{"id":97800,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97800\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97800","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97800\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/i><\/font><\/font>
<\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACION CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

STC1708-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-2<\/b><\/font><\/font>2-03-000-2015-02699-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., <\/font><\/font>quince (15) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a <\/font><\/font>la <\/font><\/font>sentencia proferida el 10 de noviembre de 2015, <\/font><\/font>mediante la cual la <\/font><\/font>Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3<\/font><\/font> la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Antonio Rodr\u00edguez Reyes <\/font><\/font>contra los Juzgados Veinticuatro Civil del Circuito y S\u00e9ptimo Civil del Circuito, ambos de Bogot\u00e1 y Cuarto Civil Municipal de Soacha.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 <\/font><\/font>la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad<\/font><\/font>, <\/i><\/font><\/font>presuntamente vulnerados por la autoridades acusadas.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:<\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

2.1. Que <\/font><\/font>\u00abel 1\u00ba de diciembre de 2006 la sociedad EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A., formul\u00f3 convocatoria a un Tribunal de Arbitramento en el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, dicho Tribunal se instal\u00f3 mediante audiencia realizada el d\u00eda 7 de marzo de 2007\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Que<\/font><\/font> \u00abel Tribunal Arbitral en comento emiti\u00f3 el Laudo Arbitral el 15 de abril de 2008, en donde dispuso que el contrato de sub arriendo suscrito entre FERNANDO RUBIO FANDI\u00d1O, como arrendatario y, EXXONMOBIL como arrendador, del bien inmueble ubicado en la carrera 4 No. 30-05 de Soacha Cundinamarca, identificado con los folios de matr\u00edcula Nos. 050-4011234, 050-40112232, 050-40112230, 050-40112228, se declaraba terminado. As\u00ed mismo, en este acto, orden\u00f3 al se\u00f1or FERNANDO ARTURO RUBIO a restituir el bien\u00bb, <\/i><\/font><\/font>raz\u00f3n por la que el 3 de septiembre de 2008 se da inici\u00f3 a la entrega del inmueble por parte del Juzgado municipal cuestionado, con radicado No. 2008-0429.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Que <\/font><\/font>\u00abel 15 de septiembre de 2006 en el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se dio inici\u00f3 al tr\u00e1mite concordatario previsto en la Ley 222 de 1995 del deudor FERNANDO RUBIO FANDI\u00d1O, bajo el radicado No. 2006-0382\u00bb, <\/i><\/font><\/font>actuaci\u00f3n dentro de la cual, se dispuso desde el 10 de octubre de 2012 el embargo y secuestro del bien objeto de debate en el tr\u00e1mite arbitral. <\/font><\/font> <\/p>\n

\n

2.4. Que <\/font><\/font>\u00abmediante auto del 20 de febrero de 2009, el Juzgado 4 Civil Municipal de Soacha, orden\u00f3 remitir el expediente en el estado en que se encontraba al Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en donde cursa el proceso concordatario No. 2006-00382. Sin embargo EXXONMOBIL interpuso recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en contra del auto mencionado anteriormente, y mediante el auto del 20 de febrero de 2009, se revoc\u00f3 dicho auto de remisi\u00f3n del expediente\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.5. Que <\/font><\/font>\u00abmediante proceso de ejecuci\u00f3n de sentencia que inici\u00f3 el 22 de febrero de 2007 y traslado el 7 de junio de 2007 al proceso concordatario, ostent\u00f3 la calidad de acreedor reconocido dentro del tr\u00e1mite de concordato del deudor FERNANDO RUBIO FANDI\u00d1O\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.6. Que <\/font><\/font>\u00abel apoderado del se\u00f1or FERNANDO ARTURO RUBIO, en muchas ocasiones ha interpuesto varios recursos, incidentes de nulidad, peticiones y, una acci\u00f3n de tutela con el objetivo de que se enviara el proceso de entrega que cursa en el Juzgado de Soacha al proceso concordatario que se encuentra en el Juzgado Civil del Circuito \u2026 los anteriores mecanismos utilizados por el apoderado del deudor no prosperaron en ning\u00fan momento y, el tr\u00e1mite de entrega sigue en curso, es de resaltar que el Juzgado de Soacha mediante providencia de 3 de agosto de 2015, dispuso que la diligencia de entrega se realizara el pr\u00f3ximo 25 de noviembre del presente a\u00f1o\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

