{"id":97691,"date":"2025-03-26T19:20:45","date_gmt":"2025-03-26T19:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-282\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:45","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:45","slug":"corte-suprema-de-justicia-282","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-282\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1457-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b073001-22-13-000-2015-00424-02<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de <\/font><\/font>diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el quince de diciembre de dos mil quince por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por E. V. S., contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Juzgado S\u00e9ptimo de la misma especialidad, a la Procuradur\u00eda 14 Judicial II de Familia, a la se\u00f1ora L. M. F. R., a sus tres hijos y al abogado Omar Lara Baham\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, el ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, al trabajo, al m\u00ednimo vital, al debido proceso, a la igualdad, a la honra y al buen nombre que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, al disponer un incremento desmedido anual sobre la cuota alimentaria para sus hijos, a trav\u00e9s de una aclaraci\u00f3n de la sentencia, cuando no hab\u00eda lugar a ello y, de otra parte, denegar los medios exceptivos que plante\u00f3 en el juicio ejecutivo que con base en aquella providencia se inici\u00f3 en su contra.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se ordene declarar la ilegalidad de las actuaciones cuestionadas, se determine la cuota alimentaria a favor de sus hijos en el 50% de la pensi\u00f3n de retiro que percibe y la restituci\u00f3n de los valores descontados en virtud de las medidas cautelares dispuestas en la ejecuci\u00f3n. Adicionalmente, solicit\u00f3 comunicar la sentencia al Consejo Superior de la Judicatura, para que obre en la queja impetrada contra el abogado Omar Lara Bahamon. [Folios 3-30, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2005, el gestor del amparo y L. M. F. R., de cuya uni\u00f3n nacieron tres hijos, otorgaron poder al abogado Omar Lara Baham\u00f3n, para que <\/font><\/font>\u00ab\u2026inicie y lleve hasta su terminaci\u00f3n DEMANDA DE CESACI\u00d3N DE LOS EFECTOS CIVILES DEL LA MATRIMONIO CAT\u00d3LICO (DIVORCIO), y DISOLUSI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD CONYUGAL (\u2026) por mutuo acuerdo\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El conocimiento del respectivo proceso correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 1\u00ba de Familia de Ibagu\u00e9, que mediante auto del 11 de marzo de 2005, admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda y orden\u00f3 vincular a la Procuradur\u00eda de Familia adscrita al despacho, en inter\u00e9s de los, para entonces, menores hijos de la pareja.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. En atenci\u00f3n a que en la demanda de divorcio se expres\u00f3 de manera gen\u00e9rica que los padres continuar\u00edan aportando el 50% de los gastos de sus descendientes, el agente del Ministerio P\u00fablico, solicit\u00f3 requerir a los demandantes para que precisaran su compromiso en relaci\u00f3n con la cuota alimentaria de los ni\u00f1os.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. Mediante sentencia del 13 de abril del mismo a\u00f1o, se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y se aprob\u00f3 el acuerdo respecto del cuidado personal, el r\u00e9gimen de visitas y la cuota alimentaria para los hijos de la pareja, que con arreglo a la voluntad de las partes se fij\u00f3 en la suma de $700.000,oo incrementada anualmente en el 20%, a cargo de cada padre.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. El abogado Lara Bahamon, una vez notificado de la anterior decisi\u00f3n manifest\u00f3 junto a su r\u00fabrica que renunciaba al t\u00e9rmino de ejecutoria.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

6. En escrito presentado el 18 de abril posterior, solicit\u00f3 aclarar la sentencia, para precisar que el valor de la cuota alimentaria que cada c\u00f3nyuge divorciado aportar\u00eda, ser\u00eda de $1.400.000,oo, pedimento al que el juez de la causa accedi\u00f3 mediante auto del 22 del mismo mes y a\u00f1o.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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7. A inicios del a\u00f1o 2015, L. M. F. R., en representaci\u00f3n de la menor XXX y G. E. y M. C. V. F., promovieron demanda ejecutiva en contra de su padre, el actor, para el cobro de la mesada establecida en la referida sentencia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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8. Por auto del 11 de mayo de 2015, corregido en prove\u00eddo del 14 siguiente, el Juzgado 7\u00ba de Familia de Ibagu\u00e9, libr\u00f3 mandamiento de pago contra el tutelante, por la suma de $473.848.014,96 por concepto de las cuotas alimentarias pactadas, correspondientes al periodo comprendido entre el mes de mayo de 2005 y el mismo mes de 2015.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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9. A trav\u00e9s de providencia del 26 de mayo posterior, se decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n del 50% de los ingresos percibidos por el ejecutado como pensionado del Ej\u00e9rcito Nacional y como empleado de la \u201cDirecci\u00f3n Seccional Magdalena\u201d. Con igual medida se gravaron los inmuebles con matr\u00edculas Nos. 080-101877, 080-101753, 350-0083105 y 350-0057116 y el veh\u00edculo de placas KBP-216.