{"id":98294,"date":"2026-06-24T23:00:36","date_gmt":"2026-06-24T23:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/24\/ac2429-2017-2017-00502-00\/"},"modified":"2026-06-25T15:06:12","modified_gmt":"2026-06-25T15:06:12","slug":"ac2429-2017-2017-00502-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/24\/ac2429-2017-2017-00502-00\/","title":{"rendered":"AC2429-2017-2017-00502-00"},"content":{"rendered":"
\n

\n\t<\/p>\n<\/div>\n

\n\n<\/p>\n

\nAC2429-2017<\/b><\/font><\/p>\n

\nRadicaci\u00f3n
\nn\u00b0 <\/b><\/span><\/font>11001-02-03-000-2017-00502-00<\/b><\/span><\/font><\/p>\n

\n\n<\/p>\n

Bogot\u00e1
\nD. C., veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).<\/span><\/span><\/font><\/p>\n

\n<\/p>\n

\nSe decide el
\nconflicto de competencia entre los Juzgados Civiles del Circuito
\nEspecializados en Restituci\u00f3n de Tierras, Segundo de
\nValledupar y Primero de Barrancabermeja, adscritos a los Distritos
\nJudiciales de Cartagena y C\u00facuta, respectivamente, para
\nconocer la demanda formulada por la Unidad Administrativa Especial de
\nGesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas a nombre
\nde Felicita Gordillo Mart\u00ednez siendo opositor Jos\u00e9
\nAlcides Dom\u00ednguez Santana.<\/span><\/font><\/p>\n

\n<\/p>\n

    \n
  1. \n

    \n\tANTECEDENTES<\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    \n<\/p>\n

    \n1. La accionante solicit\u00f3
    \nal primero de los estrados se declare que \u00ab<\/font>es
    \ntitular del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras<\/i><\/font>\u00bb,
    \ny que en consecuencia, se ordene \u00ab<\/font>la
    \nrestituci\u00f3n jur\u00eddica y\/o material a<\/i><\/font>
    \n[su] <\/font>favor<\/i><\/font>\u00bb
    \nde un predio situado en la vereda Seis de Mayo, del municipio de
    \nPelaya, Cesar (fl. 28). <\/font>\n<\/p>\n

    \n\n<\/p>\n

    \n2. Esa
    \nautoridad admiti\u00f3 la demanda, y con prove\u00eddo del 13 de
    \ndiciembre de 2016, en aplicaci\u00f3n del control de legalidad
    \nestablecido en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del
    \nProceso y en aras de prevenir una nulidad procesal, declar\u00f3 la
    \n\u00ab<\/span><\/font>falta
    \nde competencia por el factor territorial<\/i><\/span><\/font>\u00bb,
    \ntras constatar que el bien objeto de restituci\u00f3n se encuentra
    \nen la jurisdicci\u00f3n territorial del Circuito de
    \nBarrancabermeja, conforme el art\u00edculo 7\u00ba – C del Acuerdo
    \nPSAA15-10410 de 23 de noviembre de 2015 de la Sala Administrativa del
    \nConsejo Superior de la Judicatura, por lo que remiti\u00f3 el
    \nasunto al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
    \nRestituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad (fls. 108 a 115).<\/span><\/font><\/p>\n

    \n\n<\/p>\n

    \n3. El
    \n\u00faltimo rehus\u00f3 su conocimiento y provoc\u00f3 la
    \ncolisi\u00f3n que se examina, se\u00f1alando que el art\u00edculo
    \n16 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00ab<\/font>la
    \nfalta de competencia por factores distintos al subjetivo o funcional
    \nes prorrogable cuando no se reclame en tiempo y el juez seguir\u00e1
    \nconociendo del proceso<\/i><\/font>\u00bb, y como no se
    \naleg\u00f3 nulidad alguna en tal sentido por la demandada, \u00ab<\/font>sino
    \nque fue de manera oficiosa la declaratoria de incompetencia por parte
    \ndel juez de conocimiento<\/i><\/font>\u00bb, se contrari\u00f3
    \ndicha disposici\u00f3n, al igual que la contemplada en el art\u00edculo
    \n139 <\/font>ibid.<\/i><\/font>, que en su
    \ninciso segundo precept\u00faa que \u00ab<\/font>el
    \njuez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia
    \nhaya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los
    \nfactores subjetivo y funcional<\/i><\/font>\u00bb (fls.
    \n117 a 119).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    \n<\/p>\n