\n

2.7. Que <\/font><\/font>\u00abel 4 de septiembre del a\u00f1o en curso el tr\u00e1mite concordatario se traslad\u00f3 del Juzgado 24 Civil del Circuito al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.8. Que <\/font><\/font>\u00abmis derechos fundamentales se ponen en riesgo e el momento que una vez realizada la entrega del bien objeto de la diligencia del d\u00eda 25 de noviembre de 2015, no existir\u00edan otros medios ni mecanismos para poder garantizar el pago de mis acreencias\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, <\/font><\/font>\u00abordenar al JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA que suspenda inmediatamente el proceso de entrega del bien inmueble. Ordenar al JUZGADO 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTI\u00d3N que inmediatamente, realice las comunicaciones pertinentes dirigidas al JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA para que suspenda el proceso de entrega del bien\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 105-115 Cdno. 1).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La autoridad municipal cuestionada, manifest\u00f3, que <\/font><\/font>\u00abla parte obligada a entregar y terceros intervinientes no ha materializado la entrega de los respectivos inmuebles, y en las diligencias han formulado oposiciones, recursos y acciones de tutela resueltos a cabalidad, tanto por este des pacho (oposiciones y recursos) como por los juzgados primero y segundo civil del circuito de Soacha y el Tribunal de Cundinamarca (acciones de tutela) quienes en su totalidad han confirmado las decisiones tomadas por el despacho que presido\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De otra parte, refiri\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abel asunto que aqu\u00ed cursa corresponde a una diligencia de entrega de que trata el art\u00edculo 337 y 338 del C.P.C., que no constituye un proceso como tal, toda vez que se persigue es la entrega o restituci\u00f3n de la tenencia que le fue entregada mediante contrato de sub arriendo al se\u00f1or FERNANDO RUBIO FANDI\u00d1O, que as\u00ed como se lo ha hecho saber este despacho, el Juzgado 24 civil del circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para el tr\u00e1mite de entregar que aqu\u00ed se adelanta, no aplica el art\u00edculo 99 de la Ley 222 de 1995 porque no se cumplen los supuestos f\u00e1cticos exigidos por la norma para emplear el fuero de atracci\u00f3n y ser remitido a ese despacho en ocasi\u00f3n al proceso concordatario que all\u00ed se adelanta\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, finalmente anot\u00f3 que <\/font><\/font>\u00ablos hechos y pretensiones invocadas en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, han sido similares a las invocadas en varias oportunidades por la parte demandada que no han prosperado, y en consecuencia, confirmando las decisiones tomadas en autos\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(fls. 129-130 ).<\/font><\/font><\/p>\n

