{"id":98647,"date":"2026-06-25T15:42:26","date_gmt":"2026-06-25T15:42:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc063-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:42:26","modified_gmt":"2026-06-25T15:42:26","slug":"stc063-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc063-2017\/","title":{"rendered":"STC063-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC063-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03599-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil diecis\u00e9is)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por el Representante Legal del Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Cl\u00ednicas y Sanatorios de Bogot\u00e1 y en el Departamento de Cundinamarca \u2013 SINTRAHOSCLISAS –   contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso objeto de la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La persona jur\u00eddica accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de la justicia que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al librar mandamiento de pago en su contra y proferir sentencia de segunda instancia, sin tener en cuenta que no exist\u00eda legitimaci\u00f3n por pasiva, toda vez que el obligado a responder era la persona natural que suscribi\u00f3 el t\u00edtulo valor objeto de la ejecuci\u00f3n y no el Sindicato; y aun en el improbable caso de que actuara en representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, no estaba autorizada para obligarla de acuerdo a los Estatutos vigentes.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se deje sin efecto las providencias referidas y se declare la nulidad de lo actuado en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Mar\u00eda Fanny Mayordomo de Guti\u00e9rrez formul\u00f3 demanda ejecutiva singular contra el Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Cl\u00ednicas y Sanatorios de Bogot\u00e1 y en el Departamento de Cundinamarca \u2013 SINTRAHOSCLISAS \u2013 ac\u00e1 accionante, con el fin de obtener el pago de $250\u2019000.000 por concepto de capital contenido en el t\u00edtulo valor adosado con la demanda, con fecha de vencimiento 22 de agosto de 2009.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Como sustento de sus pretensiones expres\u00f3 que Mar\u00eda Emperatriz \u00c1vila C\u00e1rdenas obrando en nombre y representaci\u00f3n de la referida Organizaci\u00f3n, firm\u00f3 el pagar\u00e9 origen del proceso el 22 de julio de 2009.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, autoridad que en auto de 11 de octubre de 2011 libr\u00f3 orden de pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Notificada la pasiva, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abfraude procesal\u00bb y \u00abcobro de lo no debido\u00bb fundadas en que se falsific\u00f3 la firma del representante legal y que \u00e9sta nunca suscribi\u00f3 ni acept\u00f3 el pagar\u00e9 objeto de ejecuci\u00f3n; \u00abperdida de intereses por cobro en usura\u00bb por cuanto se pactaron tasas de r\u00e9ditos que sobrepasan los l\u00edmites m\u00e1ximos legales permitidos. As\u00ed como se propuso \u00abtacha de falsedad material\u00bb del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Surtido el tr\u00e1mite respectivo, en sentencia de 20 de octubre de 2015, se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abtacha de falsedad material\u00bb y en consecuencia, se denegaron las pretensiones y se conden\u00f3 a la ejecutante al pago de $50\u2019000.000 como sanci\u00f3n dispuesta en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En desacuerdo con la decisi\u00f3n el extremo activo la impugn\u00f3 al considerarla incongruente \u00abcomo quiera que la tacha de falsedad material aceptada en pruebas testimoniales y en los respectivos interrogatorios de parte, cuando la falsedad material debe ser probada a trav\u00e9s del dictamen de medicina legal adosado en el expediente  y que no fue tenido en cuenta\u2026y solamente en el folio 3 p\u00e1rrafo final de la sentencia, toma como \u00fanico y valedero el dictamen pericial presentado por la parte demandante y que en audiencia no fue aceptado por la parte demandante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En fallo de 14 de julio de 2016 el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada y en su lugar, declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito y la tacha de falsedad, por lo que dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y conden\u00f3 a la tutelante a pagar a t\u00edtulo de sanci\u00f3n a favor de la demandante la suma de $50.000.000.  <\/span><\/p>\n