    \n<\/p>\n

    \n<\/p>\n

      \n
    1. \n

      \n\tCONSIDERACIONES<\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      \n<\/p>\n

      \n1.<\/font>
      \n<\/b><\/font>Como la discusi\u00f3n
      \ninvolucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la
      \nfacultad para dirimirla radica en esta Sala de la Corte Suprema de
      \nJusticia, por ser superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan
      \nlo establecido en los art\u00edculos 139 de la Ley 1564 de 2012 y
      \n16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la
      \nLey 1285 de 2009, toda vez que seg\u00fan el<\/font>
      \nAcuerdo PSAA15-10410 de 2015<\/span><\/font>,
      \nel<\/font>
      \nJuzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n
      \nde Tierras de Valledupar integra el Distrito Civil Especializado en
      \nRestituci\u00f3n de Tierras de Cartagena, mientras que su hom\u00f3logo
      \nPrimero de Barrancabermeja hace parte del Distrito Judicial
      \nEspecializado de C\u00facuta.<\/span><\/font><\/p>\n

      \n<\/p>\n

      \n2. Con el
      \nfin de hacer efectivo el derecho a la reparaci\u00f3n de las
      \npersonas v\u00edctimas de desplazamiento forzado en el marco del
      \nconflicto armado interno, la Ley 1448 de 2011 deline\u00f3 el
      \nprocedimiento para la satisfacci\u00f3n del que ha sido catalogado
      \ncomo derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras, que
      \ninspirado en principios de indiscutible raigambre constitucional,
      \nest\u00e1 orientado a la devoluci\u00f3n jur\u00eddica y
      \nmaterial de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente,
      \ntem\u00e1tica sobre la cual la Corte Constitucional puntualiz\u00f3
      \nque,<\/span><\/font><\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \nLa
      \ncomprensi\u00f3n adecuada de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n
      \nde tierras a la poblaci\u00f3n despojada o desplazada v\u00edctima
      \ndel conflicto interno colombiano, en los t\u00e9rminos establecidos
      \nen los art\u00edculos 3\u00ba, 72 y subsiguientes de la Ley 1448 de
      \n2011, comienza por su enmarque dentro de la garant\u00eda del
      \nderecho a la reparaci\u00f3n, espec\u00edficamente, del derecho
      \nfundamental a la restituci\u00f3n de tierras.<\/i><\/span><\/font><\/font>
      \n<\/i><\/span><\/font><\/font>En
      \nt\u00e9rminos generales, la restituci\u00f3n de tierras supone la
      \nimplementaci\u00f3n y la articulaci\u00f3n de un conjunto de
      \nmedidas administrativas y judiciales encaminadas al restablecimiento
      \nde la situaci\u00f3n anterior a las violaciones sufridas como
      \nconsecuencia del conflicto armado interno. Adem\u00e1s, tomando en
      \ncuenta que esa posibilidad (el regreso en el tiempo) no es
      \nmaterialmente posible, el Legislador defini\u00f3 dentro del
      \nproceso una serie de acciones subsidiarias, a modo de compensaci\u00f3n.<\/i><\/span><\/font><\/font>
      \n<\/i><\/span><\/font><\/font>La
      \nacci\u00f3n de restituci\u00f3n es parte de un conjunto de
      \nmedidas adoptadas en un escenario de justicia transicional, en el que
      \nlos derechos de las v\u00edctimas a la verdad, justicia, reparaci\u00f3n
      \ny no repetici\u00f3n constituyen el eje fundamental sobre el que se
      \nedifican las normas y pol\u00edticas p\u00fablicas. Como se
      \nexpuso, la lucha por el control de la tierra ha sido causa de
      \nviolaciones particularmente intensas de sus derechos humanos y, en
      \nconsecuencia, el proceso de restituci\u00f3n responde al imperativo
      \njur\u00eddico y \u00e9tico de propender por su dignificaci\u00f3n\u201d
      \n<\/i><\/span><\/font><\/font>(C-330-2016).<\/span><\/font><\/font><\/p>\n

