{"id":97681,"date":"2025-03-26T19:20:45","date_gmt":"2025-03-26T19:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-274\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:45","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:45","slug":"corte-suprema-de-justicia-274","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-274\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado Ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1447-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2015-02988-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el cuatro de diciembre de dos mil quince por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Arturo Cardozo Hurtado en contra de los Juzgados 39 Civil Municipal, 7\u00ba, 35 y 30 Civil del Circuito, 2\u00ba Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda 16 C de Puente Aranda de Bogot\u00e1. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, el accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, propiedad privada y m\u00ednimo vital, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas dentro del asunto de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que la Comercializadora de Productos Masivos \u2013 DISTRIPRESS S.A.S instaur\u00f3 contra Julio Cesar Reinosa Giraldo, donde se acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda respecto del primer piso del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-1224536 que la inspecci\u00f3n de polic\u00eda hizo efectiva, sin reparar que es el actor quien ostenta la calidad de arrendador, como tercero poseedor que es. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Se\u00f1ala que ejerce posesi\u00f3n del bien desde el a\u00f1o 1998, dada su condici\u00f3n de propietario de una cuota parte, situaci\u00f3n que fue ignorada por la empresa demandante, que s\u00f3lo es propietaria de otro porcentaje de ese predio, por lo que no pod\u00eda provocar el lanzamiento del arrendatario, si no era la sociedad el arrendador. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Advierte que una vez que se emiti\u00f3 sentencia por el Juzgado 39 Civil Municipal de esta ciudad, se comision\u00f3 para la entrega a la inspecci\u00f3n de polic\u00eda, autoridad que admiti\u00f3 la oposici\u00f3n formulada pero finalmente rechazada por dicho estrado. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Que en el a\u00f1o 2012 formul\u00f3 demanda de pertenencia sobre el mismo bien en contra de la Empresa pero le fue adversa.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Finalmente, que el 19 de noviembre de 2015 se hizo efectiva la entrega del bien, despoj\u00e1ndolo de su posesi\u00f3n, desconociendo que su \u00fanico ingreso econ\u00f3mico junto con su hermano era el arriendo que percib\u00eda.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, pretende \u00ab<\/font><\/font>DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las decisiones adoptadas por los Juzgados y Autoridades de Polic\u00eda Accionados, y, ORDENARLES, ajustar tales decisiones en los casos antedichos a las previsiones legales respectivas bajo las premisas de mis derechos fundamentales\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>[Folio 47, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Se\u00f1ala el accionante que el 21 de septiembre de 1998, en la Notar\u00eda 20 de Bogot\u00e1, se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica n\u00famero 4881, en la que se le adjudic\u00f3 en sucesi\u00f3n intestada de sus padres Rafael Cardozo e Isabel Hurtado de Cardozo, fallecidos, una octava cuota parte del predio inscrito a folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-1224536, ubicado en la carrera 59 No. 15-50 donde actualmente vive junto con su hermano Rafael Cardozo Hurtado en el segundo piso. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. Que el 25 de julio de 2000, en la Notar\u00eda 20 de esta ciudad, se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 2515, en la que se le adjudic\u00f3 en sucesi\u00f3n intestada de su hermano Luis Alberto Cardozo Hurtado una s\u00e9ptima parte de su octava parte del referido predio.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. Expresa que en el a\u00f1o 2004, su hermana Myriam Cardozo Hurtado promovi\u00f3 proceso divisorio contra sus dem\u00e1s consangu\u00edneos que se tramit\u00f3 en el Juzgado 39 Civil del Circuito de esta ciudad, donde el 12 de febrero de 2009 se neg\u00f3 la divisi\u00f3n mediante venta en p\u00fablica subasta y en consecuencia se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del asunto. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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4. Mediante documento privado de 15 de enero de 2010, el accionante y su hermana Miriam Cardozo Hurtado, dieron en arrendamiento a Julio Cesar Reinosa Giraldo, el primer piso del referido inmueble por el termino de doce meses, a partir del 15 de enero de ese a\u00f1o hasta el 15 de enero de 2011, con un canon mensual de un mill\u00f3n de pesos. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. Reinosa Giraldo realiz\u00f3 mejoras al inmueble por la suma de $14.500.000, a ese valor se le abon\u00f3 $6.500.000, quedando un saldo de $8.000.000.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. La Sociedad Comercializadora de Productos Masivos \u00ab<\/font><\/font>DISTRIPRESS<\/i><\/font><\/font>\u00bb Ltda. progresivamente adquiri\u00f3 los derechos de cuotas correspondientes a los hermanos del accionante, respecto al aludido bien, quedando \u00fanicamente lo que corresponde al tutelante en el segundo piso. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7. El 20 de septiembre de 2010, Miriam Cardozo Hurtado, realiz\u00f3 la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento a la Sociedad Comercializadora de Productos Masivos Distripress S.A.S., transferencia que fue aceptada por el arrendatario y sin perjuicio de los derechos del actor.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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8. La empresa en su calidad de cesionaria y propietaria de 6\/7 partes del inmueble, autoriz\u00f3 que el saldo de los $8.000.000 que falta por cancelar de las mejoras sean descontadas del canon de arrendamiento por un mill\u00f3n de pesos mensuales hasta el d\u00eda 15 de enero de 2011, fecha de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

9. Desde la fecha de cesi\u00f3n del contrato (20 de septiembre de 2010), la sociedad le inform\u00f3 al arrendatario que se dar\u00eda por terminado el arrendamiento el 15 de enero de 2011, desahucio que se hizo en los t\u00e9rminos de la cl\u00e1usula d\u00e9cima por haberse presentado incumplimiento por parte de Reinosa Giraldo. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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10. Ante la renuencia del arrendatario para realizar la entrega real de bien, la Empresa arrendadora instaur\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado de m\u00ednima cuant\u00eda el 25 de marzo siguiente. [Folios 96-97, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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11. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 39 Civil Municipal de Bogot\u00e1, que el 11 de abril de ese a\u00f1o admiti\u00f3 la demanda. [Folio 19, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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12. El extremo pasivo se opuso a las pretensiones de la demanda y formul\u00f3 las excepciones de \u00ab<\/font><\/font>Inexistencia del Contrato\u00bb, \u00abCarencia de incumplimiento o violaci\u00f3n de las Obligaciones Contratadas\u00bb, \u00abFalta de Requerimiento sobre la Terminaci\u00f3n del Contrato\u00bb y \u00abFalta de Legitimaci\u00f3n en la causa parte activa<\/i><\/font><\/font>.\u00bb.<\/i><\/font><\/font>, <\/i><\/font><\/font>a las cuales se les corri\u00f3 traslado a la Sociedad actora el 25 de octubre de 2011.[Folios 40-46 y 51, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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13. Durante la etapa probatoria, en interrogatorio de parte, el extremo pasivo inform\u00f3 que fue con el tutelante que firm\u00f3 contrato de arrendamiento, el cual se encuentra vigente y al d\u00eda con el pago del canon de arrendamiento por la suma de $1.102.500, siendo aclarado dentro de la diligencia que el contrato al que se alude nada tiene que ver con el del debate, pues este corresponde al celebrado con el accionante sobre el segundo piso del inmueble, pese a que se ubican en el mismo sitio y nomenclatura. [Folios 65-67, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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14. Agotado el tr\u00e1mite pertinente, el primero de agosto de 2012, se declar\u00f3 no probadas las excepciones y se dio por terminado el contrato de arrendamiento cedido a la Empresa demandante respecto al inmueble ubicado en la carrera 59 No. 15- 50, primer piso de esta ciudad. As\u00ed mismo, orden\u00f3 al arrendatario restituir el bien a la parte activa, sin que el tutelante se hiciera parte en este asunto por cuanto nunca concurri\u00f3 a las diligencias. [Folios 98-102, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

