{"id":97828,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97828\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97828","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97828\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

STC1808-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2015-02330-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el siete de diciembre de dos mil quince por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Julia del Socorro Garz\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad, y la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a los intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por los accionados con ocasi\u00f3n de los fallos emitidos en el juicio fuente del reclamo, toda vez que no le fue reconocida la pensi\u00f3n de sobreviviente tras la muerte de su esposo. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, pretende que se dejen si efectos las sentencias proferidas y se ordene que el Tribunal accionado profiera una nueva decisi\u00f3n, reconociendo su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La accionante promovi\u00f3 un proceso ordinario laboral en contra de<\/font><\/font> la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., con el fin de que se condenara a la demandada a reconocerle y pagarle la pensi\u00f3n de sobreviviente a la que tiene derecho por ser la c\u00f3nyuge y \u00fanica beneficiaria de los derechos prestacionales del se\u00f1or Froilan Cepeda Diazgranados, quien falleci\u00f3 el 17 de octubre de 2007, as\u00ed como las mesadas no canceladas, con sus respectivos ajustes de ley, intereses e indexaci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, despacho que el 13 de mayo de 2008 admiti\u00f3 la demanda. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. La empresa demandada contest\u00f3 el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones y formulando las excepciones de \u00ab<\/font><\/font>inexistencia de causa para pedir<\/i><\/font><\/font>\u00bb y \u00ab<\/font><\/font>falta de legitimaci\u00f3n tanto por activa como por pasiva<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. Despu\u00e9s de surtirse el tr\u00e1mite correspondiente, el estrado judicial acusado dict\u00f3 sentencia el 14 de agosto de 2009, en la que se absolvi\u00f3 a la empresa demandada con fundamento en que la actora no prob\u00f3 su calidad de c\u00f3nyuge del se\u00f1or Froilan Cepeda Diazgranados, ni tampoco acredit\u00f3 la convivencia durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os anteriores al fallecimiento de dicho se\u00f1or.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. La aludida decisi\u00f3n fue recurrida en apelaci\u00f3n por la promotora. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con fallo de 30 de noviembre de 2011 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7. La demandante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el que fue concedido con prove\u00eddo de 14 de febrero de 2012. <\/font><\/font> <\/p>\n

\n

8. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en providencia de 24 de septiembre de 2014, resolvi\u00f3 no casar la sentencia de 30 de noviembre de 2011. Esta decisi\u00f3n se fij\u00f3 en edicto el 27 de mayo de 2015 y se desfij\u00f3 el 29 de mayo siguiente. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

