{"id":97836,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-373\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"corte-suprema-de-justicia-373","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-373\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado Ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC1816-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-01908-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el siete de octubre de dos mil quince (2015) por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso Quintana Estrada en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de esa ciudad, los abogados Luz Helena Gonz\u00e1lez Arcila y R\u00f3mulo Medina Medina; tramite donde se orden\u00f3 vincular a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso penal objeto de la acci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, el accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, honra, buen nombre, igualdad y protecci\u00f3n a las v\u00edctimas, que considera vulnerados por los accionados dentro de la denuncia instaurada contra la <\/font><\/font>Dra. Mar\u00eda del Pilar Fl\u00f3rez Gil,<\/font><\/font> Fiscal 29 Seccional de Pereira por los delitos de Falsedad Ideol\u00f3gica en Documento P\u00fablico y Encubrimiento, por cuanto todos hicieron \u00ab<\/font><\/font>un plan estrat\u00e9gico<\/i><\/font><\/font>\u00bb para favorecer a la investigada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, pretende que se revoque el fallo que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal a favor de la Dra. Mar\u00eda del Pilar Fl\u00f3rez Gil; se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la solicitud de preclusi\u00f3n adelantada ante la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira y se reinicie el tramite respetando el debido proceso, donde se le de participaci\u00f3n activa como v\u00edctima; que se le designe un abogado de la defensor\u00eda p\u00fablica que sea id\u00f3neo y que defienda sus derechos y, se le proteja de manera efectiva y cierta contra los ataques ilegales de los que ha sido objeto. [Folios 15-16, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. Se\u00f1ala el accionante que es v\u00edctima de actos terroristas y amenazas, persecuci\u00f3n pol\u00edtica y atentados contra su vida y por tal raz\u00f3n fue incluido mediante Resoluci\u00f3n No. 2014-357162 de fecha 16 de enero de 2014 en el Registro \u00danico de V\u00edctimas. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. Que el 20 de septiembre de 2013 denunci\u00f3 a Mar\u00eda del Pilar Fl\u00f3rez Gil, Fiscal 29 Seccional de Pereira, por los delitos de Falsedad Ideol\u00f3gica en Documento P\u00fablico y Encubrimiento por haber proferido una decisi\u00f3n en la que consign\u00f3 dos afirmaciones que no corresponden a la realidad: a. Aseverar que el tutelante era Presidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal del Corregimiento de Irra en Quinch\u00eda \u2013 Risaralda, cuando lo cierto es que ejerc\u00eda como asociado de usuarios del acueducto y b. al asegurar que no fue posible recibirle entrevista al denunciante, lo que es falso. De igual forma se\u00f1al\u00f3 que la funcionaria acusada le creo un perfil de loco cuando indic\u00f3 que ten\u00eda un problema psicol\u00f3gico conocido como delirio de persecuci\u00f3n, porque piensa que lo van a asesinar. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. El conocimiento le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, autoridad que dispuso ordenar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Quinch\u00eda \u2013 Risaralda a cargo de Gloria Fanny Trejos Trejos citar al quejoso con el fin de concretar aspectos de la denuncia presentada. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. Se\u00f1ala que la funcionaria en desarrollo de la diligencia adelantada el 21 de noviembre de 2013, a trav\u00e9s de preguntas capciosas lo enred\u00f3 al punto que lo hizo aceptar que el error de la Fiscal 29 Seccional de esa ciudad hab\u00eda sido involuntario. [Folios 168-170, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Que la Fiscal\u00eda Delegada present\u00f3 solicitud de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y luego de diferentes peticiones de aplazamiento elevadas por el actor por razones de salud y por no tener dinero para pagar un abogado, la diligencia comenz\u00f3 el 2 de julio de 2014, momento en que el Tribunal Superior de Pereira le design\u00f3 de oficio a la doctora Luz Helena Gonz\u00e1lez Arcila para que lo representara.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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6. Manifiesta que en esa audiencia, el ente acusador a\u00f1adi\u00f3 la denuncia interpuesta contra Mar\u00eda del Pilar Fl\u00f3rez por los delitos de Lesiones Personales e Injuria, los cuales fueron agregados a la investigaci\u00f3n y por tanto quedaron inmersos dentro de la solicitud de preclusi\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7. Que en vista que se estaba dando una inadecuada defensa y nunca dio el consentimiento para que la abogada asignada lo representara, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Tribunal por haberle designado forzosamente una abogada que en su sentir \u00ab<\/font><\/font>no conoce del caso y no est\u00e1 en capacidad para representarlo<\/i><\/font><\/font>\u00bb, la cual le fue despachada desfavorablemente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 12 de agosto de 2014, siendo impugnada sin conocer cu\u00e1l fue la determinaci\u00f3n de la segunda instancia. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

