{"id":97674,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97674\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97674","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97674\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1439-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 17001-22-13-000-2015-00637-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cuatro de noviembre de dos mil quince por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, la Personer\u00eda y la Alcald\u00eda Municipal de Manizales y el Banco Popular.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    \n
  1. \n

    La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la sede judicial accionada, al no haber notificado su acci\u00f3n popular a la autoridad administrativa encargada de proteger el derecho colectivo invocado, pese a haber transcurrido varios meses desde la emisi\u00f3n del auto admisorio.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Por tal motivo, pretende que <\/font><\/font>se ordene al tutelado <\/font><\/font>\u00ab\u2026comunicar y notificar mi acci\u00f3n, al Alcalde Municipal donde ocurre la vulneraci\u00f3n, a fin que sea tenido (\u2026) como vinculado o parte procesal\u00bb<\/i><\/font><\/font>. Por otra parte, solicit\u00f3 enviar copia de esta actuaci\u00f3n a su correo electr\u00f3nico y a la oficina judicial de reparto para que adelante acci\u00f3n de tutela contra la Defensor\u00eda del Pueblo por negarse a presentar demandas de esta naturaleza a su nombre. [Folio 2, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. El 21 de mayo de 2015, Javier El\u00edas Arias Idarraga present\u00f3 Acci\u00f3n Popular contra el Banco Popular, sucursal de la carrera 22 No. 20-18 (nomenclatura antigua) de Manizales, porque presta sus servicios en un local abierto al p\u00fablico que no cuenta con servicios sanitarios para garantizar la atenci\u00f3n de los usuarios en situaci\u00f3n de discapacidad. <\/font><\/font>[Folio 2, c. Anexos]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, mediante auto del 29 del mismo mes y a\u00f1o, admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el asunto y orden\u00f3, notificar personalmente al representante legal de la compa\u00f1\u00eda financiera demandada, en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como efectuar las comunicaciones previstas en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, para cuyo efecto libr\u00f3 las comunicaciones de rigor. <\/font><\/font>[Folios 3-4, ib\u00eddem.]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. Surtida la notificaci\u00f3n del extremo pasivo, \u00e9ste contest\u00f3 la demanda oponi\u00e9ndose a sus pretensiones. [Folios 13-42, ib\u00edd.]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. El 21 se orden\u00f3 vincular al tr\u00e1mite a la Alcald\u00eda Municipal y a la Superintendencia Financiera de Colombia, por tratarse de las autoridades encargadas de velar por los derechos colectivos invocados, para cuyo efecto se emitieron los oficios Nos. 2916 y 2918 de la misma fecha.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    5. El reclamante acudi\u00f3 a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n a sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, desconoce la perentoriedad de su acci\u00f3n constitucional, al no notificar el auto admisorio a la Alcald\u00eda vinculada. [Folio 2, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. El 21 de octubre de 2015 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/font><\/font>[Folio 5, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    2. El Juez accionado remiti\u00f3 copia de las piezas procesales pertinentes del expediente objeto del cuestionamiento y luego de una breve rese\u00f1a de las actuaciones all\u00ed surtidas, inform\u00f3 que en la actualidad el expediente se encuentra en el centro de servicios de esos despachos donde se surten las notificaciones ordenadas en auto del 21 de octubre de 2015. [Folios 18-19, c.1] <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    La Personer\u00eda Municipal, manifest\u00f3 atenerse a lo probado en el presente tr\u00e1mite. [Folio 20, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Por su parte, la Alcald\u00eda Municipal de Manizales indic\u00f3 que es ajena a los hechos en los cuales se fundamenta el reclamo constitucional. [Folio 21, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    A su turno, la Defensor\u00eda del Pueblo, asegur\u00f3 que el actor obra con temeridad y mala fe al indicar en su demanda que esa instituci\u00f3n se ha negado a formular acciones de tutela en su favor, pues en m\u00faltiples actuaciones ha explicado las razones por las cuales ello no es procedente y los jueces del amparo han adoptado las decisiones de rigor, por lo que se trata un asunto que ya fue materia de estudio y decisi\u00f3n en sede de tutela. [Folios 22-29, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal, neg\u00f3 el amparo deprecado, tras advertir que el acto procesal reclamado por el actor ya se surti\u00f3 y, por otra parte, en relaci\u00f3n con las quejas contra la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Caldas, estim\u00f3 que el peticionario est\u00e1 en condiciones de presentar por s\u00ed mismo las acciones judiciales que considere pertinentes para la defensa de sus garant\u00edas, por lo que ninguna vulneraci\u00f3n se observa en la decisi\u00f3n de la instituci\u00f3n accionada al negarse a representarlo en tales asuntos. [Folios 31-33, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. <\/font><\/font>El quejoso impugn\u00f3 el fallo, con fundamento en que en el tr\u00e1mite constitucional en el que se origina el amparo no se ha emitido sentencia, lo cual, en su sentir, constituye desconocimiento de los t\u00e9rminos perentorios de la acci\u00f3n; por otra parte, insisti\u00f3 en sus quejas por la postura adoptada por la Defensor\u00eda del Pueblo frente a sus solicitudes. [Folio 52, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. En el presente asunto, <\/font><\/font>el accionante centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha efectuado la notificaci\u00f3n del auto admisorio de su demanda a la entidad estatal encargada de velar por la protecci\u00f3n del derecho colectivo reclamado, pese a tratarse de una acci\u00f3n constitucional, cuyo tr\u00e1mite es preferencial.<\/font><\/font><\/p>\n