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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10. Notificado, el promotor del amparo plante\u00f3 la excepci\u00f3n previa de \u201c<\/font><\/font>ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d; <\/i><\/font><\/font>como excepciones de m\u00e9rito plante\u00f3 la de <\/font><\/font>\u201ccobro de lo no debido\u201d, \u201cimposibilidad de pago\u201d y \u201cderechos fundamentales\u201d.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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11. En providencia del 13 de agosto de 2015, el juez de la ejecuci\u00f3n, entre otras determinaciones, dispuso rechazar por improcedentes los medios exceptivos propuestos por el extremo demandado, con fundamento en que en el juicio ejecutivo la \u00fanica excepci\u00f3n admisible es la de <\/font><\/font>\u201cpago de la obligaci\u00f3n\u201d; <\/i><\/font><\/font>no obstante, decidi\u00f3 interpretar la primera excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada, como <\/font><\/font>\u201cpago parcial de la obligaci\u00f3n\u201d<\/i><\/font><\/font>, en atenci\u00f3n a los argumentos en que la misma se sustent\u00f3. En consecuencia, dispuso el traslado previsto en el art\u00edculo 510 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a la contra parte.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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12. El extremo actor hizo uso del t\u00e9rmino concedido y en providencia del 2 de septiembre de 2015, de manera oficiosa, el Juez de la ejecuci\u00f3n cit\u00f3 a las partes a audiencia de conciliaci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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13. El 21 de octubre siguiente, tuvo lugar aquella diligencia, en desarrollo de la cual los sujetos procesales convinieron que lo adeudado por concepto de cuota alimentaria desde mayo de 2005 hasta octubre de 2015, ascend\u00eda a la suma de $330.000.000, suma que el deudor cancelar\u00e1 <\/font><\/font>\u00ab\u2026con el inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 080-101877 Carrera 1C No. 25-15 Edificio Torres Marina Club Torre B Apartamento 1602 y con el Parqueadero No. 32 Piso segundo (\u2026) distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 080-101753, ubicados en la ciudad de Santa Marta y que se [encuentran avaluados en] $250.000.000.\u00bb, <\/i><\/font><\/font>los cuales se entregar\u00e1n el 30 de junio de 2016, libres de todo gravamen, escriturados a L. M. F. R.. El excedente, se pagar\u00e1 en tres contados, el primero de ellos por $15.000.000, el 15 de diciembre de 2015; el segundo por $35.000.000,oo, el 15 de diciembre de 2016 y el tercero por $30.000.000,oo, el 15 de junio de 2017, en la cuenta de ahorros de la precitada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Adicionalmente, se acord\u00f3 que la cuota alimentaria para la menor XXX, ser\u00eda el equivalente <\/font><\/font>\u00ab\u2026al 50% de todos los ingresos mensuales que percibe como pensionado de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares y empleado de la Defensa Civil o donde llegue a laborar\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font>, hasta que la ni\u00f1a <\/font><\/font>\u00ab\u2026cumpla 25 a\u00f1os de edad (a\u00f1o 2024), fecha en que se extinguir\u00e1 la totalidad de la obligaci\u00f3n alimentaria.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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14. Como consecuencia del anterior pacto, se dispuso en la misma diligencia, entre otros aspectos, el levantamiento de todas las medidas cautelares decretadas, excepto el embargo sobre los inmuebles objeto del convenio y la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite mientas se verifica el cumplimiento total de la obligaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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15. El reclamante, acudi\u00f3 a esta v\u00eda constitucional en busca de la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales a la dignidad humana, al trabajo, al m\u00ednimo vital, al debido proceso, a la igualdad, a la honra y al buen nombre, que estima vulnerados por la autoridad judicial accionada al modificar la sentencia que entre otras cosas, dispuso cesar los efectos civiles de su matrimonio y fijar la cuota alimentaria para sus hijos, cuando ya se encontraba ejecutoriada y no exist\u00eda conciliaci\u00f3n de los titulares de dicha obligaci\u00f3n que permitiera incrementar en un 100% tal mesada. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Cuestion\u00f3, por otra parte, que el juez que adelanta la ejecuci\u00f3n le impidiera ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa, al rechazar sus excepciones contra la demanda que, asegura, injustamente promovieron sus hijos y su ex esposa, cuando \u00e9l viene cumpliendo con mucho m\u00e1s de lo que pact\u00f3 por concepto de alimentos. [Folios 3-30, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Por auto del 8 de septiembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 correr traslado a las autoridades judiciales accionadas y dem\u00e1s intervinientes, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 228, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En cumplimiento a la invalidez decretada por esta Sala en providencia del 5 de noviembre de 2015, el A quo constitucional, dispuso vincular a la actuaci\u00f3n a la ciudadana L. M. F. y a todas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos objeto de la s\u00faplica, a trav\u00e9s de prove\u00eddos del 3 y 11 de diciembre siguiente.