{"id":98644,"date":"2026-06-25T15:40:40","date_gmt":"2026-06-25T15:40:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc013-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:40:40","modified_gmt":"2026-06-25T15:40:40","slug":"stc013-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc013-2017\/","title":{"rendered":"STC013-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC013-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2016-03597-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cl\u00ednica La Milagrosa S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y dicho Distrito Tur\u00edstico, Cultural e Hist\u00f3rico, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         La parte actora a trav\u00e9s de su representante legal, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haber decretado la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo singular que promovi\u00f3 contra el Distrito Tur\u00edstico, Cultural e Hist\u00f3rico de Santa Marta, por desistimiento t\u00e1cito, actuaci\u00f3n a la que fueron acumuladas las ejecuciones iniciadas contra dicha Capital por las sociedades Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A. y la Agencia de Im\u00e1genes del Norte Ltda.1  <\/span><\/p>\n

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Pretende entonces, que se le conceda el resguardo implorado, ordenando al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la referida ciudad, \u00abreponer el auto de fecha 22 de julio de 2015\u00bb, y como consecuencia de ello, que \u00abprof[iera] auto de reanudaci\u00f3n del proceso, conforme lo ordena el art\u00edculo 172 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb (fl. 400).   <\/span><\/p>\n

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2.   Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que pese haberse decretado el 19 de abril de 2007 la suspensi\u00f3n del juicio compulsivo referido en l\u00edneas precedentes, por parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, el 22 de julio de 2015, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de dicha urbe, a quien le fue remitido el expediente por efectos de la entrada en operatividad del sistema oral, avoc\u00f3 el conocimiento y mediante providencia de la misma fecha decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, sin siquiera haber notificado a las partes por ning\u00fan medio sobre el cambio de ubicaci\u00f3n y radicaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, as\u00ed como sin estar ejecutoriada la decisi\u00f3n que dispuso conocer del asunto, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 sin suerte a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, arguyendo tales irregularidades y que no se hab\u00eda dado cumplimiento al art\u00edculo 172 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues el 24 de mayo del cursante a\u00f1o el Despacho se mantuvo en su postura, mientras que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial, al resolver la alzada, ratific\u00f3 \u00edntegramente lo resuelto mediante prove\u00eddo de 19 de julio siguiente, raz\u00f3n por la que considera que le fue transgredida a la sociedad que representa la garant\u00eda superior invocada, al haber incurrido las citadas autoridades en causal de procedencia del amparo por los defectos sustantivo y procedimental (fls. 389 a 402).    <\/span><\/p>\n

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       3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 13 de diciembre de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado de la misma a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa (fl. 404?).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.         Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que se somete a revisi\u00f3n, se observa que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, contra las providencias adoptadas el 22 de julio de 2015, 24 de mayo y 19 de julio de los corrientes, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, por medio de las cuales, se dispuso, en su orden, dar por concluido el juicio por desistimiento t\u00e1cito, mantener inc\u00f3lume lo resuelto y confirmar la primera de las citadas decisiones (fls. 378 a 388), dentro del proceso ejecutivo singular que la Cl\u00ednica La Milagrosa S.A., aqu\u00ed accionante, promovi\u00f3 en contra del Distrito de Santa Marta, pues en sentir de \u00e9sta, dichas autoridades, en primer lugar, debieron notificar a las partes del cambio de juzgado y radicaci\u00f3n del proceso, tal y como lo dispuso el art\u00edculo 12 del Acuerdo PSAA15-10300 de 20152 y, en segundo lugar, debieron dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 172 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en lo relativo a emitir un auto de reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite, el cual debe ser notificado personalmente, teniendo en cuenta que \u00e9ste se hallaba suspendido a petici\u00f3n de las partes y el ente territorial demandado se encuentra sometido a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos.  <\/span><\/p>\n

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3.         Sin embargo, examinados los soportes adosados, se revela para la Sala que el amparo constitucional que la parte actora solicita, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que estudiadas las citadas determinaciones, se evidencia, sin hesitaci\u00f3n alguna, que las instancias judiciales acusadas no incurrieron en los errores que se le endilgan, tal y como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la \u00faltima providencia objeto de reproche, la cual abarc\u00f3 todos los reparos expuestos por la sociedad tutelante, la Corporaci\u00f3n accionada, luego de hacer unos breves comentarios acerca de la pol\u00edtica y las medidas de descongesti\u00f3n, particularmente, la implementaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito (Ley 1194\/08), procedi\u00f3 a darle soluci\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n formulado por aqu\u00e9lla, de la siguiente manera:  <\/span><\/p>\n

