{"id":97693,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-284\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"corte-suprema-de-justicia-284","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-284\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1459-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba<\/b><\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font><\/font>76001-22-03-000-2015-00826-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodrigo Bernal Molina contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la referida ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso objeto de la queja<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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    \n
  1. \n

    ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, el ciudadano, solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerados por la autoridad accionada, al no dar por terminado el proceso ejecutivo singular seguido en su contra, por unos pagar\u00e9s, pese a que ya culmin\u00f3 el juicio hipotecario iniciado por la misma entidad bancaria, por otros cartulares, en el que se hizo efectiva la hipoteca que se constituy\u00f3 para garantizar todos los t\u00edtulos valores que \u00e9l suscribi\u00f3.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Pretende, en consecuencia, revoque la determinaci\u00f3n referida y se ordene al Juzgado disponer \u00ab<\/font><\/font>la terminaci\u00f3n del proceso radicado 1997-14961 por pago total de la obligaci\u00f3n que ah\u00ed demanda Colmena S.A., pues dicha obligaci\u00f3n fue cancelada mediante la adjudicaci\u00f3n que de la totalidad del bien gravado con hipoteca dispuso el Juez 20 Civil del Circuito de la ciudad de Bogot\u00e1 bajo la radicaci\u00f3n No. 1997-3503 en el en el cual tambi\u00e9n ejecutante dicha entidad<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folio 29, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. El Banco Caja Social, aprob\u00f3 un cupo de cr\u00e9dito en beneficio del Fideicomiso Terrazas de Chichape Alianza, representado por la Fiduciaria Alianza S.A., por una cuant\u00eda inicial de $3.500\u2019000.000, ampliada en $1.000\u2019000.000 m\u00e1s, para construcci\u00f3n de un conjunto residencial en el inmueble denominado Lote Especial No. 2, ubicado en la Calle 42 Norte entre las avenidas 7N y 8N de la Urbanizaci\u00f3n Chichape de Cali.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. En garant\u00eda del mencionado contrato de pr\u00e9stamo, la vocera otorg\u00f3 hipoteca sobre el referido bien, mediante la escritura p\u00fablica No. 4237 de 13 de octubre de 1993 de la Notaria Once de la misma ciudad.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. Con ocasi\u00f3n de los desembolsos parciales que se iban realizando del cupo cr\u00e9dito, la Fiducia y varios de los fideicomitentes, entre ellos el accionante, suscribieron 14 pagar\u00e9s, con los que respaldaban las sumas entregadas y se compromet\u00edan a cancelar r\u00e9ditos trimestrales sobre las mismas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. En febrero de 1997, como los deudores cayeron en mora en el pago de los intereses en los diez primeros t\u00edtulos valores, el Banco inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    5. En abril de 1997, la entidad financiera, ante el incumplimiento en el pago de los otros cuatro cartulares que faltaban, present\u00f3 demanda de cobro singular, en busca que los demandados le cancelaran el importe de \u00e9stos, tr\u00e1mite del que conoce el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    6. El 23 de noviembre de 1999, se profiri\u00f3 sentencia en el primero de los litigios y se orden\u00f3 en consecuencia, vender en p\u00fablica subasta el inmueble gravado.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    7. El 4 de diciembre de 2000, se dict\u00f3 fallo en el juicio quirografario y se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    8. Mediante auto de 12 de diciembre de 2013, se adjudic\u00f3 el inmueble hipotecado a la entidad bancaria, en juicio con gravamen real.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    9. En escrito de 16 de noviembre de 2012, en virtud de la anterior transferencia, el accionante present\u00f3 escrito en el proceso singular, en el que expuso que hac\u00eda uso de la \u00ab<\/font><\/font>excepci\u00f3n de pago<\/i><\/font><\/font>\u00bb, para que se diera por terminado el litigo, toda vez que habi\u00e9ndose hecho efectiva en la primera controversia la hipoteca que garantizaba todas las deudas adquiridas en virtud del cupo de cr\u00e9dito otorgado para la construcci\u00f3n, todas las obligaciones respaldas por \u00e9sta se entend\u00edan totalmente canceladas. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    10. En auto de 27 de noviembre de 2013, se deneg\u00f3 la anterior solitud, tras considerar que dichas argumentaciones debieron ser presentadas en el momento procesal oportuno, es decir cuando se radicaron las excepciones, lo que no se hizo por lo que no pod\u00edan atenderse ya proferido la correspondiente sentencia; de igual forma se\u00f1al\u00f3 que no se reun\u00edan los requisitos dispuesto en el art\u00edculo 537 C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para finalizar el juicio. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    11. Inconforme el tuelante, interpuso reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    12. En prove\u00eddo 7 de marzo de 2014, se resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n y no se concedi\u00f3 la alzada, por no ser la decisi\u00f3n susceptible de dicho recurso.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    13. En desacuerdo el promotor del amparo present\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidi\u00f3 solicit\u00f3 que se expidieran las copias para surtir el recurso de queja. Negado el primer recurso, se orden\u00f3 se entregaran las reproducciones de las piezas procesales pertinentes.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    14. En auto de 1\u00ba de julio de 2015, se declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    15. En criterio del ac\u00e1 quejoso dichas actuaciones vulneraron sus derechos enunciados, por cuanto al tramitarse un proceso ejecutivo hipotecario en Bogot\u00e1 y otro singular en Cali, por obligaciones respaldadas con la misma hipoteca, era claro que terminado el primero por la adjudicaci\u00f3n del bien gravado, todas las dem\u00e1s obligaciones relacionadas con dicha garant\u00eda, dentro de ellas las del cobro quirografario quedaban saldadas y por tanto dicho litigio deb\u00eda \u00ab<\/font><\/font>terminarse tambi\u00e9n por pago total de la obligaci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    A\u00f1adi\u00f3, que ni siquiera debi\u00f3 haberse iniciado la segunda controversia, pues si el demandado quer\u00eda perseguir bienes diferentes al hipotecado, debi\u00f3 presentar un juicio mixto y no dos simult\u00e1neos. [41, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. Por auto de 10 de noviembre de 2015, fue admitida la acci\u00f3n de tutela y se dispuso correr traslado a todos los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 49, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    2. <\/font><\/font>El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, luego de hacer un breve recuento de lo actuado dentro del litigio ejecutivo singular, manifest\u00f3 que no ha existido violaci\u00f3n al debido proceso. [Folio 54, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    Por su parte los otros demandados, manifestaron coadyuvar la petici\u00f3n de protecci\u00f3n, tras considerar que en efecto el despacho accionado si vulner\u00f3 su garant\u00eda fundamental al negarse terminar la controversia quirografaria, cuando la deuda ya estaba saldada, porque se hab\u00eda hecho efectiva la hipoteca que garantizaba tal obligaci\u00f3n en otro proceso, en el que se cobraban pagar\u00e9s diferente. [Folio 62 a 67 y 88 a 92, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    El Banco Caja Social, indic\u00f3 que no era patente la existencia de una irregularidad en el juicio de cobro, ni tampoco la trasgresi\u00f3n de derechos supralegales. [Folio 110]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. En sentencia de <\/font><\/font>24 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior de Cali<\/font><\/font>,<\/font><\/font> neg\u00f3 el amparo invocado porque no se cumple el principio de subsidiariedad, toda vez que el tutelante cont\u00f3 con otros medios judiciales para presentar los reclamos ac\u00e1 expuestos pero no lo hizo, pues pudo presentarlos como excepciones de m\u00e9rito. Por otra parte se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n del Juzgado obedec\u00eda a una interpretaci\u00f3n razonable de las normas aplicables al caso y de las pruebas obrantes en el proceso. [Folios 121 a 124, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. Inconforme el reclamante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n<\/font><\/font>, con sustento en los mismos argumentos de su escrito inicial. [Folio 143 a 144, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. <\/font><\/font>En el asunto sub-judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el juzgador al denegar la solitud de terminar por pago total el proceso ejecutivo singular, no se advierte procedente el amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    En efecto, el fallador, luego de revisar el escrito por medio del cual se present\u00f3 la \u00ab<\/font><\/font>excepci\u00f3n de pago<\/i><\/font><\/font>\u00bb, indic\u00f3 que no pod\u00eda pronunciarse sobre los argumentos que expon\u00eda el ejecutado, para solicitar que se finalizara el litigio, porque los mismos debieron haber sido alegados \u00ab<\/font><\/font>al momento de comparecer al proceso en su etapa primaria, es decir cuando se notific\u00f3 personalmente o por intermedio de curador Ad-litem<\/i><\/font><\/font>\u00bb, lo que no se hizo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    \n

