{"id":97696,"date":"2025-03-26T19:20:45","date_gmt":"2025-03-26T19:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-287\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:45","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:45","slug":"corte-suprema-de-justicia-287","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-287\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1462-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2015-00104-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el tres de diciembre de dos mil quince por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de San Gil \u2013 Santander, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelly Mayorga Wandurraga contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, <\/font><\/font>tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa localidad y a todas las partes e intervinientes del proceso origen de la acci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad accionada, dentro del proceso verbal de disoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa por mutuo disenso t\u00e1cito, donde la segunda instancia incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto procesal al revocar la decisi\u00f3n del a quo, declarando la nulidad absoluta de la promesa de compraventa, al considerar que no hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, dado que deb\u00eda empezarse a contabilizar el termino desde la firma del otro s\u00ed del contrato y no desde la fecha de firma del contrato inicial. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ordene \u00ab<\/font><\/font>anular la decisi\u00f3n judicial impugnada e indicando los par\u00e1metros constitucionales bajo los cuales se debe proferir una nueva decisi\u00f3n que resulte acorde con los derechos fundamentales vulnerados, sugeridamente confirmando la decisi\u00f3n de primera instancia<\/i><\/font><\/font>\u00bb [Folio 6, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 25 de abril de 2014, Mar\u00eda Antonia Santos viuda de Fern\u00e1ndez instaur\u00f3 proceso verbal de disoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa contra la ahora accionante, por haber operado entre ellos la causal de mutuo disenso t\u00e1cito, por el incumplimiento rec\u00edproco de sus obligaciones, por cuanto ninguno de los contratantes compareci\u00f3 a la respectiva notaria para la firma de la escritura correspondiente y la no cancelaci\u00f3n oportuna del valor del predio por parte de la obligada, por tanto solicit\u00f3 se condene a la parte pasiva a devolver el bien objeto de la convenci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes: Que el 10 de marzo de 2004, la ahora accionante en calidad de promitente compradora, celebr\u00f3 con Mar\u00eda Antonia Santos viuda de Fern\u00e1ndez en calidad de promitente vendedora, un contrato de promesa de compraventa, respecto del bien denominado Finca la Palma, Vereda de Vegas, sitio Pie de Cabras del municipio de Mogotes \u2013 Santander, con casa incluida de 32 hect\u00e1reas, determinada por los siguientes linderos: \u00ab<\/font><\/font>De la quebrada por el Oriente derecho a salir a la pe\u00f1a y vuelve por la cabecera por un cerro y vuelve por una cascada a encontrar con el r\u00edo Tuga<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folio 25, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.1 Que los linderos distinguidos en el contrato no corresponde con los reales descritos en la escritura p\u00fablica n\u00famero 161 del 26 de octubre de 2000 de la Notar\u00eda \u00danica de Mogotes.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Que las partes acordaron como precio de la negociaci\u00f3n el valor de $25.000.000, que la ahora tutelante se oblig\u00f3 a pagar as\u00ed: $5.000.000 a la firma del documento; $7.000.000 representados en el arreglo de una casa de propiedad de la vendedora para que quede habitable, situada en la calle 9 No. 10-30 del municipio de San Gil y $13.000.000 para el 10 de mayo de 2004.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Se convino que la escritura p\u00fablica que perfeccionar\u00eda el contrato se firmar\u00eda en la Notaria Segunda de San Gil en las horas de la ma\u00f1ana del d\u00eda 10 de mayo de 2004, fecha en la cual tambi\u00e9n se pact\u00f3 la entrega material del predio.