{"id":97705,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-294\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"corte-suprema-de-justicia-294","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-294\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1471-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba<\/b><\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font><\/font>13001-22-13-000-2015-00439-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el quince de diciembre de dos mil quince, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfonso Jim\u00e9nez Z\u00fa\u00f1iga contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Defensa, La Polic\u00eda Nacional, y la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV), tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a el Sindicato \u00fanico de Vigilantes de Colombia y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa de Vigilancia y Seguridad Limitada. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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    \n
  1. \n

    ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, el ciudadano, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, al m\u00ednimo vital, a la vivienda digna, al debido proceso, a la asociaci\u00f3n sindical y al trabajo, por cuanto las autoridades accionadas no le han protegido de haber sido despedido sin justa causa y teniendo fuero sindical, no le proveyeron seguridad a pesar de estar amenazado o le otorgaron una insuficiente, as\u00ed como no le dieron otra indemnizaci\u00f3n como v\u00edctima pese a las especiales condiciones de su caso.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Pretende, en consecuencia, se ordene a las entidades \u00abel reconocimiento y pago del subsidio de vivienda\u2026 la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o especial y se tenga por probada la Falla en el servicio, que hubo por parte del Estado- Ministerio de Defensa- Polic\u00eda Nacional y se tase los perjuicios causados\u00bb, as\u00ed como se otorgue un subsidio de vivienda teniendo en cuenta que \u00ab<\/font><\/font>la que recibi\u00f3 como indemnizaci\u00f3n administrativa que usarlas para el mejoramiento de su casa a falta<\/i><\/font><\/font>\u00bb de la entrega de dicha ayuda. [Folio 17 y 18, c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. El accionante, refiere que perteneci\u00f3 al a la Armada Nacional y posteriormente a la Polic\u00eda Nacional, luego de lo cual entr\u00f3 a trabajar a la empresa de seguridad Vise Ltda.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. Sin embargo y pese a estar protegido, por el denominado fuero circunstancial, como quiera que el sindicato al que pertenec\u00eda present\u00f3 pliego de peticiones, fue despedido sin justa causa, tras arg\u00fcir la empresa antes referida, fraudulentamente que se hab\u00edan suscrito acuerdos con los trabajadores para su despido en la oficina de conciliaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n Universitaria Rafael N\u00fa\u00f1ez y Abogados.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. En virtud de lo cual acudi\u00f3 al Juez S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cartagena, para que declarar su despido injusto e ilegal, pero en tal procedimiento se denegaron las pretensiones, porque se hab\u00eda configurado la prescripci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. Asunto que recibi\u00f3 confirmaci\u00f3n del Tribunal Superior y no admitido en casaci\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    5. Ante las anteriores respuestas acudi\u00f3 a realizar varias denuncias ante la Fiscal\u00eda, por fraude Procesal, falsificaci\u00f3n de firmas y otros delitos contra la referida compa\u00f1\u00eda y ente educativo, de las cuales algunas, seg\u00fan su criterio, precluyeron de forma temeraria y otras continuaron.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    6. Debido a los tr\u00e1mites penales recibi\u00f3 varias amenazas para que los retirara, por lo que solicit\u00f3 medidas de seguridad a la Unidad de Protecci\u00f3n y Asistencia de Victimas del ente acusador, quien le deneg\u00f3 la misma.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    7. Posteriormente, solicit\u00f3 de nuevo el referido sistema de custodia, esta vez ante la Presidencia de la Rep\u00fablica, encabezada en aqu\u00e9l momento por el Dr. \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, quien lo remiti\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Direcci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional, para que se le resguardaran sus derechos.