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\u00abConcretamente el apelante de lo que se duele es que se haya fulminado prematuramente el proceso, soslayando que en el plenario: a) no se le comunic\u00f3 el cambio de radicaci\u00f3n por la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010; b) no se dict\u00f3 auto levantando la suspensi\u00f3n decretada por mutuo acuerdo de las partes; c) no se tuvo en cuenta que el presente litigio estaba cobijado por los efectos del acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos en que se encontraba inmerso el Distrito, en los t\u00e9rminos de la Ley 550 de 1999.  <\/span><\/p>\n

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Pues bien, sea lo primero indicar que, contrario a lo sostenido por la censura, la remisi\u00f3n del legajo que nos ocupa hacia el Juzgado Segundo Civil del Circuito, con ocasi\u00f3n de la implementaci\u00f3n de la oralidad civil en este Distrito Judicial, no se llev\u00f3 a cabo de espaldas a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, sino que se trat\u00f3 de un proceso transparente rodeado de plenas garant\u00edas para los intervinientes.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, tal como lo dispuso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PSAA14-10265 del diez (10) de diciembre de dos mil catorce (2014), en desarrollo de lo normado por el art. 44 de la Ley 1395 de 2010, la referida circunstancia aplicar\u00eda para esta circunscripci\u00f3n a partir del primero (1\u00b0) de marzo de dos mil quince (2015), transici\u00f3n que fue regulada por la Alta Corporaci\u00f3n en cita en Acuerdo No. PSAA-15-10300 del veinticinco (25) de febrero de la pasada anualidad, en el cual se se\u00f1alaron las reglas de distribuci\u00f3n de procesos entre los jueces civiles y de familia, precis\u00e1ndose cu\u00e1les despachos ingresaban al sistema oral y cu\u00e1les se manten\u00edan en la escrituralidad; as\u00ed las cosas, era de p\u00fablico conocimiento el cambio de radicaci\u00f3n de los legajos afectados con la medida, ello sin dejar de mencionar que por expreso mandato del art. 10 \u00eddem, los juzgados deb\u00edan elaborar un inventario de los enviados y mantenerlo a disposici\u00f3n de los interesados en sus secretar\u00edas, luego solo era cuesti\u00f3n de que el apoderado de la recurrente consultara dicha relaci\u00f3n para verificar el estado de la causa que nos ocupa.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, en lo que ata\u00f1e a la necesidad de que se dictara un auto para levantar la suspensi\u00f3n decretada a petici\u00f3n de ambas partes el diecinueve (19) de abril de dos mil siete (2007), no puede pasarse por alto que esa hip\u00f3tesis se alza insoslayable \u00fanicamente en aquellos casos en los que se acuda a la figura en comento por prejudicialidad, tal como lo consagra el art. 172 del C. de P.C., vigente para la \u00e9poca, pues estando de por medio la voluntad de los intervinientes, reza el inciso 2\u00b0 ib\u00eddem, \u201c\u2026Vencido el t\u00e9rmino\u2026 se reanudar\u00e1 de oficio el proceso\u2026\u201d, luego como advierte el Prof. Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, \u201c\u2026no es necesario decreto expreso para reanudarlo: basta el vencimiento del plazo acordado para que autom\u00e1ticamente se reinicie\u2026\u201d.  <\/span><\/p>\n

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A\u00fan si se aceptara en gracia de discusi\u00f3n que tal pronunciamiento era ineludible y que se estructur\u00f3 un error de t\u00e9cnica procesal, lo cierto es que tal omisi\u00f3n no configura causal de nulidad, y si alguna irregularidad derivaba de tal proceder, la misma fue convalidada por las actuaciones subsiguientes de los extremos procesales que en ning\u00fan momento anterior al decreto del desistimiento lo alegaron.  <\/span><\/p>\n

