{"id":97814,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97814\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97814","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97814\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1724-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2015-00780-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2015, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela instaurada por Josefina Bueno de Badillo en contra de los Juzgados Civiles Municipal de Descongesti\u00f3n de Piedecuesta y Noveno del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se vincularon a Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, Mayerly y Marisol Badillo Quesada, Yurley Badillo Quezada, Mario Augusto Badillo Bueno y Ruth Quesada Rinc\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. La gestora demanda la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, vida y salud, presuntamente vulnerados por <\/font><\/font>las autoridades encartadas<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

2. Sostuv<\/font><\/font>o como apoyo de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.1. Que<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abpara los meses de julio a agosto del a\u00f1o 2013, [contrat\u00f3] los servicios de un abogado para que [le recuperara] una vivienda que [tiene] en la calle 6 B No. 17 A -07 casa 20 C de la Urbanizaci\u00f3n Cabecera del Llano I Etapa del municipio de Piedecuesta, [la] que le compr\u00f3 a la se\u00f1ora Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, mediante promesa de compraventa que [firmaron y autenticaron] el d\u00eda 19 de junio de 1998, para posteriormente hacer la escritura p\u00fablica No. 5901 del 29 de diciembre de 2000, en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga; escritura en donde [autoriz\u00f3] que figuraran [sus] nietas menores de edad Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada, como propietarias (hoy mayores de edad), para protegerlas porque [su] hijo Mario Augusto Badillo Bueno, sufr\u00eda una enfermedad de casi tipo terminal\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Que <\/font><\/font>\u00abhoy [su] hijo (…) se ha ido recuperando y ya las nietas son mayores de edad y se encuentran casadas y con hijos y (\u2026) solvencia econ\u00f3mica estable y fue por ello que les [solicit\u00f3] que [le] devolvieran la propiedad del inmueble en menci\u00f3n, ya que necesita la casa para vivir all\u00ed, para cuando le hicieran las intervenciones quir\u00fargicas, terapias, etc., porque (\u2026) [vive] en el campo y le queda m\u00e1s f\u00e1cil el desplazamiento, a lo cual accedi\u00f3 su hijo, quien es consciente de que [ella] compr\u00f3 la casa, la pag\u00f3, le hace arreglos, paga impuestos, valorizaciones, etc.\u00bb <\/i><\/font><\/font>y prueba de ello es el proceso de simulaci\u00f3n que adelant\u00f3.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Que el funcionario de primer grado <\/font><\/font>dict\u00f3 sentencia desfavorable a sus pretensiones estimando que <\/font><\/font>\u00abestaba probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por el apoderado de [sus] nietas (\u2026) cuya decisi\u00f3n la sustent\u00f3 en normas procedimentales, desconociendo el principio de prevalencia del derecho sustancial (\u2026) consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Nacional y por eso considera el fallo proferido incongruente\u00bb<\/i><\/font><\/font>, porque no tuvo en cuenta que las pruebas documentales y testimoniales incorporadas al <\/font><\/font>sub lite<\/i><\/font><\/font> acreditaban que <\/font><\/font>\u00abfue quien compr\u00f3 ese inmueble, lo [pag\u00f3] y coloc\u00f3 el bien en cabeza de sus nietas menores de edad porque tem\u00eda por la vida de su hijo (\u2026), por la grave enfermedad que en esa \u00e9poca padec\u00eda y lo hizo para protegerlos y de ello son conscientes y les consta a sus nietas pero no quisieron reconocerlo en la demanda\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.4. Que el recurso de apelaci\u00f3n frente a tal desacierto se le neg\u00f3 por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia y, por tal motivo, el de queja tambi\u00e9n fue desestimado.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.5. Que el juzgador cuestionado no tuvo en cuenta que <\/font><\/font>\u00abpara la fecha en que compr\u00f3 el inmueble la prescripci\u00f3n estaba regida por el C.C. en sus art\u00edculos 2.535 y 2.536 y era de veinte a\u00f1os, por ello el juzgador deber\u00eda aplicar la veintenaria, que era al que reg\u00eda para el negocio jur\u00eddico simulado\u00bb<\/i><\/font><\/font>; tampoco mencion\u00f3 que <\/font><\/font>\u00absus nietas (\u2026) eran menores de edad, y para ellas no corre la prescripci\u00f3n ni a favor ni a su contra\u00bb<\/i><\/font><\/font>, seg\u00fan prev\u00e9 el canon 2530 de la misma obra, ni que la escritura nunca fue registrada y por ende no hab\u00eda fecha a partir de la cual contar la prescripci\u00f3n alegada.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.6. <\/font><\/font>Que tiene 73 a\u00f1os de edad, vive sola en una casa ubicada en la Mesa de los Santos, Villa Rosa, vereda Holanda en Piedecuesta (Santander) y tiene graves problemas de salud que no la dejan dormir como son las patolog\u00edas denominadas trastorno afectivo bipolar y gonartrosis severa en las dos rodillas, dolencia para la que se le diagnostic\u00f3 cirug\u00eda de ambos miembros.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