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    8. Atendiendo lo dispuesto, el Exdirector General de la Polic\u00eda Nacional, orden\u00f3 que se le dispusiera un esquema de seguridad, sin embargo el mismo fue quebrantado, por ser ineficaz, dado que al momento que lo interceptaron hombres fuertemente armados, amenaz\u00e1ndolo para que retirara sus denuncias, demandas y cesara su actividad sindical, no lo protegieron.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    9. Por tales razones, tuvo que desplazarse a varios municipios del pa\u00eds y finalmente al departamento del Meta, para proteger su vida e integridad, \u00e9ste \u00faltimo lugar en donde solicit\u00f3 ante la personer\u00eda su inclusi\u00f3n en el registro \u00fanico de la poblaci\u00f3n desplazada, y por esos mismo hechos fue indemnizados el 30 de julio de 2014 con \u00ab<\/font><\/font>17 SMLMV<\/i><\/font><\/font>\u00bb, por la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas de acuerdo con la Ley 1448 de 2011.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    10. Sin embargo, tal dinero tuvo que invertirlo en la reparaci\u00f3n de su vivienda ubicada en Cartagena, pues debido a su desplazamiento no pudo cuidar de \u00e9sta y los \u00ab<\/font><\/font>agentes clim\u00e1ticos<\/i><\/font><\/font>\u00bb, la deterioraron, y pese a que solicit\u00f3 ayuda a las entidades distritales de la referida ciudad no le concedieron ning\u00fan auxilio, toda vez que si bien le fue decretado nunca le fue entregado, como tampoco a su esposa.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    11. En criterio del accionante, las anteriores actuaciones vulneraron sus derechos enunciados, por cuanto existi\u00f3 una falla en el servicio de seguridad que le prest\u00f3 el Estado, pues no fue suficiente y por ello fue desplazado de donde viv\u00eda, por lo que debe ser indemnizado por todos los perjuicios que esto le ocasion\u00f3; as\u00ed como se vio obligado en invertir lo que le pagaron como reparaci\u00f3n por ser v\u00edctima de violencia, en el arreglo de su vivienda, cuando en realidad la referida Unidad debi\u00f3 otorgarle un subsidio para ello. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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    1. Por auto de 2 de diciembre de 2015, fue admitida la acci\u00f3n de tutela y se dispuso correr traslado a todos los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 204, c.3]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. En sentencia de <\/font><\/font>15 e diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Cartagena<\/font><\/font>,<\/font><\/font> neg\u00f3 el amparo invocado porque no se cumple el principio de subsidiariedad, toda vez que el tutelante cuenta con otros mecanismos judiciales para propender por los derechos que considera vulnerados, tales como la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa y la solicitud ante las autoridades encargadas para que le den los auxilios que pretende como v\u00edctima de la violencia. [Folios 2010 a 215]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. Inconforme el reclamante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, con sustento en que deb\u00eda accederse a sus pretensiones pues de conformidad con lo dispuesto en el la Ley 1448 de 2011, se ten\u00edan que realizar todas aquellas medidas para el restablecimiento de la v\u00edctima, que en \u00e9ste caso era \u00e9l. [Folio 217, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. <\/font><\/font>Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00ab<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00ab<\/font><\/font>otros recursos o medios de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00ab<\/font><\/font>mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable<\/i><\/font><\/font>\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00ab<\/font><\/font>en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    2. <\/font><\/font>Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n,<\/font><\/font> deviene con claridad la conclusi\u00f3n de que la acci\u00f3n incoada es improcedente, toda vez que el reclamante dispone de otro medio a trav\u00e9s del cual puede procurar la defensa adecuada de los derechos que estima transgredidos. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    En efecto, <\/font><\/font>el reclamo que se revisa en esta sede residual<\/font><\/font>, consiste en que existi\u00f3 una falla en el servicio de seguridad del Estado que le causo grave perjuicios, por los que considera el actor debe ser indemnizarlo, discusi\u00f3n que debe hacerse a trav\u00e9s de otro mecanismo judicial, como lo es la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, la que est\u00e1 prevista en la ley como un mecanismo de defensa id\u00f3neo para solicitar la reparaci\u00f3n de tal da\u00f1os.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    \n