15. Por su parte el accionante instaur\u00f3 demanda de pertenencia contra la Sociedad Comercializadora de Productos Masivos Distripress S.A.S. con el fin de que se declare que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio el bien ubicado en la carrera 59 No. 15 \u2013 50, primer piso de la ciudad de Bogot\u00e1, objeto de restituci\u00f3n en el proceso adelantado en el Juzgado 39 Civil Municipal de esta ciudad, bajo el argumento que desde septiembre de 1963 tiene la posesi\u00f3n del bien, como hijo de Rafael Cardozo e Isabel Hurtado y quienes fallecieron en los a\u00f1os 1995 y 1997 respectivamente, donde se adelant\u00f3 sucesi\u00f3n intestada conjunta, adjudic\u00e1ndose el bien al actor y sus hermanos, quienes no han pose\u00eddo el bien en ning\u00fan momento. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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16. Que sus parientes vendieron paulatinamente sus derechos de cuota a la sociedad demandada pero sin entregar la posesi\u00f3n, la que en criterio del accionante ha ejercido por m\u00e1s de veinte a\u00f1os de manera quieta, pacifica e ininterrumpida sobre el inmueble, donde ha cancelado impuestos, servicios p\u00fablicos y est\u00e1 arrendado en forma parcial en su primer piso y teniendo la casa de habitaci\u00f3n en la segunda planta junto con su hermano Rafael. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

17. Mediante prove\u00eddo de 11 de julio de 2012, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esta ciudad, admiti\u00f3 la demanda, disponiendo la notificaci\u00f3n a la parte demandada y su inscripci\u00f3n en el certificado de tradici\u00f3n y libertad, as\u00ed como el emplazamiento de las personas que se crean con derecho a intervenir. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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18. La Sociedad demandada fue notificada personalmente el 5 de febrero de 2013, que dentro de la oportunidad legal contest\u00f3 el libelo, oponi\u00e9ndose a la prosperidad de las pretensiones e invocando las excepciones que denomin\u00f3 \u00ab<\/font><\/font>Interrupci\u00f3n a la Prescripci\u00f3n\u00bb, \u00abFalta de Legitimaci\u00f3n\u00bb, \u00abFalta de requisitos de ley para declarar la pertenencia, mala fe y temeridad<\/i><\/font><\/font>.\u00bb. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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19. Sobre las excepciones propuestas por la entidad demandada, el accionante se opuso a las mismas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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20. El 21 de agosto de 2013, se dispuso abrir el periodo probatorio y una vez agotado se orden\u00f3 el respectivo traslado para alegatos de conclusi\u00f3n, siendo la oportunidad \u00fanicamente aprovechada por la empresa demandada. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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21. El 8 de octubre de 2014, el despacho neg\u00f3 las pretensiones de la demanda tras se\u00f1alar que \u00ab<\/font><\/font>se solicita en usucapi\u00f3n el predio(\u2026) identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C- 91224536 de la ciudad de Bogot\u00e1, cuyos linderos especiales si bien fueron relacionados en la demanda, se encuentra de menos documento alguno que as\u00ed los corrobore, aunado a que no fue posible la diligencia de inspecci\u00f3n judicial sobre el bien, por falta de colaboraci\u00f3n de la parte actora, que conllev\u00f3 as\u00ed mismo a que no se llevara a cabo el dictamen pericial sobre el mismo, pues no acudi\u00f3 en las oportunidades que se\u00f1al\u00f3 esta autoridad judicial para su adelantamiento, por lo que este despacho encuentra de menos prueba fehaciente que establezca la coincidencia entre el bien pretendido y que se dice poseer\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font>. Contra esta determinaci\u00f3n se interpuso impugnaci\u00f3n por parte del tutelante, quien despu\u00e9s desisti\u00f3 ante el superior.[Folios 9-17, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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22. De otra parte, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, se comision\u00f3 la entrega para que se realizara por conducto de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda 16 \u201cC\u201d, quien llev\u00f3 a cabo la diligencia el 14 de noviembre de 2013, el actor se opuso, con el argumento que es poseedor irregular desde el a\u00f1o 1998 y el primer piso del bien lo tiene arrendado a la Sociedad Productora Nacional de Icopor. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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23. La oposici\u00f3n fue admitida por el Inspector y remitida al Juzgado 39 Civil Municipal de esta ciudad, autoridad que luego de requerir por auto de 31 de julio de 2014 para que se allegaran las pruebas necesarias y las que pretendan hacer valer, el primero de junio de 2015, rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n, tras considerar que \u00ab<\/font><\/font>la acreditaci\u00f3n de la posesi\u00f3n que es menester demostrar para la prosperidad de la oposici\u00f3n planteada, se ha de decir que la misma no fue probada, pues no existen suficientes elementos de juicio que dan cuenta de la conjunta complementaci\u00f3n de \u00e9stos, ya que al interior del proceso tan solo se alleg\u00f3 copia del contrato de arrendamiento suscrito entre el demandante COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MASIVOS DISTRIPRESS LTDA y el ac\u00e1 opositor ARTURO CARDOZO HURTADO, documento mediante el cual se pretende demostrar la calidad de tercer poseedor del se\u00f1or ARTURO CARDOZO HURTADO.