{"id":97685,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97685\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97685","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97685\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

STC1451-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2015-00453-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el <\/font><\/font>30 de noviembre de 2015 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Figurazione S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira<\/font><\/font>.<\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La<\/font><\/font> sociedad accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 el amparo de los derechos al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al acatamiento del precedente judicial, a la igualdad y al principio de legalidad, que considera vulnerados por la citada autoridad, porque declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en un proceso ejecutivo en el que aqu\u00e9lla es ejecutante, por falta de jurisdicci\u00f3n, y orden\u00f3 su remisi\u00f3n al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca para que continuara el tr\u00e1mite respectivo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se \u00ab<\/font><\/font>ordene al Juzgado Segundo (\u2026) Civil del Circuito de Palmira, revoque la decisi\u00f3n de nulidad contenida en el auto (\u2026) de (\u2026) 20 de octubre de 2.014 (\u2026) y se contin\u00fae con los tr\u00e1mites procesales correspondientes<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folio 16, c. 1]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La tutelante formul\u00f3 una demanda ejecutiva de mayor cuant\u00eda contra la Industria de Licores del Valle del Cauca, para obtener el pago del capital contenido en cuatro facturas cambiarias, junto con sus intereses, el cual asciende a m\u00e1s de $1.000.000.000,oo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. Del asunto correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, autoridad que libr\u00f3 mandamiento de pago el 2 de mayo de 2014, en la forma rogada por la ejecutante.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.<\/font><\/font> Notificado el extremo ejecutado, formul\u00f3 defensas de m\u00e9rito y, adem\u00e1s, plante\u00f3 un incidente de nulidad aduciendo falta de jurisdicci\u00f3n del despacho para conocer del asunto, de conformidad con el art\u00edculo 104 de la Ley 1437 de 2011, pues se trataba de \u00ab<\/font><\/font>un proceso derivado de la ejecuci\u00f3n de un contrato estatal<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. Surtido el tr\u00e1mite incidental correspondiente, el 20 de octubre de 2014 el juzgador declar\u00f3 fundada la solicitud de anulaci\u00f3n, al concluir que las obligaciones contenidas en los t\u00edtulos cobrados derivan de un contrato estatal de suministro celebrado entre las partes contendientes, por lo cual declar\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n y orden\u00f3 remitir el diligenciamiento al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca para lo de su cargo. [Folios 6 a 8, c. 1]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Contra esa decisi\u00f3n la tutelante formul\u00f3 directamente el recurso de apelaci\u00f3n, el cual le fue concedido, en el efecto devolutivo, el 5 de noviembre de 2014, precis\u00e1ndose all\u00ed que \u00ab<\/font><\/font>los portes de correo corren por cuenta de la parte apelante (art. 132 C.P.C.)<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. Como los aludidos portes no fueron suministrados por la interesada en la oportunidad y forma establecidas en la norma mencionada, el fallador el 24 de abril de 2015 declar\u00f3 desierta la referida censura vertical.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Contra esa decisi\u00f3n la quejosa interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, ante lo que la sede judicial, el 29 de mayo de 2015, mantuvo su determinaci\u00f3n inicial y deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada, por improcedente.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. El no otorgamiento de la apelaci\u00f3n fue fustigado mediante reposici\u00f3n y en subsidio se reclam\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para acudir <\/font><\/font>en queja ante el Superior. Por auto de 26 de junio de 2015 se mantuvo la negativa y se accedi\u00f3 a la solicitud accesoria.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

9. Interpuesto el recurso de queja ante el Tribunal, dicha autoridad, por auto de 16 de octubre de 2015, lo rechaz\u00f3 al considerarlo improcedente, decisi\u00f3n frente a la que la tutelante formul\u00f3 s\u00faplica, la que tambi\u00e9n fue negada el 4 de noviembre de 2015. [Folios 6 a 10, c. 2]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

