{"id":97830,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97830\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97830","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97830\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1810-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2015-02389-01<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el doce de enero de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Manuel Rubiano Rey contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones \u2013FONCEP-. <\/font><\/font> <\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00ab<\/font><\/font>en concordancia con los art\u00edculos 2, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 33, 85, 86, 87, 174, 178-3, 186, 213, 221, 228, 230, 248, 250 y 377<\/i><\/font><\/font>\u00bb, que considera vulnerados por la autoridad accionada pues no ha resuelto las solicitudes que ha formulado. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, pretende que se le ordene a la Sala accionada atender sus peticiones de manera pronta, que se establezca por que no han decidido su caso y que se compulsen copias para que se investigue disciplinariamente el actuar de los funcionarios responsables. <\/font><\/font> <\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 11 de agosto de 2015 el accionante elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral pidiendo que le informaran las razones por las cuales no se hab\u00eda proferido fallo dentro del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que formul\u00f3 y sobre el t\u00e9rmino que requer\u00eda el despacho para el efecto.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. La Sala accionada el 29 de septiembre de 2015 le contest\u00f3 dicha solicitud y env\u00edo la respuesta a trav\u00e9s de Servicios Postales Nacionales S.A.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. El promotor considera que se vulneraron los derechos invocados toda vez que seg\u00fan el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo en 30 d\u00edas se debe dictar el fallo, sin embargo, desde el 9 de octubre del 2014 formul\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n y a la fecha no se ha adoptado ninguna determinaci\u00f3n, caus\u00e1ndole graves perjuicios toda vez que es una persona de la tercera edad con 86 a\u00f1os, y por tanto se debe determinar si efectivamente existe falta de impulso del proceso. <\/font><\/font> <\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Por auto del 9 de diciembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a la accionada y vincular a<\/font><\/font><\/font> los intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional. <\/font><\/font>[Folio140, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>2. <\/font><\/font><\/font>Dentro de la oportunidad concedida, <\/font><\/font><\/font>la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que dio respuesta a la petici\u00f3n objeto de la acci\u00f3n con oficio de 29 de septiembre de 2015, enviado a trav\u00e9s de Servicios Postales Nacionales S.A., que en dicha contestaci\u00f3n le inform\u00f3 a la apoderada de la accionante que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n se encuentra en turno para fallo de conformidad con la orden y prelaci\u00f3n que para el efecto establece el art\u00edculo 63A de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el 115 de la Ley 1395 de 2010, que las circunstancias especiales del gestor son objeto de revisi\u00f3n por parte del despacho, que debido a los planes de descongesti\u00f3n adelantados en todo el pa\u00eds la Sala tiene para tr\u00e1mite y decisi\u00f3n m\u00e1s de 18.000 procesos, por lo que se est\u00e1n estudiando mecanismos extraordinarios para su evacuaci\u00f3n, y en la medida de lo posible, resolver\u00e1 el recurso en el menor tiempo que este a su alcance. <\/font><\/font> <\/p>\n

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Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones \u2013FONCEP- se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado el derecho de petici\u00f3n del accionante, en raz\u00f3n a que no se le ha presentado ninguna solicitud o requerimiento, por lo que se configura una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/font><\/font> <\/p>\n

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3. En sentencia de 12 de enero de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al considerar que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del gestor, pues la respuesta de fondo a la solicitud que elev\u00f3 fue entregada antes de que formulara la presente acci\u00f3n excepcional, que la garant\u00eda constitucional deprecada no est\u00e1 atada a que la petici\u00f3n sea resuelta conforme a sus pretensiones, que no cumpli\u00f3 con el deber de aportar la prueba de la solicitud radicada ante la Sala acusada, lo que impide contrastar lo peticionado con lo resuelto, y que no acredit\u00f3 un perjuicio irremediable que avale la procedencia del amparo, pues no se tiene informaci\u00f3n del estado de salud o su situaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/font><\/font><\/p>\n

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4. <\/font><\/font>Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el peticionario la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial e indic\u00f3 que por ser un sujeto especial de protecci\u00f3n constitucional la tutela desplaza al mecanismo ordinario de defensa por no resultar eficaz, que no cuenta con recursos econ\u00f3micos para lograr su subsistencia ya que no tiene trabajo, y que ninguna de sus manifestaciones fue controvertida en el proceso, por lo tanto deben tenerse por ciertas. [Folios 35 y 36, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. En el presente asunto, <\/font><\/font>el accionante centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha resuelto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que formul\u00f3, pese a que han transcurrido m\u00e1s de diez meses. <\/font><\/font> <\/p>\n

