{"id":98661,"date":"2026-06-25T15:45:25","date_gmt":"2026-06-25T15:45:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc085-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:45:25","modified_gmt":"2026-06-25T15:45:25","slug":"stc085-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc085-2017\/","title":{"rendered":"STC085-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC085-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00017-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Pablo Agust\u00edn Osorio frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y la Sala de Casaci\u00f3n Penal.   <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El petente requiere la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, \u201cdoble instancia\u201d y \u201cfavorabilidad\u201d, presuntamente quebrantados por los querellados.  <\/span><\/p>\n

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2. De lo consignado en la demanda constitucional y de las pruebas allegadas a este expediente, se extrae que el promotor de esta tramitaci\u00f3n fue junto con otros, investigado por falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, culminando ese decurso con sentencia de primera instancia en la cual se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal derivada de tal il\u00edcito, pronunciamiento revocado por el Tribunal para en su lugar, sancionarlo por ese punible a 53 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Inconforme con la determinaci\u00f3n del colegiado, el se\u00f1or Pablo Agust\u00edn Osorio y otros implicados incoaron apelaci\u00f3n, denegada por esa autoridad. Frente a la anterior providencia formularon queja ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, quien se abstuvo de desatarla.  <\/span><\/p>\n

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El tutelante estima que impedirle hacer uso de la citada alzada, \u201c(\u2026) vulnera [sus] garant\u00edas procesales, adem\u00e1s no podr\u00eda interponer en igualdad de condiciones, pues [son] un sinn\u00famero de procesados, el recurso de casaci\u00f3n y de ser necesario el recurso de revisi\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Tras asegurar que no cuenta con otro medio para poner a salvo sus prerrogativas, solicita dar curso al aludido remedio vertical.  <\/span><\/p>\n

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1.1.  Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal coment\u00f3 la labor surtida en el caso confutado por el impulsor de la protecci\u00f3n y asever\u00f3 que la misma es el resultado \u201c(\u2026) de un concienzudo an\u00e1lisis y el cumplimiento irrestricto de los mandatos constitucionales y legales que rigen el tema\u201d.  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal realiz\u00f3 un recuento de su gesti\u00f3n e indic\u00f3 que en la decisi\u00f3n refutada por esta senda \u201c(\u2026) contempl[\u00f3] con suficiencia las razones de hecho y de derecho en la cuales se sustenta la improcedencia del recurso de queja\u201d.   <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Sin dificultad se advierte el fracaso de la salvaguarda deprecada porque de los pronunciamientos censurados, particularmente, del dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, no emerge irregularidad con entidad suficiente como para permitir el paso de esta excepcional justicia.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese, en el prove\u00eddo de 26 de octubre de 2016, esa Corporaci\u00f3n hall\u00f3 acertada la postura adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva frente a la apelaci\u00f3n incoada respecto del fallo sancionatorio expedido por ese colegiado, pues, en verdad, esa determinaci\u00f3n \u201cno e[ra] susceptible de tal medio de impugnaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Enfatiz\u00f3 que si bien la Corte Constitucional mediante providencia C-792 de 2014    <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026), declar\u00f3 inexequible con efectos diferidos algunos apartes de varios art\u00edculos de la Ley 906 de 2004, al considerar que los mismos vulneran el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, ello no comporta la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n como parecen entenderlo los procesados (\u2026). En efecto, conforme se determina en el [prove\u00eddo] citado, la impugnaci\u00f3n difiere de la apelaci\u00f3n, en tanto aqu\u00e9lla tiene por objeto atacar la decisi\u00f3n que resuelve de fondo el asunto atribuyendo responsabilidad al procesado, mientras que \u00e9sta procede contra autos y sentencias que afecten a cualquiera de los sujetos procesales. De modo que el derecho que reconoci\u00f3 y ampar\u00f3 la Corte Constitucional es el de impugnar la sentencia condenatoria, con independencia de la instancia en la cual se profiera (\u2026). Ahora bien; en el mismo pronunciamiento, la Corte Constitucional concluy\u00f3 la existencia de un defecto legislativo en el r\u00e9gimen procesal previsto en la Ley 906 de 2004, ante la inexistencia de un mecanismo id\u00f3neo que materialice el derecho de impugnaci\u00f3n (\u2026). Tal raz\u00f3n para que se haya exhortado al Congreso a regular la materia (\u2026) [empero] el legislador no ha procedido ello (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Resalt\u00f3 la inexistencia de reglamentaci\u00f3n del aludido medio de defensa, y sostuvo no serle posible avocar el conocimiento de un recurso cuya competencia no le ha sido asignada por ley alguna.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, adujo que la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2016, al circunscribir los efectos del prove\u00eddo C-792 de 2014, precis\u00f3 que \u00e9ste comprend\u00eda los asuntos cursados bajo las directrices de \u201cla Ley 906 de 2004 y no los surtidos conforme la Ley 600 de 2000, seg\u00fan acontece\u201d en la causa examinada.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 la inviabilidad de la alzada deprecada respecto del fallo de la Sala Penal del Tribunal de Neiva y se abstuvo de desatar la queja propuesta, por resultar ajena a la materia ventilada.     <\/span><\/p>\n

2. Al margen de prohijar o no la decisi\u00f3n rese\u00f1ada, lo cierto es que la misma no es descabellada sino af\u00edn con el t\u00f3pico discutido, coligiendo el juzgador del an\u00e1lisis realizado a las circunstancias descritas por los all\u00e1 enjuiciados, la imposibilidad de conceder y posteriormente zanjar la apelaci\u00f3n formulada dada la ausencia de regulaci\u00f3n de la misma, y de resolver la queja instaurada, por no estar contemplada frente a pronunciamientos como el atacado a trav\u00e9s de ella.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n destac\u00f3 que, en todo caso, las sentencias dictadas por la Corte Constitucional referenciadas en antelaci\u00f3n, no eran aplicables al proceso del aqu\u00ed gestor y otros, por no haber sido adelantado con sujeci\u00f3n a las reglas contenidas en la Ley 906 de 2004, compendio normativo al cual se delimitan esas providencias.  <\/span><\/p>\n

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3. Es preciso recordar que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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4. No sobra indicar que aun cuando el petente del ruego cont\u00f3 con la posibilidad de interponer recurso de casaci\u00f3n frente al memorado fallo condenatorio no lo formul\u00f3, desperdiciando, voluntariamente, la herramienta id\u00f3nea y eficaz para salvaguardar sus garant\u00edas fundamentales si es que las mismas han sido lesionadas por el ad quem.   <\/span><\/p>\n

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5. Sin m\u00e1s disquisiciones el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Pablo Agust\u00edn Osorio frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y la Sala de Casaci\u00f3n Penal.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.    <\/span><\/p>\n

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