{"id":97853,"date":"2025-03-26T19:20:44","date_gmt":"2025-03-26T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-388\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:44","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:44","slug":"corte-suprema-de-justicia-388","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-388\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/h5>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

STC989-2016<\/font><\/font> Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001<\/font><\/font>-02-03-000-2016-00121-00<\/font><\/font> <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de <\/font><\/font>tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/h4>\n

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Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).-<\/font><\/h4>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta a trav\u00e9s de apoderado judicial por <\/font> <\/font>Wilmer Rold\u00e1n S\u00e1nchez<\/b><\/font> contra la <\/font>Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n<\/b><\/font>, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la <\/font>Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1<\/b><\/font> y los <\/font>Juzgados <\/b><\/font>Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Descongesti\u00f3n<\/b><\/font>, <\/font>D\u00e9cimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas <\/b><\/font>y el <\/font>Juzgado Once Penal del Circuito Adjunto con Funciones de <\/b><\/font>Conocimiento, todos de la misma localidad<\/b><\/font>,<\/font> as\u00ed como <\/font>las partes y los intervinientes del proceso al que alude el escrito de tutela. <\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.<\/font>El promotor del amparo reclama l<\/font>a protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al a<\/font>cceso a la administraci\u00f3n de justicia<\/font>, <\/i><\/font><\/font>presuntamente conculcados por la Colegiatura citada, al inadmitir la demanda de casaci\u00f3n que promovi\u00f3 contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 29 de octubre de 2014, que revoc\u00f3 la absolutoria dictada el 5 de marzo de ese mismo a\u00f1o por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Descongesti\u00f3n de la misma localidad, para en su lugar declararlo responsable por el homicidio de Harold Andr\u00e9s Pinto P\u00e9rez.<\/font><\/p>\n

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Lo pretendido concretamente, entonces, es que <\/font><\/font>\u00abse deje sin efectos el auto proferido por la Corte Suprema de Justicia \u2013Sala de Casaci\u00f3n Penal- el 28 de octubre del 2015, que inadmiti\u00f3 irregularmente la demanda de casaci\u00f3n presentada a su nombre en el proceso penal que se le adelanta, para que en su lugar se ordene ADMITIRLA en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas a partir de la notificaci\u00f3n de la sentencia, y dar curso al tr\u00e1mite de casaci\u00f3n, surtido el cual se resuelva de fondo cada uno de los cargos propuestos\u00bb <\/i><\/font>(fl. 75).<\/font> <\/i><\/font> <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.<\/font>En apoyo de tales pretensiones, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en compendio, que el 13 de septiembre de 2010 la fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos en su contra ante el Juzgado D\u00e9cimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de esta ciudad, por los hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2009 en la localidad de Kennedy, donde Harold Andr\u00e9s Pinto P\u00e9rez, de 16 a\u00f1os de edad, perdi\u00f3 la vida como consecuencia de herida que le fue causada con arma cortopunzante, raz\u00f3n por la que se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pese a que no acept\u00f3 los cargos.<\/font><\/p>\n

