{"id":98657,"date":"2026-06-25T15:44:51","date_gmt":"2026-06-25T15:44:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc081-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:44:51","modified_gmt":"2026-06-25T15:44:51","slug":"stc081-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc081-2017\/","title":{"rendered":"STC081-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC081-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03665-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miriam Nieto de Benavides, N\u00e9stor Jos\u00e9 Benavides L\u00f3pez y la Compa\u00f1\u00eda Comercial y Ganadera Tico Benavides Ltda., contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, coadyuvada por el Tribunal de Arbitramento constituido para resolver las diferencias entre los gestores del amparo e Invinag S. A. S. Inversiones Inmobiliarias y Agropecuarias S. A. S.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abautonom\u00eda de la voluntad\u00bb, \u00ablibre acceso a la justicia y a la seguridad jur\u00eddica\u00bb que dicen vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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Solicitaron, en consecuencia, revocar la sentencia de octubre 26 de 2016 \u00aby reconocer que el laudo de mayo 4 de 2016, se encuentra debidamente en firme\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de sus pretensiones los accionantes expusieron, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El 20 de septiembre de 2013 celebraron, en condici\u00f3n de promitentes vendedores, promesa de compraventa de bienes inmuebles con Invinag S. A. S. Inversiones Inmobiliarias y Agropecuarias S. A. S.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        El precio de la negociaci\u00f3n se fij\u00f3 en $1.720.000.000,oo, oblig\u00e1ndose la promitente compradora a dar en pago un apartamento a favor de Serfinansa S. A., \u00abpara cubrir obligaciones de los promitentes vendedores\u00bb, y deducir el valor de ese negocio de aquel precio.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Los promitentes vendedores \u00abcumplieron con las obligaciones del contrato de promesa, entregaron los bienes y suscribieron las escrituras de venta\u00bb. Sin embargo, Invinag S.A.S., no llev\u00f3 a cabo la daci\u00f3n en pago, motivo por el cual \u00abdecidieron demandar la resoluci\u00f3n de los contratos de promesa y de compraventa, lo que hicieron ante la justicia arbitral, pues en el contrato de promesa se hab\u00eda estipulado cl\u00e1usula compromisoria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Notificados los demandados del auto admisorio, formularon excepciones previas, entre ellas la de falta de jurisdicci\u00f3n, \u00abalegando que como la cl\u00e1usula de arbitramento estaba pactada en el contrato de promesa y este dej\u00f3 de existir cuando se firm\u00f3 el contrato de compraventa, dicha cl\u00e1usula tambi\u00e9n dej\u00f3 de existir\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        A trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 17 de diciembre de 2015, el Tribunal de Arbitramento asumi\u00f3 \u00abcompetencia para conocer de las pretensiones referidas al contrato de promesa de compraventa, m\u00e1s no de las derivadas del incumplimiento del contrato de compraventa\u00bb, al considerar que \u00abla cl\u00e1usula compromisoria no cobija la compraventa propiamente dicha, s\u00f3lo se refiere a la promesa en la que est\u00e1 contenida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Ante esa decisi\u00f3n, los accionantes promovieron proceso de resoluci\u00f3n de la compraventa ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta (radicaci\u00f3n 2016-00040).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Mediante laudo arbitral del 4 de mayo de 2016, el Tribunal de Arbitramento accedi\u00f3 a la resoluci\u00f3n de la promesa de compraventa, determinaci\u00f3n contra la cual su contraparte interpuso recurso de anulaci\u00f3n, \u00abinsistiendo en que el Tribunal de Arbitramento no ten\u00eda competencia para conocer de la acci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8.        Con sentencia del 26 de octubre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declar\u00f3 fundado el recurso de anulaci\u00f3n y, en consecuencia, dej\u00f3 \u00absin efecto el laudo arbitral dictado el 04 de mayo de 2016\u00bb, habida cuenta que, en su consideraci\u00f3n, \u00abagotado el contrato de promesa con la ejecuci\u00f3n del contrato prometido, el primero desapareci\u00f3 y con \u00e9l la cl\u00e1usula compromisoria\u00bb, desconociendo lo previsto en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1563 de 2012, relativa a la supervivencia del pacto arbitral \u00absobre el contrato a que \u00e9l se refiere, as\u00ed este \u00faltimo sea inexistente, ineficaz o invalido\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 19 de diciembre de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 661, cuaderno III).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       1.        El Tribunal de Arbitramento que dict\u00f3 el laudo calendado 4 de mayo de 2016, coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, expresando que la autoridad judicial accionada \u00abno solo se pronunci\u00f3 nuevamente sobre el fondo del asunto sino que procedi\u00f3 a modificar y calificar las motivaciones del laudo, violando gravemente la prohibici\u00f3n establecida en el referido art\u00edculo 42 [Ley 1563 de 2012], incurriendo en manifiesta v\u00eda de hecho\u00bb; que no exist\u00eda norma  \u00abnorma sustantiva\u00bb que fundara la declaraci\u00f3n de inexistencia que profiri\u00f3 la convocada; y que se \u00abdej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley (sic) 1563 de 2012 (\u2026) que consagra el principio de autonom\u00eda de la cl\u00e1usula compromisoria con respecto al contrato principal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.        La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla expres\u00f3 que \u00ablos argumentos que motivaron la acci\u00f3n p\u00fablica de que se da cuenta encuentran su defensa frontal en las motivaciones que sustentaron la decisi\u00f3n judicial cuestionada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        Inversiones Inmobiliarias y Agropecuarias S. A. S., solicit\u00f3 \u00abno acceder a las pretensiones de la tutela\u00bb, como quiera que \u00abno existe ninguna violaci\u00f3n a derecho fundamental alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la sentencia de 26 de octubre de 2016, que dej\u00f3 sin efectos el laudo arbitral proferido el 4 de mayo de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales se impon\u00eda la prosperidad del recurso de anulaci\u00f3n, toda vez que el Tribunal de Arbitramento que lo dict\u00f3 carec\u00eda de \u00abjurisdicci\u00f3n o competencia\u00bb para conocer del litigio.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, tras destacar los antecedentes de la negociaci\u00f3n que adelantaron los litigantes, que culmin\u00f3 con la celebraci\u00f3n de los contratos de promesa y compraventa, seg\u00fan se anot\u00f3 en el ac\u00e1pite de antecedentes de esta providencia, destac\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 el contrato de promesa cumple un cometido distinto al contrato prometido, llamado a asegurar la celebraci\u00f3n en el futuro de otro contrato (contrato preparado), cuando los interesados por eventualidades no desean o no pueden realizarlo, esto es, la promesa es un instrumento que conduce indefectiblemente a celebrar otro negocio jur\u00eddico distinto. De ah\u00ed que envuelva solo una obligaci\u00f3n de hacer, consistente en la celebraci\u00f3n del contrato prometido, tan es cierto este hecho que en el evento de incumplirse dicha obligaci\u00f3n puede intentarse la acci\u00f3n ejecutiva \u00fanicamente con la finalidad de que se suscriba por el deudor el contrato prometido o en su defecto se realice por el juez de instancia.  <\/span><\/p>\n