10. En criterio de la peticionaria del amparo, se vulneraron sus derechos fundamentales al declararse la nulidad de lo actuado en el juicio ejecutivo y ordenarse su remisi\u00f3n a la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, porque (i) la solicitud de anulaci\u00f3n no fue formulada oportunamente, pues no se adujo como excepci\u00f3n previa ni se incluy\u00f3 en las defensas de m\u00e9rito; (ii) los precedentes jurisprudenciales tienen establecido que en casos como el suyo la competente es la jurisdicci\u00f3n ordinaria; y (iii) el contrato estatal que refiri\u00f3 el juzgador fue finiquitado en el a\u00f1o 2011. [Folios 9 a 6, c. 1]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. El <\/font><\/font>17 de noviembre de 2015 el Tribunal admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de todos los involucrados para que ejercieran su derecho de contradicci\u00f3n. [Folios 20 y 21, c. 1]<\/font><\/font><\/p>\n

2.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, tras historiar la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida en el asunto fustigado, deprec\u00f3 la denegaci\u00f3n del resguardo porque su proceder ha estado ce\u00f1ido a la normatividad vigente, respetando el debido proceso de las partes. Agreg\u00f3 que en la demanda de tutela \u00ab<\/font><\/font>se est\u00e1n haciendo planteamientos que no fueron presentados dentro del proceso civil censurado<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folios 39 y 40, c. 1]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La Industri<\/font><\/font>a de Licores del Valle pidi\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda propuesta, por no satisfacer \u00e9sta los presupuestos generales y especiales para su procedencia, relievando que la accionante pretende \u00ab<\/font><\/font>alegar hechos que ser\u00e1n debate jur\u00eddico dentro de la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa, (juez natural del contrato) (\u2026), desnaturalizando la finalidad de la acci\u00f3n de tutela<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folios 44 a 49, c. 1]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>En fallo de 30 de noviembre de 2015 el Tribunal deneg\u00f3 la solicitud de amparo al concluir que estaba ausente el presupuesto de la inmediatez, dado que desde que fue dictado el prove\u00eddo fustigado, de 20 de octubre de 2014, a la fecha de formulaci\u00f3n del resguardo, esto es, 12 de noviembre de 2015, transcurrieron m\u00e1s de 11 meses, sin que se esgrimiera raz\u00f3n v\u00e1lida alguna para justificar tal tardanza, a m\u00e1s que no se demostr\u00f3 la presencia de un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que a pesar de lo anterior, lo cierto era que el contenido de aquel prove\u00eddo \u00ab<\/font><\/font>no se muestra arbitrario ni caprichoso, sino que se asienta en una interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al caso, en la naturaleza jur\u00eddica de entidad p\u00fablica que dedujo ostenta la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, y en la interpretaci\u00f3n que le dio al art\u00edculo 104 numeral 6\u00ba de la Ley 1437 de 2011<\/i><\/font><\/font>\u00bb. Aunado a que la declaraci\u00f3n de nulidad por falta de jurisdicci\u00f3n puede producirse en cualquier momento, e incluso de oficio, por lo que, contrario a lo aducido por la quejosa, la petici\u00f3n de invalidez de su antagonista no fue tard\u00eda. [Folios 53 a 65, c. 1]<\/font><\/font><\/p>\n