3.<\/font><\/font> Solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas sin especificar una pretensi\u00f3n en concreto (fls. 1-7 Cdno. 1).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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La Jueza Novena manifest\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abbajo la numeraci\u00f3n 2013.00336.02, se radic\u00f3 el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Piedecuesta, dentro del proceso ordinario de simulaci\u00f3n, adelantado por la se\u00f1ora Josefina Bueno de Badillo en contra de los se\u00f1ores Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada, Mario Augusto Badillo Bueno y Ruth Quesada Rinc\u00f3n <\/i><\/font><\/font>(fls. 52-53 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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El hom\u00f3logo Civil Municipal relacion\u00f3 las actuaciones adelantadas en el juicio en el que dict\u00f3 sentencia y afirm\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abel procedimiento se cumpli\u00f3 bajo el estricto apego a las normas procesales, y se respet\u00f3 el debido proceso, no habi\u00e9ndose incurrido en vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 54-57 <\/font><\/font>ib\u00edd.<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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El se\u00f1or Mario Augusto Badillo Bueno ratific\u00f3 los t\u00e9rminos del escrito de amparo y dijo que <\/font><\/font>\u00abesa prescripci\u00f3n a la cual hizo referencia el se\u00f1or Juez que conoci\u00f3 el proceso; no existe porque vuelvo e insisto mi madre ha ejercido posesi\u00f3n sobre el inmueble que nos ocupa desde que lo compr\u00f3 hasta la fecha, porque paga los impuestos, valorizaciones y todo lo relacionado con el inmueble y as\u00ed se demostr\u00f3 en el proceso\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(fls. 58-59 <\/font><\/font>ib.<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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La se\u00f1ora Ruth Quesada Rinc\u00f3n se pronunci\u00f3 sobre cada uno de los hechos en que se fund\u00f3 la petici\u00f3n de resguardo y se opuso a las pretensiones del mismo aduciendo que <\/font><\/font>\u00abel despacho judicial accionado tramit\u00f3 en debida forma el proceso ordinario adelantado por la accionante\u00bb<\/i><\/font><\/font> y <\/font><\/font>\u00abque lo que pretende [esta] es lograr un fallo a su favor sin respetar el proceso que se adelant\u00f3 en debida forma por el Juez Civil Municipal de Descongesti\u00f3n, todas y cada una de las etapas y pruebas fueron tramitadas en debida forma y se le otorgaron las garant\u00edas necesarias para tener un juicio justo, pero es obvio que siempre que hay una sentencia debe haber una parte inconforme, sin embargo esto no es excusa para interponer acciones de tutela\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 60-67 <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Las se\u00f1oras Yurley Badillo Quezada y Mayerly Badillo Quesada se opusieron a los pedimentos de la gestora, alegaron la inmediatez de la acci\u00f3n y manifestaron que <\/font><\/font>\u00ab[l]a aqu\u00ed accionante no se encuentra en estado de indefensi\u00f3n, toda vez que los directamente responsables de la manutenci\u00f3n y cuidado de la accionante, son los hijos quienes en realidad tienen la responsabilidad directa de ella, no nosotras las nietas, ya que se deben alimentos y cuidado de los padres a los hijos y de [estos a aquellos]\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Adem\u00e1s, que <\/font><\/font>\u00abno [entienden] por qu\u00e9 solicita la nulidad de algo, donde no se puede evidenciar que s\u00ed fue quien gir\u00f3 los dineros para que en ese momento [figuren] como copropietarias del bien inmueble que ella solicita como propio\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En igual sentido, que <\/font><\/font>\u00ab[e]n su momento fueron [sus progenitores] los que fung\u00edan como responsables de [sus] actos, y si es cierto que [su] padre se encontraba mal de salud, [por qu\u00e9 \u00e9l] mismo acept\u00f3 y facilit\u00f3 la firma de aceptaci\u00f3n del acto jur\u00eddico donde nos hacen entrega de la propiedad\u00bb<\/i><\/font><\/font> y <\/font><\/font>\u00ab[s]i se llegara a comprobar una simulaci\u00f3n, no ser\u00edan [ellas] las directamente responsables de eso, toda