      \n

      \nY ese
      \nelevado cometido debe guiar toda la actuaci\u00f3n del juez que
      \nconozca de la solicitud, quien dentro del rol encomendado, no puede
      \nperder de vista que a ese especial tr\u00e1mite enmarcado en la
      \njusticia transicional, acuden personas que se encuentran en situaci\u00f3n
      \ndesfavorable y son sujetos de especial protecci\u00f3n, pues, tal
      \ncomo en el citado pronunciamiento estableci\u00f3 el alto tribunal
      \nconstitucional,<\/span><\/font><\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n\u201cel
      \njuez de restituci\u00f3n de tierras es un actor fundamental en la
      \nprotecci\u00f3n efectiva de los derechos de las v\u00edctimas en
      \nel marco de una acci\u00f3n constitucional y dentro de un contexto
      \nde conflicto. Sus actuaciones deben reflejar sensibilidad por el tema
      \nobjeto de conocimiento y el compromiso Estatal de construcci\u00f3n
      \n(o reconstruir) en las v\u00edctimas una confianza en la legalidad,
      \ncondici\u00f3n imprescindible para desarticular los ciclos de la
      \nviolencia que han afectado al pa\u00eds\u201d.<\/i><\/font><\/font><\/span><\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \nEste
      \ncar\u00e1cter especial de la ley avoca al juez a una interpretaci\u00f3n
      \nm\u00e1s extensa de su normatividad, que la que corresponder\u00eda
      \na una contienda civil ordinaria, porque as\u00ed fue concebida y se
      \nreliev\u00f3 desde su ponencia en primer debate donde al respecto
      \nse anot\u00f3 que, <\/span><\/font>\n<\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n\u201cNo
      \nse trata de disputas civiles para establecer la titularidad de los
      \nderechos de propiedad entre particulares que hacen negocios de finca
      \nra\u00edz, para las que es adecuada la legislaci\u00f3n
      \nordinaria, sino de atender las consecuencias del conflicto armado
      \nsobre la estabilidad territorial del campesinado, para lo cual se
      \nrequiere una ley de justicia reparativa\u201d<\/i><\/font><\/font><\/span>
      \n<\/span><\/font><\/font>(<\/span><\/font><\/font>Exposici\u00f3n
      \nde motivos proyecto de Ley 85 de 2010, C\u00e1mara de
      \nRepresentantes).<\/span><\/font><\/font><\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      3.
      \nEn este singular contexto, la regla de competencia del art\u00edculo
      \n80 de la Ley 1448 de 2011 dicta que para conocer de tal demanda
      \n<\/span><\/font>\u00ab<\/span><\/font>ser\u00e1n
      \ncompetentes <\/span><\/i><\/font>de
      \nmodo privativo<\/span><\/u><\/i><\/font>
      \nlos jueces y Magistrados del lugar donde se hallen ubicados los
      \nbienes<\/span><\/i><\/font>\u00bb
      \n(se subraya), conforme la asignaci\u00f3n territorial realizada por
      \nel Consejo Superior de la Judicatura en el <\/span><\/font>Acuerdo
      \nPSAA15-10410 de 23 de noviembre de 2015<\/span><\/span><\/font>.<\/span><\/font><\/p>\n

      \n<\/p>\n

      De
      \nah\u00ed que al estar determinada la competencia territorial para
      \nconocer del asunto, exclusivamente por el lugar de ubicaci\u00f3n
      \ndel bien a restituir, se est\u00e1 ante un fuero privativo,
      \njustificado no solo en que el juicio alude y tiene la potencialidad
      \nde modificar derechos reales o situaciones espec\u00edficas sobre
      \ninmuebles, pues al tenor del art\u00edculo 91 del citado compendio
      \nnormativo, el juez, en <\/span><\/font>\u201c<\/span><\/font>la
      \nsentencia se pronunciar\u00e1 de manera definitiva sobre
      \nla<\/span><\/i><\/font>\u00a0<\/b><\/i><\/font>propiedad,
      \nposesi\u00f3n del bien u ocupaci\u00f3n del bald\u00edo<\/span><\/i><\/font>\u00a0<\/b><\/i><\/font>objeto
      \nde la demanda<\/span><\/i><\/font>\u201d;
      \nsino tambi\u00e9n, y m\u00e1s importante a\u00fan, en que la
      \ninmediaci\u00f3n de aquel con el predio y las circunstancias que
      \nrodearon su <\/span><\/font>despojo
      \no abandono forzado<\/span><\/font>,
      \npermiten un tr\u00e1mite con menor esfuerzo y mayor eficacia, que
      \nevita traslados, mayores erogaciones y demoras, lo cual cobra
      \nevidente relevancia siendo los beneficiarios de la acci\u00f3n
      \nsujetos en las aludidas condiciones especiales, a quienes se debe
      \nfacilitar el cometido final de la restituci\u00f3n.<\/span><\/font><\/p>\n