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.4. Que el 4 de mayo de 2004, las partes suscribieron una cl\u00e1usula adicional a la promesa de compraventa, donde se autoriz\u00f3 incrementar el valor de los arreglos de la casa en $3.000.000 que se descontar\u00edan de la obligaci\u00f3n y los $10.000.000 restantes en abonos en un plazo de 3 a\u00f1os, y la escritura p\u00fablica se suscribir\u00eda el d\u00eda en que se entregue la obra de adecuaci\u00f3n de la casa, es decir, no se pact\u00f3 fecha cierta para la firma. [Folio 26, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.5.<\/font><\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font>Que la ahora accionante obtuvo de manera violenta la tenencia del inmueble denominado Finca La Palma, Vereda Vegas de Mogotes, aprovechando la situaci\u00f3n de debilidad de la parte demandante, pues es una anciana de m\u00e1s de noventa a\u00f1os y por las enfermedades propias de la edad<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.6. Que la ahora tutelante solo cumpli\u00f3 con el pago de los $5.000.000 que recibi\u00f3 de la firma del documento de promesa de compraventa y algunos abonos por intereses.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.7. En cuanto a los arreglos de la casa ubicada en la calle 9 No. 10-30 de San Gil, estos se realizaron e igualmente la accionante se apoder\u00f3 de este bien, por lo que el extremo activo inici\u00f3 un proceso reivindicatorio que curs\u00f3 en el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, que termin\u00f3 con una conciliaci\u00f3n, donde la parte demandante tuvo que pagar $8.000.000 por los arreglos que se hicieron, pese haberse pactado que \u00e9stos s\u00f3lo tendr\u00edan un valor de $7.000.000, sin embargo recuper\u00f3 su predio.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.8. Que tanto la parte demandante como el extremo demandado han iniciado otros procesos con ocasi\u00f3n del comentado contrato de promesa de compraventa. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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3. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil que el 30 de mayo de 2014 admiti\u00f3 la demanda en el que orden\u00f3 correr traslado a la contraparte y dispuso su inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria respectivo. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. La tutelante fue notificada por aviso el 17 de julio de 2014, quien dentro del t\u00e9rmino oportuno contest\u00f3 el libelo y se opuso a las pretensiones, para cuyo efecto formul\u00f3 las excepciones de \u00ab<\/font><\/font>Inexistencia de mutuo disenso t\u00e1cito<\/i><\/font><\/font>\u00bb y \u00ab<\/font><\/font>mejoras<\/i><\/font><\/font>\u00bb tras se\u00f1alar que jam\u00e1s se verific\u00f3 el mutuo disenso t\u00e1cito por cuanto en la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada dentro del proceso reivindicatorio se indic\u00f3 que \u00ab<\/font><\/font>Aclara la se\u00f1ora Nelly Mayorga Wandurraga que este acuerdo no implica de su parte un desistimiento a la promesa de compraventa celebrada sobre el inmueble denominado la Palma, ubicado en la vereda Las Vegas del Municipio de Mogotes<\/i><\/font><\/font>\u00bb. Respecto a las mejoras solicit\u00f3 que en caso de ordenarse restituciones mutuas se decretara una inspecci\u00f3n para la constataci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n por parte de un perito de las mejoras necesarias y \u00fatiles al inmueble objeto del contrato. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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5. La audiencia de tr\u00e1mite se inici\u00f3 el 20 de abril de 2015, d\u00e1ndose paso a la conciliaci\u00f3n sin que las partes llegaran a alg\u00fan acuerdo. Seguidamente se agotaron las etapas del asunto, interrogatorios de parte, saneamiento del proceso y fijaci\u00f3n de los hechos del litigio. Posteriormente, se continu\u00f3 con la diligencia el 22 de abril siguiente en el que se practicaron pruebas. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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6. Concluido el debate probatorio se procedi\u00f3 a los alegatos de conclusi\u00f3n el 22 de mayo de 2015, oportunidad que fue aprovechada por las partes con intervenci\u00f3n de 20 minutos donde la parte activa solicit\u00f3 que en el evento de que sus pretensiones no fueran acogidas se declarara de manera oficiosa la nulidad absoluta de la promesa de compraventa, argumentando que al observarse la parte final de la cl\u00e1usula adicional, se vislumbra que la condici\u00f3n se\u00f1alada para la firma de la escritura quedo indeterminada al expresar \u00ab<\/font><\/font>La escritura de la finca se firmara el d\u00eda en que se entregue la obra de la adecuaci\u00f3n de la casa<\/i><\/font><\/font>\u00bb afectando de nulidad absoluta la promesa de compraventa objeto del proceso. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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7. En esa misma fecha el juzgado declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito \u00ab<\/font><\/font>Inexistencia de Mutuo Disenso T\u00e1cito\u00bb <\/i><\/font><\/font>invocada por la accionante; deneg\u00f3 la solicitud de nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa por haber operado el fen\u00f3meno de prescripci\u00f3n extraordinaria para declararla y como consecuencia rechaz\u00f3 las pretensiones de la demanda<\/font><\/font>, <\/i><\/font><\/font>al considerar que<\/font><\/font> \u00absi bien es cierto existen suficientes elementos de juicio para entender que hay un incumplimiento rec\u00edproco de las obligaciones surgidas con ocasi\u00f3n de la promesa de compraventa aqu\u00ed debatida, se echa de menos la voluntad conjunta de aniquilar el contrato, como que la demandada NELLY MAYORGA WANDURRA persiste en la vigencia del mismo, al punto de que en la actualidad permanece en poder del inmueble, aunado a que en el devenir procesal ha exteriorizado su intenci\u00f3n de mantenerse en el contrato, tal como lo dejo plasmado en el acta de audiencia de conciliaci\u00f3n llevada a cabo ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil con ocasi\u00f3n del proceso reivindicatorio que en su contra interpuso Mar\u00eda Antonia Santos de Fern\u00e1ndez\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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De igual forma, respecto a la solicitud de nulidad absoluta de la promesa de compraventa, manifest\u00f3 que \u00ab<\/font><\/font>si bien en la cl\u00e1usula adicional a la promesa de compraventa se incurri\u00f3 en una indeterminaci\u00f3n frente al plazo o condici\u00f3n para la firma de la escritura p\u00fablica, como que no qued\u00f3 consagrado en que notaria o a qu\u00e9 hora se suscribir\u00eda la misma, esta causal se encuentra prescrita. (\u2026) Sin necesidad de otra prueba diferente a la promesa misma, habr\u00e1 de denegarse la solicitud de nulidad absoluta advertida por el extremo pasivo pues a la fecha, el termino para alegarse se encuentra m\u00e1s que superado si en cuenta se tiene que la cl\u00e1usula adicional que modific\u00f3 la convenci\u00f3n inicial data del 04 de mayo de 2004, es decir que esta se convalid\u00f3 el 04 de mayo de 2014<\/i><\/font><\/font>.\u00bb [Folios 55-64, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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8. Inconforme con la decisi\u00f3n, el extremo activo la impugn\u00f3, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, que por auto fechado 8 de julio de 2015 admiti\u00f3 el recurso y corri\u00f3 traslado a las partes para alegaciones. [Folios 3 y 13, c. 2da. instancia]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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9. El 30 de septiembre de 2015, el juzgado accionado revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y en su lugar declar\u00f3 la nulidad del contrato celebrado el 10 de marzo de 2004, modificado por la cl\u00e1usula adicional suscrita el 4 de mayo siguiente y en consecuencia dispuso devolver a la tutelante la suma de $12.193.000 atendiendo a los pagos que efectu\u00f3 y a su vez orden\u00f3 a la accionante restituir el inmueble a la parte activa, al se\u00f1alar que en la convenci\u00f3n realizada la indeterminaci\u00f3n del inmueble prometido en compraventa es absoluta, tornando en ineficaz la promesa de compraventa. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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De igual forma indic\u00f3 que el termino para declarar la nulidad absoluta no se encuentra prescrito como equivocadamente lo determin\u00f3 el a quo pues, el contrato se celebr\u00f3 el 10 de marzo de 2004 y la cl\u00e1usula adicional que modific\u00f3 dicho contrato se realiz\u00f3 el 4 de mayo de 2004, lo que quiere decir que es a partir de esta \u00faltima fecha y no de otra que debe contabilizarse el termino prescriptivo. [Folios 4-16, c. corte] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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10. En criterio de la peticionaria del amparo, se vulneraron los derechos fundamentales invocados, por parte del juzgador de segunda instancia toda vez que el termino ha debido contabilizarse tal y como lo indico el juez de primera instancia, es decir, desde la fecha en que se firm\u00f3 el contrato de promesa de compraventa y no desde la