El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito encartado, se\u00f1alo que <\/font><\/font>\u00abrevisado el escrito de tutela presentado por JOS\u00c9 ANTONIO RODR\u00cdGUEZ REYES se observa que en el mismo se pretende la revocatoria de la decisi\u00f3n tomada por el JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA, dentro de un proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. Es decir la acci\u00f3n de tutela se dirige a buscar la correcci\u00f3n de presuntos defectos constitucionales cometidos por el juzgado mencionado, y no de \u00e9sta dependencia judicial\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>e inform\u00f3 que el expediente No. 2006-681 fue remitido a los despachos de descongesti\u00f3n desde l 1\u00ba de septiembre de 2015 (fls. 136-137).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1ngela Adriana Mayorga Bulla (representante de los trabajadores como parte de la junta Provisional de acreedores), anot\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abel actuar de los despachos judiciales accionados no se encuentra acorde con el prop\u00f3sito del constituyente, toda vez que si se efect\u00faa la entrega del bien que pretende realizar el juzgado Cuarto Civil Municipal de Soacha, no se garantizan efectivamente los derechos de los acreedores que han sido reconocidos dentro el proceso concordatario\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 269-271).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 el amparo, al considerar que <\/font><\/font>\u00abprontamente advierte esta Sala el fracaso de la petici\u00f3n der amparo, comoquiera que es incuestionable que la misma carece del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n\u2026 ello es as\u00ed, por cuanto resulta incuestionable la existencia de una controversia conceptual entre el accionante y los jueces accionados, particularmente el juez de la ejecuci\u00f3n del laudo arbitral, en cuanto a la interpretaci\u00f3n normativa referente a los efectos de la apertura del concordato, comoquiera que, en su sentir, deviene forzoso incorporar el tr\u00e1mite de entrega que conoce el Juzgado 4 de Soacha al proceso concordatario que se adelanta respecto del se\u00f1or Rubio Fandi\u00f1o ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esta ciudad, en tanto que el mencionado juzgado considera que por naturaleza del asunto no es aplicable el fuero de atracci\u00f3n previsto en el art. 99 de la Ley 222 de 1995, lo que en modo alguno compete dilucidar al juez constitucional, a modo de juez de instancia, por cuanto ello es ajeno a este tr\u00e1mite supralegal, cuyo fin es la salvaguarda de los derechos fundamentales\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abde la revisi\u00f3n del expediente remitido por el Juzgado 4 Civil Municipal de Soacha, se observa que contra el prove\u00eddo que fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la mencionada orden de entrega no se formul\u00f3 reparo alguno, por lo que la determinaci\u00f3n que ahora se censura cobr\u00f3 ejecutoria, sin que e pueda obtener mediante la acci\u00f3n constitucional lo que se debi\u00f3 procurar por aquellas v\u00edas. Por eso, la \u00fanica opci\u00f3n que tiene el juez accionado es adelantar la diligencia de entrega\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 273-278). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La formul\u00f3 el actor, aduciendo que <\/font><\/font>\u00aben relaci\u00f3n con la subsidiariedad, el amparo constitucional que se pretende con la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela en el proceso de la referencia se solicit\u00f3 de manera TRANSITORIA, ante la eminencia y gravedad que representa la entrega del bien inmueble, toda vez que: – no existe la certeza jur\u00eddica necesaria y la garant\u00eda pertinente, para asegurar que dicho bien est\u00e1 en manos del juez del concordato, y como consecuencia no se da la seguridad de que dicho bien sea utilizado para el pago de las obligaciones del concordato\u2026 que una vez efectuada esta entrega, el bien inmueble queda en manos de un solo acreedor, desconociendo el derecho de los dem\u00e1s acreedores, adem\u00e1s de para por encima de las medidas de embargo y secuestro debidamente decretadas practicadas por el juez del concordato\u2026 en conclusi\u00f3n la afectaci\u00f3n que se producir\u00eda con la entrega del bien no solo vulnera derechos fundamentales, que una vez concretada esta amenaza seria e irreparable, y adem\u00e1s que los operadores de justicia sigan infringiendo las normas\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, de otra parte, pidi\u00f3 nulidad alegando el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 140 del C.P.C., <\/font><\/font>\u00abcuando se omiten los t\u00e9rminos y oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb <\/i><\/font><\/font>y, explic\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abtuve conocimiento de las comunicaciones libradas a terceros interesados, y adem\u00e1s de que el termino dispuesto de 1 d\u00eda para ejercer el derecho de defensa no fue respetado, lo que pone de presente que los argumentos de los mismos no fueron tenidos en cuenta a la hora de dictar fallo, es m\u00e1s, seg\u00fan la informaci\u00f3n obtenida., algunas comunicaciones llegaron el 12 de noviembre cuando el fallo fue emitido el 10 de noviembre. Esto demuestra que este despacho prescindi\u00f3 del t\u00e9rmino concedido para las alegaciones finales de los terceros interesados\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(fls. 511-517). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. <\/font><\/font>El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales de acuerdo con las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios estos que por imperativo legal est\u00e1n consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00ab<\/font><\/font>derecho fundamental\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El impugnante pide nulidad de la salvaguarda constitucional, invocando el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 140 del C.P.C.<\/font><\/font> \u00abcuando se omiten los t\u00e9rminos y oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb, <\/i><\/font><\/font>pues considera que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00ablas comunicaciones libradas a terceros interesados, y el termino dispuesto de 1 d\u00eda para ejercer el derecho de defensa no fue respetado \u2026 lo que demuestra que prescindi\u00f3 del t\u00e9rmino concedido para las alegaciones finales de los terceros interesados\u00bb.<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Petici\u00f3n<\/font><\/font> <\/font><\/font>respecto de la cual, prontamente advierte la Sala que no tiene prosperidad alguna, comoquiera que, de una parte, carece de inter\u00e9s para alegar la misma, teniendo en cuenta que <\/font><\/font>no se encuentra habilitado para la protecci\u00f3n que reclama, pues se trata de derechos radicados en terceras personas y no en \u00e9l; y, de otra, por que dicho <\/font><\/font>petitum <\/i><\/font><\/font>elevado por los <\/font><\/font>\u00abterceros intervinientes\u00bb<\/i><\/font><\/font> fue negado por el Tribunal Constitucional <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font> en prove\u00eddos de 30 de noviembre de 2015. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. Ahora bien, resuelto lo procedente, se proceder\u00e1 con \u00e9l estudi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada y, ese orden el gestor pretende que se \u00ab<\/font><\/font>ordene al JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA suspender inmediatamente el proceso de entrega del bien inmueble y al JUZGADO 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTI\u00d3N, realice las comunicaciones pertinentes dirigidas al JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA para que suspenda el proceso de entrega del bien\u00bb<\/i><\/font><\/font>, pues considera que se <\/font><\/font>incurri\u00f3 en \u00ab<\/font><\/font>defecto procedimental\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