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8. Inconforme con la referida determinaci\u00f3n, el sindicato demandado propuso acci\u00f3n constitucional, con sustento en que  dicha decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues no tuvo en cuenta probanzas que daban cuenta que la representante legal de tal organizaci\u00f3n no lo oblig\u00f3, pues no firm\u00f3 el t\u00edtulo valor, por lo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa; sumado a que en la segunda instancia se incurri\u00f3 en otras irregularidades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. De la referida queja conoci\u00f3 esta Corporaci\u00f3n que en providencia de 31 de agosto de 2016, deneg\u00f3 el amparo tras considerar que el fallo de segunda instancia interpret\u00f3 las normas aplicables al caso concreto y valor\u00f3 las pruebas all\u00ed recaudadas, sin que su conclusi\u00f3n resultara caprichosa o arbitraria. Pronunciamiento que fue confirmado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, el 1\u00ba de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. El 5 de diciembre de 2016, se inscribi\u00f3 un nuevo presidente y representante legal de la demandante en el Ministerio del Trabajo, as\u00ed como cambios en la junta directiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. Luego del citado nombramiento se interpuso una nueva tutela, con sustento en que se vulner\u00f3 el debido proceso de la organizaci\u00f3n sindical dentro del proceso ejecutivo, toda vez que se le impusieron obligaciones a \u00e9sta, sin tener en cuenta que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n por pasiva porque quien suscribi\u00f3 el instrumento cambiario no lo hizo en representaci\u00f3n del sindicato sino en nombre propio, en tanto que aqu\u00e9lla no ten\u00eda autorizaci\u00f3n para comprometer a la persona jur\u00eddica ni tampoco ten\u00eda la facultad para ello de acuerdo al marco de las regulaciones estatutarias y funcionamiento de tales asociaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a ello, indic\u00f3 que no se notific\u00f3 en legal forma a la demandada, pues la presidenta nunca cit\u00f3 a la junta directiva, para informar del proceso como estaba establecido en sus estatutos y adem\u00e1s, era evidente la existencia de la colusi\u00f3n de la anterior representante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 14 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el proceso para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

       El Juzgado Sexto Civil del Circuito manifest\u00f3 que el expediente lo remiti\u00f3 a los despachos de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito.  <\/span><\/p>\n

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       La demandante en el proceso ejecutivo, pidi\u00f3 que el amparo fuera denegado por cuanto el accionante ya hab\u00eda interpuesto una acci\u00f3n constitucional por contra la determinaci\u00f3n del Tribunal, por hechos similares y adem\u00e1s pretend\u00eda convertir la tutela en otro recurso para dirimir el litigio que ya fue resuelto.  <\/span><\/p>\n

              <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que \u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC 3 May 2002, Rad. 0010-00, reiterada en STC de 8 de may 2012, Rad 00017-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso, no existe temeridad por parte del sindicato accionante, porque si bien \u00e9ste present\u00f3 con anterioridad, otra acci\u00f3n de tutela contra la determinaci\u00f3n de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el proceso ejecutivo referido, el fundamento factico que ac\u00e1 exponen difiere de lo alegado en aquella oportunidad.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la primera queja constitucional solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso porque con la sentencia del a-quem incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, en tanto que no sopeso el dictamen y testimonios que demostraban que la representante legal no suscribi\u00f3 el t\u00edtulo valor y que por tanto, deb\u00eda prosperar la tacha de falsedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, la tutelante promovi\u00f3 la actual demanda constitucional porque se trasgredieron sus derechos al librar mandamiento de pago en su contra y proferir sentencia de segunda instancia, sancion\u00e1ndolo, sin tener en cuenta que no exist\u00eda legitimaci\u00f3n por pasiva, toda vez que quien suscribi\u00f3 el instrumento cambiario no lo hizo en representaci\u00f3n del sindicato sino en nombre propio, en tanto que no ten\u00eda autorizaci\u00f3n para comprometer a la persona jur\u00eddica, ni tampoco ten\u00eda la facultad de acuerdo al marco de las regulaciones estatutarias y funcionamiento de la asociaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo refiri\u00f3 que no se notific\u00f3 en legal forma a la demandada, pues la presidenta nunca cit\u00f3 a la junta directiva, para informar del proceso tal como se establece en los estatutos de funcionamiento y por tanto, era evidente la existencia de la colusi\u00f3n de la anterior representante dentro del litigio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, las pretensiones de una y otra queja son diferentes, pues mientras en la primera se pidi\u00f3 que se dejar\u00e1 sin valor y efecto \u00fanicamente el fallo del Tribunal, en esta se pidi\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite de segunda instancia y la revocatoria del mandamiento de pago, as\u00ed como de la sanci\u00f3n impuesta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que es necesario estudiar de fondo el asunto, como quiera que el reclamo ac\u00e1 propuesto, no ha sido estudiado, esto es la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, la indebida notificaci\u00f3n y representaci\u00f3n de la ejecutada, la posible colusi\u00f3n de una de las partes en el litigio, as\u00ed como el valor de la sanci\u00f3n impuesta ante la negativa del incidente de la tacha.  <\/span><\/p>\n

