{"id":97668,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97668\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97668","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97668\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC<\/b><\/font><\/font>1433-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b076001-22-03-000-2015-00836-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el <\/font><\/font>treinta de noviembre de dos mil quince por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por <\/font><\/font>Jennifer Londo\u00f1o Arcila en nombre de su menor hijo,<\/font><\/font> contra <\/font><\/font>la Secretar\u00eda de Salud Municipal de Cali, la Secretar\u00eda Departamental de Salud, el Ministerio de Protecci\u00f3n Social, el <\/font><\/font><\/font>Hospital Universitario del Valle y Caprecom E.P.S.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La<\/font><\/font> promotora solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la vida y salud, que considera vulnerados por las autoridades accionadas, <\/font><\/font>toda vez que no le han practicado el examen que requiere su hijo reci\u00e9n nacido y que fue ordenado por su m\u00e9dico tratante. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, pretende que <\/font><\/font>se ordene a los accionados la remisi\u00f3n del menor a una cl\u00ednica de nivel superior o a una entidad de salud en donde le puedan hacer el examen, y que se le autorice el tratamiento integral y las citas con los especialistas que requiera. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La accionante Jennifer Londo\u00f1o Arcila acude a la tutela en nombre de su hijo que naci\u00f3 el 4 de noviembre de 2015 y que est\u00e1 afiliado a Caprecom E.P.S.-S. <\/font><\/font> <\/p>\n

\n

2. El menor se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario del Valle, pues tiene un diagn\u00f3stico de megavejiga y de ausencia de ri\u00f1\u00f3n derecho. <\/font><\/font> <\/p>\n

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3. El ur\u00f3logo pediatra orden\u00f3 la pr\u00e1ctica del examen de uretrocistograf\u00eda miccional con el fin de descartar valvas uretrales. <\/font><\/font> <\/p>\n

\n

4. La actora se\u00f1ala que todav\u00eda no se ha practicado dicho examen, pues en el Hospital le indican que la E.P.S. debe autorizar la remisi\u00f3n a la entidad en donde se va a realizar el mismo, mientras que Caprecom E.P.S. sostiene que es el Hospital el que debe internamente conseguir la instituci\u00f3n para efectuar dicho examen. <\/font><\/font> <\/p>\n

\n

5. La promotora acude a la acci\u00f3n de tutela al considerar que se transgreden los derechos fundamentales de su menor hijo, pues pese a que requiere atenci\u00f3n prioritaria, no se ha cumplido con la orden del m\u00e9dico tratante de remitirlo a una cl\u00ednica que tenga los equipos requeridos para el examen, por lo que su vida corre peligro. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font><\/font>Por auto del 18 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a la Secretar\u00eda de Salud Municipal de Cali, a la Secretar\u00eda Departamental de Salud, al Ministerio de Protecci\u00f3n Social, al <\/font><\/font><\/font>Hospital Universitario del Valle y a Caprecom E.P.S.<\/font><\/font> Asimismo, como medida provisional, se orden\u00f3 a Caprecom que de forma inmediata autorizara el traslado del menor a una entidad en donde se le pudiera realizar el examen requerido [Folios 17 y 18, c.1]<\/font><\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