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Aduce que luego el ente acusador radic\u00f3 el respectivo escrito de acusaci\u00f3n en su contra como presunto responsable del delito de homicidio, el que fue ratificado en la audiencia de formulaci\u00f3n llevada a cabo el 24 de enero de 2011 ante el Juzgado Once Penal del Circuito Adjunto con Funciones de Conocimiento de esta capital, pues en sentir de la fiscal\u00eda, se trat\u00f3 de <\/font>\u00abun acto de intolerancia (\u2026) como consecuencia de los problemas que exist\u00edan entre ellos dos\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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Sostiene que adelantado el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia del 5 de marzo de 2014 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 lo absolvi\u00f3 de todo cargo; no obstante, la Sala Penal del Tribunal Superior de dicha localidad, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta contra lo resuelto por el defensor de las v\u00edctimas, el 29 de octubre de 2014 concluy\u00f3 que deb\u00eda revocarse la absoluci\u00f3n, imponi\u00e9ndole 208 meses de prisi\u00f3n intramural como autor del homicidio simple en la humanidad de Pinto P\u00e9rez, tras considerar, en suma, que <\/font>\u00abha<\/i><\/font><\/font>[b\u00eda] <\/font><\/font>prueba que lleva<\/i><\/font><\/font>[ba] <\/font><\/font>a determinar que \u00e9l (acusado) fue quien caus\u00f3 la muerte de <\/i><\/font><\/font>[aqu\u00e9l]<\/font><\/font>\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Luego de transcribir de manera extensa los argumentos probatorios esbozados por la Corporaci\u00f3n citada en la providencia condenatoria, se\u00f1al\u00f3 que a trav\u00e9s de su abogado el 2 de marzo de 2015 present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n con la finalidad de que <\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>fueran reparados los agravios que el fallo condenatorio presuntamente ilegal y desacertado le ocasionaron a su libertad\u00bb<\/b><\/i><\/font><\/font>, <\/font><\/font>empero, la demanda fue inadmitida por la Sala Penal de la Corte Suprema el 28 de octubre siguiente, tras considerar que los cargos alegados no cumpl\u00edan con las exigencias de la ley procesal penal vigente para el efecto, es decir, <\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>bas\u00e1ndose en aspectos de fondo sobre los cargos formulados contra la sentencia de 2\u00aa instancia<\/b><\/i><\/font><\/font>, cuando lo pertinente era admitir o inadmitir la demanda de casaci\u00f3n <\/i><\/font><\/font>[pero] <\/font><\/font>con fundamento en el cumplimiento o no de los requisitos de forma que para el caso se cumplieron a cabalidad\u00bb, <\/i><\/font><\/font>raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo excepcional (fls. 26 a 77).<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.<\/font><\/font>Una vez subsanadas las inconsistencias presentadas en el escrito inicial, el 27 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS<\/b><\/font> ACCIONADOS<\/b><\/font><\/p>\n

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La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, solicit\u00f3 denegar lo pretendido a trav\u00e9s de la tutela, como quiera que, en suma, <\/font>\u00ab<\/font><\/font>no se ha presentado (\u2026) violaci\u00f3n alguna de derechos por la Procuradur\u00eda que amerite el amparo, ni se avizora tal violaci\u00f3n por parte de la Sala Penal de la Corte as\u00ed en su auto inadmisorio de la demanda\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 96 a 107).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Alberto Poveda Perdomo, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de esta capital, luego de relacionar las actuaciones proferidas en el marco del proceso penal seguido en contra del accionante, se\u00f1al\u00f3 que el expediente fue devuelto al juzgado del conocimiento el 9 de diciembre de 2015 (fl. 110).<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Jos\u00e9 Luis Barcel\u00f3 Camacho, H. Magistrado de la Sala Especializada en lo Penal de esta Corporaci\u00f3n, luego de precisar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias ejecutoriadas o providencias que pongan t\u00e9rmino a un tr\u00e1mite judicial, solicit\u00f3 la denegar lo pretendido, teniendo en cuenta que en el auto del pasado 28 de octubre a trav\u00e9s del cual se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por el defensor del accionante, <\/font>\u00abse expusieron ampliamente las razones jur\u00eddicas por las cuales se lleg\u00f3 a esa determinaci\u00f3n\u00bb <\/i><\/font><\/font>y, este mecanismo excepcional no fue instituido <\/font>\u00abpara volver a debatir aspectos que ya han sido definidos por la administraci\u00f3n de justicia, cual si se tratare de una instancia adicional a los procedimientos ordinarios, cuya tem\u00e1tica s\u00f3lo podr\u00eda ser abordada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, a partir de las taxativas causales dispuestas por el legislador para tal fin en el art\u00edculo 220 de la ley 600 de 2000\u00bb <\/i><\/font><\/font>(fls. 145 a 149).<\/font><\/font><\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. <\/font><\/font>Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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No obstante lo anterior, de manera excepcional y solo en aquellos precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, pero siempre y cuando el afectado no cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial.<\/font><\/font><\/p>\n