vez que en ese momento [se] encontraban a una muy corta edad, que no eran responsables de sus actos, pues solo contaban con 4, 5 y 7 a\u00f1os de edad, y los que incurrieron en una simulaci\u00f3n ser\u00edan sus [ascendientes] (\u2026)\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 68-72 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, porque la sentencia de 25 de febrero de 2015 <\/font><\/font>\u00abno se advierte vulneradora de los derechos que invoca la accionante y mucho menos contentiva de una v\u00eda de hecho que haga procedente el amparo excepcional ejercitado\u00bb<\/i><\/font><\/font>; toda vez que <\/font><\/font>\u00abdeclar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n planteada por las demandadas Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada, sosteniendo que \u201cresulta claro que para ejercer la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n de manera exitosa, en cuanto a la oportunidad, debe la parte demandante instaurarla dentro del referido t\u00e9rmino de diez (10) a\u00f1os, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002, esto es, desde el 27 de diciembre de 2002, de modo que respetando el principio de congruencia descrito en el art\u00edculo 305 del C. de P.C., sin dubitaci\u00f3n alguna se puede colegir que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda -13 de agosto de 2013- transcurrieron diez (10) a\u00f1os, siete (7) meses y diecis\u00e9is (16) d\u00edas, por lo tanto, se infiere sin dubitaci\u00f3n alguna, ya hab\u00eda acaecido la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria de simulaci\u00f3n, adem\u00e1s, no oper\u00f3 la interrupci\u00f3n de la misma, conforme lo dispone el art\u00edculo 90 del C. de P.C., sustituido por el art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculo 94\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Precis\u00f3, que <\/font><\/font>\u00abpese a que el Juez accionado en el ac\u00e1pite de motivaciones de la providencia que se acaba de mencionar no hizo referencia al art\u00edculo 41 de la Ley 53 de 1887, lo cierto es que esa disposici\u00f3n no se advierte quebrantada con la providencia de la que se duele la accionante, pues all\u00ed se contempla que \u201cla prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir\u201d. Precisamente, este precepto cobija a las demandadas dentro del tr\u00e1mite adjetivo originante de la acci\u00f3n de amparo que se revisa, al plantear la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, pues pese a que la escritura p\u00fablica No. 5901 del 29 de diciembre de 2000 se sign\u00f3 antes de la entrada en vigencia de la Ley 791 de 2001, lo cierto es que al escoger como prescribientes el t\u00e9rmino se\u00f1alado en esta \u00faltima disposici\u00f3n, resulta irrefragable la concreci\u00f3n de la excepci\u00f3n en comento\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Agreg\u00f3, que <\/font><\/font>\u00abes de verse que la parte demandante en el proceso (\u2026) no adujo la anterior argumentaci\u00f3n, como tampoco la atinente a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, ya que s\u00f3lo las ha aducido mediante la acci\u00f3n de tutela. Ello implica que al acudir a este mecanismo pretende plantear cuestiones que no propuso al interior del referido proceso y que por ende no pudieron ser debatidas por la parte contraria, lo cual comporta que el amparo rogado no sea de recibo al utilizarse para plantear argumentos nuevos, que resultan inadmisibles cuando se interpone frente a providencias judiciales\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Enfatiz\u00f3, que <\/font><\/font>\u00abel Juez competente analiz\u00f3 y defini\u00f3 bien la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n con respaldo en las normas que la regulan, como arriba se enfatiz\u00f3. A su vez, como la excepci\u00f3n invocada en el asunto tan mencionado y que fue reconocida en el fallo que se ataca es la de prescripci\u00f3n extintiva, cierto es que el art\u00edculo 2541 del C\u00f3digo Civil reza que tal modalidad se suspende en favor de las personas enlistadas en el numeral 1 del [canon] 2530 ib\u00eddem, dentro de las que aparecen los incapaces. Al respecto, lo arg\u00fcido por la aqu\u00ed actora acerca de que el Juez cognoscente ha debido aplicar la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n pues las demandadas Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada eran menores de edad para la fecha de celebraci\u00f3n del contrato que se tilda de simulado, no es atendible en sede de tutela, tanto por la raz\u00f3n ya anotada, como porque esa suspensi\u00f3n s\u00f3lo pueden alegarla quienes aspiren beneficiarse de la misma, es decir, las supuestas incapaces, pero no otra persona, ni menos para que opere en contra de aqu\u00e9llas. Por dem\u00e1s, el punto igual se rige en el evento de marras por la Ley 791 de 2001, que en su art\u00edculo 10 inciso 2, que modific\u00f3 el 2 del art\u00edculo 2541 del C\u00f3digo Civil, dispone \u201cTranscurridos diez a\u00f1os no se tomar\u00e1n en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente\u201d\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Anot\u00f3, que<\/font><\/font> \u00abdebe destacarse que el estado de salud de la accionante no tiene la virtualidad de derruir las consideraciones que preceden, pues tales condiciones no son \u00f3bice para desconocer normas generales de car\u00e1cter sustancial y procesal vigentes en forma plena\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Finalmente, advirti\u00f3 que <\/font><\/font>\u00abning\u00fan reparo merece por esta v\u00eda la decisi\u00f3n adoptada por la Juez Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga al declarar bien negado el recurso de queja que formul\u00f3 la parte demandante en el proceso de marras, dado que el auto as\u00ed proferido se ajusta en su integridad a la ley adjetiva en lo civil\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 86-95 <\/font><\/font>ib.<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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La interpuso la actora aduciendo que las demandadas no pod\u00edan alegar la excepci\u00f3n reconocida, fundada en el acto escriturario de compraventa al que aludieron porque no naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica puesto que nunca se registr\u00f3; adem\u00e1s, la prescripci\u00f3n alegada no pod\u00eda beneficiarles en raz\u00f3n a que el art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 que <\/font><\/font>\u00abla prescripci\u00f3n se suspende a favor de los incapaces y en general de quienes se encuentran bajo tutela o curadur\u00eda\u00bb<\/i><\/font><\/font> y, de otra parte, la posesi\u00f3n del bien no ha sido ejercida por ellas sino por su padre, circunstancias que se pusieron de presente al pronunciarse sobre la contestaci\u00f3n de la demanda <\/font><\/font>\u00ab[p]or ello no es cierto como se afirma en el fallo que a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n est\u00e1 acudiendo a mecanismos con los que pretende plantear cuestiones que no propuso al interior del referido proceso, es decir no est\u00e1 planteando argumentos nuevos\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 111-114 <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. La <\/font><\/font>reiterada jurisprudencia <\/font><\/font>ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>con ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho<\/i><\/font><\/font>\u201d\u00bb<\/i><\/font><\/font>, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00ab<\/font><\/font>no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font> (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar las garant\u00edas fundamentales como base de la noci\u00f3n de <\/font><\/font>\u00abEstado Social de Derecho\u00bb<\/i><\/font><\/font> y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa trasgresi\u00f3n constitucional siempre y cuando se cumplan unos supuestos: l. Generales: <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>a) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb <\/i><\/font><\/font>y, 2. Especiales: <\/font><\/font>\u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> (C-590\/2005, iterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. <\/font><\/font>Observada la disconformidad planteada, se advierte que el reclamante persigue dejar sin efectos la sentencia de \u00fanica instancia de 25 de febrero de 2015 proferida por el Estrado Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Piedecuesta, por carecer del recurso de apelaci\u00f3n, refiriendo el tema a los defectos sustantivo y f\u00e1ctico.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. D<\/font><\/font>e acuerdo a las acreditaciones arrimadas, se vislumbran las siguientes actuaciones que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>3.1. Auto de 4 de septiembre de 2013 proferido por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Piedecuesta, mediante el que se admiti\u00f3 la demanda ordinaria de simulaci\u00f3n instaurada por Josefina Bueno de Badillo en contra de Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada, Mario Augusto Badillo Bueno y Ruth Quesada Rinc\u00f3n (fl. 12 cdno. 2).