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Las dos partes son rec\u00edprocamente acreedora y deudora de la obligaci\u00f3n de celebrar el contrato, para cuyo cumplimiento ambas deben colaborar. Dem\u00e1s est\u00e1 por decir que cuando se debe otorgar un instrumento p\u00fablico, todo lo m\u00e1s una escritura p\u00fablica, actuaci\u00f3n compleja que exige de ordinario la  presentaci\u00f3n de documentos de origen administrativo, especialmente desarrollados con el o los bienes objeto del contrato prometido, no basta la mera comparecencia y la declaraci\u00f3n del sujeto negocial, por lo mismo que debe ir provistos de aquellos.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, una conclusi\u00f3n evidente es que celebrado el contrato futuro desaparece la raz\u00f3n de ser de la promesa, que en el caso planteado se patentiz\u00f3 con la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 465 de 30 de diciembre de 2013, aclarada posteriormente en fecha 01 de abril de 2014, a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica No. 108. Si esto es cierto, ces\u00f3 el sustrato contractual de la promesa y con ella, todas las cl\u00e1usulas accidentales que derivaban del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, sobre la naturaleza aut\u00f3noma de la cl\u00e1usula compromisoria, indic\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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No ocurriendo lo mismo con la cl\u00e1usula arbitral que es aut\u00f3noma, independiente y llamada a resolver cualquier discrepancia suscitada con ocasi\u00f3n a la celebraci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del contrato de promesa, tal como las partes lo acordaron, cuesti\u00f3n que resulta indiscutible.  <\/span><\/p>\n