3. <\/font><\/font>Del examen de las pruebas se desprende que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

a) El Juzgado 24 Civil del Circuito en auto de 15 de septiembre de 2006, dentro del proceso de concordato de Fernando Arturo Rubio Fandi\u00f1o, design\u00f3 como contralor a Carlos Gonz\u00e1lez Vargas y como suplente a Guillermo Villamil Bueno y como Junta Provisional de acreedores a: <\/font><\/font>\u00aba) como representante de los trabajadores a ADRIANA MAYORGA y como suplente a CAROLINA MAYORGA. b) Como representante de los acreedores al representante legal o quien haga sus veces de la entidad bancaria BANCAFE y como suplente al representante legal o a quien haga sus veces de la entidad bancaria BANCO DE BOGOT\u00c1\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(fls.1-2).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

b) El Tribunal de Arbitramento el 15 de abril de 2008, resolvi\u00f3 <\/font><\/font>\u00ab(\u2026) CUARTA: Declarar terminados los contratos de arrendamiento mencionados en la resoluci\u00f3n segunda precedente, por incumplimiento de los t\u00e9rminos pactados por parte del convocado, se\u00f1or FERNANDO ARTURO RUBIO FANDI\u00d1O. QUINTO: Ordenar al CONVOCADO se\u00f1or FERNANDO ARTURO RUBIO FANDI\u00d1O que en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas contados a partir de la ejecutoria del presente laudo arbitral restituya a EXXONMOBIL los bienes que le fueron dados en arrendamiento y que corresponden a las siguientes especificaciones: i) inmueble de la carrera 4 No. 30-05\u2026 ii) inmueble ubicado en la calle 6 sur No. 6-70 \u2026\u00bb, <\/i><\/font><\/font>decisi\u00f3n que qued\u00f3 en firme luego de que fuera declarado infundado el recurso de anulaci\u00f3n en providencia de 17 de noviembre de 2009 <\/font><\/font> <\/font>(fls. 3-71 y 73-80).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

c) El 3 de septiembre de 2008 el despacho Cuarto Civil Municipal de Soacha, se\u00f1al\u00f3 <\/font><\/font>\u00abADMITE la presente demanda de RESTITUCI\u00d3N promovida por EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A. contra FERNANDO ARTURO RUBIO FANDI\u00d1O. Tram\u00edtese por el procedimiento abreviado\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(fl. 82).<\/font><\/font><\/p>\n

d) La diligencia de entrega iniciada el 14 de diciembre de 2015 por la autoridad municipal cuestionada, fue suspendida y se fij\u00f3 como fecha para continuar la misma el 6 de abril de 2016 (fls. 3-16 Cdno. Corte).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