9. La promotora considera que se vulneraron los derechos invocados con ocasi\u00f3n de los fallos emitidos en el juicio cuestionado, toda vez que los despachos accionados incurrieron en defectos f\u00e1cticos y procedimentales por excesivo ritualismo manifiesto respecto de la exigencia de la prueba formal de su matrimonio, pues desconocen que la empresa demandada nunca puso en entredicho su calidad de c\u00f3nyuge sino que se limit\u00f3 a indicar que la pensi\u00f3n estar\u00eda a cargo del ISS porque las pensiones voluntarias o convencionales no son susceptibles de sustituci\u00f3n, adem\u00e1s que los falladores tampoco tuvieron en cuenta que si la ausencia de dicha probanza les imped\u00eda llegar a una verdad material, debieron decretarla de oficio para garantizar el derecho sustancial, pues en primera instancia se reconoci\u00f3 el derecho pero se absolvi\u00f3 a la empresa en virtud del formalismo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Agreg\u00f3 que no se apreci\u00f3 la carta en la que su esposo le inform\u00f3 a la empresa que ella, en su calidad de c\u00f3nyuge, es la beneficiaria de las prestaciones laborales, no se analiz\u00f3 el escrito mediante el cual Electricaribe responde a su reclamaci\u00f3n de reconocimiento pensional y tampoco se valor\u00f3 el registro civil de matrimonio que aport\u00f3 despu\u00e9s de que el Juzgado y el Tribunal no decretaran esa prueba de oficio. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. Por auto del 1\u00ba de diciembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a los accionados y vincular a<\/font><\/font><\/font> los intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional. <\/font><\/font>[Folio140, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>2. <\/font><\/font><\/font>Dentro de la oportunidad concedida, <\/font><\/font><\/font>la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que la sentencia de 24 de septiembre de 2014 se ajusta a derecho, pues no cas\u00f3 la decisi\u00f3n porque no se indic\u00f3 el precepto legal sustantivo de orden nacional que estimaba violado, ni en los tres cargos se discuti\u00f3 en su integridad los soportes esenciales del fallo, y que si bien la gestora insiste en que se reconozca su calidad de esposa sup\u00e9rstite beneficiaria de la pensi\u00f3n, lo cierto es que dicha pretensi\u00f3n fue discutida en su oportunidad, lo cual descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues la misma no resulta arbitraria ni caprichosa.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Electricaribe S.A. E.S.P. se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, que la tutela no es un mecanismo para suplir la negligencia de las partes ni es una tercera instancia, y que de proceder en el sentido que pide la accionante, se vulnerar\u00eda el principio de cosa juzgada. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. En sentencia de 7 de diciembre de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se evidenciaba la aplicaci\u00f3n de un criterio arbitrario, caprichoso o producto de la negligencia extrema, ya que la decisi\u00f3n fue producto de la falta de acreditaci\u00f3n de su calidad de c\u00f3nyuge, lo que lejos de ser un formalismo intrascendente resulta sustancial, si se tiene en cuenta que a partir de su demostraci\u00f3n se desprende el reconocimiento y pago de derechos prestacionales, m\u00e1s si el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen; adem\u00e1s que las instancias trajeron a colaci\u00f3n la normatividad aplicable y la jurisprudencia relacionada con la demostraci\u00f3n del estado civil, que descartaba la afectaci\u00f3n de derechos porque la determinaci\u00f3n recurrida se dict\u00f3 con base en un criterio v\u00e1lido, y que si la demandante encuentra que su situaci\u00f3n se compadece con la descrita en el art\u00edculo 355 <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>, podr\u00e1 proponer la acci\u00f3n de revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. <\/font><\/font>Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la peticionaria la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial [Folios 181 y 182, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>En el caso <\/font><\/font>sub judice<\/i><\/font><\/font>, se observa que<\/font><\/font> si bien el <\/font><\/font>reclamo se dirige contra las decisiones proferidas por el Juzgado, el Tribunal Superior y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la \u00faltima, toda vez que fue la que resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos <\/font><\/font>en los que se fund\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada para no casar la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena<\/font><\/font><\/font>, no advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos de la accionante, toda vez que la interpretaci\u00f3n que all\u00ed se plasm\u00f3 no puede considerarse irracional o antojadiza. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