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.2. Contestaci\u00f3n del libelo en la que se pronunciaron sobre los hechos de la demanda y se propuso la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada prescripci\u00f3n, <\/font><\/font>\u00abtoda vez que el acto demandado se protocoliz\u00f3 a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 5901 de 29 de diciembre del a\u00f1o 2000 y como tal seg\u00fan el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil cuenta con diez (10) a\u00f1os para iniciar la acci\u00f3n; es decir, que la [la gestora] pod\u00eda interponer esta acci\u00f3n hasta el d\u00eda 29 de diciembre del a\u00f1o 2010 siendo evidente que la misma a la presentaci\u00f3n se encontraba prescrita\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 18-19 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.3. Sentencia dictada el 25 de febrero de 2015 por la autoridad querellada en la que dispuso: <\/font><\/font>\u00abDeclarar probada de oficio la excepci\u00f3n de m\u00e9rito falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en cuanto se refiere a los demandados Mario Augusto Badillo Bueno y Ruth Quesada Rinc\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> y <\/font><\/font>\u00abla (\u2026) denominada como \u201cprescripci\u00f3n\u201d, propuesta por el apoderado de Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En cuanto a la ausencia de legitimaci\u00f3n<\/font><\/font>, con fundamento en que <\/font><\/font>\u00ab[seg\u00fan] la escritura p\u00fablica No. 5.901 de fecha 29 de diciembre de 2000, otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima del C\u00edrculo de Bucaramanga, en la que la se\u00f1ora Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez vende a Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada, el inmueble ubicado en la calle 6 B No. 17 A-07, casa 202, de la Urbanizaci\u00f3n Cabecera del Llano I Etapa, de Piedecuesta, as\u00ed determinar si concurre o no en quien acciona, la legitimaci\u00f3n para atacarlo, como la pasiva\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Agreg\u00f3, que <\/font><\/font><\/font>\u00ab[d]e las premisas antes rese\u00f1adas, se concluye que la legitimaci\u00f3n activa en la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, la titularidad de la misma corresponde en primer lugar a las partes contractuales o causahabientes y, en segundo lugar, a los terceros que les asista un inter\u00e9s leg\u00edtimo, propio, actual y vulnerado directamente por el negocio jur\u00eddico materia de la pretensi\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seguidamente, anot\u00f3 que <\/font><\/font><\/font>\u00aben lo que respecta a la demandante Josefina Bueno de Badillo, debemos decir que est\u00e1 legitimada en la causa por activa, por la sencilla raz\u00f3n que fue la persona encargada de cancelar el precio del inmueble materia del contrato de compraventa, constituy\u00e9ndose per se en una causahabiente\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Igualmente, que <\/font><\/font><\/font>\u00abteniendo en cuenta las premisas de orden legal u jurisprudencial, se plasma la idea que en el tr\u00e1fico del negocio jur\u00eddico otea la voluntad de la autonom\u00eda privada, perspectiva que conlleva la diligencia y cuidado que los sujetos negociales deben tener en las etapas precontractuales como contractuales, las que deben comportar en las distintas situaciones que atraviesan las relaciones jur\u00eddicas, como en el caso de la venta de inmuebles, que convergen los dos presupuestos esenciales, la entrega de la cosa por parte del vendedor y el pago del precio por los compradores, condiciones estas que se cumplen parcialmente en la parte demandada, por ser la se\u00f1ora Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez la vendedora del inmueble, y Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada las compradora que, para la fecha de suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica, eran menores de edad, hoy cuentan con la capacidad de ejercicio y pueden representarse si solas\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De manera que <\/font><\/font><\/font>\u00ab[h]uelga acotar, entonces que, constituy\u00e9ndose verdaderas partes contractuales Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada, por la parte pasiva est\u00e1n legitimados en la causa, quedando al margen del debate los se\u00f1ores Ruth Quesada Rinc\u00f3n y Mario Augusto Badillo Bueno, toda vez que al proceso est\u00e1 demostrado que no participaron en la adquisici\u00f3n del inmueble por no hacer ning\u00fan aporte, solamente fungieron como representantes legales de sus tres menores hijas, como as\u00ed se desprende de la escritura p\u00fablica materia de la simulaci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Respecto de la prescripci\u00f3n, <\/font><\/font><\/font>anot\u00f3 que <\/font><\/font><\/font>\u00abresulta claro que para ejercer la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n de manera exitosa, en cuanto a la oportunidad, debe la parte demandante instaurarla dentro del referido t\u00e9rmino de diez (10) a\u00f1os, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley 791 de 2002, esto es desde el 27 de diciembre de 2002, de modo que respetando el principio de congruencia descrito en el art\u00edculo 305 del C. de P.C., sin dubitaci\u00f3n alguna se puede colegir que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda -13 de agosto de 2013- transcurrieron diez (10) a\u00f1os, siete (7) meses y diecis\u00e9is (16) d\u00edas, por lo tanto, se infiere sin dubitaci\u00f3n alguna que, ya hab\u00eda acaecido la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria de la