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2. Ahora bien, cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En este asunto, la Sala advierte que la solicitud de amparo en relaci\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva porque quien suscribi\u00f3 el instrumento cambiario no lo hizo en representaci\u00f3n del sindicato, pues no ten\u00eda autorizaci\u00f3n para comprometer a la persona jur\u00eddica ni tampoco la facultad para ello de acuerdo al marco de las regulaciones estatutarias y funcionamiento de tales asociaciones, no cumple con el referido requisito, porque la accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa id\u00f3neo para exponer sus inconformidades.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la parte actora tuvo la oportunidad de exponer la referida defensa dentro del juicio ejecutivo, a trav\u00e9s de las excepciones de previas (falta de legitimaci\u00f3n) o de m\u00e9rito, sin embargo ninguna alusi\u00f3n hizo sobre dicho tema al Juzgador de primera o de segunda instancia, con lo que dej\u00f3 de utilizar un medio defensivo que pod\u00eda ejercer al interior del proceso, id\u00f3neo por su naturaleza, para esgrimir la argumentaci\u00f3n en la cual edifica su inconformidad, y a fin de provocar el pronunciamiento los falladores en relaci\u00f3n con la problem\u00e1tica planteada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Deviene, entonces, ostensible, que si el promotor de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 el se\u00f1alado mecanismo de defensa contemplado en la ley, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de la controversia, la que correspond\u00eda dirimir al juez natural a trav\u00e9s del medio que dej\u00f3 de formular, pues la acci\u00f3n resulta improcedente para revivir actuaciones judiciales v\u00e1lidamente concluidas, as\u00ed como oportunidades o t\u00e9rminos que se dejaron expirar.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De igual forma, ocurre en relaci\u00f3n a las quejas respecto a la indebida notificaci\u00f3n y representaci\u00f3n del Sindicato demandado, y la posible existencia de una colusi\u00f3n de una de las partes, se observa que la tutelante tiene otros mecanismos judiciales para exponer sus quejas al respecto.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque frente a las dos primeras irregularidades procesales, puede solicitar al funcionario judicial se declare la nulidad al respecto, tal como lo establecen los numerales 4 y 8 del art\u00edculo 133  C\u00f3digo General del Proceso, que indican \u00ab4. Cuando es indebida la representaci\u00f3n de alguna de las partes, o cuando quien act\u00faa como su apoderado judicial carece \u00edntegramente de poder\u2026 8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u00bb, en concordancia con el art\u00edculo 134 ejusdem, que establece que dichas causales pueden alegarse en el proceso \u00abejecutivo incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n , mientras no haya terminado   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo respecto de la presunta colusi\u00f3n que denuncia, es palmario que no es la acci\u00f3n constitucional el mecanismo id\u00f3neo para dirimir su inconformidad, pues cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el que est\u00e1 previsto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso como un mecanismo de salvaguarda id\u00f3neo para examinar la situaci\u00f3n que plantea por esta v\u00eda, y dentro del cual, en caso de que se den los presupuestos legales, se evaluar\u00e1 si existieron en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo las irregularidades que aqu\u00ed plantea.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que resulte, entonces, ostensible, que si  no ha agotado todos los recursos que le brinda el ordenamiento procesal, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. No obstante, si se encuentra que el Tribunal incurri\u00f3 en una vulneraci\u00f3n al debido proceso del Sindicato al imponer la condena contra \u00e9ste ante la negativa del incidente de tacha de falsedad, dispuesta en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues aplic\u00f3 de manera autom\u00e1tica la norma, sin tener en cuenta los dem\u00e1s art\u00edculos del estatuto procesal y la jurisprudencia que ha se\u00f1alado la improcedencia de establecer de manera objetiva tal sanci\u00f3n, siendo imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto indica el referido art\u00edculo que:  <\/span><\/p>\n

\u00abCuando la tacha de falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenar\u00e1 a \u00e9ste a pagar a quien aport\u00f3 el documento, el valor del veinte por ciento del monto de las obligaciones contenidas en \u00e9l; o de diez a veinte salarios m\u00ednimos mensuales cuando no represente un valor econ\u00f3mico. Igual sanci\u00f3n se aplicar\u00e1 a la parte que adujo el documento, a favor de la que prob\u00f3 la tacha.  <\/span><\/p>\n

Cuando el apoderado judicial formule la tacha sin autorizaci\u00f3n escrita de su mandante, ser\u00e1 solidariamente responsable del pago de la suma a que se refiere en inciso anterior y de las costas\u00bb  <\/span><\/p>\n

