{"id":97688,"date":"2025-03-26T19:20:45","date_gmt":"2025-03-26T19:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97688\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:45","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:45","slug":"97688","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97688\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n


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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1454-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-02257-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el veintis\u00e9is de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Enrique Tovar Pacheco y\/o Mauricio Vargas Hern\u00e1ndez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas (Meta), tr\u00e1mite constitucional al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, dentro del proceso penal en virtud del cual se encuentra descontando una pena privativa de la libertad de 23 a\u00f1os y 15 d\u00edas, en la Penitenciar\u00eda Central de Acac\u00edas-Meta, dada la negativa a declarar la prescripci\u00f3n de dicha sanci\u00f3n punitiva.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Pretende, en consecuencia, se ordene dejar sin efectos el auto de fecha 29 de julio de 2015, a fin, de que el Tribunal accionado <\/font><\/font>\u00ab\u2026declare la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n ya que la pena principara (sic) a prescribir desde la ejecutoria de la sentencia y se interrumpir\u00e1 cuando el sentenciado sea puesto a disposici\u00f3n de la autoridad competente para el cumplimiento de esta misma. 3. Se me permita la favorabilidad de las penas y su duraci\u00f3n que es de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n como m\u00e1ximo para la ley 599 de 2000 en sus art\u00edculos 31 y 37 y a su vez el art\u00edculo 64 de esta misma ley exige el cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena para acceder a la libertad condicional concordado con el art\u00edculo 70 de la Ley 975 de 2005, la cual reconoce una rebaja del 10% como parte cumplida de la pena\u2026\u00bb <\/i><\/font><\/font>[Folios 1-25, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El accionante fue condenado por el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., mediante sentencia del 14 de abril de 1997, confirmada integralmente por el Tribunal Superior de esta capital el 22 de mayo de 1997, a la pena principal de 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tras ser hallado responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, lesiones personales y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de armas de fuego o municiones.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. La ejecuci\u00f3n de aquella sanci\u00f3n, correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas (Meta), en raz\u00f3n a que el sentenciado cumple su condena en el Establecimiento Penitenciario de aquella municipalidad.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. Inicialmente, el accionante fue privado de su libertad, en virtud de la referida causa penal, el 8 de mayo de 1996 momento desde el cual permaneci\u00f3 detenido hasta el 7 de mayo de 1997, cuando se fug\u00f3 del centro carcelario donde hab\u00eda sido recluido.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. El 31 de marzo de 2012, el penado fue nuevamente puesto a disposici\u00f3n del juez ejecutor para el cumplimiento del monto de pena pendiente.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. El 8 de abril de 2013, el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n, reconoci\u00f3 al actor una rebaja de pena por aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, redosificando su condena en 23 a\u00f1os y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. El 15 de octubre de 2014, el reclamante solicit\u00f3 la <\/font><\/font>\u00abExtinci\u00f3n y liberaci\u00f3n seg\u00fan Art. 66, 67 ley 599 del 2000 y concordado con el Art. 90 de la misma ley (C.P.) y amparado por el numeral 8 y 9 del Art. 38 de la Ley 906 de 2004\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7. En providencia del 22 de octubre de 2014, el ejecutor deneg\u00f3 aquella pretensi\u00f3n, con fundamento en que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n que en este asunto era de 22 a\u00f1os y 9 d\u00edas (lapso pendiente por cumplir) inici\u00f3 su contabilizaci\u00f3n desde la fecha de la fuga (7 de mayo de 1997) y se interrumpi\u00f3 el d\u00eda que fue puesto nuevamente a disposici\u00f3n de estas diligencias (31 de marzo de 2012).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. <\/font><\/font>Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el demandante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

9. El 27 de noviembre siguiente, el Juez tutelado decidi\u00f3 mantener su postura, para lo cual se soport\u00f3 en el precedente jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