simulaci\u00f3n, adem\u00e1s, no oper\u00f3 la interrupci\u00f3n de la misma, conforme lo dispone el art\u00edculo 90 del C.P.C., sustituido por el art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculo 94\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Agreg\u00f3, que <\/font><\/font><\/font>\u00ablos efectos de prosperidad de la excepci\u00f3n sometida a estudio, se har\u00e1 extensiva a la demandada Daris Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, pues si bien es cierto esta se allan\u00f3 a las pretensiones, al momento de hacerlo se encontraba prescrita la acci\u00f3n, y en su condici\u00f3n de litisconsorte con su conducta dentro del interior del proceso no se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A la par, mencion\u00f3 que <\/font><\/font><\/font>\u00ab[l]a prescripci\u00f3n extintiva constituye una manifestaci\u00f3n que el tiempo tiene sobre las relaciones jur\u00eddicas y el derecho subjetivo, cuya naturaleza jur\u00eddica determina la indivisibilidad hace que se ataca el derecho de la persona por el mismo abandono de que fue objeto por parte del acreedor, por lo tanto al interior del proceso al atacarse el derecho de acci\u00f3n de la demandante, no puede continuarse con la secuela procesal, aunque existan otros demandados en el juicio que no hayan denunciado la prescripci\u00f3n, por ser una medida de car\u00e1cter perentoria que debe ser declarada fundada en su efecto inmediato, por tener su condici\u00f3n indisoluble, contrario a los efectos cuando se trata de litisconsorcios facultativos, pues la interrupci\u00f3n como la renuncia a la prescripci\u00f3n los ampara de manera independiente, lo que no sucede con el litisconsorcio necesario, como en el caso que hoy nos ocupa, que al alegar las demandadas [Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada] la prescripci\u00f3n extintiva, esta comprende en las mismas condiciones a la demandada Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, porque al decaerse el derecho sustancial ya no es exigible para esta \u00faltima, por no existir obligaci\u00f3n frente a ella que se haga exigible\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De igual forma, <\/font><\/font><\/font>afirm\u00f3 que <\/font><\/font><\/font>\u00ab[e]stos razonamientos hace que este operador de justicia se aparte de los planteamientos respetuosos que hace el procurador judicial de la demandante al descorrer la excepci\u00f3n de fondo, porque ha de entenderse que lo que dispone la preceptiva abstracta contemplada en el art\u00edculo 51 del C. de P.C., no es otra que hallar el sentido de la norma, en su \u00faltima parte, al prev\u00e9 el legislador \u201cSin embargo, los actos que impliquen disposici\u00f3n del derecho en el litigio solo tendr\u00e1n eficacia si emanan de todos\u201d, como en el caso del allanamiento a la demanda que procura la demandada Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, por cuanto si bien esta figura es una forma de terminar el proceso judicial, m\u00e1s sin embargo, no obstante ser expreso, este es ineficaz, por no provenir de todos los demandados, conforme lo se\u00f1ala el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 94 del C. de P.C.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Adem\u00e1s, <\/font><\/font><\/font>enfatiz\u00f3 que <\/font><\/font><\/font>\u00ab[e]l art\u00edculo 83 del C. de P.C. sostiene: Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jur\u00eddicos respecto de los cuales por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, no fuere posible resolver de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber\u00e1 formularse por todas o dirigirse contra todas\u201d. El esp\u00edritu y alcance de la norma tiene un criterio universal catalogado como una imposici\u00f3n de la relaci\u00f3n material con vigencia en la relaci\u00f3n procesal, para dictar sentencia de m\u00e9rito o de fondo, de tal forma que siendo la parte pasiva como activa plural no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas, como sujetos existan en dicha relaci\u00f3n, sino que se presenta como \u00fanica e indivisible frente al conjunto de tales sujetos\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por \u00faltimo, sostuvo que <\/font><\/font><\/font>\u00aben el caso materia de examen es de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 2540 del C\u00f3digo Civil que establece que la interrupci\u00f3n que obra a favor de uno o varios acreedores no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad y no se haya renunciado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1573 ib\u00eddem, o que la obligaci\u00f3n sea indivisible\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.4. <\/font><\/font><\/font>Auto de 2 de julio de 2015, dictado por la Jueza Novena Civil del Circuito de Bucaramanga, que <\/font><\/font><\/font>declar\u00f3: <\/font><\/font>\u00abbien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, con fundamento en que (\u2026) al