\n

2. <\/font><\/font><\/font>Dentro de la oportunidad concedida, el Hospital Universitario del Valle indic\u00f3 que en ning\u00fan momento le ha negado la atenci\u00f3n m\u00e9dica al menor, sino que por el contrario le est\u00e1 brindando la misma, y que la EPS Caprecom debe efectuar la entrega de autorizaciones, pues es la que define a que IPS remite a sus afiliados y la que tiene la obligaci\u00f3n de asumir el tratamiento integral.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La Secretar\u00eda de Salud de la Alcald\u00eda de Cali se\u00f1al\u00f3 que Caprecom EPS es la entidad que tiene la competencia para otorgar la atenci\u00f3n integral y autorizar las terapias y medicamentos del paciente, sin trabas o actuaciones administrativas adicionales y en cumplimiento de las indicaciones del m\u00e9dico tratante, que si bien lo pedido por la actora no se encuentra incluido en el POS no significa que la afiliada no tenga acceso a los mismos cuando son requeridos por el galeno, que la EPS debe solicitar al Comit\u00e9 t\u00e9cnico cient\u00edfico la autorizaci\u00f3n del servicio, que el menor es sujeto de protecci\u00f3n especial, que no es prestadora de servicios de salud sino que garantiza la misma mediante la rector\u00eda, direccionamiento de pol\u00edticas, control y vigilancia del sector de salud y del sistema de seguridad social, por lo que solicita su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Caprecom EPS-S refiri\u00f3 que le ha venido prestando los servicios de salud contemplados en el POS, que remit\u00eda la autorizaci\u00f3n de servicios de 18 de noviembre de 2015 direccionando al Hospital Universitario del Valle, que por el n\u00famero de afiliados que tiene es imposible enterarse de todos los servicios de salud que requieren los usuarios si estos no piden su aprobaci\u00f3n, que para el tratamiento integral es necesario que el m\u00e9dico tratante determine cu\u00e1les son los medicamentos o procedimientos requeridos, y as\u00ed se establezca si est\u00e1n o no en el POS, pues la tutela no puede ir m\u00e1s all\u00e1 de la amenaza o vulneraci\u00f3n de derechos, y que no puede destinar recursos para la atenci\u00f3n de servicios NO POS porque ello corresponde a las entidades territoriales, por lo que se le debe ordenar al Departamento del Valle del Cauca la prestaci\u00f3n de los servicios excluidos. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. <\/font><\/font>En sentencia de 30 de noviembre de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali concedi\u00f3 el amparo del derecho a la salud del menor, pues sin explicaci\u00f3n se le ha negado la pr\u00e1ctica del examen ordenado por el m\u00e9dico tratante y que fue autorizado, adem\u00e1s que se han aducido razones administrativas que no son oponibles al usuario ni tiene que soportar, que la demora en la pr\u00e1ctica del procedimiento ha significado la prestaci\u00f3n de un servicio de salud deficiente, y que el hijo de la accionante, pese a que es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, se ha visto sometido a una indefinida espera, por lo que se ordenara a la entidad responsable que garantice su atenci\u00f3n integral.<\/font><\/font><\/p>\n

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Orden\u00f3 a Caprecom E.P.S. que se sirva de autorizar y velar por la pr\u00e1ctica, sin dilaci\u00f3n alguna, del examen denominado uretrocistograf\u00eda miccional, y de todas las citas, ex\u00e1menes, medicamentos y tratamientos que sean prescritos al menor, incluidos o no en el Plan Obligatorio de Salud. <\/font><\/font>[Folios 62 y 63, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n,<\/font><\/font> <\/font><\/font>Caprecom E.P.S. <\/font><\/font>la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 lo manifestado en la contestaci\u00f3n de la tutela e indic\u00f3 que la Resoluci\u00f3n 1479 de 2015 del Ministerio de Salud faculta a las entidades territoriales del Departamento o Municipio a adoptar unos modelos para la prestaci\u00f3n de los servicios NO POS, y que \u00ab<\/font><\/font>no cejara en el esfuerzo de brindar el tratamiento adecuado al paciente<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folios 70 a 75, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Esta Sala ha reiterado que acorde con la jurisprudencia constitucional, la salud es \u00ab<\/font><\/font>un derecho fundamental aut\u00f3nomo que \u201ctiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo para proteger el derecho a la salud cuando se demuestre que existe una afectaci\u00f3n inminente del derecho a la vida del actor, o de sus derechos a la integridad personal o a la dignidad humana, por remisi\u00f3n que instituyera el art\u00edculo 46 de la Carta Pol\u00edtica, cuando determin\u00f3 que el Estado, la sociedad y la familia concurrir\u00e1n para su protecci\u00f3n y asistencia, garantizando adem\u00e1s los servicios de la seguridad social integral entre otros<\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3<\/font><\/font>.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>Lo anterior cobra mayor relevancia, cuando de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de un menor de edad se trata, no en vano sus derechos prevalecen sobre los de los dem\u00e1s, tal como lo consagra la Carta Pol\u00edtica Colombiana y lo viene ratificando de tiempo atr\u00e1s la Corte Constitucional:<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab<\/i><\/font><\/font><\/font>\u2026los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, por encontrarse en condici\u00f3n de debilidad, merecen mayor protecci\u00f3n, de forma tal que se promueva su dignidad. (\u2026) sus derechos, entre ellos la salud, tienen un car\u00e1cter prevalente en caso de que se presenten conflictos con otros intereses. Adicionalmente, atendiendo al car\u00e1cter de fundamental del derecho, la acci\u00f3n de tutela procede directamente para salvaguardarlo sin tener que demostrar su conexidad con otra garant\u00eda, incluso en los casos en los que los servicios requeridos no est\u00e9n incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Igualmente, ha sostenido que cuando se vislumbre su vulneraci\u00f3n o amenaza, el juez constitucional debe exigir su protecci\u00f3n inmediata y prioritaria. De todo lo anterior se colige que los menores de edad gozan de un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n especial en el que prevalecen sus derechos sobre los de los dem\u00e1s y que cualquier vulneraci\u00f3n a su salud exige una actuaci\u00f3n inmediata y prioritaria por parte de todas las autoridades p\u00fablicas, incluyendo al juez constitucional. Por ende, cuando la falta de suministro del servicio m\u00e9dico afecta los derechos a la salud, a la integridad f\u00edsica y a la vida de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, se deber\u00e1n modular o inaplicar las disposiciones que restrinjan el acceso a los servicios que requieren, teniendo en cuenta que tales normas de rango inferior impiden el goce efectivo de sus garant\u00edas Superiores. los menores de edad requieren de una atenci\u00f3n en salud id\u00f3nea, oportuna y prevalente, respecto de la cual toda entidad p\u00fablica o privada tiene la obligaci\u00f3n de garantizar su acceso efectivo a los servicios como lo ordena el art\u00edculo 50 Superior, en concordancia con los principios legales de protecci\u00f3n integral e inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y ni\u00f1as.<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