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M\u00edrese que el eventual proceso arbitral debe o debi\u00f3 versar sobre las controversias originadas exclusivamente en la promesa, t\u00f3pico respecto del cual el Tribunal de Arbitraje atin\u00f3 en principio al indicar en el laudo que \u00abla parte convocante alega la subsistencia de la promesa de compraventa, al paso que la convocada sostiene la extinci\u00f3n de la misma por virtud de haberse – suscrito el contrato final de compraventa, por lo que el Tribunal tuvo que asumir competencia, precisamente, para determinar si efectivamente el contrato de promesa desapareci\u00f3 o s\u00ed este subsiste total o parcialmente, y consecuencialmente, pronunciarse sobre las pretensiones y las excepciones de fondo de la Litis\u00bb (fl 398).  <\/span><\/p>\n

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Para adentrarse a la pretensi\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato de promesa, el incumplimiento debe fincarse precisamente en la inobservancia de las obligaciones que emanan de dicho negocio jur\u00eddico, que no es otra cosa que el hecho de que las partes concurran a la celebraci\u00f3n del contrato, lo que ciertamente sucedi\u00f3 con el otorgamiento del documento p\u00fablico que transfiri\u00f3 el dominio de los bienes prometidos en venta.  <\/span><\/p>\n

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Empero, para adjudicarse la competencia material del asunto el Tribunal de Arbitraje consider\u00f3 desde sus inicios que \u00abcuando en el contrato de promesa se anticipan obligaciones o derechos propios del contrato prometido, obligaciones y derecho que por virtud de dicha anticipaci\u00f3n, tienen su fuente en la promesa y no en el contrato final prometido, es posible que parte de dichas obligaciones y derechos, no incorporados expresamente en el contrato definitivo, puedan subsistir y generar controversias entre las partes, lo que habilita a cualquiera de ellas a solicitar la intervenci\u00f3n estatal, para definir el asunto\u00bb (fl. 224).  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Queda claro que la habilitaci\u00f3n de los \u00e1rbitros para tramitar el proceso arbitral la encontraron en la inobservancia de la daci\u00f3n en pago como parte del precio del contrato prometido, esto es, en la anticipaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de una de las prestaciones de aqu\u00e9l. Ello por cuanto es frecuente en las promesas de venta de bienes inmuebles se pague anteladamente parte del precio, como tambi\u00e9n la entrega anticipada del bien, sin que signifique esto la mutaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de hacer que apareja la promesa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El contrato de promesa para efectos de validez tiene que determinar los elementos esenciales del contrato prometido, de tal suerte que para perfeccionarlo solo falte la tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades legales; resulta que en una vez hecho el contrato de compraventa, esto decir, cuando las partes una se obliga a dar y la otra a pagar en dinero, se entiende que los efectos del incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones independiente de que se haya anticipado en la promesa algunas de ellas debe discutirse y enrostrarse a trav\u00e9s de las sendas legales (resoluci\u00f3n, nulidad) contra el contrato ya perfecto y no contra el preliminar.  <\/span><\/p>\n

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No s\u00e9 pierda de vista, que la daci\u00f3n en pago constitu\u00eda parte del precio convenido, siendo una obligaci\u00f3n del comprador en el contrato de compraventa, no antes, por tanto el incumplimiento que dicha fuente gener\u00f3 tiene que ser objeto de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no arbitral como – err\u00f3neamente lo entendi\u00f3 \u00e9sta. Precisamente, no existiendo cl\u00e1usula compromisoria o compromiso respecto del contrato de compraventa, no pod\u00eda extenderse los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria fijada en la promesa para definir una controversia cuyo origen es el contrato prometido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En conclusi\u00f3n, es palmaria la inexistencia del pacto arbitral para definir el litigio originado en el eventual incumplimiento parcial en el pago del precio del contrato de compraventa existente entre los sujetos convocantes y convocados, am\u00e9n de la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia de quienes fungieron como \u00e1rbitros para definir el conflicto al que se ha aludido, por tanto, es irrebatible la prosperidad del recurso de anulaci\u00f3n impetrado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantean los promotores del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal accionado interpret\u00f3 la promesa de compraventa materia del proceso arbitral y concluy\u00f3 que su objeto se agot\u00f3 con la celebraci\u00f3n del contrato prometido, por lo que la discusi\u00f3n relacionada con el incumplimiento en el pago de parte del precio ata\u00f1\u00eda a obligaciones emanadas de la compraventa, acuerdo de voluntades en el que los contratantes no pactaron cl\u00e1usula compromisoria que habilitara la convocatoria de Tribunal de Arbitramento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal caso tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

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