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Ya en lo que respecta a aquella aseveraci\u00f3n concerniente a que el sub judice estaba cobijado por los efectos del acuerdo de reestructuraci\u00f3n que en los t\u00e9rminos de la Ley 550 de 1999 hab\u00eda suscrito el Distrito de Santa Marta, d\u00edgase no m\u00e1s que, una vez revisado minuciosamente el paginario, no se avizora que el extremo alzante hubiere elevado solicitud en ese sentido ante el juez de conocimiento; antes por el contrario, el entonces apoderado del [aludido] Distrito (\u2026) concurri\u00f3 m\u00e1s bien para poner de presente al juzgado que las obligaciones que aqu\u00ed se recaudan no hacen parte de dicha reestructuraci\u00f3n, pero que en virtud de ella ped\u00edan \u201c\u2026a los demandantes un comp\u00e1s de espera para poderles solucionar el pago, invit\u00e1ndolos al di\u00e1logo para poder llegar a un acuerdo de pago\u2026\u201d, intervenci\u00f3n que no mereci\u00f3 reparo alguno del extremo activo. (Fl. 723)\u00bb (fls. 378 a 388).  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[se] encuentra que la \u00faltima actuaci\u00f3n procesal data del veintiuno (21) de junio de dos mil trece (2013), consistente en la aceptaci\u00f3n de la renuncia del apoderado de la Alcald\u00eda Distrital, luego tomando en consideraci\u00f3n ese punto de partida, hasta la fecha en que se profiri\u00f3 el auto objeto de alzada, el veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil quince (2015), se tiene que el lapso transcurrido equivale a dos (2) a\u00f1os y un (1) mes de absoluta pasividad. (Fls. 855-856; 860).  <\/span><\/p>\n

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No est\u00e1 dem\u00e1s precisar aqu\u00ed que la terminaci\u00f3n por este modo anormal dej\u00f3 de estar ligada a la potestad del juez, como inicialmente se le hab\u00eda concebido, pues desde dos mil ocho (2008) opera por ministerio de la ley, lo cual la sit\u00faa como un instrumento de innegable corte inquisitivo.  <\/span><\/p>\n

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De all\u00ed que, trat\u00e1ndose de la modalidad de desistimiento t\u00e1cito que se escruta, en la que ya media providencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, la verificaci\u00f3n de los presupuestos establecidos para su configuraci\u00f3n le abren paso o lo estructuran, sin que le sea dable al juzgador entrar en interpretaciones, consideraciones subjetivas o apreciaciones especiales seg\u00fan el caso concreto, para eludir las consecuencias fatales del instituto que aqu\u00ed se trata.  <\/span><\/p>\n

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Y es que no puede pasarse por alto que la recta inteligencia de la disposici\u00f3n normativa que regula la sanci\u00f3n que ocupa nuestra atenci\u00f3n, permite inferir que cuando se acude a la segunda hip\u00f3tesis en ella planteada, esto es, a la inactividad prolongada del litigio, lo que resulta verdaderamente relevante es, precisamente, la pasividad, que no las razones que la motivan; es por ello que, bajo ese entendido, no se exige el requerimiento previo, pues entrat\u00e1ndose de un aspecto netamente, ins\u00edstase, objetivo, de poco o nada sirven las exculpaciones que allegue el inconforme, a tal punto que se le exonera de asumir las costas, precisamente porque si no existido confrontaci\u00f3n, mal podr\u00eda pensarse en que esa condena en particular se abriera paso triunfal\u00bb (fls. 378 a 388).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los Magistrados de la Corporaci\u00f3n censurada hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que como qued\u00f3 visto, la citada providencia se edific\u00f3 en fundamentos que no revelan arbitrariedad o capricho, dado que surgen de una correcta valoraci\u00f3n del expediente y de una debida aplicaci\u00f3n de las normas procesales que regulan la figura del desistimiento t\u00e1cito, as\u00ed como de las directrices dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura para la implementaci\u00f3n del sistema oral en los Distritos Judiciales de Bogot\u00e1, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Popay\u00e1n, Santa Marta, Sincelejo, Riohacha y Santa Rosa de Viterbo, no siendo de recibo los argumentos expuestos por la aqu\u00ed interesada para enervar las decisiones cuestionadas, pues, como bien lo dilucid\u00f3 el Tribunal censurado, lo resuelto no comporta un desconocimiento del ordenamiento jur\u00eddico, menos a\u00fan la vulneraci\u00f3n endilgada, raz\u00f3n por la que hizo bien dicha autoridad en confirmar lo resuelto por el citado Despacho judicial, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las providencias criticadas se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo denunciadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a las decisiones cuestionadas, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC10081-2015, STC728-2016 y STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Por tanto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

1 Quienes en el transcurso del tr\u00e1mite desistieron de la acci\u00f3n ejecutiva por el pago de la obligaci\u00f3n que pretend\u00edan recaudar.  <\/span><\/p>\n

2 \u201cPor medio del cual se establecen medidas para la implementaci\u00f3n de la oralidad en asuntos civiles y de familia en los Distritos Judiciales de Bogot\u00e1, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Popay\u00e1n, Santa Marta, Sincelejo, Riohacha y Santa Rosa de Viterbo\u201d.    <\/span><\/p>\n

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          \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC013-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2016-03597-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98644\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}