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2.<\/font><\/font>En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que el accionante cuestiona concretamente <\/font><\/font>la providencia proferida el 28 de octubre pasado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, por medio de la cual se dispuso <\/font><\/font>\u00ab<\/font>INADMITIR <\/b><\/i><\/font>la demanda de casaci\u00f3n presentada por el defensor de WILMER ROLD\u00c1N S\u00c1NCHEZ<\/i><\/font>\u00bb (fl. 20)<\/font>, <\/font><\/font>pues en sentir de este \u00faltimo, se desconocieron e interpretaron err\u00f3neamente los argumentos en que apoy\u00f3 los cargos de la demanda de casaci\u00f3n que promovi\u00f3.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3.<\/font><\/font>No obstante, examinados los soportes adosados, se advierte <\/font><\/font>que el amparo constitucional reclamado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que la determinaci\u00f3n criticada tuvo como fundamentos argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela,<\/font><\/font> <\/font><\/font>con independencia de si esta Sala comparte o no \u00edntegramente tales consideraciones, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En efecto, tal y como obra dentro de las probanzas, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda que promovi\u00f3 el gestor del amparo a trav\u00e9s de su representante judicial, tras considerar, en lo fundamental, que no se cumplieron los presupuestos argumentativos exigidos para tal efecto en los art\u00edculos 183 \u2013modificado por el 98 de la ley 1395 de 2010, y 184 de la Ley 906 de 2004, como quiera que <\/font><\/font>\u00abpara que la demanda sea admitida es preciso acreditar el inter\u00e9s para impugnar, se\u00f1alar la causal, desarrollar los cargos de sustentaci\u00f3n del recurso y demostrar la necesidad del fallo de casaci\u00f3n en procura de materializar los fines establecidos para el recurso en el art\u00edculo 180, siendo estos, la efectividad del derecho material, el respecto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios sufridos por \u00e9stos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En la demanda, ha dicho la Sala de manera reiterada en correspondencia con los preceptos legales referidos, el actor debe sujetarse a un rigor argumental, en tanto la propuesta debe ser concisa, suficiente, id\u00f3nea y clara, pues no le corresponde, dado el car\u00e1cter eminentemente rogado del recurso, ocuparse de confusos, ambivalentes e intrascendentes planteamientos\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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4.Ciertamente, al estudiar los dos cargos formulados contra el fallo impugnado, los magistrados censurados advirtieron lo siguiente:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4.1. En lo que respecta al primer cargo<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>propuesto por el libelista, seg\u00fan el cual se incurri\u00f3 en violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial<\/font><\/font> \u00abal otorgarle m\u00e9rito probatorio a la entrevista rendida el 20 de junio de 2010 por Carlos Alberto R\u00edos G\u00f3mez, en la que el ad quem se bas\u00f3 para revocar la absoluci\u00f3n a WILMER ROLD\u00c1N S\u00c1NCHEZ, pues se recibi\u00f3 con violaci\u00f3n del art\u00edculo 150 de la ley 1098 de 2006 porque a pesar de haber sido menor de edad para esa fecha no cont\u00f3 con la asistencia dl defensor de familia, (\u2026) es necesario precisar que el reproche se sustenta en conjeturas a hip\u00f3tesis despojadas de entidad para afectar el juicio valorativo del Tribunal sobre esa declaraci\u00f3n previa al juicio oral, en donde el mencionado (\u2026) se\u00f1al\u00f3 que el d\u00eda de los hechos puso ver c\u00f3mo el procesado y el occiso sostuvieron un altercado violento, y para, contrario sensu, no concederle m\u00e9rito tanto a su entrevista posterior del 8 de octubre de 2010 como a su testimonio vertido durante el juicio oral, en los que desdice ese dicho, advirtiendo que nunca manifest\u00f3 lo all\u00ed consignado y que todo fue producto de la inventiva del investigador encargado de recibirla. (\u2026) <\/i><\/font>[Adem\u00e1s], <\/font>la supuesta inasistencia de la defensora a dicha entrevista no se acredit<\/i><\/font>[\u00f3] <\/font>por el casacionista, quien simplemente pretendi<\/i><\/font>[\u00f3] <\/font>sustentar esa hip\u00f3tesis a expensas del criterio \u00edntimo que tiene sobre esa probanza en contraposici\u00f3n al del ad quem\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Para concluir, que <\/font><\/font> <\/p>\n

