{"id":97833,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97833\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"97833","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97833\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1813-2016 <\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-02438-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el catorce de enero de dos mil quince por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Enrique Sarmiento Franco, contra el Juzgado 28 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, la Fiscal\u00eda 44 Delegada de la Unidad de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y los Juzgados 1\u00ba y 3\u00ba Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio, as\u00ed como a los intervinientes en la investigaci\u00f3n penal g\u00e9nesis de la queja constitucional.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/h2>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El ciudadano accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, al negarse a agotar la audiencia preliminar de legalizaci\u00f3n de los actos de investigaci\u00f3n adelantados por la polic\u00eda judicial a solicitud de la Fiscal\u00eda Delegada para el asunto, en el proceso de extinci\u00f3n de dominio que se adelanta en su contra, sin permitirle ejercer sus garant\u00edas de contradicci\u00f3n y defensa.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda constitucional se ordene al accionado <\/font><\/font>\u201creasumir\u201d <\/i><\/font><\/font>el conocimiento de la diligencia y dar curso a los medios defensivos que contra su decisi\u00f3n, eventualmente, se interpongan. [Folios 3-7, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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    \n
  1. \n

    Con ocasi\u00f3n de los informes Nos. S-2014-003591\/DIJIN-GEDLA25.10 y No. S-2014\/SIJIN-UNIEX.29, del 4 y 9 de septiembre, elaborados por la Unidad Investigativa de Extinci\u00f3n de Dominio de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal Seccional Bogot\u00e1 de la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n de la Unidad de Fiscal\u00edas Especializadas de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, asign\u00f3 la correspondiente investigaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda 44 Especializada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

      \n
    1. \n

      El 11 de septiembre de 2014, la \u00faltima autoridad mencionada, dispuso la apertura de la fase inicial y dispuso adelantar los actos investigativos necesarios para <\/font><\/font>\u201cidentificar, localizar y ubicar bienes que se encuentren incursos en una causal de extinci\u00f3n de dominio y recaudar elementos de prueba que evidencien la causal o causales por las cuales se debe proceder; as\u00ed como la identificaci\u00f3n de los titulares de dichos bienes, el v\u00ednculo entre \u00e9stos y la probable causal y por \u00faltimo, buscar y recolectar pruebas que permitan inferir razonablemente la ausencia de buena fe exenta de culpa\u201d.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      <\/p>\n

        \n
      1. \n

        El 17 del mismo mes y a\u00f1o, se decret\u00f3 la b\u00fasqueda selectiva en bases de datos de informaci\u00f3n relacionada con las actividades comerciales, bancarias y financieras de las personas naturales y jur\u00eddicas vinculadas en el proceso, <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

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          \n
        1. \n

          Los d\u00edas 19 y 22 posteriores, se dio orden de adelantar diversas labores investigativas con miras a culminar la fase inicial de la actuaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

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            \n
          1. \n

            El 23 siguiente, se dispuso el registro y allanamiento de 77 locales del Centro Comercial \u201cLas Avenidas\u201d de la Calle 13 No. 14-29 del barrio \u201cEl Voto Nacional\u201d de esta ciudad capital.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

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            1. \n

              El 25 posterior, se adelantaron los citados procedimientos, en desarrollo de los cuales se produjo la incautaci\u00f3n de una gran cantidad de aparatos telef\u00f3nicos m\u00f3viles y la captura en situaci\u00f3n de flagrancia de varias personas. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

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              1. \n

                El 1\u00ba de octubre de 2014, se decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de las medidas de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre los locales comerciales allanados, con miras a garantizar la efectividad del tr\u00e1mite extintivo, cautelas que se materializaron al d\u00eda siguiente.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                <\/p>\n

                  \n
                1. \n

                  Contra aquella determinaci\u00f3n, algunos de los propietarios de los bienes afectados, solicitaron el control de legalidad correspondiente.<\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                  <\/p>\n

                    \n
                  1. \n

                    Surtido el reparto de la actuaci\u00f3n y los traslados de rigor por parte del Juez 1\u00ba Penal del Circuito Especializado, los representantes de la Procuradur\u00eda y del Ministerio de Justicia y del Derecho, pidieron impartir legalidad a la actuaci\u00f3n sometida a consideraci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                    <\/p>\n

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                    1. \n

                      El 19 de diciembre de 2014, el Juez 3\u00ba Penal del Circuito Especializado, imparti\u00f3 legalidad formal y material los actos investigativos y a los procedimientos de allanamiento, registro, incautaci\u00f3n y captura en flagrancia, por considerarlos ajustados a las ritualidades establecidas para tales efectos, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n por el quejoso.<\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                      <\/p>\n