\n

8. El 15 de julio de ese a\u00f1o, el Tribunal accionado orden\u00f3 mantener vigente el nombramiento de la abogada Gonz\u00e1lez Arcila como defensora de oficio del actor y lo requiri\u00f3 para que si es su deseo proceda a nombrar a un profesional del derecho para que lo represente. [Folios 173-176, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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9. Indica el accionante que peticion\u00f3 nuevamente el aplazamiento de la audiencia de sustentaci\u00f3n de la preclusi\u00f3n, pero en atenci\u00f3n a que finalmente la misma tuvo lugar el 5 de noviembre siguiente, el actor se present\u00f3 sin el conocimiento en torno a la causal invocada por el ente acusador ni lo elementos materiales probatorios con los que se fundamenta la solicitud, aunado a que no fue asesorado por su defensa para la intervenci\u00f3n dentro de la diligencia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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10. El 23 de abril de 2015, se decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal a favor de Mar\u00eda del Pilar Fl\u00f3rez Gil en su condici\u00f3n de Fiscal 29 Seccional de Pereira, providencia que fue le\u00edda en audiencia de 27 de abril siguiente, tras considerar que \u00ab<\/font><\/font>Si la fiscal indiciada hubiera actuado dolosamente, con toda seguridad su finalidad malintencionada tendr\u00eda que reflejarse, de una u otra forma, en la actuaci\u00f3n procesal; sin embargo, eso no ocurri\u00f3 en el asunto objeto de an\u00e1lisis, como quiera que la funcionaria estaba segura de haber tomado una determinaci\u00f3n ajustada a derecho, cuyo resultado final no habr\u00eda variado en caso de haber tenido en consideraci\u00f3n la existencia de la entrevista rendida por el quejoso ante la Inspecci\u00f3n, la que en s\u00edntesis coincide con el contenido de los escritos presentados por \u00e9l ante la se\u00f1ora fiscal, que si fueron tomados en consideraci\u00f3n para la determinaci\u00f3n de archivo que era pertinente<\/i><\/font><\/font>.\u00bb[Folios 97-104,c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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11. Se\u00f1ala el quejoso que en esa diligencia fue objeto de presi\u00f3n y confusi\u00f3n por parte de la abogada Luz Helena Gonz\u00e1lez Arcila, quien se uni\u00f3 junto con el Tribunal para actuar en su contra mediante \u00ab<\/font><\/font>un plan estrat\u00e9gico<\/i><\/font><\/font>\u00bb, donde se limit\u00f3 el tiempo para defenderse.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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12. Que como su defensora no interpuso recurso alguno contra la determinaci\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, el accionante present\u00f3 el de apelaci\u00f3n pero fue declarado desierto porque la motivaci\u00f3n no fue la adecuada, determinaci\u00f3n contra la que instaur\u00f3 reposici\u00f3n, la cual fue resuelta de manera desfavorable.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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13. <\/font><\/font>En criterio del peticionario del amparo, se vulneraron los derechos fundamentales invocados, porque el ente acusador como el Tribunal hicieron caso omiso a su intervenci\u00f3n, por cuanto la preclusi\u00f3n se efectu\u00f3 \u00fanicamente en el delito de Falsedad Ideol\u00f3gica en Documento P\u00fablico, sin permitirse a la v\u00edctima ampliar la denuncia por el delito de Lesiones Personales debido al da\u00f1o ps\u00edquico y a la salud al que fue sometido por la fiscal denunciada, aunado a que todas las autoridades que participaron en la diligencia actuaron mancomunadamente con el fin de favorecer a la acusada y por tanto considera que la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n fue emitida con vulneraci\u00f3n a sus derechos.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que \u00ab<\/font><\/font>me he visto ante una necesidad extrema de defender mis derechos ya que estoy en riesgo extremo de ser conducido a prisi\u00f3n o a un manicomio ya que la fiscal\u00eda general de la naci\u00f3n y todos mis enemigos est\u00e1n solicitando a medicina legal valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica para que se diga que es un problema mental lo que esta llevando a Alfonso Quintana Estrada a impetrar denuncias, para as\u00ed librasen de la acci\u00f3n de la justicia luego de haber cometido delitos<\/i><\/font><\/font>.