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\u00ab<\/font><\/font>en ese planteamiento no t<\/i><\/font>[uvo]<\/font> en cuenta el libelista que la censura dirigida a cuestionar la prueba de referencia, como lo tiene discernido la Sala, procede por la v\u00eda del denominado error de derecho por falso juicio de convicci\u00f3n, en raz\u00f3n a su valor menguado expresado en el inciso segundo del art\u00edculo 381 del estatuto procesal, por cuanto \u201cla sentencia condenatoria no podr\u00e1 fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia\u201d o por la senda del tambi\u00e9n error de derecho, pero por falso juicio de legalidad, cuando se estima que no re\u00fane los presupuestos de admisibilidad establecidos en el 438 del mismo ordenamiento, en virtud de su car\u00e1cter excepcional (Cfr. CSJ. Sp, jun. 10 de 2015, rad. 40478), con la carga argumentativa que tales opciones implican y que el actor no atiende con nitidez\u00bb. <\/i><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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4.2. Ahora, frente al segundo cargo, esto es, por nulidad, el interesado soport<\/font><\/font>\u00f3<\/font><\/font> la invalidez de lo actuado a partir del juicio oral por transgresi\u00f3n de los principios de inmediaci\u00f3n y concentraci\u00f3n, en que el funcionario judicial que dict\u00f3 el fallo de primer grado no fue el mismo que presidi\u00f3 el juicio oral ante el cual se practicaron las pruebas, y, en que las decisiones en ambas instancias fueron tomadas en fechas muy distantes de la culminaci\u00f3n del juicio oral.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Sin embargo, respecto del principio de inmediaci\u00f3n que rige la actividad probatoria, la Corporaci\u00f3n criticada advirti\u00f3, luego de precisar que la actuaci\u00f3n del recurrente deb\u00eda estar siempre orientada a obtener una mejora frente a lo declarado en la decisi\u00f3n, que si a juicio del recurrente se vulner\u00f3 dicho principio por el cambio de juez en la etapa de juzgamiento, <\/font><\/font>\u00abno le asiste<\/i><\/font> <\/font>inter\u00e9s al libelista, pues la sentencia dictada <\/i><\/font>[en primera instancia] <\/font>fue de car\u00e1cter absolutorio y la repetici\u00f3n del juicio oral, como pretende, podr\u00eda aparejar consecuencias desventajosas a su prohijado (el proferimiento de un fallo condenatorio) o, por decir lo menos, se insiste, ning\u00fan beneficio\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y, en cuanto a la violaci\u00f3n del principio de concentraci\u00f3n, porque los fallos de primera y segunda instancia fueron dictados despu\u00e9s de que hab\u00eda concluido con largueza el juicio oral, reiter\u00f3 que frente a la sentencia de primera instancia carece de inter\u00e9s, pues <\/font><\/font>\u00abfue de car\u00e1cter absolutorio y la repetici\u00f3n del juicio oral podr\u00eda reportar perjuicio o ning\u00fan beneficio para <\/i><\/font>[el] <\/font>defendido\u00bb, <\/i><\/font>y que <\/font><\/font>\u00abresulta err\u00e1tico sostener que el juzgador ad quem al resolver el recurso de apelaci\u00f3n quebrant\u00f3 este postulado\u00bb, <\/i><\/font>si en cuenta se tiene que \u00e9ste se refiere es a que el juicio <\/font><\/font>\u00abse lleve a cabo como una unidad de acto\u00bb, <\/i><\/font>lo cual dista mucho del argumento planteado por el recurrente (fls. 13 a 20).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5. <\/font><\/font>Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los magistrados de la Sala Especializada en lo Penal de esta Corporaci\u00f3n hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser censurada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que como qued\u00f3 visto, en el caso sometido a examen <\/font><\/font>la providencia aqu\u00ed cuestionada se edific\u00f3 en fundamentos que no develan arbitrariedad o capricho, <\/font><\/font>cuesti\u00f3n que impide acudir con \u00e9xito a la solicitud de amparo, m\u00e1xime cuando por las caracter\u00edsticas de autonom\u00eda e independencia de que est\u00e1 dotada la actividad judicial, el <\/font><\/font>\u00abJuez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, <\/i><\/font>[no puede revisar]<\/font> nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, pero es, al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria<\/i><\/font> (STC10946-2015).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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6.Finalmente con apoyo en las razones que preceden, se concluye la improcedencia del resguardo que en esta providencia se decide, m\u00e1xime cuando el accionante a trav\u00e9s de su defensor present\u00f3 el mecanismo de insistencia, y mediante oficio calendado 2 de diciembre de 2015 la Procuradur\u00eda resolvi\u00f3 abstenerse de acceder a dicha petici\u00f3n, por cuanto no se expusieron motivos suficientes que permitieran concluir que los razonamientos expresados por la Sala Penal de la Corte fueran errados (fls. 21 a 25). <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley<\/font><\/font> DENIEGA<\/b><\/font><\/font> el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala <\/font><\/font> <\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC989-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-00121-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97853","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97853"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97853\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}