      \n<\/p>\n

      Del
      \nmismo modo, esa exclusividad territorial facilita la intervenci\u00f3n
      \nen el proceso de los actuales tenedores y los terceros interesados de
      \nbuena fe que puedan verse afectados en sus intereses leg\u00edtimos,
      \nquienes tienen la oportunidad de acudir al mismo, exponer su
      \nsituaci\u00f3n e incluso oponerse al reintegro, y de ser el caso,
      \npueden llegar a ser compensados si fueron exentos de culpa.<\/span><\/font><\/p>\n

      \n<\/p>\n

      \n4.<\/font>
      \n<\/b><\/font>Estas especiales
      \ncircunstancias explican y subyacen a la imposici\u00f3n de tal<\/font>
      \nfuero, sobre el que la Sala ha se\u00f1alado que su car\u00e1cter
      \nprivativo implica que, <\/font>\n<\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n\u2026necesariamente
      \nel proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que
      \ntenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del
      \nbien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose
      \nacudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario
      \njudicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos,
      \ncomo por ejemplo para la situaci\u00f3n del fuero personal, del
      \nsaneamiento por falta de la alegaci\u00f3n oportuna de la parte
      \ndemandada mediante la formulaci\u00f3n de la correspondiente
      \nexcepci\u00f3n previa o recurso de reposici\u00f3n, en el
      \nentendido de que solamente es insaneable el factor de competencia
      \nfuncional, seg\u00fan la preceptiva del art\u00edculo 144, inciso
      \nfinal, <\/i><\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>;
      \nobvio que si as\u00ed fuera, el foro exclusivo se tornar\u00eda
      \nen concurrente, perdi\u00e9ndose la raz\u00f3n de ser de aqu\u00e9l.
      \n<\/i><\/font><\/font>(CSJ
      \nAC, de 16 de sept. de 2004, Rad. n\u00b0 00772-00, citado CSJ AC, de 5
      \nde jul. de 2012, Rad. n\u00b0 2012-00974-00).<\/font><\/font>
      \n<\/font>\n<\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \nEn torno a la aplicaci\u00f3n
      \nde ese foro cuando el asunto fue conocido previamente por otro juez,
      \nes jurisprudencia de la Sala que,<\/font><\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n\u201cno hab\u00eda
      \nninguna raz\u00f3n para que el juez de circuito de Soacha, a quien
      \nse le remiti\u00f3 el proceso para que continuara con el
      \nconocimiento del asunto, se declarara incompetente, pues no es
      \nposible acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario
      \njudicial diferente, ni siquiera porque el Juzgado Cuarenta y Dos
      \nCivil del Circuito de Bogot\u00e1 haya admitido la demanda o que
      \nlas partes no alegaran en la oportunidad procesal la falencia a
      \ntrav\u00e9s de excepci\u00f3n previa o de nulidad <\/i><\/font><\/font>(CSJ
      \nAC de 12 de mar. de 2014, Rad. 2014-00185-00). <\/font><\/font>\n<\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n5. En el caso analizado, el
      \ninmueble objeto de la pretensi\u00f3n est\u00e1 ubicado en el
      \nmunicipio de<\/font> <\/i><\/font>Pelaya,
      \nCesar, seg\u00fan lo informado en la demanda con base en el estudio
      \nde georreferenciaci\u00f3n (fl. 1 vto.), y el certificado de
      \ntradici\u00f3n del predio (fls. 45 y 46), y a esa circunscripci\u00f3n
      \nterritorial le corresponde el Circuito Civil Especializado en
      \nRestituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, conforme se extrae
      \nde la regla 7-C del mentado Acuerdo del Consejo Superior de la
      \nJudicatura.<\/font><\/p>\n

