{"id":97700,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97700\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97700","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97700\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1466-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-22-03-000-2015-03038-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el once de diciembre de dos mil quince por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Yesid Mauricio Valderrama G\u00f3mez, contra los Juzgados Quince Civil del Circuito y Quinto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El promotor solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo que lo tuvo por notificado del auto admisorio de la demanda, y la sentencia proferida en el juicio fuente del reclamo.<\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ordene a los accionados que decreten la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 25 de agosto de 2015, pues la providencia a notificar de 26 de enero de 2015 era el auto admisorio de la demanda y no un mandamiento de pago. <\/font><\/font> <\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Banco Davivienda S.A. <\/font><\/font>promovi\u00f3 un proceso abreviado de restituci\u00f3n de la tenencia de un inmueble dado en leasing habitacional en contra del accionante, pues las partes celebraron un contrato por la suma de $320.000.000, por el t\u00e9rmino de 180 meses contados a partir del 30 de junio de 2011, pero el demandado incumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n desde el 30 de abril de 2014, por lo que solicit\u00f3 que se declarara terminado dicho contrato, que se le ordenara restituir el inmueble y que no fuera o\u00eddo el extremo pasivo mientras no consignara los c\u00e1nones adeudados. <\/font><\/font> <\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que admiti\u00f3 la demanda el 26 de enero de 2015. <\/font><\/font> <\/p>\n

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3. El extremo actor remiti\u00f3 el citatorio del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y posteriormente, el aviso del art\u00edculo 320 <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>, \u00faltimo en el que se indic\u00f3 que se trataba de un proceso ejecutivo hipotecario y que la providencia a notificar era el mandamiento de pago. <\/font><\/font> <\/p>\n

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4. Mediante auto de 21 de mayo de 2015 el estrado accionado se\u00f1al\u00f3 que no ten\u00eda en cuenta el aludido aviso, pues uno de sus requisitos era determinar la naturaleza del proceso, por lo que dispon\u00eda que se volviera a elaborar el mismo, ya que el que obra en el expediente dec\u00eda que se trataba de un juicio ejecutivo hipotecario, y no de uno de restituci\u00f3n de tenencia inmueble. <\/font><\/font> <\/p>\n

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5. La nueva notificaci\u00f3n por aviso, se\u00f1al\u00f3 en la parte superior, el n\u00famero de radicado del proceso, que era un juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado y que la providencia a notificar era el auto admisorio de 26 de enero de 2015, pero en la parte inferior marc\u00f3 la casilla de que la providencia a notificar era un mandamiento de pago.<\/font><\/font><\/p>\n

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6. Con prove\u00eddo de 25 de agosto de 2015 el estrado judicial tuvo por notificado al demandado del auto admisorio e indic\u00f3 que este guard\u00f3 silencio. <\/font><\/font> <\/p>\n

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7. El Consejo Superior de la Judicatura a trav\u00e9s de Acuerdo PSAA15-10373 de 2015 dispuso que el expediente fuera remitido al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

8. Ese \u00faltimo despacho dict\u00f3 sentencia el 18 de septiembre de 2015, en la que declar\u00f3 terminado el contrato celebrado entre el Banco Davivienda y Yesid Mauricio Valderrama, y decret\u00f3 la restituci\u00f3n del referido inmueble, comisionando para tal fin a los Juzgados municipales de descongesti\u00f3n y\/o al Inspector de Polic\u00eda de la zona correspondiente. <\/font><\/font> <\/p>\n

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9. El peticionario considera que se vulneraron los derechos invocados con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo de 25 de agosto de 2015 que lo tuvo por notificado del auto admisorio de la demanda, pues se present\u00f3 un procedimiento irregular al enterarlo de una providencia inexistente, esto es, un mandamiento de pago que es ajeno a la naturaleza del proceso que se adelantaba, lo cual configura la nulidad prevista en el numeral 8 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; adem\u00e1s que la sentencia de 18 de septiembre de 2015 agrav\u00f3 su situaci\u00f3n, pues no se efectu\u00f3 el control de legalidad de su notificaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Por auto de 2 de diciembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a los accionados y vincular a<\/font><\/font><\/font> las partes e intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional.<\/font><\/font> [Folio 24, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>2. <\/font><\/font><\/font>Dentro de la oportunidad concedida, el <\/font><\/font><\/font>Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 se aten\u00eda a las actuaciones surtidas en el proceso y a lo probado en el mismo, que el accionante cuenta con acciones legales al interior del tr\u00e1mite como la solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n y el agotamiento de los recursos pertinentes, que no existe vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, y que por las medidas de descongesti\u00f3n remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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El Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de esta ciudad indic\u00f3 que el referido despacho de descongesti\u00f3n no fue prorrogado, por lo que le asignaron el conocimiento de las actuaciones que se encontraban a cargo de ese estrado, que en el proceso cuestionado se profiri\u00f3 sentencia el 18 de septiembre de 2015 declarando terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre los sujetos procesales y disponiendo su restituci\u00f3n, y que se remit\u00eda a las razones de hecho y de derecho que el juzgador de conocimiento adopt\u00f3. <\/font><\/font> <\/p>\n