e)<\/font><\/font> Esta Corporaci\u00f3n en providencia de 26 de julio de 2012, en primera instancia neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela impetrada por<\/font><\/font> Jos\u00e9 Antonio Rodr\u00edguez Reyes, en calidad de acreedor contra los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Soacha, Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Inspecci\u00f3n Quinta Municipal de Soacha, siendo vinculados el Despacho 24 Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad,<\/font><\/font> oportunidad en la que pretendi\u00f3 la <\/font><\/font>\u00absuspensi\u00f3n de diligencia de entrega\u00bb <\/i><\/font><\/font>y,<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>se\u00f1al\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abla existencia paralela de concordato de Fernando Rubio Fandi\u00f1o y de los procesos de entrega sobre los bienes del mismo deudor, vulnera sus derechos fundamentales, porque desatiende lo normado en el art\u00edculo 99 de la Ley 222 de 1995, e impide que se le pague su acreencia\u00bb; <\/i><\/font><\/font>determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral de 18 de septiembre de ese a\u00f1o y no seleccionada por la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n el 22 de noviembre de 2012.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. <\/font><\/font>Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, advierte la Sala que la inconformidad expuesta por el actor contra lo actuado por el despacho municipal acusado, en virtud de la entrega que debe realizar de varios inmuebles a la empresa EXXONMOBIL S.A., con ocasi\u00f3n del laudo arbitral proferido el 15 de abril de 2008, fue objeto de debate constitucional, pues esta Corporaci\u00f3n el 26 de julio de 2012, neg\u00f3 el amparo impetrado por el tambi\u00e9n aqu\u00ed accionante, oportunidad en la que se se\u00f1al\u00f3 que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En el caso que es objeto de estudio, el peticionario del amparo, que est\u00e1 reconocido como acreedor al interior del proceso de concordato de Fernando Arturo Rubio Fandi\u00f1o, seguido por el juzgado 24 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, aduce que sus derechos fundamentales est\u00e1n siendo quebrantados, pues los jueces accionados han desatendido el art\u00edculo 99 de la Ley 222de 1995, ello porque simult\u00e1neamente con el concordato, adelantan la entrega de los bienes del deudor por solicitud de Exxon Mobil Colombia S.A. y Chevron Petroleum Company, fundados en dos laudos arbitrales\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A la par, precis\u00f3 que<\/font><\/font> \u00abpara resolver el anterior reclamo, la Corte reiterar\u00e1 los argumentos que expuso en el fallo proferido con ocasi\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela interpuesta por otra de las acreedoras reconocidas dentro del concordato de Fernando Arturo Rubio Fandi\u00f1o, petici\u00f3n de amparo que se fund\u00f3 en los mismos hechos ac\u00e1 expuestos. En tal oportunidad esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201c<\/i><\/font><\/font>la restituci\u00f3n de los inmuebles declarada por los \u00e1rbitros, as\u00ed como los tr\u00e1mites de entrega que se han iniciado para ejecutarlos, se iniciaron como consecuencia de incumplimientos posteriores al 15 de septiembre de 2006, es decir, a circunstancias que se originaron luego de haberse iniciado el concordato de Fernando Arturo Rubio Fandi\u00f1o ante el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De acuerdo con lo explicado arriba, y con lo dispuesto en el art\u00edculo 147 de la Ley 222 de 1995, las sociedades Chevron Petroleum Company y ExxonMobil de Colombia S.A. estaban autorizados para iniciar los mencionados procesos por fuera del concordato. Por tanto, los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Soacha y Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no incurrieron en ninguna v\u00eda de hecho al tramitar las solicitudes de entrega presentadas por dichas sociedades\u201d\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

Y, finalmente anot\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abargumentos que se reiteran \u00edntegramente en esta oportunidad, teniendo en cuenta que los hechos que motivaron esta tutela son id\u00e9nticos a los planteados en la petici\u00f3n de amparo que provocaron el pronunciamiento citado, que sirvieron para negar el amparo que se solicit\u00f3\u00bb <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. Por lo dem\u00e1s, cabe se\u00f1alar, que como lo ha reiterado la <\/font><\/font>Corte, el empleo excesivo de esta herramienta especial de salvaguarda constitucional para efectos de obtener plurales decisiones a partir de los aspectos salientes de un mismo asunto, apareja un menoscabo para la colectividad e implica un deterioro en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de los asociados.<\/font><\/font><\/p>\n

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6. Al resolverse un asunto de temperamento similar al que ahora ocupa su estudio, indic\u00f3 que: <\/font><\/font> <\/p>\n

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Resulta palmario, entonces, que el actor acude otra vez a este mecanismo excepcional aduciendo las mismas \u00b4irregularidades\u00b4 en las que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales accionadas, las que ya fueron definidas en la citada providencia, rayando en un eventual abuso del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

(\u2026)<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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la Corte ha sostenido, en reiteradas decisiones, que \u00b4el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Expt. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 hecho, se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 24 Feb. 2006, rad. 00171, reiterada, entre otras, el 28 Oct. 2009, rad. 02092-01, 5 Feb. 2010, rad. 00180-01, 4 May. 2012, rad.<\/font><\/font>00581-01, 21 Oct. 2015, rad. 02431-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. D<\/font><\/font>e conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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Notif\u00edquese <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1708-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2015-02699-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97800","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97800","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97800"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97800\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97800"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}