{"id":97798,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97798\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97798","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97798\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/i><\/font><\/font>
<\/p>\n

\n

Corte Suprema de Justicia<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACION CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

STC1705-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b063001-2<\/b><\/font><\/font>2-14-000-2015-00324-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., <\/font><\/font>quince (15) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a <\/font><\/font>la <\/font><\/font>sentencia proferida el 3 de diciembre de 2015, <\/font><\/font>mediante la cual la <\/font><\/font>Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia neg\u00f3<\/font><\/font> la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Liliana Casta\u00f1o Zuluaga <\/font><\/font>contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Civil Circuito de Descongesti\u00f3n de esa misma ciudad, vincul\u00e1ndose a Alfredo \u00c1lvarez L\u00f3pez (perito).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La gestora <\/font><\/font>demand\u00f3 <\/font><\/font>la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad<\/font><\/font>, <\/i><\/font><\/font>presuntamente vulnerados por la autoridades acusadas, dentro del juicio hipotecario que le inici\u00f3 Jos\u00e9 Manuel Mart\u00ednez Salazar.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

2.1. Que <\/font><\/font>\u00abactualmente se adelanta en el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DSCONGESTI\u00d3N de esta ciudad un proceso hipotecario en mi contra con respecto a un inmueble ubicado en \u00e1rea rural del municipio de Montenegro paraje la Ceiba denominado VILLA LUNA, distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 280-165346\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Que el despacho cuestionado en auto de 27 de agosto de 2015 se\u00f1al\u00f3 el 24 de noviembre anterior para realizar diligencia de remate, pero<\/font><\/font> \u00abel aval\u00fao del inmueble fue presentado por un perito especializado para ello el cual figura en la lista de auxiliares de la justicia, del mencionado aval\u00fao me dieron traslado\u2026 y al momento de correrme traslado del mismo para objetarlo, no lo pude hacer porque no advert\u00ed que el peritaje realizado no fue sobre el inmueble embargado y secuestrado dentro del proceso referido, toda vez que el bien objeto de litigio est\u00e1 determinado en el Municipio de Montenegro Q., vereda la Ceiba, predio denominado VILLA LUNA, y el perito auxiliar de la justicia se\u00f1ala que practic\u00f3 el peritazgo en el lote VILLA LUNA \u2013 SAN JOS\u00c9 vereda la CEIBA de Montenegro, Quind\u00edo, lo cual s totalmente diferente\u2026\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Que <\/font><\/font>\u00abpor no tener en cuenta lo anteriormente se\u00f1alado al momento de dar traslado del dictamen, no lo objete por no haberse hecho sobre el bien inmueble que se encuentra en controversia y dej\u00e9 pasar el tiempo y que por ignorancia sobre el tema guarde silencio, pero el Juez que es competente debe velar que el inmueble objeto de aval\u00fao se encuentre bien determinado, cosa que no sucedi\u00f3 en este caso ya que el art\u00edculo 240 del C.P.C. lo faculta para ello\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se <\/font><\/font>\u00abordene al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTI\u00d3N de la ciudad, requiera al auxiliar de la justicia perito designado en el referido proceso, para que aclare, complemente o ampli\u00e9 el dictamen presentado, ya que el aval\u00fao que realiz\u00f3 fue sobre un predio que no corresponde al bien perseguido en el proceso hipotecario\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 1-4 Cdno. 1).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad, inform\u00f3, que <\/font><\/font>\u00abel proceso ejecutivo hipotecario objeto e la acci\u00f3n tutelar promovido por Jos\u00e9 Manuel Mart\u00ednez Salazar en contra de Martha Liliana Casta\u00f1o Zuluaga, tal y como lo expuso la accionante, no se encuentra en esta oficina\u00bb <\/i><\/font><\/font>y, a\u00f1adi\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abel dictamen se realiz\u00f3 bajo los par\u00e1metros legales y no fue objetado, hecho que denota que la tutelante no ejercit\u00f3 los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su favor para rebatir las decisiones que por este medio reclama\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(fls. 138).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El despacho encartado, se\u00f1alo que <\/font><\/font>\u00abme atengo a las razones expuestas en las actuaciones realizadas, precis\u00e1ndose que sus razonamientos se observan debidamente fundamentados y razonados, de suerte que no puede predicarse frente a ellos la configuraci\u00f3n de una irregularidad que haga procedente la tutela impetrada. Aunado a lo anterior, es del caso indicar que el amparo entablado no es viable, toda vez que se ha formulado como si se tratara de una instancia adicional, a las que en su oportunidad tuvo la accionada y que no hizo uso de las mismas, m\u00e1xime al observarse que por medio de aquel mecanismo lo que se busca es abrir nuevamente el debate, a pesar de que fue adecuadamente definido\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 139-140).