10. El Tribunal Superior de Villavicencio, en pronunciamiento del 29 de julio de 2015, imparti\u00f3 integral confirmaci\u00f3n a la decisi\u00f3n objeto de censura, basado en que el periodo de tiempo transcurrido entre el d\u00eda de la fuga y aquel en que el quejoso fue puesto a disposici\u00f3n del juez de la ejecuci\u00f3n para que continuara cumpliendo su condena, no puede tenerse en cuenta como \u00e9l lo pretend\u00eda, porque en ese lapso permaneci\u00f3 detenido por cuenta de otro proceso, circunstancia que impide sancionar al Estado con la p\u00e9rdida de su potestad punitiva.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

11. En criterio del tutelante, la anterior determinaci\u00f3n vulnera su derecho fundamental invocado porque, desconoce el principio de favorabilidad as\u00ed como la prohibici\u00f3n de las penas imprescriptibles establecidos en nuestro ordenamiento legal, as\u00ed como en los tratados internacionales ratificados por Colombia, pues es el resultado de la aplicaci\u00f3n de una norma completamente desfavorable a sus intereses.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales, en la forma vista. [Folios 1-26, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 18 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 <\/font><\/font>la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 correr traslado a las autoridades accionadas y<\/font><\/font><\/font> se dispuso vincular a los dem\u00e1s intervinientes, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/font><\/font>[Folios 62-63, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas (Meta), realiz\u00f3 una breve rese\u00f1a procesal, tras lo cual, solicit\u00f3 denegar el amparo invocado, por no existir la vulneraci\u00f3n alegada. [Folio 73, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A su turno, el Tribunal Superior de Villavicencio, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir un ejemplar de su providencia, sin exponer su criterio frente a las quejas del tutelante. [Folio 79, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. En sentencia del 26 de noviembre de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo por considerar que la determinaci\u00f3n cuestionada fue proferida bajo una aplicaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada en el asunto. [Folios 83-89, c.1] <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el tutelante la impugn\u00f3, tras considerar que la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, le ha sido negada por una indebida aplicaci\u00f3n del sentido literal de las normas que consagran tal fen\u00f3meno jur\u00eddico. [Folios 98 – 103, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

\n

2. En el caso <\/font><\/font>sub judice<\/i><\/font><\/font>, e<\/font><\/font>n sentir del solicitante del amparo, el Tribunal Superior de Villavicencio y el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas (Meta), desconocieron que en virtud del principio de favorabilidad, debieron aplicar el contenido del art\u00edculo 87 del Decreto-Ley 100 de 1980 que establece que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal inicia desde la fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria y no despu\u00e9s, como esas autoridades lo aducen, pues tal interpretaci\u00f3n, a juicio del libelista, no acompasa con los postulados del derecho internacional.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A partir del examen de la providencia que resolvi\u00f3 de manera definitiva la controversia planteada, esto es, la proferida el 29 de julio de 2015 por el Juez Ad quem, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n alegada, pues la citada autoridad judicial, realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y los precedentes jurisprudenciales que gobiernan el asunto y a partir de all\u00ed concluy\u00f3 que no estaba satisfecho el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n exigido por el legislador.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al respecto, la autoridad accionada, previo al an\u00e1lisis concreto del caso puesto a su consideraci\u00f3n, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de la normatividad legal que gobierna el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n de la pena, en los siguientes t\u00e9rminos textuales:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00abLa legislaci\u00f3n vigente para el caso que nos ocupa tiene previsto que el t\u00e9rmino m\u00ednimo que debe transcurrir para que prescriba la pena es [el] que falte por ejecutar, pero en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior a (5) a\u00f1os, y la consecuencia inmediata de ello es la extinci\u00f3n de la facultad estatal de ejecutar la sanci\u00f3n.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026)<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al tenor del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Penal, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n privativa de la libertad se interrumpir\u00e1 cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia o fuere puesto a disposici\u00f3n de la autoridad competente para el cumplimiento de la pena\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Acto seguido, procedi\u00f3 al estudio de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a resolver, de la siguiente manera:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/font> <\/p>\n