exponerse en el escrito introductorio de la demanda que la cuant\u00eda del presente proceso ascend\u00eda a la suma de $11\u2019000.000, y establecido que la m\u00ednima cuant\u00eda para el a\u00f1o 2013 tiene un l\u00edmite de $23\u2019580.000, es claro que la presente actuaci\u00f3n referida a un proceso ordinario de m\u00ednima cuant\u00eda debe resolverse por el tr\u00e1mite del verbal sumario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 397 del C. de P.C. y por lo tanto es de conocimiento en \u00fanica instancia de los Juzgados Civiles Municipales. La segunda, que el a quo desde el mismo momento en que profiri\u00f3 el auto admisorio de la demanda, orden\u00f3 que se le impartiera a ese proceso el tr\u00e1mite de Verbal Sumario en raz\u00f3n de la cuant\u00eda de las pretensiones, sin que en su debida oportunidad el actor hubiese interpuesto en contra de dicha determinaci\u00f3n recurso alguno en el evento que considerara que en efecto la cuant\u00eda de sus pretensiones superaban los topes de la m\u00ednima cuant\u00eda y por ello, deb\u00eda d\u00e1rsele un tr\u00e1mite distinto susceptible de segunda instancia. Por el contrario, al tramitarse como verbal sumario, debemos recordar que el art\u00edculo 435 del Estatuto Procesal Civil, establece que ese tipo de proceso se tramitar\u00e1 \u201cen \u00fanica instancia por el procedimiento que regula este cap\u00edtulo\u201d. La tercera, que los argumentos esbozados por el apoderado de la parte actora en aras a sustentar el recurso que hoy se estudia, no resultan eficaces para ilustrar al despacho sobre la procedencia del recurso de alzada, en realidad se advierte que no guarda ninguna relaci\u00f3n con ese tema y contrario a ello, se dirigen a controvertir las motivaciones contenidas en la sentencia de fecha 25 de febrero de 2015 (\u2026)\u00bb<\/i><\/font><\/font> (fls. 52-53 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. Analizada la <\/font><\/font><\/font>sentencia censurada, observa esta Corporaci\u00f3n que el fallador no incurri\u00f3 en las anomal\u00edas que se le enrostra, toda vez que sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en una postura respetable <\/font><\/font><\/font>por cuanto que los argumentos all\u00ed plasmados tienen fundamento en las particularidades del caso y, en un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan esta materia, descart\u00e1ndose por tanto un actuar antojadizo.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, el Juzgador censurado analiz\u00f3 el tema a profundidad estableciendo que solamente Dairis Mar\u00eda Guerra V\u00e9lez, Yurley, Mayerly y Marisol Badillo Quesada estaban llamadas a soportar la acci\u00f3n impetrada, descartando a Ruth Quesada Rinc\u00f3n y Mario Augusto Badillo Bueno, <\/font><\/font>\u00abtoda vez que al proceso est\u00e1 demostrado que no participaron en la adquisici\u00f3n del inmueble por no hacer ning\u00fan aporte, solamente fungieron como representantes legales de sus tres menores hijas\u00bb<\/i><\/font><\/font>; luego, se refiri\u00f3 a la prescripci\u00f3n extintiva y, finalmente, efectu\u00f3 el estudio del caso concreto concluyendo, de una parte, que la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n al momento de impetrarse la demanda hab\u00eda prescrito; y, de otra, que no se hab\u00eda interrumpido la prescripci\u00f3n respecto de los litisconsortes.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. De tales elucidaciones y las actuaciones rese\u00f1adas, se observa que el juzgador acusado dict\u00f3 la providencia cuestionada (25 de febrero de 2015) con sustento en una hermen\u00e9utica respetable de los art\u00edculos 2530 y siguientes del C\u00f3digo Civil y la Ley 791 de 2002, entendiendo que hab\u00eda ocurrido el fen\u00f3meno prescriptivo de la acci\u00f3n ordinaria de simulaci\u00f3n, en raz\u00f3n de haber formulado la demanda el 13 de agosto de 2013; esto es, luego de transcurridos m\u00e1s de 10 a\u00f1os de entrada en vigencia esa ley.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Posici\u00f3n que ha sido convalidada por la Corporaci\u00f3n, al decir que:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) <\/i><\/font><\/font>advierte la Sala que en la providencia proferida por la Sala enjuiciada el 11 de septiembre de 2014, en la que se confirm\u00f3 la de primera instancia, no se observa proceder constitutivo de v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb por cuanto los argumentos all\u00ed plasmados, tienen sustento en las particularidades f\u00e1cticas del caso y un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan este punto (arts. 1742, 1750, 2512, 2535 y 2536 C. Civil, 90 y 97 del C. de P.C., 6\u00ba de la Ley 1395 de 2010, Ley 791 de 2002 y 41 de la ley 153 de 1887), descartando por tanto un actuar caprichoso o antojadizo.