{"id":98656,"date":"2026-06-25T15:44:43","date_gmt":"2026-06-25T15:44:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc080-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:44:43","modified_gmt":"2026-06-25T15:44:43","slug":"stc080-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc080-2017\/","title":{"rendered":"STC080-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC080-2017  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-03657-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Miguel Mart\u00ednez Ohlsen y Sosnelly Isabel Romero de Mart\u00ednez frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, integrada por las magistradas Martha Patricia Campo Valero, Laura Elena Cantillo Ara\u00fajo y Ada Patricia Lallemand Abramuck, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por los aqu\u00ed actores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Los gestores piden la protecci\u00f3n de las prerrogativas constitucionales al debido proceso, igualdad, \u201cacceso a la justicia transicional\u201d y derechos de las v\u00edctimas, presuntamente lesionadas por la autoridad judicial convocada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En sustento de su inconformidad acotan, en concreto, que en el juicio materia de esta salvaguarda, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 27 de abril de 2016, no accedi\u00f3 a sus pretensiones restitutorias respecto del predio rural \u201cParcela 6, Grupo 20\u201d, ubicado en la vereda La Trinidad del municipio de Sitionuevo, Magdalena, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 228-3957.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Censuran el mencionado prove\u00eddo porque prescindi\u00f3 del acervo demostrativo recabado, el cual corroboraba que en los a\u00f1os 1999 a 2005 se perpetraron sobre la regi\u00f3n donde se localiza el fundo, hechos violentos cometidos por \u201cgrupos paramilitares\u201d, al punto de infundir terror en sus habitantes, entre ellos los aqu\u00ed actores, quienes, a pesar de \u201cno recibir amenazas directas sobre sus vidas\u201d, abandonaron el terreno para ponerse a salvo de cualquier agresi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como consecuencia del anterior contexto, explican los gestores que en el 2005 vendieron el precitado inmueble por $7\u00b4000.000,oo a la sociedad Eleazar Su\u00e1rez y C\u00eda.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Exigen, por tanto, dejar sin efecto la sentencia dictada por la Colegiatura querellada y en su lugar, ordenar dictarla de nuevo, valorando las pruebas pretermitidas (fls. 1 a 5).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado y convocados  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal citado se\u00f1al\u00f3 que la determinaci\u00f3n censurada fue el resultado del an\u00e1lisis ponderado del material demostrativo del subex\u00e1mine.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta se limit\u00f3 a rese\u00f1ar la actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Unidad Administrativa Especializada en Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013UAEGRTD-, con sede en el departamento de Magdalena, coadyuv\u00f3 las pretensiones de los promotores del auxilio, aduciendo que la Corporaci\u00f3n tutelada sin fundamento alguno \u201cneg\u00f3 la existencia\u201d de los elementos de convicci\u00f3n adosados en el subex\u00e1mine.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La naturaleza especial de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n prevista en la Ley 1448 de 20111, est\u00e1 mediada por la necesidad de garantizar la eficacia del derecho a la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, disponiendo de un procedimiento diferenciado y con efectos sustantivos no asimilables a la legislaci\u00f3n ordinaria, puesto que quiebra, al menos, temporalmente, algunos de estos principios, por virtud de los efectos de la justicia transicional.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal raz\u00f3n, las reglas para la restituci\u00f3n de inmuebles a las v\u00edctimas, apuntan a proteger al despojado o desplazado, fijando hip\u00f3tesis sobre la ausencia de consentimiento o causa l\u00edcita, marcando derroteros de inversi\u00f3n de la carga de la prueba, dando preferencia a los intereses de las v\u00edctimas sobre otro tipo de sujetos, optando por el establecimiento de restricciones a las operaciones que puedan realizarse sobre las tierras comprometidas en la restituci\u00f3n; imponiendo la obligaci\u00f3n de probar la buena fe exenta de culpa a los terceros opositores, al punto de valerse de un r\u00e9gimen extenso y severo de presunciones de despojo, a favor del solicitante en relaci\u00f3n con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas. En fin, se trata de un cat\u00e1logo de principios y de derechos, recalcados en el art\u00edculo 73 de la novedosa Ley, y en otros preceptos de similar linaje en la misma normativa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La disposici\u00f3n jur\u00eddica ej\u00fasdem, contempla dos etapas procedimentales: (i) una inicial de car\u00e1cter administrativo; y otra (ii) judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La primera, habilitante de la final, la adelanta la Unidad Administrativa Especializada en Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRT, y consiste en la inscripci\u00f3n del predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas2. Si el fundo se encuentra en una zona micro o macrofocalizada3, la UAEGRT iniciar\u00e1 el estudio de la solicitud de inscripci\u00f3n y decidir\u00e1 en un t\u00e9rmino de 60 d\u00edas sobre la inclusi\u00f3n o no del terreno en el registro. Si resulta aceptada, se incoar\u00e1 demanda ante el Juez de Restituci\u00f3n de Tierras, evento en el cual, la v\u00edctima si lo desea, podr\u00e1 pedirle a la UAEGRT que la represente en el proceso ante el Juez de Restituci\u00f3n de Tierras, o lo har\u00e1 con abogado particular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la segunda fase, la judicial, si no hay oposici\u00f3n, el asunto ser\u00e1 tramitado por el juzgador especializado en la materia, quien dictar\u00e1 sentencia. En caso contrario, el asunto pasar\u00e1 a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial, respectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta etapa jurisdiccional y el correspondiente proceso no puede entenderse como un tr\u00e1mite desordenado y arbitrario; no obstante, su agilidad y las amplias facultades inquisitivas y oficiosas del Estado a trav\u00e9s de sus jueces en \u00e9ste tema tan sensible, se exige la presencia de certidumbre en los elementos m\u00ednimos y centrales, por ejemplo, (i) la identificaci\u00f3n del inmueble objeto de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n, (ii) el contexto de violencia y su relaci\u00f3n directa o indirecta con los hechos denunciados por las v\u00edctimas como determinantes del despojo o abandono del predio y la (iii) la existencia o no de la configuraci\u00f3n de alguna de las presunciones de despojo contempladas en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tampoco significa que el solicitante o la UAEGRT, se hallen exonerados de cargas procesales o de sus deberes ab initio, pues esta \u00faltima tiene la obligaci\u00f3n de acreditar con suficiencia los elementos arriba rese\u00f1ados antes de incluir el terreno objeto de reclamaci\u00f3n en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, sobre todo porque las pruebas practicadas por dicha entidad en la etapa administrativa, \u201cse presumen fidedignas\u201d4.