\u00abEs evidente que el interno aqu\u00ed recurrente se fug\u00f3 para el siete de mayo de 1997 hasta el 31 de marzo de 2012, periodo en el cual no han transcurrido los 22 a\u00f1os nueve meses que faltaban por ejecutar de la pena impuesta, de igual manera advierte esta Sala que la pena no ha sido posible cumplirla, por cuanto el interno se encontraba privado de la libertad en raz\u00f3n de otro proceso, motivo por el cual no se le podr\u00e1 atribuir responsabilidad al estado de la prescripci\u00f3n de la pena toda vez que el se\u00f1or TOVAR PACHECO se encontraba a disposici\u00f3n de otro proceso.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ahora, en relaci\u00f3n con la tesis del actor, acerca de la forma en que deb\u00eda contabilizarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n a efectos de que su solicitud liberatoria prosperara, esto argument\u00f3 el Tribunal, para desvirtuar su postura:<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab\u2026no le asiste raz\u00f3n al procesado cuando solicita que se tenga en cuenta el lapso comprendido desde el momento en que se fug\u00f3 hasta la fecha en que fue puesto a disposici\u00f3n de este proceso, por cuanto la inactividad estatal para la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n en ese momento se encuentra plenamente justificada, por lo que le asiste raz\u00f3n al a quo al empezar a contabilizar el t\u00e9rmino prescriptivo a partir del ocho de mayo de 1997, calenda en la que el condenado se dio a la fuga hasta el 31 de marzo de 2012 momento en el que fue puesto a disposici\u00f3n de est[e] proceso a fin de que cumpla la pena a la que fue condenado.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y es que, ha de tener en cuenta el peticionario, que el art\u00edculo 88 del Decreto Ley 100 de 1980, cuya aplicaci\u00f3n reclamaba por disponer que <\/font><\/font>\u00ab[l]<\/i><\/font><\/font>a prescripci\u00f3n de las penas se principiar\u00e1 a contar desde la ejecutoria de la sentencia.<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb, <\/i><\/font><\/font>debe interpretarse de manera arm\u00f3nica con el art\u00edculo 89 de la misma normativa que, al igual que el c\u00f3digo penal del 2000 (Ley 599), establece que dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico <\/font><\/font>\u00ab\u2026<\/i><\/font><\/font>se interrumpir\u00e1 cuando el condenado fuere aprehendido en virtud de la sentencia o si cometiere nuevo delito mientras est\u00e1 corriendo la prescripci\u00f3n.<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Luego, en ambas disposiciones el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal inicia con la ejecutoria de la sentencia, siempre y cuando para ese momento el penado no est\u00e9 cumpliendo su condena, pues no es razonable considerar que mientras se purga una pena, en este caso de prisi\u00f3n, se prescribe su ejecuci\u00f3n, pues \u00e9sta \u00faltima es la sanci\u00f3n que el Estado asume por no hacer obedecer sus decisiones judiciales.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En el mismo sentido, en los dos c\u00f3digos se contempla la figura de la interrupci\u00f3n que incluso era m\u00e1s gravosa en la legislaci\u00f3n penal de 1980, pues bastaba que el sentenciado cometiera un nuevo delito durante el lapso de la prescripci\u00f3n, para interrumpir su contabilizaci\u00f3n, pero, en todo caso, tambi\u00e9n consagr\u00f3 como causal, la puesta a disposici\u00f3n del condenado, tal como ocurri\u00f3 en el caso del actor, quien el 31 de marzo de 2012, empez\u00f3 a descontar de nuevo, el t\u00e9rmino que le falta por cumplir su pena.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Resulta evidente entonces que la decisi\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 adecuadamente, y en la misma se hizo una razonada interpretaci\u00f3n de las normas, que con independencia de que se comparta o no por el tutelante, no se muestra irrazonable y por ende no quebranta las garant\u00edas reclamadas.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n


De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que la sede judicial accionada se soport\u00f3 para denegar la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5.<\/font><\/font> Consecuente con lo consignado, se confirmar\u00e1 el fallo que se revis\u00f3 por v\u00eda de impugnaci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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6<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1454-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-02257-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97688","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97688","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97688"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97688\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}