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3 que<\/font><\/font> \u00ab[e]n efecto, el Tribunal acusado, aplicando lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 791 de 2002 \u00ab<\/i><\/font>Red\u00fazcase a diez (10) a\u00f1os el t\u00e9rmino de todos las prescripciones veintenarias, establecidas en el C\u00f3digo Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petici\u00f3n de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas\u00bb, <\/i><\/font><\/font>concluy\u00f3 que \u00ab<\/i><\/font>ante la alegaci\u00f3n expresa por parte de la excepcionante de la aplicaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de la ley 791 de 2002, los 10 a\u00f1os contados a partir del 27 de diciembre de 2002 para ejercitar la acci\u00f3n ordinaria de nulidad vencieron el 27 de diciembre de 2012 y se observa que la presente demanda fue presentada el d\u00eda 30 de abril de 2013, por lo que se concluye que se excedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os establecido en la ley 791 de 2002, configur\u00e1ndose as\u00ed la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que<\/font><\/font> <\/i><\/font>\u00ab[s]in que de tales elucidaciones se observe un \u201cdefecto sustantivo\u201d<\/i><\/font><\/font>, como lo afirm\u00f3 el peticionario en la protecci\u00f3n reclamada, por el contrario<\/i><\/font><\/font> la Sala enjuiciada hizo uso de la normatividad aplicable, toda vez que, si bien es cierto, la escritura p\u00fablica objeto de debate databa de 17 de junio de 1998, lo es tambi\u00e9n, que para la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda ordinaria que nos ocupa, la norma vigente era la Ley 791 de 2002, am\u00e9n, que fue invocada por el extremo pasivo al alegar la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC, 21 Ago. 2012, rad. 01184-01)<\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, a<\/font><\/font> juicio de la Sala se insiste que la providencia cuestionada proferida por el Juez censurado, no luce arbitraria<\/font><\/font><\/font>, <\/font><\/font><\/font>por lo que <\/font><\/font><\/font>independientemente que la proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, cuando reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte al \u00ab<\/font><\/font>juez de tutela\u00bb<\/i><\/font><\/font> que le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya <\/font><\/font>\u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb<\/i><\/font><\/font> tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00ab<\/font><\/font>raigambre constitucional y legal\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab<\/i><\/font><\/font>el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ STC<\/font><\/font> 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01<\/font><\/font>); y, de otro, que<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ STC 28 mar. 2012, rad. 00022-01).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, ha considerado que: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

[E]l<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n <\/i><\/font><\/font>de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del<\/i><\/font><\/font> tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; y, 13 feb. 2013, rad. 00216-00).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8. <\/font><\/font>En cuanto al argumento de la actora alusivo a la omisi\u00f3n del fallador de pronunciarse respecto de la minor\u00eda de edad de sus nietas al momento de la negociaci\u00f3n y que por tal condici\u00f3n no pod\u00edan alegar la prescripci\u00f3n extintiva, cabe anotar que tal aspecto no reviste trascendencia, puesto que la suspensi\u00f3n prevista en los art\u00edculos 2541 y 2530 del C\u00f3digo Civil opera en favor de los menores de edad, entre otras personas, y no en su contra.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De otra parte, comoquiera que el funcionario censurado encontr\u00f3 estructurado tal medio exceptivo qued\u00f3 relegado de estudiar el fondo del asunto sometido a su juicio, sin que tal proceder constituya irregularidad alguna.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

9. Respecto de la queja que involucra a la Jueza Novena Civil del Circuito de Bucaramanga, resta decir que al desestimar el recurso de queja no incurri\u00f3 en ninguna trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de la actora por tratarse de un asunto tramitado en \u00fanica instancia.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

10. <\/font><\/font>D<\/font><\/font>e conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1724-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2015-00780-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97814","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97814","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97814"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97814\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97814"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97814"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97814"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}