    De igual forma, refiri\u00f3 que si bien se solicitaba la terminaci\u00f3n por cancelaci\u00f3n total de la deuda, tampoco se pod\u00eda atender tal petici\u00f3n, por cuanto \u00ab<\/font><\/font>la causal invocada no se encuentra tipificada adem\u00e1s tampoco se acredita por los demandados el pago de la obligaci\u00f3n por los medios establecidos<\/i><\/font><\/font>\u00bb en el art\u00edculo 537 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    Norma que precept\u00faa que, <\/font><\/font>(\u2026) Si antes de rematarse el bien, se presentare escrito aut\u00e9ntico proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligaci\u00f3n demandada y las costas, el juez declarar\u00e1 terminado el proceso y dispondr\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente\u2026<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>Si existieren liquidaciones en firme del cr\u00e9dito y de las costas, y el ejecutado presenta el t\u00edtulo de consignaci\u00f3n de dichos valores a \u00f3rdenes del juzgado, el juez declarar\u00e1 terminado el proceso una vez que se apruebe y pague la liquidaci\u00f3n adicional a que hubiere lugar, y dispondr\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente\u2026<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del cr\u00e9dito y de las costas, podr\u00e1 el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompa\u00f1adas del t\u00edtulo de su consignaci\u00f3n a \u00f3rdenes del juzgado y del certificado de tasa de inter\u00e9s y, si fuere el caso, el de la conversi\u00f3n de moneda extranjera a pesos, cuando no obran en el expediente.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. Como puede advertirse, la decisi\u00f3n adoptada no se manifiesta caprichosa, como tampoco las razones expuestas merecen el calificativo de absurdas, ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela para imponer al sentenciador un determinado criterio jur\u00eddico o un an\u00e1lisis probatorio, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    De lo cual se colige, que lo pretendido por el peticionario del amparo, es anteponer su propio criterio al del accionado, y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que lo desfavorecieron, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional, no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades y en su leg\u00edtimo entendimiento, asuma frente a determinada normativa.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial o por alguna actuaci\u00f3n caprichosa que los accionados tomaron sus decisiones, pues los motivos que adujeron en sus providencias constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    Presidente de la Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

    MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

    FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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