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                      1. \n

                        El 9 de enero de 2015, se despacharon adversamente los reparos y solicitudes de los inconformes contra las medidas provisionales adoptadas, decisi\u00f3n que fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n por varios de ellos.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                        <\/p>\n

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                        1. \n

                          El 2 de octubre posterior, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 inhibirse de resolver las censuras en sede de segunda instancia, tras argumentar que de acuerdo con las directrices impartidas por la Corte Constitucional en Sentencia C-516 de 2015, donde declar\u00f3 inexequible el contenido de los art\u00edculos 115 y 163, inciso 2\u00ba, parcial, de la Ley 1708 de 2014, era necesario someter al estudio del Juez de Control de Garant\u00edas, los actos de investigaci\u00f3n adelantados, as\u00ed como la imposici\u00f3n de las medidas cautelares que de aquellos derivaron. En consecuencia, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de las diligencias al ente instructor, puntualizando previamente, que el Consejo Superior de la Judicatura, habilit\u00f3 al Juez 28 de la precitada especialidad para tales efectos.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                          <\/p>\n

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                          1. \n

                            En la misma fecha, la sede judicial cuestionada dispuso inhibirse tambi\u00e9n de resolver la alzada impetrada contra la aprobaci\u00f3n de los actos investigativos, con fundamento en las mismas razones expuestas en la providencia que se acaba de rese\u00f1ar.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

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                            1. \n

                              El 25 de noviembre se dio inicio a la audiencia de Control de Legalidad a las referidas actuaciones ante el Juez 28 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, en desarrollo de la cual fueron escuchadas las intervenciones de los sujetos procesales convocantes, as\u00ed como de la Fiscal\u00eda y el Ministerio P\u00fablico, funcionarios que consideraron que aquel Despacho carec\u00eda de competencia para emitir el pronunciamiento solicitado, pues los procedimientos a revisar, fueron adelantados con antelaci\u00f3n a la emisi\u00f3n de la sentencia de inconstitucionalidad aludida.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

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                              1. \n

                                El 2 de diciembre de 2015, dicho Juez constitucional, aval\u00f3 la postura del ente persecutor y de la Procuradur\u00eda y con base en ello, se inhibi\u00f3 de desatar las peticiones elevadas. Adicionalmente, dispuso remitir el expediente al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para lo de su cargo, proponiendo conflicto negativo de competencia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                                <\/p>\n

                                16. En criterio del peticionario del amparo, la actuaci\u00f3n judicial rese\u00f1ada, vulnera sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al dejar en la indefinici\u00f3n el control de legalidad que solicit\u00f3 ejercer a los procedimientos que la polic\u00eda judicial adelant\u00f3 y en virtud de los cuales resultaron afectados con medidas cautelares, bienes de su propiedad. [Folios 3-8, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                C. El tr\u00e1mite de la primera instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n


                                <\/font><\/font><\/font>1. Por auto del 14 de diciembre de 2015, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folios 45-46, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                2. El Juzgado 28 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, explicit\u00f3 los fundamentos con base en los cuales se inhibi\u00f3 de emitir el pronunciamiento reclamado y manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo por considerarlo improcedente. [Folio 63, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/h2>\n

                                El Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito <\/font><\/font>Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, por su parte, se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado ninguna garant\u00eda fundamental al reclamante, como quiera que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n de rigor, donde expuso los motivos que la soportaban. [Folios 66-68, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                El Tribunal Superior cuestionado, a su turno, <\/font><\/font>dio cuenta de su actuaci\u00f3n al interior de las diligencias cuestionadas y se\u00f1al\u00f3 que en la actualidad esa sede se encuentra discutiendo el asunto sometido a su escrutinio para adoptar la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda. [Folios 94-99, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                3. En sentencia del 14 de enero de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 improcedente la solicitud de amparo, al evidenciar que la actuaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite y que, puntualmente la decisi\u00f3n que es objeto de reproche, est\u00e1 siendo analizada por la autoridad competente para definirla, luego, no le es permitido al Juez de tutela inmiscuirse en el asunto, pues ello supondr\u00eda usurpar las facultades del fallador natural. [Folios 102-112, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                4. Inconforme, el accionante la impugn\u00f3. Para soportar su disenso argument\u00f3 que el punto central de su solicitud de amparo, tiene origen en que no se le brind\u00f3 la oportunidad procesal para recurrir la declaratoria de incompetencia del Juez de Control de Garant\u00edas accionado, aspecto sobre el cual no hubo pronunciamiento del A quo constitucional. [Folio 246, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/font>
                                <\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

