilancia administrativa que solicit\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura. [Folio 108, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.<\/font><\/font> La jurisprudencia, de manera invariable, ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/font><\/font><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos, se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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2.<\/font><\/font> El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/font><\/font> <\/p>\n

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Seg\u00fan ha precisado esta Corporaci\u00f3n:<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra <\/i><\/font><\/font>la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche.<\/i><\/font><\/font> (CSJ STC <\/font><\/font>24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC 8 mayo 2012, rad. 0017-01 y STC 4 jul. 2013, rad. 0174-01).<\/font><\/font><\/p>\n

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3. En el caso que se examina por esta instancia, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte es similar a la estudiada en fallo del 26 de junio de 2015 por el Tribunal Superior de Manizales, bajo el radicado 17001-22-13-000-2015-00235-00, que neg\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados, existiendo entre esa reclamaci\u00f3n y la que aqu\u00ed se estudia, identidad de partes, hechos y pretensiones, <\/font><\/font>y como quiera que no se advierte una circunstancia sobreviniente que permita diferenciar el presente reclamo constitucional del anteriormente <\/font><\/font>impetrado, pues en nada var\u00eda la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada<\/font><\/font><\/font>, se considera que lo decidido por esa autoridad ya ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional.<\/font><\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

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En el referido pronunciamiento, el Tribunal, al resolver la acci\u00f3n constitucional formulada por el reclamante, neg\u00f3 el amparo porque:<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab<\/i><\/font><\/font>En l\u00ednea de resolver el problema jur\u00eddico planteado, se avizora en el plenario que el actor al momento de presentar esta acci\u00f3n \u2013 16 de junio de 2015 -, radic\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales en el hecho de que la juez del juzgado accionado, hasta esa fecha, no hab\u00eda resuelto sobre la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular por \u00e9l interpuesta -2015-134-. En el tr\u00e1mite de este asunto se acredit\u00f3 la admisi\u00f3n de la precitada demanda el 16 de junio pasado y se inform\u00f3 que a pesar de que \u00e9sta se hab\u00eda radicado desde el 21 de mayo de los cursantes, su admisi\u00f3n no se surti\u00f3 dentro de los t\u00e9rminos estipulados en la ley 472 de 1998, pues tal tr\u00e1mite se vio supeditado a la resoluci\u00f3n de otras acciones con preferencia \u2013 tutela, cumplimiento \u2013<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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3.4. De lo expuesto, con independencia de la posici\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n tenga sobre el acatamiento o no por parte del juez accionado frente al cumplimiento del t\u00e9rmino judicial que se adujo incumplido, o si puede o no considerarse justificada la actuaci\u00f3n de aquel, se concluye que en el sub lite, no se configura vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante, como quiera que en la actualidad el tr\u00e1mite que aduc\u00eda no cumplido y que afirm\u00f3 vulneraba sus derechos fundamentales ya fue surtido y aquel no tiene ninguna limitaci\u00f3n o restricci\u00f3n en el proceso en el que afirmaba haberse configurado la violaci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales invocadas.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por todo lo anotado, la pretensi\u00f3n del ciudadano comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema planteado ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio en sede constitucional y es necesario que a la tutela se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/font><\/font> <\/p>\n

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Se concluye entonces que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, conforme lo indic\u00f3 el A Quo. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4.<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>Para finalizar, como qued\u00f3 evidenciado que el quejoso promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela con identidad de partes y objeto y que en varias oportunidades se le ha conminado <\/font><\/font>para que se abstenga de hacer un uso indiscriminado del presente mecanismo constitucional, cosa que contin\u00faa ocurriendo, como en este asunto, se mantendr\u00e1 la compulsa de copias ordenada por el Tribunal.<\/font><\/font><\/p>\n

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5. <\/font><\/font>Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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