4<\/font><\/font>. En el presente caso, la accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la vida y salud de su menor hijo, porque no se le ha practicado el examen que fue ordenado por el m\u00e9dico tratante y que se necesita por la patolog\u00eda del paciente. <\/font><\/font> <\/p>\n

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Pues bien, <\/font><\/font>de las pruebas aportadas, concretamente de la historia cl\u00ednica, se advierte el ur\u00f3logo pediatra consider\u00f3 que el reci\u00e9n nacido requer\u00eda de estudios en busca de la etiolog\u00eda de la megavejiga para descartar valvas uretrales, por lo que orden\u00f3 <\/font><\/font>el examen de <\/font><\/font>uretrocistograf\u00eda miccional. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

El 11 de noviembre de 2015 el Hospital Universitario del Valle solicit\u00f3 a Caprecom la autorizaci\u00f3n de los servicios de salud en otra entidad, pues en el momento no contaba con ese servicio. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Y, el 18 de noviembre siguiente, Caprecom remiti\u00f3 la orden de autorizaci\u00f3n del examen. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5<\/font><\/font>. As\u00ed las cosas, se observa que si bien existe la orden del galeno tratante y la autorizaci\u00f3n del servicio, a\u00fan no se ha practicado el examen requerido, pese a la protecci\u00f3n especial que tiene el reci\u00e9n nacido y que es prioritaria su atenci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Es innegable que la falta <\/font><\/font><\/font>de realizaci\u00f3n de dicho examen, de acuerdo con la orden del m\u00e9dico tratante, vulnera las prerrogativas fundamentales invocadas, porque no permite obtener el estudio en b\u00fasqueda de la causa o motivo de la megavejiga que tiene el menor, ni tampoco descartar las \u00ab<\/font><\/font><\/font>valvas uretrales<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb, patolog\u00edas que no han sido tratadas por las accionadas y que por la corta edad del paciente pueden complicarse.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Es de <\/font><\/font><\/font>advertirse <\/font><\/font><\/font>que los tr\u00e1mites administrativos no pueden ser obst\u00e1culo para brindar la atenci\u00f3n requerida por el ni\u00f1o, pues <\/font><\/font>debe darse prevalencia a los derechos fundamentales de aquel, quien adem\u00e1s es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6<\/font><\/font><\/font>. Asimismo, la <\/font><\/font><\/font>Sala estima necesario mantener la concesi\u00f3n respecto del tratamiento integral solicitado, con el fin de evitar que, ante nuevas \u00f3rdenes m\u00e9dicas de remisi\u00f3n a especialistas, suministro de medicamentos o insumos, pr\u00e1ctica de ex\u00e1menes, procedimientos u otro tipo de servicios conexos con la atenci\u00f3n en salud que requiere el ni\u00f1o para el manejo de sus patolog\u00edas, seg\u00fan el criterio de sus galenos tratantes, sea sometida a las largas esperas que en este tr\u00e1mite se han evidenciado o a interponer acciones de tutela por cada prestaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7<\/font><\/font>. De manera que se confirmar\u00e1 el resguardo otorgado con el fin de que se le realice el examen requerido y se le brinden todas las citas, ex\u00e1menes y tratamientos que le sean prescritos al menor por el galeno tratante, tal como lo indic\u00f3 el Tribunal Constitucional. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

8<\/font><\/font>. <\/font><\/font>Finalmente, se advierte que no prospera el reclamo frente al Ministerio de Protecci\u00f3n Social, la <\/font><\/font><\/font>Secretar\u00eda de Salud Municipal de Cali, y la Secretar\u00eda Departamental de Salud del Valle, <\/font><\/font><\/font>no obra en el plenario prueba de que hubieren transgredido los derechos del hijo de la accionante. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

9<\/font><\/font>. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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