<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>Sin que se interpusiera recurso.<\/font><\/font> <\/font><\/font>[Folios 1-3, c.]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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24. Finalmente, el Juzgado comision\u00f3 para que se realizara la diligencia de restituci\u00f3n del inmueble, la cual se llev\u00f3 a cabo por parte de la Inspecci\u00f3n 16 \u201cC\u201d Distrital de Polic\u00eda el 19 de noviembre de 2015, donde fueron atendidos por Rafael Cardozo Hurtado, hermano del accionante, quien abri\u00f3 la puerta principal del bien y permiti\u00f3 su acceso, aduciendo que vive junto con su pariente en el segundo piso, diligencia que se surti\u00f3 a cabalidad y se realiz\u00f3 la devoluci\u00f3n del comisorio al juzgado de origen.[Folios 39-40, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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25. En criterio del peticionario del amparo, se vulneraron los derechos fundamentales invocados, porque a su juicio la Empresa demandante en los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado y en el de pertenencia ha procurado por todos los medios de despojarlo del \u00ab<\/font><\/font>corpus\u00bb<\/font><\/font> sobre el cual ejerce su posesi\u00f3n irregular; a sabiendas que ostenta esa calidad. [Folios 41-50, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 26 de noviembre de 2015 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad accionada y se dispuso vincular a los dem\u00e1s intervinientes, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 52, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que en ese despacho curs\u00f3 proceso ordinario de pertenencia instaurado por el accionante contra la Empresa Comercializadora de Productos Masivos \u2013 DISTRIPRESS S.A.S., el cual fue fallado el 8 de octubre de 2014, denegando las pretensiones de la demanda, el cual si bien fue objeto de apelaci\u00f3n, fue devuelto por el superior con la indicaci\u00f3n de que se hab\u00eda desistido del recurso. [Folio 58, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por su parte, el Juzgado 39 Civil Municipal de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que las excepciones propuestas por la parte demandada Julio Cesar Reinosa Giraldo, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, donde aleg\u00f3 que el accionante era el arrendador, fueron atendidas en su momento y donde una vez analizadas cada una de las pruebas recaudadas dentro del proceso, se profiri\u00f3 sentencia declarando no probadas sus pretensiones. [Folios 163-164, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La Inspecci\u00f3n 16 C Distrital de Polic\u00eda deneg\u00f3 el amparo al considerar que act\u00fao en acatamiento de un deber legal. [Folios 145-151, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. En fallo de 4 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n, tras considerar que el actor no interpuso recurso contra la providencia de primero de junio de 2015 que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n a la entrega que \u00e9l hab\u00eda formulado en la correspondiente diligencia, lo que es inaceptable, pretender que ahora en sede de amparo, se le impida materializar el derecho de quien result\u00f3 favorecido en el proceso de restituci\u00f3n y menos aun cuando la decisi\u00f3n censurada no luce desapegada de las normas jur\u00eddicas en que se fundament\u00f3. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

De igual forma indic\u00f3 que respecto a la decisi\u00f3n fechada 8 de octubre de 2014, desestimatoria de la s\u00faplica de pertenencia y que tambi\u00e9n cuestiona el actor, la demanda constitucional carece de inmediatez, por cuanto transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o de haber sido emitida. [Folios 174-178, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

4. <\/font><\/font>El promotor del amparo impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, para cuyo efecto indic\u00f3 que \u00ab<\/font><\/font>En punto,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>al principio de subsidiaridad de la acci\u00f3n de tutela no es absoluto, pues no obstante la falta de interposici\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios aludidos por el juez constitucional en primera instancia, de manera alguna puede purgar los defectos que configuran la v\u00eda de hecho y trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales en discusi\u00f3n, pues era deber del funcionario judicial, por un lado, permitir la intervenci\u00f3n del suscrito\u2026y debi\u00f3 ser m\u00e1s estricto en el recaudo de la prueba y su valoraci\u00f3n\u2026 \u00bb. <\/i><\/font><\/font>[Folios 4-9, c. corte]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola, entre otros, con los principios de inmediatez y subsidiaridad. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n


Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primer principio impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente<\/i><\/font><\/font>\u00bb. (CSJ SC 2 Ago 2007, exp. 00188-01)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab<\/font><\/font>En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez\u00a0inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>.<\/font><\/font> (<\/font>CSJ SC 29 Abr 2009, Exp. 2009-00624-00).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.<\/font><\/font> Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, respecto a la censura que realiza el actor por la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el proceso de pertenencia por \u00e9l instaurado contra la Sociedad Comercializadora de Productos Masivos Distripress S.A.S., se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso una de las decisiones que cuestiona el accionante es aquella a trav\u00e9s de la cual el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones de la demanda de pertenencia instaurada por el gestor contra la Comercializadora de Productos Masivos Distripress S.A.S., por total ausencia probatoria para alegar su condici\u00f3n de poseedor, emanada el 8 de octubre de 2014, cuando el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 25 de noviembre de 2015, esto es, hace m\u00e1s de un a\u00f1o. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Esta circunstancia deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir, cuando menos un a\u00f1o desde la \u00faltima decisi\u00f3n atacada proferida dentro del proceso de pertenencia ahora cuestionado, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando no se alega alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. <\/font><\/font>De otra parte, tampoco se cumple el presupuesto de subsidiaridad al que en l\u00edneas atr\u00e1s se hizo referencia, toda vez que en el tr\u00e1mite judicial no se emplearon los medios de impugnaci\u00f3n que el legislador estableci\u00f3 para cuestionar ese tipo de decisiones. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, si el promotor del amparo consideraba que lo resuelto por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esta ciudad el 8 de octubre de 2014, lesionaba sus derechos, tal como ahora lo manifiesta al reclamar la protecci\u00f3n de tales garant\u00edas, debi\u00f3 presentar las razones de su inconformidad ante el superior, una vez que instaur\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, pero en su lugar desisti\u00f3 de la alzada, malgastando as\u00ed la posibilidad de cuestionar el prove\u00eddo mencionado a trav\u00e9s de los recursos id\u00f3neos para ello, pues no hay lugar a soslayar que el proceso judicial es el tr\u00e1mite en el que -por excelencia- debe procurarse la protecci\u00f3n de las prerrogativas de orden fundamental de quienes participan como partes en el litigio. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Luego, si el tutelante no aprovech\u00f3 el instrumento de defensa establecido en el ordenamiento procesal para controvertir los fundamentos de las providencias emitidas por las autoridades accionadas, no puede ahora aspirar a que en esta v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab<\/font><\/font>(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>. (CSJ SC 26 Enero 2011, Exp. 00027-00) <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. Ahora bien, respecto a los reparos que realiza el accionante por rechazarse su oposici\u00f3n a la entrega del bien objeto de restituci\u00f3n dentro del asunto interpuesto por la Comercializadora de Productos Masivos Distripress S.A.S. contra Julio Cesar Reinosa Giraldo, se evidencia que tampoco el actor interpuso recurso contra el prove\u00eddo de primero de junio de 2015 que as\u00ed lo dispuso, <\/font><\/font><\/font>por lo que no puede admitirse que acuda a esta acci\u00f3n de amparo para lograr tales enmiendas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Deviene, entonces, ostensible, que si el promotor de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 los mecanismos de defensa contemplados por el ordenamiento adjetivo respecto de la determinaci\u00f3n que considera vulner\u00f3 sus derechos, no pueden pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que deb\u00eda dirimirse dentro del juicio, a trav\u00e9s de los medios que dej\u00f3 de formular, m\u00e1xime cuando no se expuso situaci\u00f3n v\u00e1lida que justifique su proceder.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La acci\u00f3n de tutela \u2013 se reitera- est\u00e1 destinada a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo proceso no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como una herramienta apta para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la resoluci\u00f3n de las controversias judiciales.