E<\/font><\/font>n efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) <\/font><\/font>es menester que en la demanda de casaci\u00f3n se indique el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado; y como reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia, \u00fanicamente tienen tal car\u00e1cter aquellos que son atributivos de derechos laborales, por lo que, en este caso, persiguiendo la recurrente que se le sustituya o reconozca y pague, por ser la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n que anta\u00f1o la demandada le otorg\u00f3 a <\/i><\/font><\/font>Froil\u00e1n del Cristo Cepeda D\u00edazgranados<\/i><\/font><\/font>, <\/i><\/font><\/font>\u00abtal como lo dicen las convenciones colectivas de trabajo 1976-1978 Art. 5, y 1982-1983 Art. 20\u00bb<\/i><\/font><\/font> (\u2026), estaba obligada a se\u00f1alar como violado el art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, por ser dicho precepto legal de alcance nacional el que da valor a esa clase de estipulaciones. De suerte que, ni con la morigeraci\u00f3n introducida en este aspecto al recurso extraordinario por virtud del art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991 (\u2026) puede tenerse como cumplida la exigencia del literal a) del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por el hecho de haber indicado otras disposiciones del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, de la Ley 100 de 1993, del Decreto 1260 de 1970 y del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para nada contentivas del derecho reclamado (\u2026). <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Aparte de ello, suficiente para desestimar los tres cargos de la demanda de casaci\u00f3n por perseguir id\u00e9ntico objeto, de estudiarse la demanda a espaldas del insuperable dislate anunciado, resultar\u00eda que ello a nada conducir\u00eda, pues, en todos \u00e9stos, la recurrente parte para su demostraci\u00f3n de una falsa premisa: que para el Tribunal el \u00fanico punto materia de disputa en la segunda instancia se contrajo a la acreditaci\u00f3n de la calidad de c\u00f3nyuge de la demandante, por lo que, en el primero, se orient\u00f3 a tratar de demostrar que tal exigencia es hoy irrelevante al derecho reclamado; en el segundo, a postular que la discusi\u00f3n en el litigio se redujo a establecer si pod\u00eda o no transmitirse o sustituirse la pensi\u00f3n convencional que disfrutaba el causante; y en el tercero, a afirmar que la convivencia de la actora con el causante estaba m\u00e1s que acreditada en el proceso, cuando quiera que, como se recuerda, el juez de la alzada<\/i><\/font><\/font>, una vez precis\u00f3 que para el juzgado si bien \u00abla pensi\u00f3n convencional conferida al finado (\u2026) es transmisible a los causahabientes\u00bb, lo cierto era que \u00abla demandante no prueba la calidad de C\u00f3nyuge del finado (\u2026), ni acredit\u00f3 la convivencia durante los \u00faltimos 5 a\u00f1os anteriores al fallecimiento (\u2026)\u00bb; por lo que la controversia de la apelante con dicho fallo se circunscrib\u00eda a controvertir si \u00abno se prob\u00f3 la calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite pues no se aport\u00f3 el registro civil de matrimonio ni testimonios que acreditaran que la se\u00f1ora (\u2026) convivi\u00f3 con el pensionado (\u2026) hasta el momento de su fallecimiento\u00bb, de donde asent\u00f3 que no quedaba otro camino que confirmar el fallo atacado, pues la prueba del estado civil de casada de la actora no se acredit\u00f3 como para derivar de all\u00ed el de viudez, conforme a lo \u00abexigido por el art. 47 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, dado que \u00abno se acompa\u00f1\u00f3 al plenario la copia del registro civil de matrimonio\u00bb; as\u00ed como lo trazado por la jurisprudencia en lineamientos expresados en sentencia de la Corte de 24 de junio de 2004 (Radicaci\u00f3n 21556), de la cual copi\u00f3 los apartes que consider\u00f3 pertinentes, y que dijo \u00abesta Sala del Tribunal comparte\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, en ning\u00fan de los tres cargos de la demanda que soporta el recurso extraordinario, que como es sabido se deben formular de manera aut\u00f3noma y separada por el recurrente (art\u00edculos 63 del Decreto 528 de 1964 y 51 del Decreto 2651 de 1991 -162 de la Ley 446 de 1998), se discuten por la impugnante en su integridad los soportes esenciales al fallo atacado, por ser lo cierto que \u00e9ste gravit\u00f3 tanto sobre la ausencia de la prueba legal de la calidad de esposa del causante aducida en su demanda, como sobre la de falta de prueba de la convivencia en un determinado tiempo con anterioridad al fallecimiento del causante, como lo explicit\u00f3 el juzgador al inicio de sus consideraciones, aun cuando no hizo referencia expresa a este segundo aspecto, por la sencilla raz\u00f3n de no haberse acreditado siquiera el primero.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, ninguno de los tres cargos estar\u00eda en capacidad de derruir, por s\u00ed solos, el fallo atacado, con lo cual de estudiarse a despecho de los defectos t\u00e9cnicos insalvables ya anotados, \u00e9ste permanecer\u00eda inc\u00f3lume, as\u00ed se acreditara en alguno de ellos haber incurrido el Tribunal en los desafueros endilgados.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