      \n

      6.
      \nPor lo tanto, siguiendo las pautas descritas, se concluye que al
      \nfijar esa directiva la competencia para conocer del asunto en
      \ncuesti\u00f3n, limit\u00f3 su conocimiento de modo privativo en
      \nel juzgador de dicho territorio, sin que interese que haya alcanzado
      \na ser tramitado con anterioridad por su hom\u00f3logo del Circuito
      \nCivil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar.<\/span><\/font><\/p>\n

      \n<\/p>\n

      Ello
      \n\u00ab<\/span><\/font>por
      \ntratarse el descrito de un foro exclusivo que, por lo mismo, descarta
      \nla aplicaci\u00f3n del principio legal de la perpetuatio
      \njurisdictionis, dado que con independencia de que se haya admitido o
      \ntramitado la demanda por alguno de los juzgadores involucrados en la
      \ncolisi\u00f3n, siempre se atender\u00e1 el \u201clugar donde se
      \nhallen ubicados los bienes\u201d<\/span><\/i><\/font>
      \n(<\/span><\/font><\/font>AC7837-2014)<\/span><\/font>,
      \nconsideraci\u00f3n \u00e9sta que aunque elaborada con base en un
      \nforo privativo establecido en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil
      \n(n\u00fam. 10\u00ba art. 23), atiende al mismo principio que
      \ninspir\u00f3 su establecimiento para este asunto, esto es, fijar la
      \ncompetencia de manera exclusiva en determinado funcionario judicial,
      \ncon competencia en el territorio de ubicaci\u00f3n del bien objeto
      \nde la solicitud.<\/span><\/font><\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n7. <\/font>Por
      \nconsiguiente, se equivoc\u00f3 el Juez Civil del Circuito
      \nEspecializado de Restituci\u00f3n de Barrancabermeja al rehusar el
      \nconocimiento del pleito, ya que, aun cuando el mismo hab\u00eda
      \nsido admitido previamente por su par de Valledupar, en el asunto no
      \noperaba la regla de la <\/font>perpetuatio
      \njurisdictionis<\/i><\/font>, en
      \nla que en esencia soport\u00f3 su determinaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \nLo anterior debido al aludido
      \nfuero privativo, que se erige como excepci\u00f3n, porque en
      \n\u00faltimas propende por facilitar la satisfacci\u00f3n de los
      \nespeciales derechos de las v\u00edctimas del conflicto armado, los
      \nque inspiran, subyacen y rigen la interpretaci\u00f3n del
      \nprocedimiento de la acci\u00f3n de car\u00e1cter constitucional
      \nde restituci\u00f3n, siempre con miras a facilitar el cometido
      \nsuperior de la reparaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n8. Se enviar\u00e1 de contera
      \nla actuaci\u00f3n al juez del foro privativo, habida cuenta que esa
      \nes la determinaci\u00f3n que mejor se acompasa con la naturaleza
      \ndel tr\u00e1mite de restituci\u00f3n, que involucra un componente
      \nconstitucional en el contexto de la justicia transicional.<\/font><\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

      \n\n<\/p>\n

        \n
      1. \n

        \n\tDECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        \n\n<\/p>\n

        \nPor lo expuesto, la Corte
        \nSuprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/font>RESUELVE
        \n<\/b><\/font>el conflicto de
        \ncompetencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando
        \n<\/font>que el Primero Civil del
        \nCircuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de
        \nBarrancabermeja debe conocer del proceso adelantado por <\/font>la
        \nUnidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n
        \nde Tierras Despojadas a nombre de Felicita Gordillo Mart\u00ednez
        \nfrente a Jos\u00e9 Alcides Dom\u00ednguez Santana.<\/span><\/font><\/p>\n

        \n\n<\/p>\n

        \nEn consecuencia, env\u00edese
        \nel expediente al despacho del se\u00f1alado municipio y mediante
        \noficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n al otro involucrado.<\/font><\/p>\n

        \n\n<\/p>\n

        \nNotif\u00edquese,\t<\/font><\/p>\n

        \n\n<\/p>\n

        \n\n<\/p>\n

        \n\u00c1LVARO FERNANDO
        \nGARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/p>\n

        \nMagistrado<\/font><\/p>\n

        \n

        \n\t\n\t<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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