\u00bb[Folios 2-18, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. El 28 de septiembre de 2015 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados y se dispuso vincular a los dem\u00e1s intervinientes, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 149-150, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. La Inspectora Urbana de Polic\u00eda de Quinchia \u2013Risaralda, Gloria Fanny Trejos Trejos se\u00f1al\u00f3 que el interrogatorio que se le recepcion\u00f3 al tutelante fue en cumplimiento a la orden emitida por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, siendo falso que su conducta haya sido capciosa y enga\u00f1osa para crear confusi\u00f3n al actor y favorecer de esta manera a la Fiscal denunciada, Mar\u00eda del Pilar Fl\u00f3rez Gil, toda vez que al quejoso se le garantizaron todos sus derechos en la entrevista, misma que fue le\u00edda en todas sus partes y suscrita por el actor. [Folios 160-161, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, se\u00f1al\u00f3 que en febrero 19 de 2014 el Fiscal Primero Delegado solicit\u00f3 audiencia p\u00fablica para sustentar y solicitar preclusi\u00f3n a favor de la Doctora Mar\u00eda del Pilar Fl\u00f3rez Gil, quien fue denunciada por el actor por el presunto delito de Falsedad Ideol\u00f3gica en Documento P\u00fablico. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Manifiesta que esa Sala fij\u00f3 en m\u00faltiples ocasiones fecha para la sustentaci\u00f3n de la solicitud impetrada por la Fiscal\u00eda, diligencia que no se pudo llevar a cabo hasta el 2 de julio de 2014 debido a los constantes aplazamientos solicitado en su mayor\u00eda por el accionante, bajo la excusa de problemas m\u00e9dicos de los cuales no alleg\u00f3 incapacidad y porque tampoco hab\u00eda conferido poder a un abogado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Que ante la dilaci\u00f3n del proceso, esa Corporaci\u00f3n en cumplimiento de sus deberes legales procedi\u00f3 a designarle a la abogada <\/font><\/font>Luz Helena Gonz\u00e1lez Arcila, la cual el accionante se neg\u00f3 a aceptar, pero de todas formas la profesional fue posesionada y ejerci\u00f3 el cargo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que el 23 de abril de 2015 se declar\u00f3 la preclusi\u00f3n solicitada, diligencia a la que asisti\u00f3 el tutelante, quien interpuso en forma directa recurso de apelaci\u00f3n, y donde se le explic\u00f3 por parte del magistrado ponente el requisito de la debida sustentaci\u00f3n, no obstante, hubo lugar a declararlo desierto porque la motivaci\u00f3n no fue la adecuada, determinaci\u00f3n contra la que interpuso reposici\u00f3n, la cual fue resuelta de manera desfavorable. [Folios 171-172,c.1] <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Por su parte, la abogada Luz Elena Gonz\u00e1lez Arcila se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto indic\u00f3 que realiz\u00f3 una defensa consecuente de los intereses del accionante frente a la petici\u00f3n de preclusi\u00f3n de la fiscal\u00eda y que una vez emitida la decisi\u00f3n de 23 de abril de 2015, consider\u00f3 que los argumentos jur\u00eddicos presentados por el Tribunal estaban fundados en las normas de derecho y por tanto recurrir era simple y llanamente desgastar la administraci\u00f3n de justicia mediante un recurso temerario y por tal raz\u00f3n manifest\u00f3 que no interpondr\u00eda recurso alguno, m\u00e1xime que dicha impugnaci\u00f3n no tendr\u00eda opci\u00f3n alguna de prosperar. [Folios 186-190, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. En fallo de 7 de octubre de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n, tras considerar que una de las cr\u00edticas del actor gira en torno a la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal accionado de dejar vigente el nombramiento de la doctora Luz Helena Gonz\u00e1lez Arcila para que lo representara dentro de la indagaci\u00f3n que se inici\u00f3 en contra de la Fiscal 29 Seccional de Pereira con ocasi\u00f3n a la denuncia que \u00e9l instaur\u00f3, a quien le endilga falta de idoneidad para ejercer su funci\u00f3n, censura que ya hab\u00eda sido dilucidada por parte del juez constitucional quien no encontr\u00f3 ninguna irregularidad dentro del tr\u00e1mite adelantado por el juez colegiado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que frente a la decisi\u00f3n adoptada el 23 de abril de 2015, no luce desapegada de las normas jur\u00eddicas en que se fundament\u00f3, de manera que la sola inconformidad del quejoso no habilita al juez de tutela para reabrir la discusi\u00f3n surtida al interior del respectivo proceso. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Finalmente, consider\u00f3 que respecto a las cr\u00edticas efectuadas a la Inspectora de Polic\u00eda de Quinch\u00eda \u2013 Risaralda no indican que su proceder hubiese comprometido derecho fundamental toda vez que obedeci\u00f3 al tr\u00e1mite que se dio a la petici\u00f3n de preclusi\u00f3n. [Folios 195-208, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. <\/font><\/font>El promotor del amparo impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n,<\/font><\/font> con los mismos argumentos expuestos en su escrito inicial y expres\u00f3 que el fallo emitido no tuvo en cuenta el inter\u00e9s superior de la v\u00edctima del conflicto armado que ostenta el accionante. [Folios 217-231, c.1]<\/font><\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la resoluci\u00f3n de sus conflictos jur\u00eddicos a la jurisdicci\u00f3n del Estado.