\n

Ahora bien, importa a la Corte destacar que es equivocado aseverar que la acreditaci\u00f3n de la calidad de c\u00f3nyuge est\u00e1 sujeta a libertad probatoria (\u2026), pues como igualmente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte, el estado civil de las personas y tan particular lazo de parentesco s\u00f3lo es dable de acreditar, cuando as\u00ed lo refiere la ley para otorgar un derecho, en la forma como lo ha previsto \u00e9sta, no bastando la simple afirmaci\u00f3n de su existencia, ni siquiera la concurrencia de m\u00faltiples medios de prueba distintos a los por exigidos para probar la sustancia del acto. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Tal orientaci\u00f3n as\u00ed se asent\u00f3 por la Corte en sentencia de 9 de ag. de 2011, rad.39954 (\u2026) \u201caunque la demandante adujo (\u2026) que el causante hab\u00eda contra\u00eddo nupcias con Bertha Miranda Verdugo, <\/i><\/font><\/font>esa sola afirmaci\u00f3n no acredita de manera id\u00f3nea el estado civil de matrimonio de los mismos, seg\u00fan lo dispuesto en la ley; ni es factible considerarlo fuera del debate<\/i><\/font><\/font> (\u2026) Pero tambi\u00e9n hay que parar mientes en que la accionante no se refiri\u00f3 espec\u00edficamente a que para el momento de la muerte del causante, se encontraba vigente el v\u00ednculo matrimonial (\u2026) . Tampoco puede considerarse tal afirmaci\u00f3n como una posesi\u00f3n notoria del estado de matrimonio, que consiste \u201cprincipalmente, en haberse tratado los supuestos c\u00f3nyuges como marido y mujer en sus relaciones dom\u00e9sticas sociales; y en haber sido la mujer recibida en este car\u00e1cter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general\u201d (\u2026), ya que para tener vocaci\u00f3n de ser recibida como prueba, deber\u00e1 acreditarse, ante el juez natural o competente, que la relaci\u00f3n permaneci\u00f3 durante cinco a\u00f1os continuos por lo menos, a trav\u00e9s de \u201cun conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable\u201d (art\u00edculo 399, ib\u00eddem), aspecto que, precisamente brilla por su ausencia. Sin dejar de lado que esta figura solo opera \u201c<\/i><\/font><\/font>en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la p\u00e9rdida o extrav\u00edo del libro o registro en que debiera encontrarse<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/i><\/font><\/font> (\u2026)<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Tambi\u00e9n es equivocado sostener, como lo hace la recurrente en el segundo cargo, que el proceso se redujo en el segundo grado a elucidar si el derecho convencional reclamado era o no transmisible o sustituible en el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, pues, como igualmente ya se vio en los antecedentes, seg\u00fan el juez de la apelaci\u00f3n, en la sentencia de primer grado se concluy\u00f3 que <\/i><\/font><\/font>si bien \u00abla pensi\u00f3n convencional conferida al finado (\u2026) es transmisible a los causahabientes\u00bb, lo cierto era que \u00abla demandante no prueba la calidad de C\u00f3nyuge del finado (\u2026) ni acredit\u00f3 la convivencia durante los \u00faltimos 5 a\u00f1os anteriores al fallecimiento (\u2026)\u00bb<\/i><\/font><\/font>. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por \u00faltimo cabe resaltar que la convivencia alegada en el tercero y \u00faltimo de los cargos, acreditada seg\u00fan \u00e9ste en la demanda y su contestaci\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que provoc\u00f3 la alzada y la carta suscrita por el causante, no tiene el respaldo que aqu\u00e9lla dice all\u00ed encont<\/i><\/font><\/font>rarse (\u2026). <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

\n

Cierto es que en la demanda inicial la demandante adujo haber convivido con el causante FROIL\u00c1N CEPEDA D\u00cdAZGRANADOS hasta su muerte, pero no indic\u00f3 la fecha inicial de esa convivencia, menos por el t\u00e9rmino de los 5 a\u00f1os anteriores al deceso; y en la contestaci\u00f3n al libelo introductor, (\u2026) no se hizo precisi\u00f3n alguna a ese respecto, pues apenas se anot\u00f3 un escueto \u201ces cierto\u201d (\u2026). <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Convivencia sobre la cual la Corte m\u00faltiples veces se ha referido, entre otras, en<\/i><\/font><\/font> sentencia CSJ SL, del 17 de ag. de 2011, rad.37368, en el siguiente contexto: <\/i><\/font><\/font>\u201c<\/i><\/font><\/font> (\u2026) <\/i><\/font><\/font>\u2018Es criterio asentado por la jurisprudencia que para que el c\u00f3nyuge pueda acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, no es suficiente con la demostraci\u00f3n del requisito formal del v\u00ednculo matrimonial, sino que es menester que se demuestre la efectiva convivencia de la pareja, como elemento indispensable para entender que est\u00e1 presente el concepto de familia que es la amparada por la seguridad social (\u2026). <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En suma, los voluminosos e insalvables defectos t\u00e9cnicos de la demanda en general, y de cada uno de los cargos en particular, as\u00ed como la falta de acreditaci\u00f3n de los posibles yerros atribuibles al fallo de segundo grado, conducen inexorablemente a su desestimaci\u00f3n. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3<\/font><\/font>.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>Luego, las anotadas consideraciones no evidencian capricho de los despachos accionados, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, y con independencia de que se comparta o no su interpretaci\u00f3n, no es posible descalificar las providencias emitidas, cuando las mismas no se evidencian infundadas ni arbitrarias, de modo que no amerita el otorgamiento del amparo invocado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n de la promotora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que los falladores accionados se soportaron para arribar a sus conclusiones, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Queda claro, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que los despachos accionados adoptaron las determinaciones cuestionadas, pues los motivos que adujo en sus providencias constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n al debido proceso de la solicitante del amparo. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1808-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2015-02330-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97828","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97828","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97828"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97828\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97828"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97828"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97828"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}