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En relaci\u00f3n con <\/font><\/font>problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00ab\u2026<\/i><\/font><\/font>aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb <\/i><\/font><\/font>(Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).<\/font><\/font><\/p>\n

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De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues el estado de la actuaci\u00f3n no surge de un acto arbitrario, infundado o caprichoso de la Sala de Casaci\u00f3n accionada que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional en la \u00f3rbita de acci\u00f3n de la misma para inmiscuirse en las funciones que ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. De otro lado, respecto del derecho de petici\u00f3n elevado por el actor, se le recuerda que en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, la Corte ha reiterado, que <\/font><\/font>\u201c<\/font><\/font>las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

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En igual sentido, se precisa, que <\/font><\/font>\u201c<\/font><\/font>no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/font><\/font>2<\/a><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer, si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.<\/font><\/font><\/p>\n

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4. Descendiendo al caso <\/font><\/font>sub examine<\/i><\/font><\/font>, se advierte que mediante la solicitud formulada, el peticionario pretend\u00eda que le informaran las razones por las cuales no se hab\u00eda proferido fallo dentro del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso y sobre el t\u00e9rmino que requer\u00eda el despacho para el efecto.<\/font><\/font><\/p>\n

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Vista la finalidad de la pretensi\u00f3n del actor, <\/font><\/font>la Sala observa que tales asuntos, sin g\u00e9nero de duda, se refieren a temas propios de un tr\u00e1mite judicial que recaen sobre la actuaci\u00f3n adelantada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, lo que de suyo conlleva la imposibilidad de reclamar la violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, pues para resolver tales pedimentos las autoridades accionadas no est\u00e1n atadas ni limitadas por los t\u00e9rminos y reglas administrativas que establece la Ley 1437 de 2011.<\/font><\/font><\/p>\n

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5. Ahora, en cuanto a la protecci\u00f3n que se reclama respecto del debido proceso, se advierte que la autoridad convocada, resolvi\u00f3 la petici\u00f3n presentada por el promotor del resguardo.<\/font><\/font><\/p>\n

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En efecto, el 29 de septiembre de 2015, la Sala accionada contest\u00f3 dicho pedimento, indic\u00e1ndole que el recurso se hallaba enlistado dentro de los asuntos que ser\u00edan decididos pr\u00f3ximamente de acuerdo a su fecha de ingreso -9 de octubre de 2014-, que conjuntamente con su recurso se encuentran pendientes de fallo los ingresados con anterioridad, que la congesti\u00f3n actual que padece el despacho es de 3119 asuntos, de los que 2947 corresponden a recursos de casaci\u00f3n, lo cual impide imprimirle la celeridad esperada por los usuarios del servicio de administraci\u00f3n de justicia, y que una vez dictada la sentencia se le notificar\u00eda en legal forma. <\/font><\/font> <\/p>\n

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La referida contestaci\u00f3n le fue comunicada al gestor mediante telegrama, circunstancia que demuestra que, en todo caso, la inquietud expuesta por el accionante fue atendida y resuelta.<\/font><\/font><\/p>\n

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6. Por dem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que tampoco procede el amparo como mecanismo transitorio, en la medida que la tutelante no acredit\u00f3 un da\u00f1o \u00ab<\/font><\/font>grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>3<\/a><\/font><\/font>, de modo que ante esa orfandad probatoria el menoscabo denunciado qued\u00f3 reducido a meras conjeturas y suposiciones, m\u00e1s cuando la Sala convocada en respuesta a la tutela se\u00f1al\u00f3 que las circunstancias especiales del gestor eran objeto de revisi\u00f3n por parte del despacho. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1<\/a> C. S. de J. Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencias del 20 y 31 de marzo de 2000, exp. Nos. T. 4822 y T. 4867, respectivamente, entre otras. <\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

2<\/a> Sentencia de 2 de agosto de 2002, exp. T-00199-01.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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3<\/a> Fallos de 14 de diciembre de 2011, exp. 2011-00162-01; 3 de julio de 2012, exp. 2012-00135-01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-00581-01.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1810-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2015-02389-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97830","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97830","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97830"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97830\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}