    En relaci\u00f3n con problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00ab\u2026<\/i><\/font><\/font>aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb <\/i><\/font><\/font>(Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues en el asunto se pudo establecer que la Alcald\u00eda Municipal de Manizales, fue vinculada como entidad estatal encargada de velar por la protecci\u00f3n de los derechos colectivos invocados, en virtud de lo dispuesto en auto de octubre 21 de 2015, a trav\u00e9s del oficio No. 2916 de la misma fecha.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Adicionalmente, basta simplemente con analizar la diligencia que el fallador accionado ha empleado para lograr las notificaciones y publicaciones de la acci\u00f3n g\u00e9nesis de este reclamo constitucional, seg\u00fan las disposiciones de la Ley 472 de 1998, ante la decisi\u00f3n del actor popular de no realizarlas y en obedecimiento a lo ordenado por el legislador para ese tipo de actuaciones, al punto que ya se llev\u00f3 a cabo la notificaci\u00f3n de la entidad financiera accionada y se encuentra en tr\u00e1mite la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Entonces, antes que incumplimiento a la perentoriedad de la acci\u00f3n popular, lo que se evidencia es la inactividad del promotor de esa demanda frente a las cargas procesales propias de ese tr\u00e1mite, as\u00ed como un uso desmedido de los mecanismos judiciales, que ha contribuido a incrementar la carga laboral del juzgador cuestionado y, por contera, a dilatar el curso normal de la actuaci\u00f3n constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. <\/font><\/font>Para finalizar, la Sala estima necesario aclarar al quejoso, atendiendo los t\u00e9rminos de su impugnaci\u00f3n en esta acci\u00f3n constitucional, que los reclamos que expone contra la Defensor\u00eda del Pueblo – Regional Caldas, sobre la negativa de esa instituci\u00f3n a presentar todo tipo de acciones judiciales en su nombre, fue un tema de debate, an\u00e1lisis y decisi\u00f3n en sede constitucional, por lo que improcedente se torna un reestudio de tales aspectos por esta v\u00eda.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En efecto, es claro para esta Sala que ya en sentencia del 15 de septiembre de 2015, dentro de la acci\u00f3n de tutela radicada con el No. 17001-22-13-000-2015-00442-00, el Tribunal Superior de Manizales se pronunci\u00f3 acerca de la inexistencia de vulneraci\u00f3n alguna a las garant\u00edas superiores del actor por la decisi\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo accionada, decisi\u00f3n que fue objeto de confirmaci\u00f3n integral por parte de esta Corporaci\u00f3n, en providencia del 2 de diciembre del mismo a\u00f1o.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. <\/font><\/font>Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    De los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley<\/font><\/font>, CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las pa<\/font><\/font>rtes por el medio m\u00e1s expedito; d<\/font><\/font>e los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo<\/font><\/font>; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

    MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

    ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    \n

    10<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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