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Jos\u00e9 Manuel Mart\u00ednez Salazar (acreedor), manifest\u00f3 que <\/font><\/font>\u00absi bien es cierto que la demandada no objet\u00f3 dicho dictamen, tambi\u00e9n lo es que la misma desde el principio de este proceso ha asumido una actitud totalmente pasiva y contumaz frente al requerimiento de la justicia frente a la obligaci\u00f3n materia de ejecuci\u00f3n, pues se puede vislumbrar sin necesidad de mucho examinar el expediente, que la se\u00f1ora MARTHA LILIANA CASTA\u00d1O ZULUAGA, no se hecho participe en ninguna etapa del proceso, no dio contestaci\u00f3n a la demanda, no formul\u00f3 excepciones, no le ha otorgado poder alguno a un profesional del derecho para que ejerza su derecho de defensa, no ha hecho objeciones a las liquidaciones de cr\u00e9dito, ni ha hecho pago alguno de la obligaci\u00f3n, limit\u00e1ndose simplemente a solicitar copias del proceso antes de iniciar esta acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto no puede excusarse en una omisi\u00f3n de una carga procesal que es de su exclusiva responsabilidad conforme a la norma procesal Civil como aspecto violatorio de un debido proceso y de vulneraci\u00f3n de sus derechos\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, refiri\u00f3 <\/font><\/font>\u00abSE NIEGA, que el peritaje realizado por el se\u00f1or ALFREDO \u00c1LVAREZ L\u00d3PEZ, haya sido sobre un inmueble diferente al efectivamente embargado y secuestrado, ya que el perito en cuesti\u00f3n en su tarea de realizar el respectivo aval\u00fao junto con el suscrito y la secuestre designada en este asunto doctora MARIA RUTH CIRO VERA, visitamos el inmueble objeto del aval\u00fao, siendo la misma propiedad efectivamente embargada y secuestrada y que concuerda con el bien debidamente identificado y determinado en el proceso ejecutivo hipotecario, situaci\u00f3n que puede ser corroborada por la secuestre\u00bb <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Y, a\u00f1adi\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abla misma se entabl\u00f3 como un INSTRUMENTO DILATORIO al buscar con la misma impedir la diligencia de remate prevista para el d\u00eda 24 de noviembre a las 7:00 a.m. en el Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n, dilaci\u00f3n que no se logr\u00f3 pues el remate efectivamente se realiz\u00f3 a la fecha y hora respectiva, siendo mi representado el \u00fanico postor y al cual despu\u00e9s de efectuada la diligencia se le adjudic\u00f3 el respectivo inmueble hipotecado por el valor parcial del cr\u00e9dito remate que esta pendiente de aprobaci\u00f3n\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 141-147).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo, al considerar que <\/font><\/font>\u00abla solicitud de amparo es improcedente, pues en ning\u00fan momento la accionante debati\u00f3 dentro del proceso ejecutivo denunciado, los hechos que presenta ahora por v\u00eda de tutela, que se mantuvieron in\u00e9ditos en ese tr\u00e1mite, con lo cual soslay\u00f3 el indispensable requisito de ejercer la defensa de los derechos dentro del escenario natural dise\u00f1ado para hacerlo, situaci\u00f3n que descarta las posibilidades de procurar el amparo con \u00e9xito\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abel amparo no procede para reabrir debates procesales clausurados, revivir t\u00e9rminos precluidos, permitir una nueva instancia de juicio o autorizar el planteamiento de discusiones in\u00e9ditas y propias de la controversia planteada ante el juez natural del proceso, tanto m\u00e1s si se trata de asuntos de procedimiento para los cuales existen dise\u00f1os legales que habilitan el control sobre las actuaciones de los jueces en los diversos \u00e1mbitos, mecanismos en que, por regla general, deben acudir los interesados por conducto de abogado en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 63 del C.P.C\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, finalmente anot\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abla ejecutada compareci\u00f3 de manera directa al proceso \u00fanicamente para solicitar la expedici\u00f3n de copias del expediente, sin otorgar poder a un abogado ni formular reproche alguno respecto del aval\u00fao del bien perseguido dentro del proceso compulsivo; de ah\u00ed que la accionante soslay\u00f3 el requisito de subsidiariedad, necesario para invocar la defensa de los derechos constitucionales por esta v\u00eda\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 174-177). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

La formul\u00f3 la actora sin dar a conocer los motivos de su descontento (fl. 183).<\/font><\/font><\/p>\n

CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. <\/font><\/font>El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales de acuerdo con las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios estos que por imperativo legal est\u00e1n consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00ab<\/font><\/font>derecho fundamental\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. La gestora pretende se ordene al despacho cuestionado <\/font><\/font>\u00abrequerir al auxiliar de la justicia perito designado en el referido proceso, para que aclare, complemente o ampli\u00e9 el dictamen presentado, ya que el aval\u00fao que realiz\u00f3 fue sobre un predio que no corresponde al bien perseguido en el proceso hipotecario\u00bb, <\/i><\/font><\/font>pues considera que se <\/font><\/font>incurri\u00f3 en \u00ab<\/font><\/font>defecto procedimental\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. <\/font><\/font>Del examen de las pruebas se desprende que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

a) El Juzgado Tercero Civil del Circuito en auto de 28 de febrero de 2013, libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de Jos\u00e9 Manuel Mart\u00ednez Salazar y contra Martha Liliana Casta\u00f1o Zuluaga (aqu\u00ed accionante), en raz\u00f3n de la letra de cambio suscrita el 12 de agosto de 2010, en esa misma oportunidad se decret\u00f3 el embargo y secuestro del bien dado en hipoteca (folio de matr\u00edcula No. 280-165346)<\/font><\/font> <\/font><\/font>(fls.26-27).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

b) El 23 de agosto de 2013 ante el silencio de la deudora frente al libelo, el despacho cognoscente dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n (fls. 42-43).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

c) El 4 de octubre siguiente se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito allegada por el acreedor (fl. 60).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

d) El 14 de octubre de 2014 el funcionario de descongesti\u00f3n cuestionado, avoc\u00f3 conocimiento del <\/font><\/font>sub j\u00fadice<\/i><\/font><\/font> y en prove\u00eddo de 14 de mayo de 2015 corre traslado del aval\u00fao comercial arrimado por el auxiliar de la justicia, sin que respecto del mismo se hubiese formulado adici\u00f3n, complementaci\u00f3n u objeci\u00f3n alguna (fls. 66-76, 83 y 103-104). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

e)<\/font><\/font> En prove\u00eddo de 2 de julio anterior se <\/font><\/font>\u00abaprob\u00f3 el aval\u00fao\u00bb<\/i><\/font><\/font> y se fij\u00f3 fecha para diligencia de remate (18 de agosto de 2015), decisi\u00f3n respecto de la cual no se interpuso recurso alguno, en todo caso la subasta se declar\u00f3 desierta por falta de postores (fls. 105 y 117).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

f) Se se\u00f1al\u00f3 el 24 de noviembre de 2015 como nueva fecha para la almoneda (fl. 120).<\/font><\/font><\/p>\n

\n

4. <\/font><\/font>Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, advierte la Sala que<\/font><\/font> l<\/font><\/font>a protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta que: <\/font><\/font>i)<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>la deudora (<\/font><\/font>aqu\u00ed accionante<\/i><\/font><\/font>) dentro del traslado que se corri\u00f3 con ocasi\u00f3n del aval\u00fao comercial allegado por el ejecutante, no pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n ni mucho menos formul\u00f3 objeci\u00f3n y <\/font><\/font>ii)<\/i><\/font><\/font> contra el auto que aprob\u00f3 el <\/font><\/font>\u00abaval\u00fao\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>y se\u00f1al\u00f3 fecha para la subasta no interpuso recurso de reposici\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De donde se observa que la gestora guard\u00f3 una posici\u00f3n sosegada frente a la omisi\u00f3n que reclama; por lo tanto en esas ocasiones tuvo la oportunidad de intervenir en defensa de sus intereses y no lo hizo, por el contrario, dej\u00f3<\/font><\/font> fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. En tales condiciones, mal podr\u00eda el Juez Constitucional auscultar la actuaci\u00f3n del despacho encartado, cuando lo cierto es que la accionante no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeta, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. En relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha considerado que: <\/font><\/font> <\/p>\n

no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente.<\/i><\/font><\/font> La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, 25 Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22 May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Igualmente, esta Corporaci\u00f3n sostuvo en sentencia CSJ STC 15 Jun. 2011, rad. 00151-01, reiterada, entre otras, 30 Oct. 2012, rad. 00439-01, que: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

\u201c(\u2026) q<\/font><\/font>uien luego de desde\u00f1ar las oportunidades legales que le fueron ofrecidas para remediar sus males, busca enmendar su desidia fuera del proceso donde las soslay\u00f3, ya que la presente acci\u00f3n no est\u00e1 prevista para rectificar fallas de gesti\u00f3n procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas debido a la pigricia propia<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. D<\/font><\/font>e conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1705-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b063001-22-14-000-2015-00324-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97798","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97798","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97798"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97798\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97798"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97798"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97798"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}