De lo cual se desprende que la referida sanci\u00f3n es procedente cuando se declare no probada la referida censura, sin embargo la misma no puede imponerse de forma autom\u00e1tica, sino que debe ser aplicada en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica con las dem\u00e1s normas del estatuto adjetivo civil.  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 37, ejusdem, 3. Establece que el juez debe \u00abPrevenir, remediar y sancionar por los medios que este C\u00f3digo consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal\u00bb (Subrayado fuera del Texto, as\u00ed como el art\u00edculo 72, indica que \u00abcada una de las partes responder\u00e1 por los perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe, cause a la otra o a terceros intervinientes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Normas de las que se colige que para aplicar una sanci\u00f3n, debe tenerse un supuesto ineludible de que la actuaci\u00f3n de la parte haya sido temeraria o de mala fe, de la cual se deriva un perjuicio a la otra o a terceros y no cabe imponerse de forma autom\u00e1tica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto esta Corporaci\u00f3n en pronunciamientos anteriores ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dispone el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que \u00abCuando la tacha de falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenar\u00e1 a \u00e9ste a pagar a quien aport\u00f3 el documento, el valor del veinte por ciento del monto de las obligaciones contenidas en \u00e9l; o de diez a veinte salarios m\u00ednimos mensuales cuando no represente un valor econ\u00f3mico\u00bb\u2026 No obstante\u2026 viene al caso una mirada sistem\u00e1tica del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tras lo cual emerge que las sanciones no pueden aplicarse de cualquier modo, y que siempre que se trata de imposici\u00f3n de castigos por el juez, debe examinarse si medi\u00f3 alg\u00fan grado de culpa, obrar negligente, mala fe, deslealtad o dolo de la parte.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) Y por supuesto que ese marco conceptual que aboga por la culpabilidad, abarca la condena consagrada en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil contra quien fracasa en la tacha de falsedad, ya que dicho precepto desde el subt\u00edtulo se refiere a \u00absanciones al impugnante vencido\u00bb, criterio que reitera al disponer \u00abigual sanci\u00f3n\u00bb para la parte que adujo el documento cuando prospera la tacha. Naturalmente que la sola declaraci\u00f3n de prosperidad de la tacha de falsedad, es insuficiente de modo general para la procedibilidad de la sanci\u00f3n que se comenta, porque de lo contrario se suprimir\u00eda el grado de culpabilidad que como premisa razonable puede exigirse para la imposici\u00f3n de sanciones, aspecto que guarda estrecha relaci\u00f3n con las garant\u00edas fundamentales del debido proceso en tan sensible materia.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo, ausente la conducta culposa, de mala fe, desleal o dolosa, no procede de manera maquinal u objetiva aplicar la sanci\u00f3n, pues busca el art\u00edculo 292 del C.P.C. que los particulares ni por asomo intenten enga\u00f1ar a la administraci\u00f3n de justicia, no obstante, cuando una de las partes aduzca un documento ignorando que es falso, convencido de su autenticidad, tiene derecho a esperar a que la justicia decida sobre esa falsedad y no por eso ha de ser castigado sin m\u00e1s reflexiones ni debates. Una posici\u00f3n muy r\u00edgida, como entender que la sanci\u00f3n es crudamente objetiva, menoscabar\u00eda el derecho de defensa del aportante, pues grave riesgo correr\u00eda al traer documentos al proceso o tacharlos de falsos, en tanto siempre llevar\u00eda impl\u00edcita la sanci\u00f3n; y c\u00f3mo exigir al interesado que verifique m\u00e1s all\u00e1 de lo que la apariencia muestra, la autenticidad del documento, si es que la falsedad apenas aparece luego de sesudos estudios t\u00e9cnicos que de modo general no est\u00e1n a disposici\u00f3n de las partes antes del proceso.  <\/span><\/p>\n

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Total que la multa consagrada en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para quien resulta vencido a prop\u00f3sito de una tacha de falsedad documental, no puede aplicarse de manera objetiva y en cualquier caso, porque al fin y al cabo se trata de una sanci\u00f3n que requiere prudencia por parte del juez, en consonancia con los principios antes anunciados, para que la medida punitiva se mantenga en un campo m\u00e1s bien restringido. (CSJ SC, 14 Dic. 2006, Rad. 11001-31-03-029-1995-20893-01, reiterado en STC, 20 de Sep 2012, Rad. 2012-00313-01 y 12 Jun 2013, Rad. 2013-00290-01)  <\/span><\/p>\n