                                1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de <\/font><\/font>\u201c<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u201d<\/font><\/font>, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                Acorde con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 como causal de improcedencia, la de disponer el interesado de<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u201cotros recursos o medios de defensa judicial\u201d<\/i><\/font><\/font>, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara de forma provisional para evitar un da\u00f1o que no pudiera corregirse, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos instrumentos ser\u00eda apreciada <\/font><\/font>\u201c<\/font><\/font>en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u201d<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto el tutelante pretende controvertir un asunto que a\u00fan no ha sido materia de decisi\u00f3n definitiva al interior del tr\u00e1mite que cuestiona.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                En efecto, es evidente que el pasado 2 de diciembre de 2015, al inhibirse de emitir pronunciamiento alguno frente a la legalidad de los actos investigativos y aquellos que se derivaron de ellos en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio adelantado, entre otros, contra bienes de propiedad del actor, propuso el conflicto negativo de competencia y orden\u00f3 la remisi\u00f3n de las diligencias al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio, de cuya contestaci\u00f3n a la demanda se extrae que:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                \u00ab\u2026actualmente se halla discutiendo el asunto, en aras de adoptar la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda\u2026.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

                                Quiere ello decir, que si bien no se ha resuelto la solicitud de control de legalidad elevada por el quejoso, es lo cierto que sus garant\u00edas al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia est\u00e1n siendo respetadas por las autoridades cuestionadas, en la medida en que ellas han adoptado la posici\u00f3n jur\u00eddica que han estimado correcta de cara a las nuevas directrices impartidas por la Corte Constitucional en sentencia C-516 de 2015 y, ante la disparidad de criterios, est\u00e1n analizando la situaci\u00f3n f\u00e1ctica para dirimir finalmente la controversia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                Es decir, que el peticionario se apresura a solicitar que sea el Juez de tutela quien defina en cabeza de qu\u00e9 Despacho radica la competencia para verificar si las actuaciones mencionadas se ajustaron o no a la ley, mas no es esa la finalidad de la acci\u00f3n de tutela.<\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                En efecto, a trav\u00e9s de la queja constitucional no puede desconocerse que la actuaci\u00f3n controvertida se encuentra en curso, como para sustraer la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3 a los jueces naturales para emitir la decisi\u00f3n reclamada. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:<\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                \u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb <\/i><\/font><\/font>(CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales.<\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                3. Ahora bien, en punto de los reparos que el quejoso expone frente a la decisi\u00f3n del Juez de Control de Garant\u00edas tutelado, de no dar curso a sus recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la declaratoria de incompetencia, ha de se\u00f1alarse, de un lado, que de acuerdo con el art\u00edculo 95 de la Ley 600 de 2000, aplicable a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 26 de la Ley 1708 de 2014, la manifestaci\u00f3n de incompetencia no es susceptible de recurso alguno, pues al tenor de la norma en comento <\/font><\/font>\u00ab\u2026[e]<\/i><\/font><\/font>l funcionario judicial que la proponga [debe dirigirse al otro] exponiendo los motivos que tiene para conocer o no del caso concreto. Si \u00e9ste no lo aceptare, contestar\u00e1 dando la raz\u00f3n de su renuencia, y en tal caso dar\u00e1 cuenta al funcionario judicial competente, para que dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes decida de plano la colisi\u00f3n.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                Ahora, si el conflicto propuesto por el Juez 28 con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas es viable o no, es un asunto que se resolver\u00e1 en el curso normal del juicio que, de hecho, se est\u00e1 adelantando, pues no debe olvidarse que el Tribunal se encuentra estudiando el caso para tomar la decisi\u00f3n de rigor, circunstancia que, de paso, protege el derecho a la doble instancia reclamado.<\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                En suma, se trata de un tema a\u00fan no finiquitado al interior del proceso donde debe resolverse la controversia, por lo que el actor debe aguardar a que ello ocurra sin pretender que anticipadamente el Juez de tutela lo haga.<\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                4.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>Las anteriores razones, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se negar\u00e1 el amparo deprecado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/font>
                                <\/font><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

                                En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font><\/font>CONFIRMA<\/b><\/font><\/font><\/font> la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n


                                <\/font><\/font><\/font>Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

                                Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                <\/p>\n

                                LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

                                <\/p>\n

                                \n

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                                Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1813-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-02438-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97833","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97833","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97833"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97833\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97833"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97833"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97833"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}