firma del otro s\u00ed, significando ello, que la declaratoria de nulidad oficiosa estaba prescrita. [Folios 1-7, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 23 de noviembre de 2015, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la acci\u00f3n de tutela, orden\u00e1ndose dar traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folios 42-44, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil \u2013 Santander, manifest\u00f3 que ese despacho profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el 22 de mayo de 2015, decisi\u00f3n que fue impugnada y revocada en segunda instancia por el superior el 30 de septiembre siguiente. [Folios 53-54, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por su parte el extremo activo en el proceso se opuso a la prosperidad del amparo tras indicar que el juzgado accionado cumpli\u00f3 a cabalidad con cada una de las ritualidades procesales y constitucionales, lo contrario ser\u00eda patrocinar mediante este mecanismo someter las decisiones a la interpretaci\u00f3n que de la ley hacen los abogados, con absoluto desconocimiento de la aplicaci\u00f3n de las normas de orden p\u00fablico. [Folios 75-78, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>El Tribunal, en sentencia de 3 de diciembre de 2015, neg\u00f3 la solicitud de amparo, al encontrar que el juzgador al hacer la valoraci\u00f3n de la convenci\u00f3n encontr\u00f3 debidamente acreditado que la nulidad absoluta del contrato no estaba prescrita, se\u00f1alando que la fecha a partir de la cual deb\u00eda computarse el termino de prescripci\u00f3n de 10 a\u00f1os era la de la firma del otro si y no la de la firma del contrato primigenio, siendo por ello, procedente la declaratoria oficiosa de la nulidad del aludido contrato, valoraci\u00f3n probatoria diferente a la planteada por la tutelante, raz\u00f3n por la cual, mal puede predicarse que corresponde a una v\u00eda de hecho, pues como se ha sostenido la valoraci\u00f3n probatoria y la aplicaci\u00f3n del derecho frente al caso concreto, son circunstancias reservadas al juez que las ejerce dentro de la libertad de interpretaci\u00f3n que le otorgan la constituci\u00f3n y la ley. [Folios 79-88, c.1]. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. Por estar en<\/font><\/font> desacuerdo con la decisi\u00f3n, la tutelante la impugn\u00f3, para lo cual adujo que el juez constitucional <\/font><\/font>A-quo<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>se limit\u00f3 a hacer algunas consideraciones jurisprudenciales y procesales, sin adentrarse en el meollo de la situaci\u00f3n de fondo que vulnera sus garant\u00edas constitucionales. <\/font><\/font> [Folios 109-113, c.1].<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la resoluci\u00f3n de sus conflictos jur\u00eddicos a la jurisdicci\u00f3n del Estado.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. <\/font><\/font>En el asunto sub-judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el juzgador de segunda instancia para revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil \u2013 Santander y en su lugar declarar la nulidad del contrato de promesa de compraventa, no se advierte procedente el amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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En efecto, la autoridad accionada para fundar su determinaci\u00f3n expuso que \u00ab<\/font><\/font>As\u00ed pues, que en la convenci\u00f3n realizada entre Mar\u00eda Antonia Santos viuda de Fern\u00e1ndez y Nel1y Mayorga Wandurraga, visible a folios 14 y 15 no se determina en forma clara y precisa el contrato prometido, esto es, \u201cque para perfeccionarlo solo falte la tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades 1egales\u00bb, esto habida cuenta que no se consignaron los linderos del inmueble prometido en venta y que alude a la transferencia del predio denominado LA PALMA, ubicado en la Vereda Vegas sitio Pie de Cabras del Municipio de Mogotes, de 32 hect\u00e1reas, y as\u00ed mismo no se indic\u00f3 la procedencia del dominio ni se identific\u00f3 por el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria o c\u00e9dula catastral, tampoco se hizo alusi\u00f3n a la Escritura P\u00fablica que los contiene, lo que hace indeterminable el predio en menci\u00f3n, pues solamente en la cl\u00e1usula DECIMA se anot\u00f3 que \u00abLos linderos del inmueble objeto de la presente promesa son los siguientes: Finca La Palma vereda de Vegas sitio Pie de Cabras del municipio de Mogotes. Con casa incluida. 