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6. Sin embargo, en el sub examine se observa que el Tribunal al momento de imponer la sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no hizo manifestaci\u00f3n alguna frente a las razones por las cuales consideraba que el Sindicato deb\u00eda ser condenado a cancelar el 20% del importe del t\u00edtulo a su contra parte.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, aplic\u00f3 de manera autom\u00e1tica la condena, sin que mediara un an\u00e1lisis de la existencia o no de una conducta culposa, desleal o dolosa de la parte que tacho de falso el documento, lo que quebranta el derecho de defensa, pues existi\u00f3 una carencia de motivaci\u00f3n de dicha determinaci\u00f3n que constituye una flagrante vulneraci\u00f3n al debido proceso, como quiera que la autoridad judicial falt\u00f3 a su deber de indagar acerca de la temeridad o mala fe en que pudo incurrir la parte demandada y que por tanto la hac\u00eda merecedora de tal multa.  <\/span><\/p>\n

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De esa forma dej\u00f3 de estudiar, por ejemplo, que dentro del proceso existieron serias dudas de la autenticidad de la firma de la representante legal, tanto as\u00ed que un primer dictamen se\u00f1al\u00f3 que en efecto la firma impuesta en el cartular no era de \u00e9sta, lo que conllev\u00f3 a que dicha parte considerara fundado presentar tal censura.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto en una acci\u00f3n de tutela de similares caracter\u00edsticas al conceder el amparo la Corte se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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Visto lo anterior, corresponde se\u00f1alar que el amparo constitucional solicitado debe ser dispensado, tal como lo dispuso el a quo, pues del examen de la citada providencia se concluye que la autoridad judicial accionada sin una motivaci\u00f3n precisa, coherente y suficiente, consider\u00f3 que la tacha de falsedad de que tratan los art\u00edculos 289 y siguientes el C\u00f3digo de Procedimiento Civil hab\u00eda sido propuesta por el se\u00f1or Jorge Enrique Mart\u00ednez Walteros mediante su apoderado judicial, aqu\u00ed accionante y que al no encontrarla configurada daba lugar a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 292 del estatuto procesal civil\u2026 As\u00ed las cosas, es evidente que el funcionario judicial accionado no sustent\u00f3 en forma coherente, suficiente y precisa las decisiones que adopt\u00f3 en la providencia censurada en relaci\u00f3n con la tacha de falsedad presuntamente formulada por el demandado Mart\u00ednez Walteros mediante su apoderado judicial, aqu\u00ed accionante, raz\u00f3n por la que esta Sala considera que se vulner\u00f3 el derecho fundamental previsto por el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por una inadecuada o escasa motivaci\u00f3n en la decisi\u00f3n judicial, lo que conduce a la Corte a confirmar el amparo concedido en primera instancia (CSJ STC, 14 May. 2013, Rad. 2013-00192-01).  <\/span><\/p>\n

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7. En virtud de lo anteriormente expuesto, se conceder\u00e1 el amparo y, en consecuencia, para proteger las prerrogativas constitucionales de la parte actora, se dejar\u00e1 sin valor el numeral 4 de la sentencia de fecha 14 de julio de 2016, que resolvi\u00f3 el recurso de alzada contra el prove\u00eddo fechado 20 de octubre de 2015, \u00fanicamente respecto a la condena prevista en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento y en su lugar, se ordenar\u00e1 al Tribunal acusado que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, emita una nueva providencia adicional en la que se pronuncie respecto a los motivos por los cuales impone la sanci\u00f3n al Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Cl\u00ednicas y Sanatorios de Bogot\u00e1 y en el Departamento de Cundinamarca \u2013 SINTRAHOSCLISAS –   teniendo en cuenta lo considerado en este fallo.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE, el amparo constitucional invocado en relaci\u00f3n \u00fanicamente frente a la sanci\u00f3n del art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En consecuencia, ORDENA:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el numeral 4 de la sentencia de fecha 14 de julio de 2016, que resolvi\u00f3 el recurso de alzada contra el prove\u00eddo fechado 20 de octubre de 2015, \u00fanicamente respecto a la condena prevista en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento y en su lugar, se ordenar\u00e1 al Tribunal acusado que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, emita una nueva providencia adicional en la que se pronuncie respecto a los motivos por los cuales impone la sanci\u00f3n al Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Cl\u00ednicas y Sanatorios de Bogot\u00e1 y en el Departamento de Cundinamarca \u2013 SINTRAHOSCLISAS –   teniendo en cuenta lo considerado en este fallo.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto a los interesados y de no ser impugnado este prove\u00eddo, en oportunidad, rem\u00edtase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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   MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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       ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado Ponente      STC063-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03599-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil diecis\u00e9is)      Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por el Representante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98647","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98647\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}