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3. En sentencia de 11 de diciembre de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues pese a que el actor recibi\u00f3 el citatorio del art\u00edculo 315 y el aviso del 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aquel no acudi\u00f3 al despacho para lo pertinente, ejerciendo los mecanismos que le otorga el ordenamiento para la situaci\u00f3n reprochada, pues la actitud tomada fue el desentendimiento; adem\u00e1s que de la revisi\u00f3n somera del expediente, tampoco se observaba un error que no le permitiera al gestor inferir sumariamente el proceso, y que aunque en el aviso corregido se marc\u00f3 la casilla de que la providencia a notificar era el mandamiento de pago, lo cierto es que se indic\u00f3 el n\u00famero del proceso, la naturaleza del mismo y la fecha y providencia a notificar.<\/font><\/font><\/p>\n

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4. <\/font><\/font>Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el peticionario la impugn\u00f3 para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial e indic\u00f3 que como no es abogado, no tiene los conocimientos jur\u00eddicos para diferenciar un juicio ejecutivo y uno de restituci\u00f3n, y que por sus ocupaciones debe realizar viajes fuera de la ciudad, por lo que cuando recibi\u00f3 la notificaci\u00f3n del citatorio y del aviso no se encontraba en Bogot\u00e1. [Folios 144 a 146, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00ab<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de<\/font><\/font> \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb<\/i><\/font><\/font>, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00ab<\/font><\/font>mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb<\/i><\/font><\/font>, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00ab<\/font><\/font>en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font> <\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el actor cont\u00f3 con otros mecanismos al interior del tr\u00e1mite del que deriva su queja, a fin de conseguir lo pretendido, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios, que en su momento no emple\u00f3 para proteger las garant\u00edas constitucionales cuya protecci\u00f3n reclama. <\/font><\/font> <\/p>\n

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En efecto, del planteamiento de la queja, surge claro que las determinaciones que se se\u00f1ala como vulneradoras de sus derechos,<\/font><\/font> son el prove\u00eddo de 25 de agosto de 2015 y la sentencia de 18 de septiembre del mismo a\u00f1o. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, se advierte que el actor no acudi\u00f3 al despacho a exponer sus inconformidades con su notificaci\u00f3n, ni recurri\u00f3 el auto que lo tuvo por enterado, pues en la queja constitucional aduce que con el citatorio del 315 y el aviso del 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, s<\/font><\/font>e le notific\u00f3 un mandamiento de pago que no existe en el proceso, m\u00e1s no se le comunic\u00f3 la admisi\u00f3n de la demanda de restituci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Deviene entonces, ostensible que si el peticionario de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 correctamente los mecanismos de defensa contemplados por el ordenamiento adjetivo respecto de las determinaciones que considera transgresoras de sus garant\u00edas fundamentales, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimirse por el juez de conocimiento a trav\u00e9s de los medios que dej\u00f3 de formular.<\/font><\/font><\/p>\n

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La acci\u00f3n de tutela \u2013 se reitera- est\u00e1 destinada a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo proceso no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como una herramienta apta para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la resoluci\u00f3n de las controversias judiciales.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. En todo caso, se advierte que no fue por alguna irregularidad de las autoridades accionadas que el promotor del resguardo no concurri\u00f3 al despacho acusado, ni que dej\u00f3 de cumplir con su deber de vigilancia del juicio, pues tras ser notificado del mismo (indic\u00e1ndosele la naturaleza del proceso, el radicado del mismo y la fecha del auto admisorio), se desentendi\u00f3 del tr\u00e1mite, sin que sea dable que ahora pretenda que se declare la nulidad del proceso mediante esta acci\u00f3n excepcional. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Luego, si el reclamante no aprovech\u00f3 los instrumentos de defensa establecidos en el ordenamiento procesal, no puede ahora aspirar a que en esta v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea. <\/font><\/font> <\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab<\/font><\/font>(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>. (CSJ SC 26 Enero 2011, Exp. 00027-00) <\/font><\/font> <\/p>\n

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4. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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