    Es as\u00ed que el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, expresa <\/font><\/font>\u00abEn los t\u00e9rminos del art\u00edculo 90 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la persona interesada podr\u00e1 demandar directamente la reparaci\u00f3n del da\u00f1o antijur\u00eddico producido por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de los agentes del Estado\u2026 De conformidad con el inciso anterior, el Estado responder\u00e1, entre otras, cuando la causa del da\u00f1o sea un hecho, una omisi\u00f3n, una operaci\u00f3n administrativa o la ocupaci\u00f3n temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos p\u00fablicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad p\u00fablica\u00a0o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucci\u00f3n de la misma\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    \n

    Por ende, y como quiera que en este caso la queja constitucional tiene que ver con la falla en un servicio que prestaba el Estado, es ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante la acci\u00f3n pertinente, en donde debe alegarse y decidirse tal reclamo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Resulta, entonces, ostensible, que si el tutelante no ha agotado todos los recursos que le brinda el ordenamiento, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n que no ha formulado el reclamante.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En un caso similar, la Corte expres\u00f3: \u00ab<\/font><\/font>(\u2026) [N]<\/font><\/font>o se acceder\u00e1 al resguardo por ausencia del principio de subsidiariedad, por cuanto<\/i><\/font><\/font>, (\u2026) <\/font><\/font>la jurisprudencia de la Sala en asuntos que guardan simetr\u00eda con el que en este momento es materia de an\u00e1lisis, ha reiterado que es <\/i><\/font><\/font>(\u2026)<\/font><\/font> en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda <\/i><\/font><\/font>(\u2026).<\/font><\/font> <\/font>(CSJ STC, 15 de octubre de 2014, Rad. 2014-00101-01)<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    3. Por otra parte, a\u00fan cuando,<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar un perjuicio irremediable, el tutelante no demostr\u00f3 un da\u00f1o <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font>, pues lo alegado no cumple con las se\u00f1aladas caracter\u00edsticas, y que la sociedad deba pagar una sanci\u00f3n, no basta por s\u00ed sola para autorizar la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    4. <\/font><\/font>Finalmente, en torno de la ayuda econ\u00f3mica que pretende obtener el tutelante, el amparo tambi\u00e9n se torna improcedente, pues como lo ha considerado la Sala en otras oportunidades, el juez constitucional no es la autoridad que en principio, debe conocer asuntos que son de competencia de las autoridades gubernamentales, ante la cuales el solicitante debe cumplir con ciertos requerimiento que la ley exige, dado que<\/font><\/font>, \u00ab<\/i><\/font><\/font>dado que el beneficio a que aspira debe estar enmarcado dentro de las previsiones contempladas para quienes se encuentren en la condici\u00f3n de desplazados por la violencia<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font> o hayan sido v\u00edctimas de la violencia y busquen su reparaci\u00f3n, de all\u00ed que <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>para acceder a los beneficios establecidos para la poblaci\u00f3n desplazada, las personas interesadas deben acudir a las autoridades administrativas correspondientes, seg\u00fan fueren las pretensiones concretas orientadas a la satisfacci\u00f3n de sus necesidades, y cumplir con unos requisitos m\u00ednimos exigidos por cada entidad, acreditando que figuran en el Registro \u00danico de la Poblaci\u00f3n Desplazada por la Violencia<\/i><\/font><\/font>\u00bb. (CSJ STC, 17 de septiembre de 2013, Rad. 2013-00638-01)<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    El respeto de los procedimientos y tr\u00e1mites establecidos en la ley para la adjudicaci\u00f3n del subsidio familiar de vivienda constituye garant\u00eda para quienes se hallen en similares condiciones a las del accionante, y como ella, consideran que pueden ser beneficiarias de ese auxilio, de ah\u00ed que la Corte tambi\u00e9n precis\u00f3 que no puede el sentenciador de tutela <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>modificar las exigencias, requisitos y turnos que para el efecto se han dispuesto, porque de hacerlo, invadir\u00eda competencias ajenas y se desconocer\u00eda el derecho fundamental a la igualdad de todas personas que se encuentren en las mismas circunstancias \u2026 o que se hayan postulado a las convocatorias que realiza Fonvivienda para la poblaci\u00f3n desplazada<\/i><\/font><\/font>\u00bb (CSJ STC, 13 de marzo de 2013, Rad- 2013-00020-01)<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    5. <\/font><\/font>Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    Presidente de la Sala<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

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    <\/p>\n

    <\/p>\n

    MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

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    <\/p>\n

    FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    <\/p>\n

    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

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    <\/p>\n

    <\/p>\n

    \n

    1<\/a> Sentencias de -01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-00581-01.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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    <\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1471-2016 Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2015-00439-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97705","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97705"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97705\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}