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. El Juzgado Primero de Familia de la ciudad de Ibagu\u00e9, luego de rese\u00f1ar brevemente su actuaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio por mutuo acuerdo cuestionado, afirm\u00f3 que por espacio de diez a\u00f1os no existe actuaci\u00f3n alguna al interior del expediente, por lo que no se puede considerar satisfecho el requisito de la inmediatez en la acci\u00f3n de tutela, lo que inviabiliza su prosperidad. [Folio 239, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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El Juez 7\u00ba de Familia de Bogot\u00e1, por su parte, inform\u00f3 acerca del estado actual de las diligencias, en especial la suspensi\u00f3n del juicio ejecutivo en atenci\u00f3n a que las partes conciliaron sus diferencias en audiencia del 21 de octubre de 2015, sin expresar su postura en relaci\u00f3n con la queja constitucional. [Folios 290-293, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. En sentencia del 15 de diciembre de 2015, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 concedi\u00f3 parcial y temporalmente el amparo invocado, en el sentido de suspender el incremento anual del 20% fijado por el Juez 1\u00ba de Familia de Ibagu\u00e9 en la sentencia del 13 de abril de 2005, aclarada el 22 del mismo mes y a\u00f1o, para que el actor <\/font><\/font><\/font>\u00ab\u2026inicie las acciones legales tendientes a reclamar la revisi\u00f3n de la cuota alimentaria\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>, pues estim\u00f3 que tal aumento pone en inminente riesgo su derecho fundamental al m\u00ednimo vital, en la medida en que la cuota alimentaria que deber\u00eda cancelar en la actualidad casi duplica sus ingresos como pensionado y empleado de la Defensa Civil.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3. Para fundamentar su disenso, argument\u00f3 que las medidas adoptadas para la protecci\u00f3n de su garant\u00eda resulta inane pues lo cierto es que fue obligado a pagar una deuda inmerecida, cuando no es cierto que haya sido por voluntad propia que fij\u00f3 la cuota alimentaria ni su incremento en la suma establecida por el Juez 1\u00ba de Familia accionado. Adicionalmente, afirm\u00f3 que el acuerdo al que lleg\u00f3 con la ejecutante el pasado mes de octubre de 2015, fue consecuencia de la presi\u00f3n que todo este asunto le ha causado y se trat\u00f3 de una medida para evitar que los efectos nocivos de la actuaci\u00f3n cuestionada continuaran expandi\u00e9ndose. [Folios 322-325, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00ab<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00ab<\/font><\/font>otros recursos o medios de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el constituyente respecto a que se utilizara como \u00ab<\/font><\/font>mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable<\/i><\/font><\/font>\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00ab<\/font><\/font>en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. En el caso que es objeto de estudio, en relaci\u00f3n con los reproches que se formulan contra el auto de fecha 22 de abril de 2005, a trav\u00e9s del cual el Juzgado 1\u00ba de Familia de Ibagu\u00e9, aclar\u00f3 la sentencia emitida el 13 del mismo mes y a\u00f1o, en el sentido de fijar la cuota alimentaria para los, hijos del peticionario en la suma de $1.400.000,oo, a cargo de cada padre, la solicitud de protecci\u00f3n no atiende el comentado principio, pues el accionante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para controvertirlo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En efecto, si a su juicio el juzgador dio curso a una petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n que no era viable porque previamente las partes hab\u00edan renunciado a los t\u00e9rminos de ejecutoria del fallo, es decir, que ya hab\u00eda cobrado firmeza y, de otro lado, porque el motivo invocado no constitu\u00eda causal para aclarar la sentencia, tales defectos debi\u00f3 alegarlos ante el juez de conocimiento o, incluso, ante el juez de tutela, pero con razonable cercan\u00eda a la fecha de la decisi\u00f3n que se cuestiona.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En este punto, vale la pena precisar, que aunque el tutelante aduzca que no pudo ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa oportunamente debido a que su abogado de confianza obr\u00f3 de manera contraria a sus instrucciones sin informarlo de las decisiones finalmente adoptadas, es lo cierto que esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en establecer que \u00ab<\/font><\/font>la contingente incuria de los apoderados judiciales [\u2026] en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u2018…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n<\/i><\/font>\u00bb. (CSJ CS 9 Jun 2004, Exp. No. 00448; 26 Jul 2005, Exp. No. 00097; 27 Ene. 2006, Exp. No. 00014; y, 18 Ago. 2010, Exp. No. 00045-01). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Lo anterior, se hace m\u00e1s palpable si consideramos que desde el momento en que se profiri\u00f3 el auto de aclaraci\u00f3n cuestionado, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de quince (15) a\u00f1os a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda de amparo, lapso que evidentemente supera, y de manera ostensible, el t\u00e9rmino que esta Corporaci\u00f3n ha admitido como razonable para acudir a este mecanismo excepcional \u2013 6 meses -. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En ese sentido, indiscutible resulta que si el promotor del amparo no agot\u00f3 los medios defensivos de que dispon\u00eda y tampoco acudi\u00f3 oportunamente a la acci\u00f3n de tutela para hacer valer las garant\u00edas fundamentales que estima conculcadas con la determinaci\u00f3n reprochada, a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite no se puede proveer la soluci\u00f3n que reclama.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. Ahora bien, en relaci\u00f3n con los reparos que el tutelante presenta contra las decisiones adoptadas por el Juez 7\u00ba de Familia de Ibagu\u00e9, Despacho donde cursa el proceso ejecutivo de alimentos que se inici\u00f3 en su contra para el recaudo de la obligaci\u00f3n impuesta en la sentencia proferida por el Juez 1\u00ba hom\u00f3logo de la misma ciudad, la Sala advierte que ante la conciliaci\u00f3n a la que arribaron las partes, el pasado 21 de octubre de 2015, donde se acord\u00f3 que el ejecutado pagar\u00eda una suma de trescientos treinta millones de pesos por concepto de cuotas alimentarias atrasadas a favor de sus hijos, carece de objeto cualquier pronunciamiento del Juez de tutela.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sobre el punto, es necesario precisar que con el convenio mencionado, qued\u00f3 zanjada, con efectos de cosa juzgada, la discusi\u00f3n que el accionante propuso en su demanda de amparo, atinente a la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al m\u00ednimo vital, a la dignidad humana y a la calidad de vida, pues una vez aceptada su deuda y establecidas, de com\u00fan acuerdo, las facilidades de pago, inane resultar\u00eda la intervenci\u00f3n del fallador constitucional.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En el mismo sentido, es claro que con tal conciliaci\u00f3n, quedaron solucionadas las quejas que el promotor del amparo endilgaba al t\u00edtulo ejecutivo \u2013 la sentencia judicial -, pues al aprobarse una f\u00f3rmula de arreglo voluntaria entre las propias partes, es \u00e9sta y no aquella la que se har\u00e1 exigible al quejoso, circunstancia que desvirt\u00faa la necesidad de protecci\u00f3n por esta v\u00eda.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Sobre la materia, se ha entendido que la acci\u00f3n de tutela, en el evento de prosperar, conduce a una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de las garant\u00edas vulneradas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores.<\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, incluso antes de la formulaci\u00f3n del amparo, es claro que desaparece el motivo de la protecci\u00f3n, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la acci\u00f3n<\/font><\/font>2<\/a><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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4. Y si bien, el peticionario del amparo, alega en su impugnaci\u00f3n que su decisi\u00f3n de obligarse a cancelar una suma de $330.000.000,oo, por concepto de cuotas alimentarias vencidas, no fue libre y espont\u00e1nea, debido a las presiones que ejercen sobre s\u00ed el tr\u00e1mite judicial que la madre de sus hijos inici\u00f3 en su contra y las respuestas ofrecidas por las autoridades judiciales frente a sus medios defensivos, es lo cierto que no es la acci\u00f3n de tutela el mecanismo adecuado para discutir tal asunto, porque para ello cuenta con la posibilidad de demandar la nulidad de tal acto al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 1740 y siguientes del c\u00f3digo civil.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Aunado <\/font><\/font>a lo anterior, se observa que las pruebas recaudadas en el proceso no arrojan evidencia alguna que permita inferir que el pacto al que llegaron las partes en relaci\u00f3n con el monto adeudado implique el desconocimiento de garant\u00edas fundamentales susceptibles de protecci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. En consecuencia, se revocar\u00e1 <\/font><\/font>la providencia impugnada y, en su lugar, se negar\u00e1 el amparo solicitado, lo anterior sin perjuicio de que la parte actora pueda iniciar las acciones que considere pertinentes a fin de cuestionar la conciliaci\u00f3n mencionada. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>REVOCA <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada y en su lugar, <\/font><\/font>NIEGA <\/b><\/font><\/font>el amparo constitucional invocado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1<\/a> Fallo de 22 de agosto de 2013, exp. 2013-01851-00.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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2<\/a> Sobre el hecho superado, v\u00e9ase sentencia de la Corte de 13 de abril de 2010, exp. 00135-01, reiterada en sentencias de 24 de octubre de 2011, exp. 00305-01 y 1\u00ba de agosto de 2012, exp. No. 00497-01.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1457-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b073001-22-13-000-2015-00424-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97691","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97691","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97691"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97691\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}