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Pese a lo anterior,<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>si se hiciera abstracciones de los anteriores planteamientos, no logra advertirse que la negativa de sus pretensiones, se traduzca en la vulneraci\u00f3n al derecho invocado, toda vez que esa decisi\u00f3n fue el resultado de una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso, con base en los supuestos f\u00e1cticos que se sometieron a an\u00e1lisis y las pruebas recaudadas en la tramitaci\u00f3n, adopt\u00e1ndose una decisi\u00f3n coherente, razonable y motivada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, para rechazar la oposici\u00f3n a la entrega del inmueble objeto de restituci\u00f3n presentada por el accionante el juzgado consider\u00f3 que: <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

\u00abA prop\u00f3sito del especifico punto de la acreditaci\u00f3n de la posesi\u00f3n que es menester demostrar para la prosperidad de la oposici\u00f3n planteada, se ha de decir que la misma no fue probada, pues no existen suficientes elementos de juicio que dan cuenta de la conjunta complementaci\u00f3n de \u00e9stos, ya que al interior del proceso tan solo se alleg\u00f3 copia del contrato de arrendamiento suscrito entre el demandante COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MASIVOS DISTRIPRESS LTDA y el ac\u00e1 opositor ARTURO CARDOZO HURTADO, documento mediante el cual se pretende demostrar la calidad de tercer poseedor del se\u00f1or ARTURO CARDOZO HURTADO.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo tambi\u00e9n es pertinente se\u00f1alar que al no habersen (sic) presentado los testigos a las diligencias programadas por el despacho, tan solo quedan las pruebas documentales ya obrantes en el expediente.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas se advierte que la parte actora manifiesta que la posesi\u00f3n del opositor no fue realizada de forma pac\u00edfica y que por el contrario no fue ininterrumpida, como quiera que en varias oportunidades se cit\u00f3 a conciliaci\u00f3n convocada por parte de la sociedad demandante, sin que obre prueba de ello en el proceso de la referencia.\u00ab<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, ese despacho concluy\u00f3<\/font><\/font>:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00abCon base en esas premisas de orden doctrinario y legal, para que el juzgador acceda \u00edntegramente o en parte a la oposici\u00f3n del se\u00f1or ARTURO CARDOZO HURTADO, es imperioso, que en principio sea el mismo opositor, quien deba probar los hechos en que funda sus peticiones, y como es evidente en el acervo probatorio la demanda no logr\u00f3 demostrar dichas manifestaciones, pues con la prueba documental aportada por el opositor no se logra demostrar los requisitos establecidos para la prosperidad de la oposici\u00f3n a la entrega del inmueble materia del presente asunto, raz\u00f3n por la cual este Despacho negar\u00e1 la oposici\u00f3n presentada\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se precis\u00f3, no se evidencia infundada ni irrazonable, pues se sustent\u00f3 en la normatividad aplicable al asunto y en las pruebas obrantes en el juicio. Por tanto, es incontestable que no transgrede los derechos fundamentales del accionante, y en ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n de \u00e9ste se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo desacuerdo frente a la valoraci\u00f3n de las pruebas, lo cual, naturalmente excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, dada la naturaleza residual de este mecanismo. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7. <\/font><\/font>Lo anterior, porque est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 <\/font><\/font>vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En <\/font><\/font>tal sentido, <\/font><\/font>verbi gratia<\/i><\/font><\/font>, en la sentencia CSJ SC,<\/font><\/font> 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/font><\/font>la Sala sostuvo:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) <\/font><\/font>que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8.<\/font><\/font> Las razones que se dejan consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font><\/font>Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

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<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC1447-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2015-02988-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97681","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97681"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97681\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}