\n

4. Por estar en desacuerdo con la decisi\u00f3n, l<\/font><\/font>a tutelante la impugn\u00f3 sin exponer el motivo de su disidencia. [Folio 71, c. 1]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>otros recursos o medios de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00ab<\/font><\/font>mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00ab<\/font><\/font>en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. En el caso que es objeto de estudio se advierte que l<\/font><\/font>a tutelante tuvo a su disposici\u00f3n otro medio de defensa judicial para propender por la defensa de los derechos que estima vulnerados y no hizo uso del mismo, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda no puede sustituir ese mecanismo de contradicci\u00f3n ordinario, que en su momento no emple\u00f3 para proteger sus garant\u00edas constitucionales.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, frente al prove\u00eddo por el cual se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el juicio criticado, por falta de jurisdicci\u00f3n, y consecuencialmente se dispuso remitir el diligenciamiento al Tribunal Contencioso Administrativo; la peticionaria del amparo no manifest\u00f3 su inconformidad a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, exponiendo las quejas tra\u00eddas en la demanda de tutela, siendo ese prove\u00eddo <\/font><\/font>susceptible de tal mecanismo, por lo que deviene improcedente atacarlo por la residual v\u00eda de la tutela.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>A lo anterior se adiciona que, en todo caso,<\/font><\/font> la Corte no evidencia que sea<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>posible prodigar la protecci\u00f3n constitucional reclamada, pues, de acuerdo con el expediente, a\u00fan no se ha enviado el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, para que decida si asume el conocimiento del asunto o si, por el contrario, promueve ante la autoridad competente, el conflicto respectivo, para que se defina a cu\u00e1l juzgador le debe ser asignada esa causa, lo que torna prematuro el reclamo constitucional<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, es claro que la reclamante pretende que por v\u00eda tutelar se determine cu\u00e1l es la autoridad judicial competente para conocer del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra la <\/font><\/font>Industria de Licores del Valle del Cauca<\/font><\/font>, asunto cuyo conocimiento fue expresamente atribuido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 256 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 112 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seg\u00fan el primero de los mencionados preceptos, \u00ab<\/font><\/font>[c]<\/i><\/font><\/font>orresponde al Consejo Superior de la Judicatura (\u2026) <\/i><\/font><\/font><\/font>[d]<\/i><\/font><\/font><\/font>irimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb; a<\/font><\/font><\/font>tribuci\u00f3n ratificada por <\/font><\/font><\/font>la segunda norma referida, la cual establece que \u00ab<\/font><\/font>[c]<\/i><\/font><\/font>orresponde<\/i><\/font><\/font><\/font> a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (\u2026) [d]irimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre \u00e9stas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prev\u00e9n en el art\u00edculo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los consejos seccionales o entre dos salas de un mismo consejo seccional<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Entonces, como quiera que la queja de la actora se suscita por la remisi\u00f3n de su demanda a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, es claro que, en caso de que el Juez receptor no acoja el criterio del funcionario remitente, deber\u00e1 dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 148 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual dispone que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente dentro de la misma jurisdicci\u00f3n. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones ser\u00e1n inapelables.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El juez no podr\u00e1 declararse incompetente cuando las partes no alegaron la incompetencia, en los casos del pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo<\/i><\/font>\u00a0<\/i><\/font>143<\/i><\/font><\/a><\/font>.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Recibido el expediente, el juez o tribunal que deba dirimir el conflicto dar\u00e1 traslado a las partes por el t\u00e9rmino com\u00fan de tres d\u00edas, a fin de que presenten sus alegaciones; las pruebas pedidas durante dicho t\u00e9rmino o decretadas de oficio, se practicar\u00e1n en los seis d\u00edas siguientes. Vencido el t\u00e9rmino del traslado o el probatorio, en su caso, se resolver\u00e1 el conflicto y en el mismo auto se ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitarlo.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El auto que decida el conflicto no es susceptible de recursos y se notificar\u00e1 al demandado, junto con el que admiti\u00f3 la demanda, si \u00e9ste no le hubiere sido notificado.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La declaraci\u00f3n de incompetencia no afecta la validez de la actuaci\u00f3n cumplida hasta entonces.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

4. Quiere ello decir que al sentenciador de tutela no le corresponde definir el funcionario judicial al cual le compete conocer la litis, porque con ese proceder estar\u00eda usurpando la atribuci\u00f3n constitucional y legalmente asignada, se insiste, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea anticipadamente la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. <\/font><\/font>Las anteriores consideraciones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en la primera instancia.<\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en su oportunidad, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\n

13<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1451-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2015-00453-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97685","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97685"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97685\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}