32 hect\u00e1reas. De la quebrada por el Oriente derecho a salir a la Pe\u00f1a y vuelve por la cabecera por un cerro y vuelve por una cascada a encontrar con el r\u00edo Tuga\u201d.<\/i><\/font><\/font> <\/i>pues como lo dice la jurisprudencia citada en cuyo aparte se reitera \u201cno le bast\u00f3 al legislador que en la convenci\u00f3n promisoria se se\u00f1alase la especie del contrato prometido y se consignaren indicaciones que permitieran determinarlo marginalmente\u00bb Es decir, que la estipulaci\u00f3n all\u00ed consignada no alude a ning\u00fan punto cardinal en concreto como el Este, Oeste, el Norte ni el Sur, ni se menciona los predios colindantes ni el nombre de sus propietarios, adem\u00e1s que al confrontar tal enunciado con la escritura p\u00fablica No. 161 del 26 de octubre del a\u00f1o 2000 de la Notar\u00eda \u00danica de Mogotes, allegada como prueba, en nada coincide con los linderos y el \u00e1rea del predio La Palma de propiedad de la demandante. Lo que quiere decir, que la indeterminaci\u00f3n del inmueble prometido en compraventa es absoluta, tornando en ineficaz la promesa de compraventa ya mencionada.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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De tal manera, que la promesa de contrato de compraventa tra\u00edda por las partes no escapa a la declaratoria de nulidad absoluta de que trata el art. 1741 del C. C., por estar ausentes dos de los requisitos que exige el art. 89 de la ley 153 de 1887, los cuales tienden a que la promesa de compraventa tenga plenos efectos jur\u00eddicos, conllevando a que este Juzgado de manera inevitable revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declare la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa tantas veces mencionado\u2026.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ahora bien, tambi\u00e9n expres\u00f3 que el t\u00e9rmino para declarar la nulidad absoluta contrario a lo alegado por la accionante no se encuentra prescrito por cuanto:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab1) El contrato de promesa de compraventa se celebr\u00f3 el 10 de marzo de 2004 y la cl\u00e1usula adicional que modific\u00f3 dicho contrato se suscribi\u00f3 el 04 de mayo de 2004, lo que quiere decir, que es a partir de esta \u00faltima fecha y no de otra, que debe contabilizarse o contarse el t\u00e9rmino prescriptivo en t\u00e9rminos del inciso segundo el art. 2535 del C. C. <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

2) La demanda se instaur\u00f3 el 25 de abril del a\u00f1o 2014 (f. 1 c. 1), es decir, antes de que venciera el t\u00e9rmino prescriptivo, -que lo fue el 04 de mayo de 2014-;<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3) El auto admisorio de la demanda se profiri\u00f3 el 30 mayo de 2014 y se notific\u00f3 a la demandante por estado el 04 de junio de 2014 (f. 34 vto. c. 1);<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4) La parte demandada se notific\u00f3 dentro del a\u00f1o siguiente, esto es, el 16 de julio de 2014 (f. 43 y 44 c.1), interrumpi\u00e9ndose de esta manera el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de 10 a\u00f1os contemplado en el inciso primero del art\u00edculo 2536 del C.C., modificado por el art\u00edculo 8\u00b0. de la Ley 791 de 2002.<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. De lo que se colige, que la determinaci\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda, <\/font><\/font>no fue arbitraria ni caprichosa, sino que obedeci\u00f3 a una interpretaci\u00f3n razonada que con independencia de que se comparta o no por la esta Corte, no se muestra irrazonable y por ende, no quebranta las garant\u00edas reclamadas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n de la solicitante del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que la sede judicial accionada fundament\u00f3 para declarar la nulidad del contrato de promesa de compraventa, celebrado el 10 de marzo de 2004 y modificado por la cl\u00e1usula adicional suscrita el 4 de mayo de ese a\u00f1o entre Mar\u00eda Antonia Santos viuda de Fern\u00e1ndez y la tutelante que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda deb\u00eda negarse y por ello se confirmar\u00e1 integralmente la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se revis\u00f3.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1462-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2015-00104-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97696","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97696"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97696\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}