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. <\/font><\/font>Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, respecto a la censura que realiza el actor por la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de Pereira \u2013 Sala Penal en virtud de la denuncia presentada por el accionante contra la Fiscal 29 Seccional de Quinch\u00eda \u2013 Risaralda donde <\/font><\/font>acogieron los argumentos expuestos por la Fiscal\u00eda para sustentar la solicitud de la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, por la causal \u201c<\/font><\/font>atipicidad del hecho investigado<\/i><\/font><\/font>\u00bb no se advierte procedente el amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, la autoridad accionada para fundar su determinaci\u00f3n expuso que<\/font><\/font> \u00ab\u2026la Fiscal\u00eda delegada ante esta Corporaci\u00f3n acredit\u00f3 en debida forma una de las causales previstas en el art\u00edculo 332 de la Ley 906\/04, esto es, la atipicidad del hecho investigado, al tenor de las siguientes consideraciones:<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La causal aducida relativa a la atipicidad de la conducta, implica que un determinado comportamiento desde el punto de vista objetivo no se corresponde con ninguno de los tipos penales descritos en la ley 599\/00, o si bien se produce esa adecuaci\u00f3n, no ocurre lo propio en el \u00e1mbito subjetivo, en cuanto a que el delito que se atribuye exige el dolo. Para concretarnos a la falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico atribuido a la indiciada, hay lugar a asegurar que se llev\u00f3 a cabo sin conocimiento y voluntad de acci\u00f3n.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo anterior es as\u00ed, ya que una vez se puso de presente el primer error cometido por ella, esto es, el consignar un cargo que no ostentaba el denunciante, profiri\u00f3 una decisi\u00f3n por medio de la cual dej\u00f3 en claro cu\u00e1l era la verdadera ocupaci\u00f3n de QUINTANA ESTRADA, subsan\u00e1ndose tal imperfecci\u00f3n. Am\u00e9n que el hecho de ser o no Presidente de la Junta no cambiaba en nada la situaci\u00f3n de fondo, ni por supuesto ten\u00eda incidencia alguna en la determinaci\u00f3n de archivo que se adopt\u00f3. <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Lo otro, es decir, la manifestaci\u00f3n de la fiscal investigada en la decisi\u00f3n de archivo que se censura, en el sentido que el se\u00f1or QUINTANA no hab\u00eda declarado ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, a sabiendas que si lo hizo, ya que se alleg\u00f3 la respectiva entrevista tomada por esa autoridad, no es una irregularidad que haya incidido en el resultado de esas pesquisas preliminares, como bien lo asegur\u00f3 el se\u00f1or fiscal delegado ante esta Corporaci\u00f3n en su solicitud preclusiva, porque el denunciante dio a conocer la situaci\u00f3n apremiante por \u00e9l vivida en muchas ocasiones y por medio de los diferentes escritos que aport\u00f3 al encuadernamiento<\/i><\/font><\/font>.\u00bb<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De igual forma consider\u00f3 que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab<\/font><\/font>Por \u00faltimo se le sumaron dos nuevas inculpaciones a la funcionaria denunciada, las cuales se hicieron consistir en unas lesiones personales e injuria en contra del aqu\u00ed denunciante; conductas que seg\u00fan se afirma se desencadenaron precisamente del hecho de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sobre estos nuevos t\u00f3picos ha de decirse que no hay lugar a cimentar una adecuaci\u00f3n t\u00edpica aut\u00f3noma en contra de la funcionaria indiciada, porque no se alleg\u00f3 elemento incriminatorio alguno que permita determinar que la enfermedad ps\u00edquica que seg\u00fan se afirma padece la victima (hoy denunciante) tuvo como origen el pronunciamiento del ente fiscal, que como se dijo fue emitido con las formalidades legales y en ejercicio propio de la autonom\u00eda funcional de la que estaba investida la delegada del ente persecutor.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y con respecto a la injuria, por el hecho de haberse mencionado dentro de la providencia que el se\u00f1or ALFONSO QUINTANA ESTRADA sufre delirios de persecuci\u00f3n, tales comentarios no fueron la base para la decisi\u00f3n adoptada, ni tampoco fueron inventados por la se\u00f1ora fiscal, sino que los mismos tuvieron origen en lo expresado por parte de los testigos que cit\u00f3 el mismo QUINTANA ESTRADA\u00bb <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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3. De lo que se colige, que la determinaci\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda, <\/font><\/font>no fue arbitraria ni caprichosa, sino que obedeci\u00f3 a una interpretaci\u00f3n razonada que con independencia de que se comparta o no por la esta Corte, no se muestra irrazonable y