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Miguel Mart\u00ednez Ohlsen y Sosnelly Isabel Romero de Mart\u00ednez se duelen porque dentro del comentado subex\u00e1mine, el Colegiado querellado emiti\u00f3 fallo contrario a sus intereses sin el apoyo probatorio justo que permita acceder al derecho a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del fundo \u201cParcela 6, Grupo 20\u201d, despojado con ocasi\u00f3n del conflicto armado colombiano.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En el rese\u00f1ado prove\u00eddo, el Tribunal advirti\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [A]nalizadas en conjunto la pruebas relacionadas informan a la Sala, una importante insuficiencia en la demostraci\u00f3n del alegado desplazamiento forzado del se\u00f1or Mart\u00ednez [y su n\u00facleo familiar], pues no puede perderse de vista la inestable explotaci\u00f3n del fundo dada su condici\u00f3n altamente h\u00fameda y susceptible de inundaci\u00f3n tal y como lo plante\u00f3 la misma entidad demandante en su escrito introductorio, lo que concuerda con la declaraci\u00f3n del se\u00f1or opositor y su administrador, quienes manifestaron que el terreno era poco apto para la agricultura. Ahora, la dificultad para hallar un nexo entre la salida del se\u00f1or demandante y los hechos del conflicto armado, se despliega desde el introito ya que el ente demandante ning\u00fan hecho concret\u00f3 plante\u00f3 como g\u00e9nesis del aludido desplazamiento forzado, hecho determinante que no se impon\u00eda su acontecer directamente en la persona del actor, pero que por lo menos tendr\u00eda que reflejar una incidencia en el proponente de la acci\u00f3n capaz de hacer concluir la inexistencia de un libre consentimiento, en los acuerdos realizados y obviamente en la salida de su parcela (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, constat\u00f3 que si bien los tutelantes indicaron el a\u00f1o 2001 como data de los homicidios cometidos por paramilitares en la vereda La Trinidad, \u00e9stos no precisaron \u201csu nexo causal\u201d con el desplazamiento del cual fueron supuestamente v\u00edctimas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para arribar a la anterior conclusi\u00f3n, esgrimi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s de resaltar de que los hechos violentos alegados en el libelo de demanda que, se esgrime acontecieron en la zona de La Trinidad para los a\u00f1os 1992-2005, ninguna probanza se ados\u00f3 al plenario por parte de la Unidad Administrativa de Restituci\u00f3n de Tierras; como tampoco se denota precisi\u00f3n de un hecho concreto previo a la salida del predio del se\u00f1or Mart\u00ednez en el 2002, ni de acto alguno en particular que motivara la venta de la finca del se\u00f1or Mart\u00ednez a Eleazar Su\u00e1rez (sic)  en el 2005, por el contrario, se ponen de presente en el proceso hechos deshilvanados que dificultan establecer su condici\u00f3n de v\u00edctima; recu\u00e9rdese la narraci\u00f3n rese\u00f1ada acerca de la retenci\u00f3n que le hiciera un grupo ilegal, pero adem\u00e1s que en la demanda se relacion\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u201cAparte de esos difusos hechos, el se\u00f1or Mart\u00ednez ante el Juez Especializado descart\u00f3 amenazas directas a \u00e9l realizadas, as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPreguntando: Indique al despacho si en alg\u00fan momento durante el tiempo que explot\u00f3 la parcela se present\u00f3 alg\u00fan grupo al margen de la ley a su parcela. Contest\u00f3: Nunca se hicieron presentes. Preguntando: Indique al Despacho si usted recibi\u00f3 amenazas de alg\u00fan grupo al margen de la ley para abandonar la parcela. Contest\u00f3: No nunca recib\u00ed amenazas. Preguntando: Indique al Despacho si usted recibi\u00f3 presi\u00f3n de alg\u00fan grupo armado al margen de la ley para que vendiera su parcela. Contest\u00f3: No (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud de lo antelado, infiri\u00f3 que los hechos relatados en el libelo introductorio no establec\u00edan la conexi\u00f3n del contexto de violencia con \u201cla salida del predio de los solicitantes\u201d y la posterior enajenaci\u00f3n del mismo (ocurrida en el 2005) a la sociedad Eleazar Su\u00e1rez y C\u00eda., impidiendo la aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n estatuida en tal sentido en el literal a) del numeral 2\u00b0 del canon 77 de la Ley 1448 de 20115.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Reforz\u00f3 su postura, exponiendo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o puede la Sala desconocer el con texto de violencia que rode\u00f3 al departamento del Magdalena y en especial el municipio de Sitionuevo como hecho notorio, aunque en el dossier, no logr\u00f3 acreditar el solicitante el nexo entre su salida del predio y hechos del conflicto armado, resalt\u00e1ndose, que es deber de la parte solicitante en el proceso de restituci\u00f3n, brindar el m\u00ednimo probatorio que permita activar las presunciones de que trata el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, estim\u00f3 no acreditado que la venta del inmueble motivo de restituci\u00f3n realizada por los demandantes, ac\u00e1 actores, a Eleazar Su\u00e1rez y C\u00eda. haya sido provocada por el temor o la coacci\u00f3n de aqu\u00e9llos por los actos violentos perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la vereda La Trinidad del municipio de Sitionuevo, Magdalena.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho o atropello; la Colegiatura efectu\u00f3 una juiciosa valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a adoptar la decisi\u00f3n hoy reprochada. Lo realmente perseguido en este amparo es reabrir un debate fenecido, pretensi\u00f3n sin asidero en esta sede constitucional, por cuanto no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por las razones anotadas, el amparo deprecado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,          <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Miguel Mart\u00ednez Ohlsen y Sosnelly Isabel Romero de Mart\u00ednez frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, integrada por las magistradas Martha Patricia Campo Valero, Laura Elena Cantillo Ara\u00fajo y Ada Patricia Lallemand Abramuck, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por los aqu\u00ed actores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1 Su particularidad corresponde a la fijaci\u00f3n de presunciones respecto del despojo, en relaci\u00f3n con los predios inscritos en el registro de tierras (art\u00edculo 77), lo que tiene como resultado la inversi\u00f3n de la carga de la prueba a favor del despojado o de la v\u00edctima que se ha visto obligada a abandonar la tierra (art\u00edculo 78); se contemplan condiciones m\u00ednimas para las solicitudes de restituci\u00f3n as\u00ed como un procedimiento \u00e1gil para tramitarlas (art\u00edculos 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, y 95); le asignan a la autoridad judicial amplias facultades para proteger los derechos de las v\u00edctimas previendo que el Juez o Magistrado, seg\u00fan el caso, mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de tales derechos hasta tanto est\u00e9n completamente eliminadas las causas de la amenaza (art\u00edculos 91 y 102); y se contempla un recurso general de revisi\u00f3n ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (art\u00edculo 92).  <\/span><\/p>\n

2 El Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas es un sistema de informaci\u00f3n que permite al Estado identificar f\u00edsica y jur\u00eddicamente los predios despojados y abandonados, saber qui\u00e9nes eran sus propietarios, poseedores y ocupantes, para que una vez se certifique su ingreso a esta lista de bienes, se pueda acudir ante el juez para lograr la restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

3 Zonas delimitadas en un territorio por la UAEGRT para recepcionar solicitudes de restituci\u00f3n de predios despojados o abandonados, y resolverlas.  <\/span><\/p>\n

4 Al respecto se\u00f1ala el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 89 de la Ley 1448 de 2011: \u201cSe presumen fidedignas las pruebas provenientes de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras despojadas en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas forzosamente a que se refiere esta ley\u201d.  <\/span><\/p>\n

5 \u201c(\u2026) Art. 77. Presunciones de despojo en relaci\u00f3n con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas. En relaci\u00f3n con los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendr\u00e1n en cuenta las siguientes presunciones: (\u2026) 2. Presunciones legales en relaci\u00f3n con ciertos contratos. Salvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restituci\u00f3n, se presume que en los siguientes negocios jur\u00eddicos hay ausencia de consentimiento o de causa l\u00edcita, en los contratos de compraventa y dem\u00e1s actos jur\u00eddicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesi\u00f3n o la ocupaci\u00f3n sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situaci\u00f3n est\u00e1 prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos:  <\/span><\/p>\n

\u201ca. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fen\u00f3menos de desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos en la \u00e9poca en que ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protecci\u00f3n individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido desplazado la v\u00edctima de despojo, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, los familiares o mayores de edad con quienes conviv\u00eda o sus causahabientes (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

6 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC080-2017      Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-03657-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Dec\u00eddese la tutela promovida por Miguel Mart\u00ednez Ohlsen […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98656","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98656","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98656"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98656\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98656"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98656"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98656"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}