por ende, no quebranta las garant\u00edas reclamadas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del solicitante del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que la sede judicial accionada se fundament\u00f3 para acceder a la solicitud preclusiva y en consecuencia decretar el cese de la acci\u00f3n penal, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>De otra parte, conforme lo indic\u00f3 el A Quo en torno a los reparos efectuados respecto a la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal demandado el<\/font><\/font> 15 de julio de 2014,<\/font><\/font><\/font> que orden\u00f3 mantener vigente el nombramiento de la abogada Luz Helena Gonz\u00e1lez Arcila como defensora de oficio del tutelante, por tal situaci\u00f3n ya el actor hab\u00eda acudido a la acci\u00f3n constitucional, escenario donde la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante decisi\u00f3n fechada 12 de agosto de 2014 declar\u00f3 improcedente el amparo tras considerarse que <\/font><\/font>la determinaci\u00f3n adoptada no se advierte contraria a mandatos constitucionales y legales, o quebrantadora de garant\u00edas de rango superior, pues obedece a una aplicaci\u00f3n razonable y entendible de la normatividad penal. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Ahora bien, respecto a las cr\u00edticas efectuadas por el actor en el sentido que no fue suficientemente asesorado por su abogada con ocasi\u00f3n a la solicitud de preclusi\u00f3n, es de indicar que son de recibo las manifestaciones efectuadas por dicha profesional del derecho, respecto a que si bien se opuso a la solicitud del ente investigador, presentando alegaciones orientadas a buscar una decisi\u00f3n negativa a sus pretensiones, no le garantiz\u00f3 al quejoso que tales argumentos ser\u00edan acogidos por parte del Tribunal aunado a que no consider\u00f3 la viabilidad de interponer recurso contra la decisi\u00f3n adoptada por el juez plural que concedi\u00f3 la preclusi\u00f3n al encontrar que la misma estaba fundada en las normas aplicables al caso y \u00ab<\/font><\/font>recurrir era simple y llanamente desgastar la administraci\u00f3n de justicia mediante un recurso temerario.\u00bb <\/i><\/font><\/font>m\u00e1xime que dicha impugnaci\u00f3n no tendr\u00eda opci\u00f3n alguna de prosperar.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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De lo anterior, se desprende que contrario a lo alegado por el actor, el hecho que la t\u00e1ctica defensiva empleada por la abogada no haya sido acogida por parte de la autoridad judicial, no es motivo para que se declare la nulidad de la decisi\u00f3n que le fue adversa a sus intereses so pretexto que fue indebidamente representado. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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5. De igual forma, no se evidenci\u00f3 vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno en torno a la actuaci\u00f3n que se surti\u00f3 ante la Inspectora de Polic\u00eda de Quinch\u00eca – Risaralda por cuanto se observa que la misma obedeci\u00f3 al tr\u00e1mite procesal dado a la solicitud de preclusi\u00f3n por parte del ente investigador, donde dicha inspectora recibi\u00f3 solicitud de apoyo por parte de la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira con el fin de adelantar interrogatorio al accionante para concretar la denuncia que fuere instaurada contra la Fiscal Mar\u00eda del Pilar Fl\u00f3rez. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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6. <\/font><\/font>De otra parte, <\/font><\/font>no se demostr\u00f3 la transgresi\u00f3n del derecho a la igualdad, pues no existe prueba de que los encausados hubiesen dispensado un trato diferente al actor en relaci\u00f3n con otras personas puestas en la misma situaci\u00f3n o en igualdad de condiciones a las de \u00e9l, ni tampoco se acredit\u00f3 de manera alguna que las autoridades accionadas hubiese procedido de manera arbitraria o caprichosa, de lo que se concluye la improcedencia de este mecanismo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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7. De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda deb\u00eda negarse y por ello se confirmar\u00e1 integralmente la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se revis\u00f3.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>CONFIRMA <\/b><\/font><\/font>la sentencia impugnada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/font><\/font>Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC1816-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2015-01908-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97836","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97836","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97836"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97836\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97836"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97836"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97836"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}